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Tribunales

Las pifias de la Ley Montero: duplicidades, tipos penales inexistentes y mala redacción

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Duplicación de artículos de leyes vigentes, invasión de competencias autonómicas, redacción farragosa, técnica legislativa inadecuada… Con ésas y similares descalificaciones, el Ministerio de Justicia ha elaborado un informe en el que propina un auténtico varapalo al anteproyecto de ley de Libertad Sexual elaborado por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, que ahora deberá pasar el filtro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

Las profundas discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la ley que se ha dado en llamar del «sólo sí es sí», en referencia al consentimiento explícito en las relaciones sexuales, han alcanzado su punto álgido en las últimas 48 horas, después de que el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmase el martes que «en las excusas técnicas [del Ministerio de Justicia] hay mucho machista frustrado». El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, le dio ayer la réplica: «Hay ministerios un poco más antipáticos, como Hacienda o Justicia, que nos ponemos tiquismiquis para que las leyes que salgan del Gobierno sean lo más perfectas posibles».

Complicación normativa

El informe de Justicia, que adelantó la Cadena Ser, está plagado de afirmaciones del tipo «la nueva redacción es innecesaria», «el último párrafo no se comprende», «no está claro a qué se refiere el precepto»… El documento señala que hay 25 artículos del texto elaborado por Igualdad que «prácticamente reproducen artículos de leyes vigentes», cuestión que «choca directamente con las políticas de simplificación normativa o de depuración del ordenamiento jurídico». Y añade: «Se ruega encarecidamente su estudio de nuevo de manera sosegada, pues la extensión a violencia sexual no es tal, ya que dichos artículos recogen supuestos que van más allá de la violencia de género».

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El anteproyecto de ley, prosigue Justicia, «incluye tipos penales inexistentes como tales: extorsión sexual, que podría entenderse como ‘sexting’, acoso, coacciones… o engaño pederasta, que podría corresponderse con el ‘grooming’». Además, hay artículos que «entran en contradicción con las definiciones y con el objeto de la ley, de tal forma que no queda claro el ámbito de aplicación de muchos preceptos, muchos de los cuales se aplican a hombres y a mujeres, otros sólo a mujeres. No queda claro qué preceptos, si alguno, se aplican a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual».

También critica Justicia la existencia de una «pléyade de artículos de alcance autonómico en materia de asistencia social, educación, derecho civil, vivienda, entre otros, que complicarían su tramitación por ser cuestionable la existencia de título estatal por más que se invoquen en la disposición (…). Una vez asumidas las competencias mediante su inclusión en los Estatutos [de autonomía], su atribución a la comunidad autónoma es definitiva». Según el criterio de Justicia, «no resulta adecuada la técnica legislativa empleada para abordar los múltiples cambios normativos que se incorporan».

Sin garantía de aplicación

El informe desacredita, igualmente, el contenido de determinados artículos del anteproyecto, como el 1.2, que «contiene una redacción farragosa y difícilmente comprensible del objeto de la ley»; o el 45, que «se refiere a las unidades de valoración forense integral como adscritas a los juzgados de violencia sobre la mujer. Debería suprimirse esta mención por cuanto las citadas unidades no están adscritas a los juzgados de violencia, sino a los institutos de medicina legal». O el artículo 24, cuya redacción «resulta confusa en lo relativo a la formación continuada de jueces en materia de género y su trascendencia en materia de ascensos a la categoría de magistrado, al ponerse al mismo nivel que la especialización en determinados órdenes jurisdiccionales».

En cuanto a las «observaciones generales a la norma», Justicia sostiene que «de gran parte del articulado se extrae la conclusión de que nos encontramos ante una norma programática, es decir, una norma que no contiene proposiciones imperativas ni establece mecanismos suficientes para asegurar su aplicación, sino que se limita a formular un programa de actuación, criterios u orientaciones de política legislativa, o a declarar derechos cuya consagración definitiva necesitaría de concreción normativa de desarrollo posterior».

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Además, Justicia recomienda a Igualdad «revisar la terminología a lo largo del texto para, en la medida de lo posible, emplear palabras aceptadas por el diccionario de la Real Academia Española», y cita expresiones como interseccional, autodetermina, revictimizar… Y advierte que el anteproyecto «se calificó en una primera versión, en su conjunto, como ley orgánica. Sin embargo, sólo una parte de sus preceptos tienen ese carácter. Ahora se procede a su catalogación como ley integral, pero con disposiciones finales de rango orgánico y que afectan a varias leyes orgánicas vigentes».

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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