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Han pasado nueve años y todo sigue igual, tirando a peor

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En este periodo de descanso y compás de espera de agosto, mientras continúa la “escenificación” del candidato que “ya no lo es” según Carmen Calvo “Pixie”, viene bien hacer memoria y recapitular sobre lo ya escrito. Encontré esta reflexión no publicada de noviembre de 2010 que bien podría haberla escrito hoy o podría escribirla mañana sin riesgo de perder actualidad. Así de triste es la cosa.

La escribí como presentación al Foro PLATAFORMAS SIGLO XXI que convocaba en el Ateneo madrileño a distintas iniciativas que nacían por el descontento de muchos ciudadanos -Sociedad Civil, se diría hoy-, cansados de la casta política, representada entonces especialmente por José Luis Rodríguez, que vivía -y vive, añado- de espaldas a la realidad de los graves problemas que afectaban cada día a más españoles y a toda España. Ya dirán los lectores si poniendo los nombres de Mariano Rajoy o Pedro Sánchez en lugar del susodicho y, salvo la mejora económica -que no es poco, ciertamente- que dejó el Registrador gallego para bien de España, si hay algo, social o educacional, que varíe, salvo a peor, respecto de la situación que hace nueve años provocó la citada iniciativa.

Representaba entonces un pequeño grupo creado en Facebook de poco más de mil amigos virtuales, que bauticé como “HAY QUE ECHAR A ZAPATERO COMO SEA”, preocupado por el desgobierno, la falta de principios realmente democráticos y la pérdida de valores de los últimos casi 30 años -hoy ya 40-, inspirado en una de las coletillas preferidas del Zapatiesta Zapatero -como lo llamó Emilio Capmany-, el “como sea” que vuelve a poner de actualidad su clon Dr. Falconeti cum Fraude, ampliado con “y con quien sea”, que supera al hasta entonces peor presidente de la Historia de España y, en especial, desde la pseudo-democracia en que degeneró la Transición de Adolfo Suárez modélica en cuanto a la tranquilidad con que se inició, pero que hoy se evidencia como una dictadura partidocrática no exenta de turbulencias. Decía entonces que el problema no era únicamente Rodríguez Zapatero, por supuesto, pero sí quién estaba detrás del mayor desastre económico y deterioro social y moral que había sufrido España desde 1977, cuando pasábamos de un régimen dictatorial al teórico sistema democrático parlamentario, hoy muy cuestionado.

Decía también entonces y sigo pensando cada vez más convencido que, desde mi punto de vista, el origen de la situación actual proviene de la época de Adolfo Suárez y de aquella solución del “café para todos” del profesor Clavero Arévalo, a la sazón Ministro de Administración Territorial. Sobre tan lamentable decisión dejo el beneficio de la duda de que no conocieran lo suficiente la Historia de España ni a sus interlocutores del otro lado de la mesa y, seguramente, quiero pensar, que no podían imaginar el deterioro de cuarenta años después, lo que no pasa de atenuante y nunca puede ser excusa para supuestos hombres de Estado. La implantación de las Autonomías por cualquiera de las vías contempladas en la Constitución, Artº 143 ó 151, y el reparto forzado e indiscriminado y, yo diría, contra natura de competencias, puesto que no respondía realmente a las demandas de las regiones, se convirtió en una carrera desesperada para tener todos de todo (Universidades, Aeropuertos, Puertos, AVE, Poder Judicial, etc.), para satisfacer a las denominadas (por ellos mismos y de forma interesada) “históricas”, y no crear un agravio comparativo en las nuevas.

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Primer GRAN ERROR de la Transición: fomentar ideas nacionalistas donde no las había y crear un mapa autonómico absolutamente artificial, unas veces con mayor ó menor “tradición histórica”, otras ajustándose más ó menos a regiones geográficas existentes y algunas (Cantabria, Rioja, Madrid o Murcia) uniprovinciales de forma totalmente artificial y, en definitiva, con un balance negativo en su conjunto. Y como remate la propina de dos Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla, para no ser menos. El libro “Las Autonosuyas” de Fernando Vizcaíno Casas, en 1981, se había quedado corto, ya entonces, ante la aberrante situación creada, superada hoy.

Las transferencias no se acompañaron generalmente del correspondiente traspaso de funcionarios de la Administración Central a las Autonomías, sino que se mantuvieron gran parte en sus puestos de la Administración Central (sobre todo servicios centrales, muchos ya sin funciones) y creando de urgencia cuerpos funcionariales autonómicos, asesores y asimilados, pasando de menos de 700.000 empleos públicos en 1977 a más de 3.100.000 en 2010 -que hoy se mantiene, si no crece-, es decir un 450% de aumento del empleo público para un incremento de población del 25%, de 37 a 46 millones, mientras la operativa manual se automatizaba. Paradójicamente se produjo un incremento del trámite burocrático -pese a la mayor automatización-, cada vez más complejo (lo contrario de lo, supuestamente, pretendido con la descentralización) y, curiosamente, una disminución progresiva de la PRODUCTIVIDAD. Lo sufrí en diversos proyectos dirigidos en distintas comunidades: Murcia, Andalucía, Galicia, Castilla La Mancha ó Madrid, en las que los mismos trámites tenían pasos y procedimientos distintos, leyes y reglamentos regionales cada vez más complejos que, más que simplificar la gestión, parecían la autojustificación del puesto de trabajo de tanto funcionario para demostrar que estaba para algo: complicar el procedimiento administrativo. De locos.

Mención especial, consecuencia de todo lo anterior, fue el incremento desorbitado del GASTO PÚBLICO, decía entonces, y -añado ahora- si en 2010 la deuda pública estaba en torno a 500.000 MM de euros, y suponía el 50% del PIB, hoy supera el billón, 99% de nuestro Producto Interior Bruto.

Se crearon “Taifas” en las que el Presidente de cada autonomía se comporta como un “reyezuelo” que, en la mayoría de los casos (sobre todo en comunidades gobernadas por el PSOE), se preocupa más por perpetuarse en el poder que por administrar lo que los ciudadanos le confiaban y creando una masa clientelar de estómagos agradecidos. Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha (30% de paro, 30% de funcionarios, en términos generales) con gobiernos del PSOE, seguían en la cola de las regiones de Europa después de más de 30 años -y siguen tras 40- con una sola legislatura popular en las dos últimas y recién estrenada en la primera -. ¿Suficientemente indicativo? Seguramente será el “desfase histórico” heredado del franquismo, con algo de ayuda del PP (como repite siempre el PSOE) y fruto de la mala suerte (los “marrones heredados” que dijera el insigne Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, charnego extremeño transformado en “nacionalista” de pura cepa).

En definitiva, se ha creado un sistema administrativo que funciona mal ó, directamente no funciona y con un gasto inasumible, incrementado por la enorme proliferación de innecesarias Empresas Públicas, muchas deficitarias, creadas en muchos casos como plataforma de empleo para amigos sin necesidad de pasar la preceptiva “oposición administrativa oficial”.

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El segundo gran error fue la reforma estructural del sistema educativo, transfiriendo la competencia a los citados reyezuelos que convirtieron la Educación en adoctrinamiento. El deterioro del nivel de educación producido en España es la causa principal, a mi juicio, de la degradación que se sufre en muchos aspectos. Desde 1982, el sistema ha ido a atacar la esencia del mismo, el niño, sabedor el legislador de que es la forma de criar masas que se van “acostumbrando con normalidad” al nuevo modelo para acabar siendo colectivos poco pensantes y, por tanto, fácilmente manipulables -con excepciones, por supuesto y gracias a Dios-. En definitiva, este sistema ha fomentado:

  • Desincentivar el esfuerzo.

-Igualar por abajo.

  • Fomentar “que el niño apruebe, no que el niño sepa”.
  • Menoscabar la autoridad del profesor en una política de “todos amigos: “No me llames D. José, llámame Pepe, tronco” junto a un aspecto cada vez más desaliñado que contribuía a igualar (por abajo, claro), creando un “totum revolutum” en el que nadie sabe quién es quién y todos tan contentos -sobre todo aquellos a los que el esfuerzo le causa náuseas-.

Y, de “aquellos polvos, estos lodos”, estamos recogiendo el fruto de lo sembrado: Ya tenemos en puestos políticos, sobre todo, y profesionales, miembros de esas generaciones que eran muy pequeños -ó ni siquiera habían nacido- cuando empezó la transición y han crecido en ese “ambiente” del “todo fácil”, derechos sin responsabilidades, ausencia de valores fundamentales, etc.

Se rompió la línea básica de la sociedad: Individuo, Familia, Municipio, Provincia, Estado.

Desnaturalicemos al individuo y se acabará con el Estado antes ó después. Y eso hicieron los distintos gobiernos socialistas y no lo supo atajar el PP. Ha sido, como diría José Mª Aznar un efecto de “lluvia fina” que, al final, acabó empapando y, como no podía ser de otra manera, produciendo el resultado actual sin aparente voluntad política para reconducirlo.

Es indispensable, como decía -y urgente, añado-, una reforma estructural que recomponga el deterioro de estos años, que unifique programas educativos en los que prime el esfuerzo sobre el “todo fácil”, que refuerce la autoridad del profesor (como hizo en parte la Comunidad de Madrid). Parece mentira que una cosa tan elemental, que debería haber sido un axioma, algo evidente por tanto, haya habido que imponerlo por ley. Pero bendita sea esa ley. Ojalá cunda el ejemplo, decía hace nueve años, que no cundió y que incluso en Madrid deparó sorpresas con la LGTBI de Cristina Cifuentes, todavía coleando.
Probablemente, como dijo Wiston Churchill, el sistema democrático sea “el menos malo de los sistemas políticos”, pero necesita límites. Está bien que un sistema democrático permita que cualquiera pueda dedicarse a la actividad política y pueda llegar a concejal ó diputado, a Ministro o hasta a Presidente del Gobierno, pero esta permisividad tiene que ir acompañada, como digo, de limitaciones, la más elemental, que “UN CUALQUIERA” no pueda llegar a esos puestos sin unos mínimos de formación humana, académica y profesional acreditadas, teórica y práctica, que garanticen una eficiencia en el desempeño de las responsabilidades que se le encomiendan. Se trata de administrar recursos públicos, encomendados por todos los españoles y eso hay que tomarlo en serio. Y tienen que establecerse responsabilidades, políticas, por supuesto, e incluso penales si llegara el caso, ante una posible mala gestión de los mismos.

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Ha aparecido la profesión de político, sin más mérito reconocido en muchas ocasiones que un carnet de partido, la “bisagra” bien engrasada y el aplauso fácil al “elector” que hace las listas. Expertos en pegar carteles, repetir consignas y apretar el botón que se les diga desde el aparato (aunque a veces hasta en eso se equivocan e incluso votan con los pies -¿verdad, Sr. Zarrías?). En política, como en cualquier empresa mínimamente seria, debe primar la profesionalidad, hay que hacer un proceso de selección seria y rigurosa de los candidatos, analizar su perfil humano y profesional y su experiencia en puestos de responsabilidad y gestión. Como he dicho, lo que se confía a los políticos es administrar recursos públicos para conseguir el bienestar de cientos de miles ó millones de ciudadanos que les dieron su apoyo.

¿Qué decir de la politización de la Justicia y su mal funcionamiento? La mayoría de los españoles duda, ó directamente no cree, en el Sistema Judicial español, en el que el doble rasero es una norma que preside el sistema.

Por último una breve nota sobre el mercado laboral y los sindicatos, igualmente politizados y al servicio del poder, con un número desorbitado de liberados sindicales (generalmente lo peor de cada familia) tanto en el sector privado como en el público, que nos duele a todos, con despilfarros, coches, cruceros, desayunos, etc. a costa del contribuyente.

En definitiva, ante la caótica situación política, económica, administrativa, social y de valores que nos invade, es urgente actuar, entre otras, en las siguientes líneas fundamentales:

  • Cambio de la Ley Electoral: listas abiertas, doble vuelta, selección de personal, limitación a un máximo de dos periodos electorales para cualquier puesto de responsabilidad, etc. Recordemos eso de que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
  • Modificación del Sistema Judicial, e inmediata despolitización de la Justicia: los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben estar claramente definidos y diferenciados: “El poder debe controlar al poder para que no abuse del poder”, nos decía Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, en el Siglo XVIII.

  • Cambio de la Ley de Educación -centralizada nivel nacional- con potenciación del esfuerzo y el mérito.

  • Modificación de la Ley de la Función Pública, coordinando la de la Administración Central con las Autonómicas. Freno al crecimiento clientelar e indiscriminado de funcionarios.

  • Reforma laboral profunda, con revisión de los sistemas de representación.

  • Revisión del Sistema Fiscal disminuyendo la carga pública y facilitando la inversión privada.

  • Reestructuración del Sistema Autonómico con la recuperación por el Gobierno Central de una gran parte de las transferencias en los apartados anteriores, además de las de Justicia, Sanidad y Economía y Hacienda.

  • En definitiva, hay que plantear y realizar una REESTRUCTURACIÓN COMPLETA DEL PAÍS que, seguramente, implica una revisión parcial de la CONSTITUCIÓN de 1978.

Esto escribía el 24 de Noviembre de 2010, ¿algo no es de plena actualidad, casi nueve años después?

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Pues eso. Feliz verano, amigos y perdón por haberme alargado un poco.

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Opinión

No vivimos en la Arcadia Feliz, sino en tiempos de excepción. Por Ernesto Milá.

Ernesto Milá

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Ya he contado más de una vez que el “pare Valls”, el único padre escolapio al que llegué a apreciar, nos contaba cuando éramos párvulos, la diferencia entre “pecado venial” y “pecado mortal”. Y ponía como ejemplo la bata que llevábamos: cuando esa bata se manchaba por aquí o por allí, se lavaba y quedaba renovada, pero si, por el contrario, la bata estaba desgarrada, con costurones y remiendos por todas partes, desgastada por el uso, con manchas que se iban acumulando, no había remedio posible. Se tiraba y se compraba otra nueva. Aquel ejemplo se me quedó en la cabeza. Yo tenía entonces cinco años. Era 1957 y fue una de las primeras lecciones que recibí en el colegio de los Escolapios de la calle Balmes. Es hora de aplicar el mismo ejemplo a nuestro tiempo.

Hay situaciones “normales” que exigen abordarlas de manera “normal”. Por ejemplo, cuando alguien es detenido por un hurto. En una situación “normal”, cuando se da ese pequeño delito -pero muy molesto para la víctima- es razonable que el detenido disponga de una defensa jurídica eficiente, que reciba un trato esmerado en su detención y un juicio justo. Pero hay dos situaciones en las que esta política de “paños calientes” deja de ser efectiva: en primer lugar, cuando ese mismo delincuente ha sido detenido más de 100 veces y todavía está esperando que le llegue la citación para el primer juicio. En segundo lugar, cuando no es un delincuente, sino miles y miles de delincuentes los que operan cada día en toda nuestra geografía nacional.

Otro ejemplo: parece razonable que un inmigrante que entra ilegalmente en España pueda explicar los motivos que le han traído por aquí, incluso que un juez estime que son razonables, después de oír la situación que se vive en su país y que logre demostrar que es un perseguido político o un refugiado. Y parece razonable que ese inmigrante disponga de asistencia jurídica, servicio de traductores jurados y de un espacio para vivir mientras se decide sobre su situación. Y eso vale cuando el número de inmigrantes ilegales es limitado, pero, desde luego, no es aplicable en una situación como la nuestra en la que se han acumulado en poco tiempo, otros 500.000 inmigrantes ilegales. No puede esperarse a que todos los trámites policiales, diplomáticos y judiciales, se apliquen a cada uno de estos 500.000 inmigrantes, salvo que se multiplique por 20 el aparato de justicia. Y es que, cuando una tubería muestra un goteo ocasional, no hay que preocuparse excesivamente, pero cuando esa misma tubería ha sufrido una rotura y el agua sale a borbotones, no hay más remedio que actuar excepcionalmente: llamar al fontanero, cerrar la llave de paso, avisar al seguro…

Podemos multiplicar los ejemplos: no es lo mismo cuando en los años 60, un legionario traía un “caramelo de grifa” empetado en el culo, que cuando las mafias de la droga se han hecho con el control de determinadas zonas del Sur. En el primer caso, una bronca del capitán de la compañía bastaba para cortar el “tráfico”, en el segundo, como no se movilice la armada o se de a las fuerzas de seguridad del Estado potestad para disparar a discreción sobre las narcolanchas desde el momento en el que no atienden a la orden “Alto”, el problema se enquistará. De hecho, ya está enquistado. Y el problema es que hay que valorar qué vale más: la vida de un narcotraficante o la vida de los que consumen la droga que él trae, los derechos de un capo mafioso o bien el derecho de un Estado a preservar la buena salud de la sociedad. Si se responde en ambos casos que lo importante es “el Estado de Derecho y su legislación”, incurriremos en un grave error de apreciación. Esas normas, se han establecido para situaciones normales. Y hoy, España -de hecho, toda Europa Occidental- está afrontando situaciones excepcionales.

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Vayamos a otro terreno: el que Ceuta y Melilla estén sufriendo desde hace 40 años un proceso de marroquinización creciente, puede ser fruto de la proximidad de ambas ciudades a Marruecos y al deseo de los sucesivos gobiernos de España de no empeorar las relaciones con el único enemigo geopolítico que tiene nuestro país, el “enemigo del Sur”. Pero, cuando se sabe que el narcotráfico en Marruecos está regulado por el majzén y por personas próximas al entorno de la familia real marroquí, uno empieza a pensar que la situación no es “normal”. Esa sensación aumenta cuando se percibe con una claridad meridiana que el Ministerio del Interior español no despliega fuerzas suficientes para cortar de raíz el narcotráfico con Marruecos y que, incluso, boicotea a los policías y a las unidades más eficientes en su tarea. Ítem más: lo normal hubiera sido, por ejemplo, que España mantuviera su política exterior en relación al Sáhara inconmovible (las políticas exteriores fiables son las que no cambian, nadie confía en un país con una política exterior oscilante y variable). Pero Pedro Sánchez la cambió en el peor momento: sabiendo que perjudicaba a Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural. Y, además, en un momento en el que el conflicto ucraniano suponía una merma en la llegada de gas natural ruso. Pero lo hizo. Luego ha ido entregando créditos sin retorno, cantidades de material de seguridad, ha permanecido mudo ante las constantes reivindicaciones de “marroquinidad” de Ceuta, Melilla y Canarias. Y esto mientras el ministerio del interior se negaba a reconocer que la comunidad marroquí encarcelada en prisiones españolas es más que significativa o que el número de delincuentes magrebíes es en gran medida responsable del repunte solo en 2023 de un 6% en la delincuencia. O que Marruecos es el principal coladero de inmigración africana a España. O el gran exportador de droga a nuestro país: y no solo de “cigarrillos de la risa”, sino de cocaína llegada de Iberoamérica y a la que se han cerrado los puertos gallegos. Sin contar los viajes de la Sánchez y Begoña a Marruecos… Y, a partir de todo esto, podemos inferir que hay “algo anormal” en las relaciones del pedrosanchismo con Marruecos. Demasiadas cuestiones inexplicables que permiten pensar que se vive una situación en la que “alguien” oculta algo y no tiene más remedio que actuar así, no porque sea un aficionado a traicionar a su propio país, sino porque en Marruecos alguien podría hundir a la pareja presidencial sin remisión. Sí, estamos hablando de chantaje a falta de otra explicación.

¿Seguimos? Se puede admitir que los servicios sanitarios españoles apliquen la “sanidad universal” y que cualquiera que sufra alguna enfermedad en nuestro país, sea atendido gratuitamente. Aunque, de hecho, en todos los países que he visitado de fuera de la Unión Europea, este “derecho” no era tal: si tenía algún problema, me lo tenía que pagar yo, y en muchos, se me ha exigido entrar con un seguro de salud obligatorio. Pero, cuando llegan millones de turistas o cuando España se ha convertido en una especie de reclamo para todo africano que sufre cualquier dolencia, es evidente que la generosidad puede ser considerada como coadyuvante del “efecto llamada” y que, miles y miles de personas querrán aprovecharse de ello. Todo esto en un momento en el que para hacer un simple análisis de sangre en la Cataluña autonómica hay que esperar dos meses y para hacer una ecografía se tardan nueve meses, sin olvidar que hay operaciones que se realizan con una demora de entre siete meses y un año. Una vez más, lo que es razonable en períodos “normales”, es un suicidio en épocas “anómalas”.

Hubo un tiempo “normal” en el que el gobierno español construía viviendas públicas. Ese tiempo hace mucho -décadas- que quedó atrás. Hoy, ni ayuntamientos, ni autonomías, ni por supuesto el Estado están interesados en crear vivienda: han trasvasado su responsabilidad a los particulares. “¿Tiene usted una segunda residencia?” Pues ahí puede ir un okupa. En Mataró -meca de la inmigración en el Maresme- hay en torno a medio millar de viviendas okupadas. Así resuelve el pedrosanchismo el “problema de la vivienda”… Esta semana se me revolvieron las tripas cuando un okupa que había robado la vivienda de una abuela de ochenta y tantos años, decía con chulería a los medios que “conocía la ley de los okupas”. Eso es hoy “normal”, lo verdaderamente anormal es que los vecinos y el enjambre de periodistas que acudió a cubrir el “evento”, no hubieran expulsado al par de okupas manu militari y restituido la vivienda a la que había sido vecina de toda la vida.

Un penúltimo ejemplo: si un régimen autonómico podía ser razonable en 1977 para Cataluña o el País Vasco, lo que ya no fue tan razonable fue lo que vino después de la mano de UCD: “el Estado de las Autonomías”, una verdadera sangría económica que se podría haber evitado.
Hubo un tiempo en el que se reconocían más derechos (“fueros”) a las provincias que habían demostrado más lealtad; hoy, en cambio, son las regiones que repiten más veces en menos tiempo la palabra “independencia”, las que se ven más favorecidas por el régimen autonómico. También aquí ocurre algo anómalo.

Y ahora el último: si se mira el estado de nuestra sociedad, de la economía de nuestro país, del vuelco étnico y antropológico que se está produciendo con una merma absoluta de nuestra identidad, si se atienden a las estadísticas que revelan el fracaso inapelable de nuestro sistema de enseñanza, el aumento no del número de delitos, sino especialmente del número de delitos más violentos, a la pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios, al salvajismo de la presión fiscal y a la primitivización de la vida social, a la estupidez elevada a la enésima potencia vertida por los “gestores culturales”, a la corrupción política que desde mediados de los años 80 se ha convertido en sistémica, unida al empobrecimiento visible del debate político y de la calidad humana, moral y técnicas de quienes se dedican hoy a la política o a las negras perspectivas que se abren para la sociedad española en los próximos años, y así sucesivamente… lo más “anómalo” de todo esto que la sociedad española no reaccione y que individuos como Pedro Sánchez sigan figurando al frente del país y de unas instituciones que cada vez funcionan peor o, simplemente, han dejado de funcionar hace años.

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Vale la pena que la sociedad española empiece a meditar con el hecho de que, si aspira a salir de su estado de crisis, no va a poder hacerlo por la “vía normal”. El cáncer está tan extendido que, hoy incluso podría dudarse de la eficacia del “cirujano de hierro” del que se hablaba hace algo más de 100 años. Lo único cierto hoy, es que, para salir de situaciones excepcionales, hacen falta, hombres excepcionales dispuestos a asumir medidas de excepción y a utilizar, de manera implacable, procedimientos de excepción que no serían razonables en situaciones “normales”, pero que son el único remedio cuando las cosas han ido demasiado lejos.

Esta reflexión es todavía más pertinente en el momento en que se ha rechazado la petición de extradición formulada por el gobierno de El Salvador, de un dirigente “mara” detenido en España. La extradición se ha negado con el argumento de que en el país dirigido por Bukele “no se respetan los derechos humanos”. Bukele entendió lo que hay que hacer para superar una situación excepcional: en dos años El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser un remanso de paz, orden y prosperidad. Porque, en una situación “normal”, los derechos de los ciudadanos, están por delante -muy por delante- de los derechos de los delincuentes. Priorizar los derechos de estos por encima de los de las víctimas, es precisamente, uno de los signos de anormalidad.

Se precisa una revolución. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para restablecer estándares de normalidad (esto es, todo lo que fortalece, educa y constituye el cemento de una sociedad), excluyendo todos los tópicos que nos han conducido a situaciones anómalas y que han demostrado suficientemente su inviabilidad. “Revolución o muerte”… sí, o la sociedad y el Estado cambian radicalmente, o se enfrentan a su fin. Tal es la disyuntiva.

 

Ernesto Milá. 

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