El Gobierno de Pedro Sánchez está volcado en comprar los votos del separatismo catalán para su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Lo está haciendo con precios políticos, ofreciendo al separatismo la cabeza de la Constitución, con una reforma imposible, y un nuevo Estatuto, ilegal de nacimiento, porque pretende burlar la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló muy parcialmente el actual. Y también con precios a cargo de los Presupuestos Generales, aumentando la inversión en Cataluña hasta límites que agravian a la mayoría de las comunidades autónomas, algo que el PSOE no quiere aceptar, a pesar de lo que ha sucedido en Andalucía.

Al Gobierno autonómico más desleal y traidor, al que peor ha gestionado su economía y ha condenado a la ruina los servicios públicos catalanes, al que promueve la ruptura con España y la división entre catalanes, incluyendo, si hace falta, la legitimación de la violencia; a este Gobierno presidido por el neofascista Quim Torra, Pedro Sánchez ha premiado con un aumento del 52 por ciento de la inversión real por territorios prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Y, además, sin recibir a cambio otra cosa que nuevos gestos de desprecio y desafío del integrismo separatista. No es suficiente. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a duplicar el precio por los votos del secesionismo con un golpe financiero al Estado en Cataluña, reduciendo la inversión para las instituciones centrales en un 29,54 por ciento, frente a lo presupuestado por el Gobierno de Mariano Rajoy para 2018. No sólo los nacionalistas ganan por lo que reciben, sino también por lo que pierde el Estado. La prueba de cargo de las intenciones del Gobierno socialista está en el hachazo a los fondos previstos para las actuaciones del Ministerio del Interior en Cataluña, que pasan de 4,4 millones para 2018 a 1,76 millones de euros para 2019.

Cuando más arrecian los actos de violencia de los CDR y de los demás «camisas pardas» del separatismo catalán, y a pocos meses de que se dicte la sentencia del juicio a los golpistas del «procés», el Gobierno merma la capacidad económica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, quizá como signo de esta falsaria «normalidad» que el Ejecutivo de Sánchez interpreta sumisamente con encuentros bilaterales y discursos apaciguadores, al mismo tiempo que el separatismo aumenta el nivel de sus ataques al Rey y a la Justicia. Mientras la Sala Segunda del TS se echa a la espalda la tarea histórica de juzgar el golpe contra el Estado en Cataluña, el Gobierno socialista socava la estabilidad del Estado negociando con los autores de la intentona golpista, que ven con satisfacción cómo Sánchez sube a diario la puja para garantizar su supervivencia política.