Torra admite que "desobedeció" la orden de retirar los lazos por "ilegal" y advierte: "No renunciaré a la autodeterminación" - ALERTA NACIONAL
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Cataluña

Torra admite que “desobedeció” la orden de retirar los lazos por “ilegal” y advierte: “No renunciaré a la autodeterminación”

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El presidente catalán, Quim Torra, ha admitido que “desobedeció la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos por considerarla “ilegal”, aunque se ha declarado este lunes no culpable ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Lo ha hecho durante el juicio por desobediencia a la Junta Electoral durante la campaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación. Aún así, ha dado la “bienvenida” a una posible condena porque, ha advertido, “nunca” renunciará al “derecho de autodeterminación” en Cataluña. El juicio ha quedado visto para sentencia.

“Si la pregunta es si acaté o no la orden de la JEC de retirar los lazos, la respuesta es ‘claro que no’, no podía ni tenía que hacerlo como presidente de la Generalitat. Si es si la tenía que acatar (…) no se puede acatar una orden que es ilegal”, ha expuesto durante su turno final de palabra.

Torra ha insistido en acusar a la JEC de prevaricar y considera además que pudo incurrir en “un delito de coacciones” al haberle ordenado retirar los lazos amarillos pese a “no tener facultades”. Durante su comparecencia también ha criticado la falta de imparcialidad del tribunal y de la Fiscalía -que “no es garante de la legalidad sino de los intereses del Gobierno”- en un “juicio político” en que por primera vez se sienta un presidente catalán en el cargo. De esta forma, ha vuelto a reivindicar el “proceso de independencia” como “única opción de los catalanes para que sus derechos sean respetados”.

“Bienvenida sea la condena”

El presidente catalán ha anticipado que la prohibición de colocar lazos amarillos y simbología respecto a la sentencia del ‘procés’ pueda causarle “otra querella” y ha añadido respecto a este juicio: “Si me condenan por defender los derechos de los catalanes, bienvenida sea la condena”. “Nunca renunciaré al derecho de autodeterminación en Cataluña, ni a defender a nuestros presos políticos y exiliados ni a la dignidad de todos aquellos que han ostentado el cargo de la Generalitat y me han precedido”, ha añadido.

“Este tribunal me puede condenar, pero no cambiarán la legitimidad de los que me eligieron”, así como su “compromiso” con el pueblo de Cataluña, ni la “voluntad” de éste, ni “el destino de este país”, ha zanjado, aventurando que su condena será la condena del Estado y de la justicia española.

El presidente de la Generalitat se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, que ejerce Vox, en este último caso por tratarse de “un partido franquista”. Durante la presentación de sus conclusiones por la tarde, tanto la Fiscalía como la acusación popular han pedido que la sentencia sea condenatoria.

Torra es el primer presidente catalán en activo en someterse a un proceso judicial y el tercero consecutivo perseguido por la justicia por su papel en el proceso independentista. Se juega su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público, una pena que podría apartarle de la Generalitat una vez que la sentencia sea firme, si así lo ratifica el Tribunal Supremo. En ese caso, asumiría la responsabilidad del Govern, el vicepresidente Pere Aragonés.
Los argumentos de la defensa

Las claves del juicio están en varias cuestiones. Por un lado, la defensa de Torra sostiene que la Junta Electoral Central “carecía de competencias” y tenía “un interés directo” en el caso, así como que las órdenes emitidas por este organismo no eran “claras” al referirse tanto a los lazos amarillos como a las ‘esteladas’ y que finalmente las órdenes del órgano electoral terminaron siendo una acto de “censura total”. Por otro lado, expone el abogado Gonzalo Boye que Torra no tiene potestad sobre todos los edificios que componen la Generalitat.

Ambos argumentos han sido rechazados tanto por el Fiscal, Francisco Bañeres, como el letrado de Vox, Juan Cremades, que consideran acreditada la competencia de Junta Electoral Central como organismo “constitucional” para emitir órdenes al ‘president’ y ante la ausencia de una Junta Electoral autonómica. También han considerado que, después de la tercera advertencia lanzada por la JEC en marzo, cuando por una orden del conseller del Interior, Miquel Buch, los lazos y las pancartas fueron retirados en un plazo de 48 horas, queda demostrado que Quim Torra tenía capacidad para ordenar la retirada de los lazos y símbolos de todos los edificios de la Generalitat.

Por último, el tribunal ha denegado la petición de nulidad del procedimiento realizada por la letrada de Torra, Isabel Elbal, que consideraba que se había vulnerado la presunción de inocencia de su cliente. El proceso carece de imparcialidad, según la letrada, que además en un momento de su intervención ha esgrimido el hecho de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, diera a entender en una entrevista que la Fiscalía recibe órdenes del Ejecutivo.

La expresión “presos políticos” es “consenso” de la sociedad

Para el president era “importante” que se colgara un cartel de apoyo a los políticos presos porque expresa el sentir “mayoritario” de la sociedad catalana y los lazos “deberían ser patrimonio común”, ya que “no son partidistas ni es propaganda”. Durante su comparecencia, ha defendido además que la expresión “presos políticos” no es patrimonio de ningún partido, sino fruto del “consenso” de la sociedad catalana, “por mucho que incomode o alguien se levante de la sala” cuando las escucha s

Torra se refería así al hecho de que tanto el presidente del TSJC y de la sala que lo juzga, Jesús María Barrientos, como el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que lo acusa en el juicio, abandonaran un acto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, en febrero de 2018, molestos por que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aludiera a la existencia de “presos políticos”. La Fiscalía ha respondido por la tarde, sin embargo, que el lazo no es un símbolo “neutral” ni “compartido por todos los catalanes”.


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Cataluña

Carod-Rovira afirma que los niños que agreden a sus padres hablan en castellano

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Josep-Lluís Carod-Rovira, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y uno de los líderes históricos del independentismo catalán, ha desatado la polémica tras unas infortunadas declaraciones en la cadena pública catalana TV3 en las que asegura que la “inmersión lingüística” de los niños influyen en que peguen a sus padres. Según explica, los niños que se enfrentan a sus progenitores hasta el punto de llegar a la agresión son castellanohablantes.

Durante una tertulia en el programa Els matins sobre Educación y sobre la relación entre padres e hijos con problemas de agresividad con motivo del documental titulado Hijos maltratadores, padres con miedo, el que fuera el número uno de ERC señaló: “Cuando haya terminado este tema, podrían enviar una copia al departamento de Educación y otra a Política Lingüística, para analizar si hay fracaso o no en inmersión lingüística”.

“Lo digo porque todos estos jóvenes figura que han sido escolarizados en Cataluña, y por tanto, deberían ser competentes en catalán. Y al parecer no lo son a pesar de haber sido escolarizados aquí”, concluyó Carod-Rovira.

Estas polémicas declaraciones salen a la luz después de que el Ayuntamiento de Barcelona hiciese públicos una serie de vídeos con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género en los que se identificaba a los machistas con el uso del español.

Como no podía ser de otra manera, estas declaraciones ha sembrado la polémica en las redes. Entre las personas que critican con vehemencia esta ocurrencia está la política Rosa Díez que recuerda al presidente Pedro Sánchez quiénes son su compañeros de viaje.


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Cataluña

El Parlamento de Cataluña aprueba la resolución sobre autodeterminación cuestionada por el TC

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Imagen de archivo del Parlament.
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El Parlament de Cataluña ha aprobado este martes, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, la polémica resolución que suspendió parcialmente el Tribunal Constitucional (TC) por las referencias al derecho a la autodeterminación y a la reprobación a la monarquía, alusiones recuperadas por la vía de las enmiendas.

La resolución ha sido aprobada con los 68 votos de JxCat, ERC y la CUP, frente a los 21 votos en contra del PSC y el PPC y las ocho abstenciones de Catalunya en Comú Podem, en una votación en la que se han ausentado los 36 diputados de Ciudadanos.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reanudado con su intervención el debate de investidura, este martes en el Congreso, la segunda jornada del debate del candidato socialista, JxCat, ERC y la CUP, divididos en la votación sobre la respuesta a la sentencia del ‘procés’

El TC suspendió la tramitación de un fragmento del punto 11 de la resolución conjunta de las fuerzas independentistas, que planteaba que el Parlament “reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”.

Ese fragmento quedó borrado de la resolución que se ha votado en el pleno, pero JxCat, ERC y la CUP han aprobado enmiendas que citan textualmente, a modo de recordatorio, la frase retirada por el TC y expresan su “rechazo” a la suspensión parcial del texto.


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Cataluña

El Gobierno podría trasladar a la Policía Nacional de su sede en Vía Layetana de Barcelona

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El Gobierno ha abierto este viernes la posibilidad de trasladar a la Policía Nacional de su sede actual en Vía Layetana de Barcelona, al ser preguntado tras el Consejo de Ministros sobre la iniciativa de ERC con el respaldo del PSC de convertir el edificio en el centro de la capital catalana en un museo de la “represión franquista”.

“La Policía Nacional se va a quedar en la ciudad de Barcelona”, ha asegurado la ministra Portavoz, Isabel Celaá, que acto seguido ha matizado que “otra cosa es que como decía Collboni — en referencia al primer teniente de alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, del PSC– se pueda localizar un mejor asentamiento para la Policía”. “Pero se va a quedar en la ciudad de Barcelona”, ha añadido.

La propuesta de ERC de dejar el 43 de Vía Layetana ha generado esta semana malestar dentro de sectores de la Policía, al considerarla como mínimo inoportuna, en un contexto en el que este edificio ha sido objeto durante varios días de las protestas violentas de grupos de independentistas descontentos con la sentencia del ‘procés’. De hecho, algunos ciudadanos acudieron tras los altercados a agradecer el trabajo policial junto a los Mossos d’Esquadra.

Preguntado por esta cuestión el pasado miércoles, fuentes del Ministerio del Interior aseguraron que no contemplaban dejar el actual edificio de la Jefatura Superior de la Policía. “No hay plan ni está previsto”, especificaron estas fuentes.

Los sindicatos policiales criticaron la propuesta al entender que “humilla” a los policías. El SUP censuró al PSC por el sentido de esta votación y por otras resoluciones recientes en las que se ha pedido que los agentes ‘antidisturbios’ luzcan su número de identificación o no utilicen pelotas de goma.

Desde Jupol, organización sindical mayoritaria en la Policía, se remitió una carta al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, donde rechazaba dejar Vía Layetana al no ver “ninguna razón ni funcional ni operativa”. “Creemos que detrás de esta iniciativa están las consecuencias del pacto de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos”, alegaron.

La propuesta de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona prosperó este martes con el apoyo del PSC, de BComú y JxCat, y el rechazo de Cs, PP y BCN Canvi. Además del traslado de esta sede policial a otro lugar reclama “la conversión del edificio en un centro de memoria sobre la represión franquista y la lucha por las libertades democráticas”. Este miércoles, Òmnium Cultural y representantes de una cincuentena de entidades de memoria histórica han respaldado la iniciativa.

En junio de 2017, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), el Congreso ya aprobó que la comisaría de Policía de la Vía Layetana de Barcelona se convirtiera en un museo de la memoria histórica. Con los votos a favor de todos los grupos menos del PP, salió adelante en la Comisión de Interior una Proposición No de Ley presentada por el entonces portavoz de ERC, Joan Tardà.

El SUP, sobre el posible cambio de sede en Via Laietana: “Es aberrante, lleva más de un siglo ahí”
Luis Mansilla, secretario general federal del sindicato policial en Cataluña, valora para COPE una propuesta muy mal recibida en la Policía Nacional

El SUP, sobre el posible cambio de sede en Via Laietana: “Es aberrante, lleva más de un siglo ahí”

La posibilidad de que la Policía Nacional abandone el número 43 de la Via Laietana de Barcelona y cambie de sede en la Ciudad Condal no ha sentado nada bien en el cuerpo policial. Así lo expresa Luis Mansilla, secretario general federal de SUP (Sindicato Unificado de Policía) en Cataluña y subinspector de Policía: “Nos parece un insulto, una aberración”.

“Por parte del sector independentista, estamos acostumbrados. Ha habido varias maniobras: van en contra de todo lo que sea un icono o un sentimiento españolista. Que el PSC se posicione a favor de esto nos parece insultante cuanto menos. Vergonzoso. Llevamos ahí prácticamente un siglo, no interfiere en nada, es un sitio céntrico… Es aberrante cuanto menos”, añade Mansilla.

“Lo que pasa es que es un icono españolista, y supongo que los sectores independentistas quieren quitárselo de en medio”, reconoce. “Esta medida es una más: escraches, pintadas en diferentes comisarías… Somos foco de atención y de ataque porque representamos a España”, denuncia también Mansilla.

¿Puede darse entonces ese cambio de sede? “Es una propuesta hecha por parte del Gobierno autonómico, y evidentemente es insuficiente para quitarla directamente. Pero cuanto menos nos genera incertidumbre. Y, sobre todo, malestar”, expresa nuestro entrevistado. Mansilla, además, considera que el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ha influido en todo esto. Quizá “en base a un posible apoyo de un tercero”, deja caer.

“Nos encontramos desamparados. Si somos una parte del Gobierno, trabajamos para el Gobierno, estamos por el Gobierno, defendemos al Gobierno y a la ciudadanía, qué mínimo que tener ese respeto. Y, por lo menos, la consideración. Y tenernos un poco en la situación en la que tenemos que estar. No utilizarnos, como nos están utilizando”, critica, de forma contundente, Mansilla.

Él mismo aclara a este medio que en la Policía Nacional no se quedarán de brazos cruzados si prospera el cambio de sede del cuerpo en Barcelona. “Haremos todo lo posible para que esto no suceda. Y si tenemos que tener medidas de presión y judicializar el tema, haremos lo que sea. Porque nos parece incoherente. No viene a lugar, es innecesario y un despropósito”, advierte Mansilla. Con una despedida contundente: “No descartamos ninguna acción”.


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