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Hispanoamérica

Trump impone un bloqueo total a las propiedades del régimen venezolano en EEUU

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este lunes un bloqueo total a las propiedades estatales del régimen de Venezuela en territorio estadounidense, en un paso importante en la presión por desplazar a Nicolás Maduro del poder.

“He determinado que es necesario bloquear las propiedades del Gobierno de Venezuela a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro”, argumentó Trump en una carta dirigida a los líderes del Congreso.

Según dispuso la Casa Blanca, los activos ahora “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni manejados”, con la intención de impedir el acceso de Nicolás Maduro y su entorno al sistema financiero internacional, así como profundizar su aislamiento.

Las anteriores medidas de Washington sobre el chavismo (sanciones a más de 100 individuos y firmas) habían pesado principalmente sobre la industria petrolera, la principal fuente de divisas en Venezuela, pero este congelamiento es la medida más dura en el marco de la presión por lograr la salida de Maduro. Estados Unidos reconoce desde enero a Juan Guaidó como presidente interino.

Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba son los únicos países sobre los que pesaba una medida similar, pero el anuncio de este lunes es el primero de su tipo en tres décadas para el hemisferio americano.

Horas atrás, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, había adelantado que la Casa Blanca desplegaría una “importante medida” que aplicaría una “mayor presión” sobre el régimen de Nicolás Maduro, en la víspera de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que reunirá este martes a más de 60 delegaciones, la mayoría de países que respalda a Guaidó. En referencia a la orden ejecutiva de Trump, Bolton dijo que “muestra la determinación (de EEUU) por lograr una transferencia pacífica del poder” en Venezuela.

La semana pasada, Trump confirmó que estaba considerando un bloqueo o cuarentena a Venezuela, declaración que fue respondida por Maduro con un pedido de preparación para “una batalla”, sin entrar en mayores precisiones. En los primeros minutos tras la difusión de la decisión, el líder chavista estuvo tuiteando sobre los Juegos Panamericanos y no se refirió a la noticia. Por su parte, el canciller chavista, Jorge Arreaza, convocó a una rueda de prensa para el martes al mediodía (hora local, 16 GMT).

La orden ejecutiva también prohíbe transacciones con las autoridades venezolanas cuyos activos estén bloqueados, y veta la entrega o recepción de “cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por o para el beneficio de cualquier persona cuyas propiedades e intereses estén bloqueados bajo esta orden”.

Sin embargo, el gobierno estadounidense puede otorgar excepciones a este bloqueo. Según indican fuentes de la Casa Blanca, el objetivo es tratar de no afectar la vida cotidiana de los venezolanos y que el peso de la medida recaiga sobre los funcionarios del régimen. Por ello, quedarán exentas algunas firmas vinculadas a servicios esenciales como el correo, las telecomunicaciones, la entrega de asistencia humanitaria y otras ONG.

En ese sentido, Juan Guaidó manifestó que la medida “busca proteger a los venezolanos”, ya que toda deuda que el régimen intente tomar con estos activos sería ilegal. “Cualquiera que quiera beneficiarse de la crisis será ahuyentado”, explicó.

En su explicación, Trump también destacó “las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen, los arrestos y detenciones arbitrarios de ciudadanos venezolanos, la restricción de la libertad de prensa y los continuos intentos de socavar al Presidente interino Juan Guaidó de Venezuela y a la Asamblea Nacional venezolana elegida democráticamente”.

La orden ejecutiva no detalla qué bienes mantenía Venezuela en territorio estadounidense, por lo que no está claro el alcance que tendrá la medida. El principal activo estatal, la petrolera Citgo, ya estaba bloqueado desde enero, y posteriormente EEUU reconoció a una nueva junta directiva de la empresa nombrada por el Parlamento venezolano, controlado por la oposición.

Actualmente están sancionados Maduro y su entorno (incluidos sus hijastros), el canciller y los altos mandos militares. Además del sector petrolero, también se han desplegado medidas contra el sistema financiero, el sector del oro (en alza por la debacle de PDVSA) y a navieras que han violado las disposiciones transportando crudo venezolano.

Aunque las primeras represalias datan del gobierno de Barack Obama, cuando en 2014 se aplicó una ley que impuso penalidades contra personas responsables de violaciones a los derechos humanos, estas medidas han aumentado exponencialmente desde el 10 de enero, cuando Maduro asumió un segundo mandato tras unas elecciones no reconocidas por Estados Unidos ni por gran parte de la comunidad internacional.

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El Parlamento de Ecuador rechaza la propuesta para legalizar el aborto en caso de violación

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Manifestantes protestan este martes tras la negativa del Legislativo ecuatoriano a despenalizar el aborto
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La Asamblea Nacional de Ecuador ha rechazado la propuesta para legalizar el aborto para víctimas de violación en caso de incesto con 65 votos a favor de la propuesta, 59 en contra y seis abstenciones.

La votación no ha alcanzado la cifra de votos necesarios que se encuentra en 70 para que la reforma fuera aprobada, según ha recogido el diario «El Comercio». Curas, monjas y grupos religiosos han protestado este martes frente a las puertas del Congreso para luego celebrar el resultado con alabanzas.

«Se quería legalizar el crimen de un inocente y lo que han hecho los legisladores es respetar el sentir del pueblo», ha señalado Amparo Medina, de la organización Red Pro Vida, según ha recogido la agencia de noticias Reuters. «Es una victoria de los niños por nacer que ahora tienen derecho a vivir».

Por su parte, la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien apoyaba la despenalización del aborto, ha indicado que «la lucha continúa por las miles de mujeres que han sido obligadas a parir de sus agresores, por las que han fallecido en la clandestinidad y por las que aún no nos rendimos».

Cuestión de derechos

«Será ley porque no es un tema de dogmas, es un tema de derechos», ha subrayado Aguiñaga a través de su cuenta en la red social Twitter.

El aborto es legal en el país cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la embarazada o cuando una mujer con discapacidad mental quede embarazada como resultado de una violación.

El país cuenta con unas altas tasas de violencia de género y, según una encuesta de 2012, aproximadamente el 25 por ciento de las mujeres sufre violencia sexual a lo largo de su vida, con una tasa particularmente alta de violaciones de niñas adolescentes. Así, cerca de 2.000 niñas menores de catorce años dan a luz en Ecuador cada año.

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Hispanoamérica

Bolsonaro, contra Bachelet: “Si no fuera por Pinochet, Chile hoy sería una Cuba”

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Combo de imágenes de Jair Bolsonaro y Michelle Bachelet
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El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó este miércoles una durísima crítica a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a quien acusó de defender a “vagabundos” y atacó incluso por el lado personal.

“Señora Michelle Bachelet: Si no fuera por el personal de (Augusto) Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba”, dijo Bolsonaro en respuesta a declaraciones de la expresidenta chilena, quien criticó la violencia policial y la situación de los derechos humanos en Brasil.

“Nos acusa de que no estamos castigando a los policías que matan gente en Brasil”, pero “está defendiendo los derechos humanos de los vagabundos”, afirmó el líder de la ultraderecha brasileña en declaraciones ofrecidas a periodistas a las puertas del Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia.

Según Bolsonaro, “lo único” que tiene en común con Bachelet es el nombre Michelle, el mismo de su esposa, pero por lo demás sólo puede expresar sus “pésames” a la expresidenta de Chile.

“Perdió la pelea con la agenda ambiental, igual que Macron, y ahora viene con la agenda de los derechos humanos”, dijo Bolsonaro, en alusión al embate verbal que mantuvo con el presidente galo a causa de sus críticas por los incendios desatados en la Amazonía y la falta de compromiso de Brasil con el medioambiente.

En el mismo tono beligerante, el presidente brasileño agregó que “parece que la gente que no tiene nada que hacer, como Michelle Bachelet, va para la silla de derechos humanos de la ONU”.

Las declaraciones de Bolsonaro fueron una respuesta a algunas críticas que Bachelet hizo a Brasil este mismo miércoles, durante la presentación de un balance de su gestión como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, cargo que ocupa desde hace un año.

“Entre enero y junio de 2019, sólo en Río de Janeiro y Sao Paulo, se nos ha informado de 1.291 personas asesinadas por la policía, un aumento del 12 al 17 % comparado con el mismo periodo del año pasado”, detalló Bachelet en relación a Brasil en ese balance, presentado en Ginebra.

Agregó además que la mayoría de las víctimas fueron habitantes de las favelas y afrodescendientes, todo en un contexto de “un marcado aumento de la violencia policial” y de “discursos que legitiman las ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de rendición de cuentas”.

Ese es precisamente el discurso de Bolsonaro, quien suele decir que “bandido bueno es bandido muerto” y afirma que si un policía mata a un delincuente, cualquier sea la circunstancia, debería recibir una “condecoración” en vez de ser investigado.

La polémica con la funcionaria de la ONU ocurre en vísperas de una visita a Brasil del canciller chileno, Teodoro Ribera, quien será recibido este jueves por su homólogo brasileño, Ernesto Araújo, y reafirmará las excelentes relaciones entre los presidentes Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera, adversario político de Bachelet.

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Un brutal ataque a un local para adultos en México se salda con al menos 26 muertos

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Puerta de entrada de 'El caballo blanco', el local atacado
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La masacre con 26 muertos en un bar nocturno del puerto de Coatzacoalcos, en el oriental estado de Veracruz, exhibe la fuerza del narcotráfico en algunas regiones de México y deja al descubierto una nueva grieta en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

‘El caballo blanco’, un local para adultos, fue atacado el martes a las 22.00 hora local (03.00 GMT) cuando se encontraba repleto de gente, primero con ráfagas de metralleta por individuos que dispararon de forma indiscriminada para después lanzar bombas molotov.

La cifra, todavía preliminar, es de 26 muertos y 11 lesionados que están hospitalizados.

Este día, López Obrador lamentó la masacre y calificó la jornada de “muy difícil” en este puerto de Veracruz, un estado que padece la dura disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Los Zetas desde hace años.

Si bien esta masacre no es el único suceso sangriento de las últimas horas en el país, que acumula 20.135 homicidios de enero a julio.

En Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con Estados Unidos, murieron este martes 12 personas en diferentes choques de presuntos sicarios con las fuerzas de seguridad. Y hace unos días, en la también fronteriza Ciudad Juárez mataron a balazos a tres niñas y a su tío en su casa.

En las últimas horas, un vídeo difundido muestra a dos hombres siendo degollados en Coatzacoalcos, uno de ellos supuesto dueño del bar atacado, Agustín Javier Ronson González.

Durante el asesinato, los perpetradores del crimen advierten que “el material (la droga) no se vende sin sello” y que la “la plaza (su área) tiene dueño”.

Cruce de acusaciones

Este martes, López Obrador apuntó a un posible “contubernio” entre autoridades locales y el crimen organizado, que derivó en esta masacre.

De acuerdo con su información, dada a conocer desde Palacio Nacional, uno de los posibles responsables había sido detenido en julio, pero fue puesto en libertad por la Fiscalía General del Estado (FGE) del estado de Veracruz. Además, indicó que se investigaría esta institución.

Según el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, Ricardo “N”, Ricardo “N”, alias La Loca, uno de los presuntos autores materiales de esta masacre, y fue detenido en julio pero liberado “en menos de 48 horas” por la Fiscalía estatal.

Pero horas después, la Fiscalía estatal negó haberlo liberado, exhibiendo un claro choque entre instituciones en un país donde la impunidad en los crímenes es de más del 98 %.

“Absolutamente falso que Ricardo “N” alias La Loca haya estado a disposición de la FGE, fue la FGR (Fiscalía General de la República) quien conoció del asunto y determinó su situación jurídica”, se defendió.

Además, aseguraron que La Loca fue detenido nuevamente el 7 de agosto por la Policía Naval y puesto nuevamente a disposición de la delegación de la FGR.

Grieta en la estrategia de seguridad

Este nuevo acto de violencia sucede cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparando su discurso de gobierno el próximo domingo con una gestión en materia de seguridad muy criticada.

Pese a su promesa de reducir la inseguridad, los niveles continúan al alza y en los primeros siete meses de 2019 han ocurrido 20.135 homicidios en todo el país, con un promedio nacional de 95,8 casos por día, según cifras oficiales.

Entre sus acciones para frenar la ola de violencia está atender las causas y, sobre todo, la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y conformado por militares, marinos y policías federales.

Este cuerpo, con decenas de miles de elementos, ha sido criticado por organizaciones civiles y organismos internacionales, preocupados porque solidifica la presencia de militares en las calles.

“No existe una estrategia nacional de seguridad, hay algunos planes y programas, pero no hay una estrategia integral”, dijo este miércoles en entrevista con Efe el especialista en temas de seguridad Javier Oliva.

Para Oliva, la masacre en Coatzacoalcos es un reflejo de la “lógica y dinámica” del crimen organizado y “una clara evidencia de la creciente ola de criminalidad” que se vive en México, que además no entiende de partidos políticos.

El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que los hechos de Veracruz “dejan ver la ausencia de objetivos a nivel de regiones y a nivel estatal”.

Reconoció que los únicos que “están haciendo el trabajo” son los militares y la Guardia Nacional “quienes hacen lo que pueden” pero desafortunadamente son un número reducido y en ocasiones se ven rebasados como se ha podido ver en casos recientes.

Para el especialista, lo ocurrido en Coatzacoalcos es un indicativo de la extorsión de parte del crimen organizado hacia establecimientos, que deben pagar cuotas o vender sus drogas.

Oliva consideró que el posicionamiento en los últimos días del Gobierno mexicano respecto al tema de seguridad no ha sido el mejor.

Primero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó y desmintió que negociara un pacto con el crimen organizado, en unas declaraciones muy confusas.

Y hace unos días, López Obrador dijo que “el Ejército no se usa para reprimir al pueblo”. Y cuestionado sobre si el “narco” también es pueblo, dijo: “Sí, es pueblo, todos son seres humanos”.

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