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De las cerca de 70.000 mujeres procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina (MGF) que viven en España, 18.000 son menores de 14 años, es decir, susceptibles de ser mutiladas si viajan con sus familias a sus lugares de origen.
Esa práctica está recogida en el Código Penal como un delito de lesiones que se castiga con entre seis y doce años de prisión, pero a pesar de que las consecuencias penales son claras, la labor de prevención es fundamental para ayudar a combatir esa práctica.
Desde 2015, el país cuenta con un protocolo de prevención de la MGF que incluye como herramienta el llamado “compromiso preventivo”, un documento desarrollado para que los progenitores de las niñas puedan usarlo en sus viajes a sus países de origen como elemento de apoyo en su decisión de no mutilar a sus hijas.
Lo firma el pediatra o médico del centro de salud que certifica que las niñas no han sido mutiladas y también los padres, que se comprometen así a no someter a sus hijas a esa práctica. Además, ese documento les recuerda que en España la ablación es un delito penado con cárcel.
La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016 fue aprobada en Consejo de Ministros y contiene el eje específico “Visibilización de otras formas de violencia sobre la mujer”, que incluye la mutilación genital femenina.
Una forma extrema de discriminación de la mujer
Se trata de una práctica cultural que se realiza en el contexto de una comunidad y de un grupo que la justifica por creencias y tradición, o por beneficios que son falsos, como el de mayor facilidad reproductiva o mayor higiene. control de la sexualidad, funciones reproductivas, de higiene, estéticas, religiosas.
Sin embargo, internacionalmente la ablación está reconocida como una violación de los derechos humanos y de la infancia y como una forma extrema de discriminación de la mujer.
En la mayoría de los casos, la mutilación se practica en la infancia, en algún momento entre la lactancia y los 15 años, formando parte de un ritual de paso a la edad adulta que, pese al arraigo en algunas comunidades, no es visto por todos los padres de la misma forma.
En Guinea-Conakry hay una ley que prohíbe la mutilación genital femenina, pero a pesar de ello los números son alarmantes: el 86% de las niñas son mutiladas.
Consciente de esa realidad desde que era niño, Mohamed, que nació en ese país africano pero vive en España desde hace 13 años, decidió impedir que su hija formase parte de las estadísticas. La pequeña nació en Guinea-Conakry hace cinco años, así que estaba abocada a convertirse en víctima de esa práctica discriminatoria.
“Pensé en el tema de la mutilación que están sufriendo mucho las mujeres y dije ‘voy a intentar todo, si duermo en la calle, voy a dormir, pero a la niña voy a salvarla de que la mutilen”, señala el guineano en una entrevista con RNE.
Tenía pocos ahorros y muchas dificultades para poder trabajar y cuidar de la pequeña, pero aún así decidió llevarla consigo a España.
“La niña es muy pequeña, mucha gente me aconsejó ‘no traigas a la niña solo, estás aquí solo y no vas a poder’. Me fui a hablar con la embajada y llegué aquí a Barajas”, explica el padre de la menor.
Marien, su esposa, no tuvo la misma suerte y fue mutilada de pequeña. “Todo lo que ha pasado conmigo no lo quería para ella”, dice la mujer.
Esa es la cadena del cambio. Personas como Mohamed o como Marien son quienes pueden lograr poner fin a un drama que, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, han vivido más de 200 millones de niñas y mujeres en 30 países de África, Oriente Medio y Asia.
El problema sigue creciendo y en 2020 alrededor de 4,1 millones de niñas se encuentran en riesgo de sufrirlo, según ha advertido este mismo jueves, Día Mundial para Erradicación de esta práctica, la ONG Amref, que trabaja junto a personal local en proyectos contra la MGF en varios países de África.
El enfoque de esta organización, no obstante, es positivo. Creen que “aún hay esperanza” porque cada vez más jóvenes de países en los que se practica la MGF reniegan de esa tradición, en comparación con las generación de sus progenitores.
La educación, la concienciación y la ley son herramientas indispensables para luchar contra la mutilación genital femenina.
En Europa, el primer instrumento de carácter vinculante en materia de violencia contra la mujer -el llamado Convenio de Estambul- vio la luz en 2011 e incluyó la mutilación genital femenina dentro de los delitos. Cuenta con la adhesión de 49 países entre los que se encuentra España, que lo firmó en 2014 y que este año ha vuelto a alzar la voz para exigir el fin de la ablación.
Decenas de mujeres activistas, en su mayoría de origen africano, han salido este jueves a las calles de Madrid para expresar su rechazo y decir ‘stop’ a la mutilación genital femenina.
Durante la manifestación, han portado pancartas con frases como ‘Mujeres libres nos queremos’, ‘Tolerancia cero con la MGF’, o ‘Digamos no a las tradiciones que dañan a las mujeres’.
