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Tribunales

Trapero dice que se le ha tratado “injustamente” porque hizo lo posible por evitar el 1 de octubre

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El mayor de los Mossos José Luis Trapero ha asegurado este martes, en la segunda sesión del juicio que celebra la Audiencia Nacional por el proceso independentista en Cataluña, se siente injustamente tratado porque hizo lo posible para impedir el 1-O y la policía catalana actuó bien, pese a que ha reconocido que hubo algunos agentes que no estuvieron “a la altura” por su ideología.

Trapero también ha declarado que la policía autonómica se negó a entregar información económica y fiscal solicitada por el Gobierno de Carles Puigdemont para una futura república catalana que se instauraría tras conseguir la independencia.

La declaración de Trapero se ha reanudado este martes cerca de las 10.30 horas con las preguntas del fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha comenzado con un nuevo bloque relacionado con correos electrónicos. El interrogatorio del mayor comenzó este lunes, cuando estuvo respondiendo a las cuestiones del Ministerio Público durante cinco horas.

Uno de los correos electrónicos que ha salido durante el interrogatorio ha sido el que le envió en julio de 2017 el comisario Rafael Comes, entonces jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, en el que éste indicaba que había asistido a una reunión a la que estaban también, entre otros, el ex secretario general de Interior César Puig y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó. En él se mencionaba un plan para que en una futura república catalana la policía autonómica tuviera “competencias plenas”, entre las que destacaba el “control de aduanas” y la “investigación de blanqueo para evitar la evasión fiscal de Cataluña”.

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Trapero ha comenzado a explicar que en una de los encuentros semanales que él tenía con el consejero del Interior y Puig –también acusado por el delito de rebelión en esta vista oral– para revisar las previsiones semanales, el secretario general le informó que la Consejería de Economía y Hacienda le estaba pidiendo una reunión de “carácter muy técnico”.

“Hasta la fecha nos habían pedido dos temas”, ha indicado el mayor, que se enfrenta a 11 años de cárcel por el delito de rebelión. El primero, está relacionado con “información de tipo fiscal para saber si los hoteles pagaban los impuestos de la Generalitat sobre ese cometido” y el otro, “querían tener información sobre fraude y blanqueo”.

Mossos no facilitó ningún tipo de información

“Mossos no facilitó ningún tipo de información”, ha asegurado, señalando que a la reunión sobre el primer asunto acudió él mismo y les comunicó que “como Administración no tenían que tener ese tipo de información”, que se encuentra en bases de datos de seguridad. “Me parecía una barbaridad”, ha dicho Trapero, expresando la misma palabra con la que ayer tachó el proceso soberanista.

Para la segunda reunión designó como representante de los Mossos a Comes, que acudió acompañado del jefe del área de blanqueo y estafas. Según ha recordado, ambos le indicaron tras el encuentro que se “quedaron a cuadros” cuando escucharon la petición de Hacienda, por lo que también rechazaron facilitar este tipo de información. Trapero ha añadido que después Puig le pidió perdón, alegando que “no sabía de que iba esto”.

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Otro de los mails por los que ha sido preguntado ha sido el que recibió el 11 de agosto en el que, según ha dicho el fiscal, se envió un informe que hablaba de “novedades relevantes” sobre el ‘procés’, pues ya se hacía mención del día en el que se iba a votar en el Parlament la Ley del Referéndum.

Aunque el representante del Ministerio Público ha insinuado que el mayor tenía “información privilegiada”, Trapero se ha defendido diciendo que “partir de la premisa” de que él leía todos los correos que recibía “es mucho suponer”.

Niega que temieran la colocación de artefactos explosivos por el 1-O

El mayor de los Mossos D’Esquadra ha negado por otro lado que temieran que algún grupo anarquista colocara artefactos explosivos por el 1-O, tal y como consta en un informe de evaluación de riesgos del 8 de septiembre de 2017 de la Comisaría General de información de la Policía catalana.

El teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, ha continuado su interrogatorio a Trapero preguntándole acerca de una serie de correos electrónicos que recibió de la Comisaría General de Información.

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Según Carballo, en uno de esos correos, se evaluaba la “posible actuación de colectivos anarquistas que podían incluso reivindicar la actividad violenta en forma de artefactos explosivos y de actividad armada en Cataluña”.

Trapero previamente ha querido aclarar que no se puede dar por supuesto que se leía todos los informes que le enviaban, “no es así”. “Uno no tiene capacidad de leer absolutamente todo lo que le llega al correo”, ha replicado, para después asegurar que ese correo en concreto no lo llegó a leer.

“Eso le aseguro no haberlo leído y en ninguna reunión en la que se analizaban los riesgos para el 1-O, la Comisaría General de Información jamás se habló en esos términos”, ha sostenido.

Ha explicado que sobre los colectivos anarquistas, ayer ya señaló que en las últimas valoraciones que se expusieron en una de las reuniones que tuvo en el Palau de la Generalitat se habló de 40 zonas, barrios conflictivos con grupos de tipo anarquista con los que ya habían tenido habíamos problemas.

Más allá de eso, “nunca se valoró en esos términos de que hubiese artefactos”, ha insistido.

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Sobre estos correos que le fueron remitidos, Trapero ha explicado que los informes sobre la valoración de riesgos de cara al 1-O comenzaron a hacerse de forma semanal o quincenal para pasar a ser diarios al acercarse la fecha de referéndum

A preguntas del fiscal ha rechazado que estos informes estuviesen relacionados con el conocido como el plan Ágora, ya que este se diseñó en julio, y entró en vigor el 4 de septiembre, algo más tarde de lo previsto debido a los atentados de Cataluña del 17 de agosto

El Plan Ágora, según ha indicado, respondía a que el proceso soberanista implicaba un “tensionamiento social”, por lo que se centraba en dar seguridad a las instituciones que tuvieran “algún tipo de amenaza, escrache o daño. “Esa sería la única relación” con el procés, ha precisado.

Según el fiscal, en un informe del 11 de agosto Manuel Castellví, responsable de la comisaria general, aportó “novedades relevantes en relación con el proceso” como las fechas en las que estaba prevista la votación de las leyes del referéndum, que entonces no se sabían.

“Usted tenía información privilegiada sobre esa tramitación legislativa”, le ha señalado Carballo a Trapero, que ha afirmado que no recordaba haber leído ese correo como otros muchos, y ha explicado que en las reuniones que se mantenían se hacía una síntesis de las novedades más relevantes.

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Ha asegurado desconocer de dónde se obtuvo esa información, y ha indicado que Castellví ha sido llamado como testigo a este juicio, y “le podrán preguntar”. “Lo que se hizo con esa información es responsabilidad de la Comisaría general de Información”, ha zanjado.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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