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Tribunales

Errejón lleva en su lista a una condenada por un fraude mercantil de 944.000 euros

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Presentación de candidatos de Carmena y Errejón por Más Madrid el pasado 16 de marzo en el Centro Cultural Lázaro Carreter. A la izquierda, abajo, María Pastor Valdés
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El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, pretende llevar en sus listas a la Asamblea a una mujer que fue condenada al pago de casi un millón de euros por ser cómplice de un fraude mercantil. Se trata de María Pastor Valdés, de las filas de Equo, número 14 en la relación de nombres que el exintegrante de Podemos ha presentado a las primarias de Más Madrid que este martes se desvelarán. Pastor colaboró para que Jamadal S. L., la empresa constructora de su padre, Adolfo Pastor Alonso de Prado, traspasara activos de forma fraudulenta y evitara así pagar a sus acreedores.

El procedimiento concursal lo solicitó Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad (hoy Unicaja) y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo dictó sentencia en primera instancia el 12 de marzo de 2010 calificando como culpable de la situación de Jamadal S. L. a su administrador y propietario, Adolfo Pastor, que fallecería dos años después, en marzo de 2012. La constructora había ido derivando sus activos inmobiliarios a Promociones y Viviendas Cantorano S. L., –entre otras sociedades–. La aspirante a diputada autonómica era consejera de esta mercantil desde el 25 de abril de 2004. La juez la consideró cómplice, por lo que condenó solidariamente a Promociones y Viviendas Cantorano S.L., a ella y al otro consejero, Javier del Río Vizcaíno, al abono de 944.484,91 euros por indemnización de daños y perjuicios causados a la masa activa de la sociedad.

El padre de la número 14 de Errejón a la Asamblea, administrador único de Jamadal desde 2003 hasta 2007, fue inhabilitado para gestionar bienes ajenos durante 15 años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante este tiempo. Debía asumir las deudas de la constructora con sus acreedores a título personal, lo que se hizo extensivo a su hija.

Una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Asturias, de 18 de enero de 2008, ya destacaba que las operaciones de Jamadal con Promociones y Viviendas Cantorano eran «altamente sospechosas», presentando «rigurosos caracteres de ser altamente perjudiciales para la masa activa en un momento en que ya era evidente la situación sin fondo» de Jamadal.

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«Asumí las consecuencias»

Un responsable de prensa de Equo hizo de interlocutor enviando por escrito la versión de la aludida: «Cuando tenía 18 años, mi padre me pidió ayuda con sus empresas porque estaba en una situación difícil económicamente. Tal y como me pidió, le ayudé haciéndome administradora de esas empresas y desconociendo por completo las consecuencias reales que eso iba a tener para mi vida, tanto personal como profesional. Sin ser mías las decisiones que mi padre tomaba en sus empresas, he asumido las consecuencias y afrontado personal y económicamente las deudas que han llegado».

En el Registro Mercantil, María Pastor figura aún activa como consejera de la empresa condenada, aunque ella envía a este diario el documento notarial elevado a público en 2015 donde renunciaba al puesto. También mantiene actividad mercantil en otras cuatro empresas: Ennec Soluciones S. L. (administradora única desde 2003), aunque ella señala que ya está dada de baja en Hacienda (no en el Registro); Leroisa Desarrollos S. L. (administradora mancomunada desde 2006); Veragua Grupo Turistico e Inmobiliario S. L. (administradora mancomunada desde 2005); Leroisa Salud y Turismo S. L. (administradora única desde 2006).

Quiso desvincularse después

Afirma Pastor que de todas las sociedades mencionadas o a ella la dio de baja su progenitor antes de fallecer o renunció posteriormente, pero todo esto ocurrió con posterioridad a la condena al pago de casi un millón de euros que le impuso el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo.

Tras la muerte de su padre, Pastor acudió con su madre a una asesoría para que les ayudasen a averiguar dónde tenía un cargo y a dimitir de todos ellos, detallan. Asegura que tiene documentación para demostrarlo. «Es muy duro y doloroso ver que quien te tiene que proteger te hace algo así. Los peores momentos de mi vida están relacionados con esta situación», lamenta esta trabajadora social.

María Pastor Valdés está empleada actualmente en la Red de Municipios por el Cambio en la Federación de Municipios de Madrid (FEMP). Es graduada enTrabajo Social y toda su experiencia profesional durante una década ha estado vinculada a la educación y la orientación. Es afiliada activa de Equo desde el año 2012 y participó en Ahora Madrid en las últimas elecciones de 2015.

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Un Código Ético sin efecto

Errejón deberá decidir si decide mantener a esta mujer en sus filas. El Código Ético de Más Madrid (tres páginas) no hace alusión a ningún tipo de actuación para integrantes que hayan sido condenados por la vía mercantil. En su apartado 3 sobre «coherencia en la labor política» y «medidas contra la corrupción» fija el compromiso de renuncia al cargo en caso de ser imputado/encausado, procesado o condenado por las faltas y delitos que choquen con la Declaracion de los Derechos Humanos. También incluye el compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, al ser imputado-encausado por la judicatura de delitos relacionados con casos de corrupción, ya sean acusados de haber actuado por interés propio o para favorecera terceras personas.

Este martes, en torno al mediodía, se comunicará el resultado final de las listas de Errejón a la Comunidad y de Manuela Carmena al Ayuntamiento. El sistema de votación establecido es el de votar la lista en plancha, tal cual viene dada, o individualmente, es decir, eliminando o modificando el orden de identidades.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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