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Tribunales

El joven que afronta 3 años y medio por robar un bocadillo en Barcelona alega que tenía hambre

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Imagen de una panadería.
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La Fiscalía ha rebajado este martes a tres años y medio de cárcel su petición de pena para un joven al que acusa de robar un bocadillo en una panadería de Barcelona, amenazando presuntamente a las dependientas con un trozo de lata, cuya defensa alega que actuó por un “estado de necesidad” ya que tenía hambre.

En el juzgado de lo penal número 28 de Barcelona se ha celebrado este martes el juicio contra el joven, al que el ministerio público acusa de un delito de robo con violencia e intimidación utilizando un objeto metálico cortante, que el acusado asegura no era más que la lengüeta de una lata de bebida.

Por su parte, Mònica Caellas, abogada del acusado, ha pedido su libre absolución argumentando que los hechos no pueden calificarse de robo, dado que no hay “daño patrimonial” alguno en llevarse un bocadillo que las propias dependientas afirman se habría dado a beneficencia si no se hubiera vendido, y que, aunque lo fuera, su cliente actuó movido por un “estado de necesidad”, lo que la doctrina denomina “hurto famélico”.

De hecho, en su declaración en el juicio, el acusado ha reconocido que se abalanzó sobre el mostrador de la panadería para hacerse con un bocadillo porque “tenía hambre”, después de que un cliente al que pidió ayuda se negara a comprarle algo de comer, pero ha insistido en que en ningún momento amenazó ni intimidó a nadie.

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Las dependientas del local, por su parte, han explicado ante el juez que el acusado esgrimió ante ellas un objeto metálico “muy pequeño”, que no han sabido identificar, y que tras hacerse con el bocadillo abandonó el local a toda velocidad.

Las testigos han reconocido que no avisaron a la policía en ese momento, pero sí dos horas más tarde, cuando el acusado, según su versión, regresó al establecimiento, al parecer con síntomas de embriaguez, y empezó a increparlas e insultarlas.

Durante ese segundo episodio, el acusado se autolesionó con el objeto que llevaba, lo que acredita el parte médico del centro que le atendió tras su detención, y reconoce el propio procesado, que ha afirmado que lo hizo para “llamar la atención”.

“No hay robo, porque no hubo daño patrimonial ni delito contra el propietario”, ha sostenido la abogada del acusado, en declaraciones, tras subrayar que “ni se ha podido determinar cuánto valía el bocadillo, ni se ha hecho ofrecimiento de acciones a la panadería”.

Para pedir la absolución de su cliente, la abogada se ha remitido además a varias sentencias absolutorias de los llamados casos de “hurtos famélicos”, en los que se aplica la eximente completa a personas que han cometido un delito bajo una situación de “estado de necesidad”.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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