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Economía

El expolio fiscal de la izquierda

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La moderación fiscal de la que hacen gala los partidos del centro-derecha en vísperas de las elecciones generales contrasta con las fuertes subidas de impuestos que propone la izquierda, con PSOE y Podemos a la cabeza, a pesar de que dicha estrategia no solo acabará empobreciendo al conjunto de los españoles, sino que dañará el crecimiento y el empleo, con la consiguiente pérdida de recaudación. La eliminación definitiva del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que anunció ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, constituye un buen ejemplo de las diferencias que mantienen unos y otros en materia tributaria. La Junta aprobará la próxima semana el decreto que bonificará al 99 por ciento las herencias superiores al millón de euros, lo cual, unido a la exención que ya disfrutan los legados de inferior cuantía, supondrá la supresión de este impuesto entre cónyuges, hijos, nietos y padres. Aunque su impacto recaudatorio será reducido, con un ahorro de apenas 38 millones al año, implica un cambio trascendental.

Hace apenas dos años, heredar en Andalucía era unas cien veces más caro que en Madrid, hasta el punto de llevar a la ruina a miles de humildes herederos que no podían hacer frente a la elevada factura impuesta por el PSOE, al tiempo que producía una intensa fuga de capitales para evitar este expolio, mermando así la capacidad de este tributo para generar ingresos. Pero Cs y el PP han apostado por una sustancial rebaja que, al igual que ha sucedido en Madrid, frenará el éxodo fiscal y atraerá inversiones, de modo que las arcas públicas se verán beneficiadas. Esta particular doctrina se puede extender a toda la política tributaria. Mientras que el PP de Pablo Casado apuesta por una «revolución fiscal» para potenciar la generación de riqueza -consistente en reducir el IRPF y Sociedades, eliminando, además, Sucesiones, Patrimonio y los impuestos sobre el ahorro que se destine a la jubilación-, la izquierda pretende todo lo contrario.

A las políticas expropiatorias de Podemos, sustentadas sobre un ataque a la propiedad privada y la economía de mercado, se suman las subidas de impuestos que incluye el programa electoral del PSOE con la excusa de disparar el gasto público. En total, más de 60.000 millones de euros para converger de forma paulatina con el nivel de recaudación de la UE. Y todo ello, bajo el falaz argumento de que lo pagarán los ricos. El engaño de Pedro Sánchez no puede ser mayor. En primer lugar, porque tales incrementos recaerán sobre la sufrida clase media, que es donde se sitúa el grueso de los contribuyentes. Y, en segundo término, porque la clave para elevar la recaudación no es asfixiar al sector privado con nuevas cargas, sino ampliar las bases imponibles mediante la creación de empleo, el crecimiento de las empresas y el aumento de la productividad.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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