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Opinión

8 de septiembre, “Día de Extremadura”… ¿De verdad hay algo que celebrar?

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“Espíritu desunido domina a los extremeños; jamás entran en empeños ni quieren tomar partido. Cada cual en sí metido y contento en su rincón huyen de toda instrucción y aunque es mucha su viveza vienen a ser, por pereza los indios de la nación”. Versos escritos hace más de dos siglos por el clérigo de Jaraicejo, Francisco Gregorio de Salas.

Si existe una muestra representativa del fracaso del socialismo en España, de mala gestión, de despilfarro, de derroche, de corrupción, de fraude generalizado es Extremadura, la Taifa del Suroeste, junto a Portugal, en la que se llevan sucediendo en los últimos cuarenta años gobiernos intervencionistas, socialdemócratas, tal es así que Extremadura es la única región española que está considerada “pobre” por la Unión Europea y recibe trato preferente, o sea dinero, subvenciones, y más subvenciones, regalías…

El Instituto Nacional de Estadística publicó la pasada primavera, los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, referentes al año 2018. El mencionado estudio llega a la conclusión de que uno de cada cinco españoles está en “riesgo de pobreza”, cinco de cada diez en Extremadura; y también hace constar que el 34,2% de las familias españolas -un 47,6% en Extremadura-, no puedae permitirse ir de vacaciones.

El 21,5% de los españoles vive en riesgo de pobreza o de exclusión social, con unos ingresos inferiores a 8.871 euros al año; situación que se agrava en Extremadura, en la que los afectados son el 37,6% de sus habitantes.

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Además de lo dicho, el INE también ha calculado el riesgo de pobreza o exclusión social utilizando la tasa AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion), creado en 2010 para poder medir la pobreza relativa en Europa ampliando los criterios -no solo con los ingresos- e incluyendo la carencia material o la baja intensidad en el empleo. Y según esta metodología, la tasa de pobreza o exclusión social se eleva hasta el 26,1% de la población española, hasta el 44,6% de la población extremeña.

Por comunidades autónomas, los ingresos medios anuales más elevados son los del País Vasco (14.722 euros por persona), Navarra (13.585) y Cataluña (13.338), mientras que los más bajos fueron los de Extremadura (8.503), Canarias (8.964) y Murcia (9.111). Y las tasas de pobreza o exclusión social más altas son las de Extremadura (37,6%), Canarias (32,1%) y Andalucía (32,0%); a una distancia enorme de las del País Vasco (8,6%), Navarra (8,9 %) y Cataluña (13,6 %) que poseen las más bajas.

Según la tasa AROPE, la tasas de pobreza fueron del 44,6% en Extremadura, 38,2% en Andalucía y 36,4% en las Islas Canarias; y por el contrario, las más bajas en las Provincias Vascongadas (12,1%), Navarra (12,6%) y Aragón (17,7%).

Y, por enésima vez, destaca el INE que, allí donde existe una mayor formación, también existe menor riesgo de pobreza.

Así, la tasa de pobreza pasa del 33,8% entre quienes sólo han cursado educación secundaria al 12,6% entre las personas que poseen estudios superiores.

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Bien, volvamos al”Día de Extremadura”, sigamos con “celebraciones”:

El año 2017, Extremadura fue la región española con menor Producto Interior Bruto por habitante, 17.262 euros y se situó un 30,9 % por debajo de la media nacional, siendo además la tercera región con menor crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB), concretamente un 2,4 %, frente al 3,1 % que alcanzó la media nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La estadística de Contabilidad Regional de España demuestra que Aragón fue la región española que experimentó un mayor crecimiento de su PIB (3,6 %), seguida de Asturias (3,5 %) y Madrid (3,4 %). Por su otro lado, los menores crecimientos del PIB correspondieron a las “ciudades autónomas” de Ceuta (1,6 %) y Melilla (1,7 %) y a La Rioja (1,8 %).

Extremadura se situó al final de la tabla con 17.262 euros por habitante, seguida de Melilla (17.945 euros) y Andalucía (18.470 euros).

Madrid tuvo el mayor PIB por habitante en el año 2017, con 33.809 euros, seguido por el País Vasco (33.088 euros) y Navarra (30.914 euros). La media nacional fue de 24.999 euros y hubo siete regiones españolas que superaron dicha cifra.

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Extremadura está la primera de la fila de todas las regiones españolas respecto de lo que se denomina “pobreza”, siendo la media nacional el 19% de pobres respecto a la población total.

Bien, para poder seguir evaluando la situación de Extremadura, retrocedamos unas cuantas décadas:
En 1981, Extremadura tenía 1.050.119 habitantes, un 2,78% de la población española, que entonces era de 37.746.886 personas.

La revisión del padrón municipal del 1 de enero de 2016, indicaba que la población de Extremadura era de 1.087.778 habitantes, 5.219 empadronados menos que el año anterior, lo que representa una reducción del 0,48%… la población extremeña continúa la tendencia decreciente iniciada en 2011.

Respecto a la población con más edad, Extremadura, continúa con un proceso de envejecimiento importante: Los mayores de 65 años son en la región extremeña casi el 20%; por el contrario, los menores de 4 años apenas son el 4,20% de los extremeños.

En Extremadura existen 388 municipios. El 9,42% de los habitantes de Extremadura reside en municipios de menos de 1.000 habitantes, mientras que el 28,03% vive en municipios de más de 50.000 habitantes. Obviamente la mayoría de quienes viven en las provincias de Cáceres y Badajoz lo hacen en municipios de entre 1.000 y 50.000 habitantes, exactamente el 62,55% de los extremeños.

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En torno al 35% de los extremeños residen en municipios de menos de 5.000 habitantes y, la emigración continúa siendo una realidad especialmente entre los jóvenes desempleados.

En la actualidad, el número de habitantes de Extremadura viene a ser casi el mismo que hace 37 años, pese a haber aumentado la población española hasta alcanzar los casi 47 millones.

En 1981, Extremadura era la región con menor renta por habitante, en 2018, continúa en idéntica posición.

En Extremadura la Agricultura representa aproximadamente el 10% de la producción (casi 6,5 puntos por encima de la media española), apenas un 10,5% de la producción extremeña pertenece a la Industria (incluyendo la Energía y el Agua), siendo casi un 20% en España, alrededor del 15% la Construcción (casi un 12% en España) y el 64% en el Sector Servicios (67% a nivel nacional).

La región extremeña es la menos industrializada de España, exceptuando Ceuta y Melilla. Y durante muchos años en Extremadura la construcción era posiblemente el lugar de España en el que el sector hacía una mayor aportación al PIB regional, lo cual explica parcialmente las causas singulares de la recesión extremeña, y por qué Extremadura es la región menos competitiva de toda España.

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Casi el 11% de los empleados extremeños trabajan en la Agricultura (un 4,4% a nivel nacional), el 12% en la Industria (16% en España), un 14,1% en la Construcción y un 62,9% en los Servicios.

En Extremadura existen casi 90 funcionarios por cada 1000 habitantes, en el resto de España 55, siendo la proporción extremeña la mayor de todas las regiones españolas. En Extremadura, cerca del 30% de la población asalariada es funcionario público, el mayor porcentaje de España, cuya media no supera el 15%.

Extremadura ocupa en el último lugar del ranking español de productividad.

La tasa de paro en Extremadura, cercana al 25% de la población activa, es la mayor de toda España, pese a que la población lleva en términos absolutos, estabilizada en la región los últimos 37 años y, pese a que la tasa de actividad es en Extremadura en torno al 50% de los habitantes mayores de 16 años y, en España superior al 60%.

Los costes salariales en Extremadura son los menores de toda España, circunstancia que lleva ocurriendo desde hace muchas décadas.

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Cerca del 10% de los hogares extremeños tienen “oficialmente” en paro a todos sus miembros en edad de trabajar.

Las exportaciones regionales respecto del total nacional son apenas el 0.6%, la cifra más pequeña de toda España, no habiendo variado esta proporción prácticamente desde el año 1995.

El Presupuesto de Gastos de la Comunidad autónoma, dedica alrededor del 35% de sus recursos a gastos de personal… y no deja de crecer.

Tradicionalmente el Presupuesto de la Junta de Extremadura dedica el 75% de los gastos a operaciones corrientes, y escasamente el 25% a inversiones.

Presupuesto que se nutre solamente en un 25% de recursos de origen fiscal y más de un 65% de transferencias procedentes del exterior.

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La administración regional es la mayor empresa de toda Extremadura.

Las empresas extremeñas apenas son el 2% de las empresas españolas, aproximadamente 70.000. De estas empresas, casi la mitad pertenecen al sector servicios, unas 20.000 al Comercio, no más de 10.000 a la construcción y, menos de 6.000 a la Industria. Más del 50% de esas empresas son trabajadores autónomos, y con menos de seis trabajadores (incluyendo al trabajador autónomo-empresario), existen registradas en Extremadura más de 50.000, casi el 90%, lo cual demuestra el minifundismo empresarial extremeño.

En España alrededor del 70% de las viviendas disponen de algún tipo de ordenador, en Extremadura no más del 55%; y si hablamos de conexión con banda ancha más o menos la misma proporción.

Alrededor del 70% de los asalariados de Extremadura son, como máximo, mileuristas (14 pagas).
Según las cifras aportadas por la Agencia Tributaria los extremeños son los que perciben las pensiones más bajas de toda España.

Extremadura es, también, la región con menores ingresos por hogar de España.

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Apenas un 30% de los extremeños leen periódicos casi todos los días; el 60% nunca lee libros. Los extremeños dedican como media cuatro horas diaria a ver TV.

Extremadura en las últimas cuatro décadas ha sufrido las consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas, del poder hipnótico y anestésico del régimen caciquil ibarrista-varista (con el intermedio del gobierno de un tal Monago que pretendió ser más socialdemócrata que los socialdemócratas, y claro, la gente prefiere a los “auténticos” antes que a las malas copias), un régimen que dice ser “amigo de los pobres”, gente que cada vez que alcanzan el poder aumenta el número de pobres.

Que se sepa, nunca ha habido ningún régimen socialista, progresista, que haya conseguido, o que de veras lo pretendiera, poner remedio a la injusticia, mejorar la vida de los más favorecidos, acabar con la pobreza (miseria tanto económica como cultural). Ningún sistema político populista-progresista como el de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, o el de su heredero, Guillermo Fernández Vara, ha promovido una verdadera educación, orientada a fomentar el pensamiento crítico, a erradicar las formas de pensar acientíficas, supersticiosas, las diversas formas de fanatismo.

Los gobiernos como los que hemos tenido en Extremadura desde la muerte del General Franco hasta la actualidad, nunca han tenido como objetivo lograr un desarrollo sólido y perdurable (sostenible lo llaman ahora).

Realmente lo que menos les interesa son los derechos de las personas, les despreocupan los intereses de la gente corriente, y por supuesto les importa un bledo la salud de las instituciones “democráticas”, la participación ciudadana, y toda la retahíla con la que adornan sus discursos vacíos. Muy al contrario, procuran crear más y más situaciones de dependencia asistencial, fomentando el clientelismo-servilismo, “estómagos agradecidos”, servidumbres más o menos voluntarias, todas las formas posibles de subsidios, y adoctrinan a la población inculcándoles “valores” cargados de resentimiento, de revanchismo, o como poco de perplejidad y confusión… Se trata de conseguir lealtades a ultranza, la adhesión inquebrantable de la mayoría, eso sí, mayorías “secularmente oprimidas, maltratadas y con enormes carencias”. Las diversas formas de socialismo autoritario (aunque posiblemente todos los socialismos son autoritarios) así como los diversos fascismos, recurren a estrategias semejantes: se inventan un enemigo exterior, se inventan un enemigo interno y un enemigo en el pasado reciente. Por supuesto, para “echar balones fuera” la responsabilidad siempre es de otros, de la etapa política anterior, la “deuda histórica” también lo llaman. De ese modo podrán seguir medrando y malversando por mucho tiempo y con total impunidad.

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En Extremadura contamos con referencias para dar y tomar: La causa principal de todos los males es “la derecha egoísta y reaccionaria, contraria a cualquier forma de progreso”, también el franquismo, y otro recurso muy eficaz es el “caciquismo secular”. Por descontado las etapas en las que gobernó el PSOE en España, con Felipe González, y el inolvidable José Luis Rodríguez Zapatero, nunca existieron. De la actual situación de Extremadura el partido gobernante no tiene ninguna culpa, y a Juan Carlos Rodríguez Ibarra (y su sucesor, Guillermo Fernández Vara) y sus diversos gobiernos, ni nombrarlos. La versión del régimen es tan chocante, tan zafia, tan esperpéntica que ni a Valle Inclán se le hubiera ocurrido. Es un guion perfecto para una película de Pedro Almodóvar… Los actuales gobernantes formaban parte del mismo partido político, aplaudían a rabiar todas las ocurrencias del “jefe”, todas sus decisiones, participaron en todas sus campañas en las que fue elegido y reelegido, le rindieron pleitesía; y por increíble que parezca, nos hablan con total descaro, sin ruborizarse, de que estamos inmersos en una nueva etapa, en la “enésima transformación de Extremadura”.

En el régimen “ibarrista-varista” que sufre Extremadura desde hace alrededor de cuarenta años, los presupuestos siempre son manipulados con arbitrariedad. Los controles son silenciados o ninguneados.

El régimen socialdemócrata de Extremadura identifica fondos procedentes del Estado, o de la Unión Europea con fondos del gobierno regional, de quien tiene la vara de mando, y los usa a discreción para someter a opositores, comprar voluntades y hacerse auto bombo. No escatiman en gastos a la hora de transitar por el camino del narcisismo-absolutista. Para quienes se han ido sucediendo en el gobierno de la región, no hay limitaciones ni medidas fiscalizadoras o que fomenten la mínima transparencia en la gestión de la cosa pública, solo se admiten “observatorios inoperantes y laudatorios”, nada de instituciones independientes, llámense tribunales de cuentas, defensores del pueblo, u organismos semejantes a los que rendir cuentas.

En un régimen populista-progresista, como el que lidera en la actualidad Guillermo Fernández Vara, no pueden faltar las alianzas con la “burguesía amiga” o los “empresarios patrióticos”, es decir, aquellos que prefieren sobornar a funcionarios, pagar “el impuesto revolucionario” para obtener privilegios que producir en forma realmente competitiva.

Con semejante clima como el descrito (que participa evidentemente de muchas más maldades, una enorme ristra que para contarla habría que escribir un libro) no se pueden esperar inversiones propiamente dichas, ni ningún tipo de acción emprendedora, ni creación de riqueza, ni creación de empleo… ni nada que se le parezca.

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Los regímenes democráticos propiamente dichos no participan de la ristra de corrupciones y perversidades como las que sufre Extremadura desde hace cuatro décadas, no emprenden acciones narcotizantes, anestésicas, no manipulan los medios de información, no usan de forma arbitraria el presupuesto, no alientan el odio, no desprecian la legalidad vigente, no boicotean la seguridad jurídica, no temen la alternancia, no descalifican groseramente a la oposición, no espantan las inversiones sino que las reciben con los brazos abiertos, se abren al comercio exterior y no distorsionan las estadísticas para engañar a los ciudadanos, e incluso, hasta cuidan las formas.

Los regímenes democráticos –no socialistas, ni antiliberales- poseen un mayor nivel de bienestar y de crecimiento, son previsibles e infunden más confianza. Por eso la región extremeña, los extremeños nos vamos quedando en el vagón de cola, los últimos de la fila, en el “trasero de Europa”, pese a las enormes potencialidades que seguimos manteniendo inactivas por responsabilidad del modelo populista-socialdemócrata que hipnotiza, esclaviza y embrutece.

Y llegados hasta aquí, alguno me dirá ¿Y qué hacer para acabar con la situación de postración de Extremadura?

Pues, para dejar atrás tan oscuro panorama, para romper este círculo vicioso, perverso, para que los extremeños vivan mejor y sus recursos se utilicen más eficazmente, sólo cabe una solución: recuperar el estado unitario y desmantelar el denominado “estado de las autonomías” y la recentralización de todas las competencias que nunca debieron ser transferidas a ningún gobierno regional, empezando por la enseñanza, la sanidad y la justicia, y prosiguiendo por recuperar la unidad de mercado, de manera que todos los españoles, independientemente de donde nazcan o vivan, posean los mismos derechos y obligaciones.

Y me dirán: pero… ¿quién está dispuesto a ponerle el cascabel al gato?

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¡Eso sólo es posible si algunos extremeños, algunos españoles decentes acaban dando un paso adelante!

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Opinión

No vivimos en la Arcadia Feliz, sino en tiempos de excepción. Por Ernesto Milá.

Ernesto Milá

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Ya he contado más de una vez que el “pare Valls”, el único padre escolapio al que llegué a apreciar, nos contaba cuando éramos párvulos, la diferencia entre “pecado venial” y “pecado mortal”. Y ponía como ejemplo la bata que llevábamos: cuando esa bata se manchaba por aquí o por allí, se lavaba y quedaba renovada, pero si, por el contrario, la bata estaba desgarrada, con costurones y remiendos por todas partes, desgastada por el uso, con manchas que se iban acumulando, no había remedio posible. Se tiraba y se compraba otra nueva. Aquel ejemplo se me quedó en la cabeza. Yo tenía entonces cinco años. Era 1957 y fue una de las primeras lecciones que recibí en el colegio de los Escolapios de la calle Balmes. Es hora de aplicar el mismo ejemplo a nuestro tiempo.

Hay situaciones “normales” que exigen abordarlas de manera “normal”. Por ejemplo, cuando alguien es detenido por un hurto. En una situación “normal”, cuando se da ese pequeño delito -pero muy molesto para la víctima- es razonable que el detenido disponga de una defensa jurídica eficiente, que reciba un trato esmerado en su detención y un juicio justo. Pero hay dos situaciones en las que esta política de “paños calientes” deja de ser efectiva: en primer lugar, cuando ese mismo delincuente ha sido detenido más de 100 veces y todavía está esperando que le llegue la citación para el primer juicio. En segundo lugar, cuando no es un delincuente, sino miles y miles de delincuentes los que operan cada día en toda nuestra geografía nacional.

Otro ejemplo: parece razonable que un inmigrante que entra ilegalmente en España pueda explicar los motivos que le han traído por aquí, incluso que un juez estime que son razonables, después de oír la situación que se vive en su país y que logre demostrar que es un perseguido político o un refugiado. Y parece razonable que ese inmigrante disponga de asistencia jurídica, servicio de traductores jurados y de un espacio para vivir mientras se decide sobre su situación. Y eso vale cuando el número de inmigrantes ilegales es limitado, pero, desde luego, no es aplicable en una situación como la nuestra en la que se han acumulado en poco tiempo, otros 500.000 inmigrantes ilegales. No puede esperarse a que todos los trámites policiales, diplomáticos y judiciales, se apliquen a cada uno de estos 500.000 inmigrantes, salvo que se multiplique por 20 el aparato de justicia. Y es que, cuando una tubería muestra un goteo ocasional, no hay que preocuparse excesivamente, pero cuando esa misma tubería ha sufrido una rotura y el agua sale a borbotones, no hay más remedio que actuar excepcionalmente: llamar al fontanero, cerrar la llave de paso, avisar al seguro…

Podemos multiplicar los ejemplos: no es lo mismo cuando en los años 60, un legionario traía un “caramelo de grifa” empetado en el culo, que cuando las mafias de la droga se han hecho con el control de determinadas zonas del Sur. En el primer caso, una bronca del capitán de la compañía bastaba para cortar el “tráfico”, en el segundo, como no se movilice la armada o se de a las fuerzas de seguridad del Estado potestad para disparar a discreción sobre las narcolanchas desde el momento en el que no atienden a la orden “Alto”, el problema se enquistará. De hecho, ya está enquistado. Y el problema es que hay que valorar qué vale más: la vida de un narcotraficante o la vida de los que consumen la droga que él trae, los derechos de un capo mafioso o bien el derecho de un Estado a preservar la buena salud de la sociedad. Si se responde en ambos casos que lo importante es “el Estado de Derecho y su legislación”, incurriremos en un grave error de apreciación. Esas normas, se han establecido para situaciones normales. Y hoy, España -de hecho, toda Europa Occidental- está afrontando situaciones excepcionales.

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Vayamos a otro terreno: el que Ceuta y Melilla estén sufriendo desde hace 40 años un proceso de marroquinización creciente, puede ser fruto de la proximidad de ambas ciudades a Marruecos y al deseo de los sucesivos gobiernos de España de no empeorar las relaciones con el único enemigo geopolítico que tiene nuestro país, el “enemigo del Sur”. Pero, cuando se sabe que el narcotráfico en Marruecos está regulado por el majzén y por personas próximas al entorno de la familia real marroquí, uno empieza a pensar que la situación no es “normal”. Esa sensación aumenta cuando se percibe con una claridad meridiana que el Ministerio del Interior español no despliega fuerzas suficientes para cortar de raíz el narcotráfico con Marruecos y que, incluso, boicotea a los policías y a las unidades más eficientes en su tarea. Ítem más: lo normal hubiera sido, por ejemplo, que España mantuviera su política exterior en relación al Sáhara inconmovible (las políticas exteriores fiables son las que no cambian, nadie confía en un país con una política exterior oscilante y variable). Pero Pedro Sánchez la cambió en el peor momento: sabiendo que perjudicaba a Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural. Y, además, en un momento en el que el conflicto ucraniano suponía una merma en la llegada de gas natural ruso. Pero lo hizo. Luego ha ido entregando créditos sin retorno, cantidades de material de seguridad, ha permanecido mudo ante las constantes reivindicaciones de “marroquinidad” de Ceuta, Melilla y Canarias. Y esto mientras el ministerio del interior se negaba a reconocer que la comunidad marroquí encarcelada en prisiones españolas es más que significativa o que el número de delincuentes magrebíes es en gran medida responsable del repunte solo en 2023 de un 6% en la delincuencia. O que Marruecos es el principal coladero de inmigración africana a España. O el gran exportador de droga a nuestro país: y no solo de “cigarrillos de la risa”, sino de cocaína llegada de Iberoamérica y a la que se han cerrado los puertos gallegos. Sin contar los viajes de la Sánchez y Begoña a Marruecos… Y, a partir de todo esto, podemos inferir que hay “algo anormal” en las relaciones del pedrosanchismo con Marruecos. Demasiadas cuestiones inexplicables que permiten pensar que se vive una situación en la que “alguien” oculta algo y no tiene más remedio que actuar así, no porque sea un aficionado a traicionar a su propio país, sino porque en Marruecos alguien podría hundir a la pareja presidencial sin remisión. Sí, estamos hablando de chantaje a falta de otra explicación.

¿Seguimos? Se puede admitir que los servicios sanitarios españoles apliquen la “sanidad universal” y que cualquiera que sufra alguna enfermedad en nuestro país, sea atendido gratuitamente. Aunque, de hecho, en todos los países que he visitado de fuera de la Unión Europea, este “derecho” no era tal: si tenía algún problema, me lo tenía que pagar yo, y en muchos, se me ha exigido entrar con un seguro de salud obligatorio. Pero, cuando llegan millones de turistas o cuando España se ha convertido en una especie de reclamo para todo africano que sufre cualquier dolencia, es evidente que la generosidad puede ser considerada como coadyuvante del “efecto llamada” y que, miles y miles de personas querrán aprovecharse de ello. Todo esto en un momento en el que para hacer un simple análisis de sangre en la Cataluña autonómica hay que esperar dos meses y para hacer una ecografía se tardan nueve meses, sin olvidar que hay operaciones que se realizan con una demora de entre siete meses y un año. Una vez más, lo que es razonable en períodos “normales”, es un suicidio en épocas “anómalas”.

Hubo un tiempo “normal” en el que el gobierno español construía viviendas públicas. Ese tiempo hace mucho -décadas- que quedó atrás. Hoy, ni ayuntamientos, ni autonomías, ni por supuesto el Estado están interesados en crear vivienda: han trasvasado su responsabilidad a los particulares. “¿Tiene usted una segunda residencia?” Pues ahí puede ir un okupa. En Mataró -meca de la inmigración en el Maresme- hay en torno a medio millar de viviendas okupadas. Así resuelve el pedrosanchismo el “problema de la vivienda”… Esta semana se me revolvieron las tripas cuando un okupa que había robado la vivienda de una abuela de ochenta y tantos años, decía con chulería a los medios que “conocía la ley de los okupas”. Eso es hoy “normal”, lo verdaderamente anormal es que los vecinos y el enjambre de periodistas que acudió a cubrir el “evento”, no hubieran expulsado al par de okupas manu militari y restituido la vivienda a la que había sido vecina de toda la vida.

Un penúltimo ejemplo: si un régimen autonómico podía ser razonable en 1977 para Cataluña o el País Vasco, lo que ya no fue tan razonable fue lo que vino después de la mano de UCD: “el Estado de las Autonomías”, una verdadera sangría económica que se podría haber evitado.
Hubo un tiempo en el que se reconocían más derechos (“fueros”) a las provincias que habían demostrado más lealtad; hoy, en cambio, son las regiones que repiten más veces en menos tiempo la palabra “independencia”, las que se ven más favorecidas por el régimen autonómico. También aquí ocurre algo anómalo.

Y ahora el último: si se mira el estado de nuestra sociedad, de la economía de nuestro país, del vuelco étnico y antropológico que se está produciendo con una merma absoluta de nuestra identidad, si se atienden a las estadísticas que revelan el fracaso inapelable de nuestro sistema de enseñanza, el aumento no del número de delitos, sino especialmente del número de delitos más violentos, a la pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios, al salvajismo de la presión fiscal y a la primitivización de la vida social, a la estupidez elevada a la enésima potencia vertida por los “gestores culturales”, a la corrupción política que desde mediados de los años 80 se ha convertido en sistémica, unida al empobrecimiento visible del debate político y de la calidad humana, moral y técnicas de quienes se dedican hoy a la política o a las negras perspectivas que se abren para la sociedad española en los próximos años, y así sucesivamente… lo más “anómalo” de todo esto que la sociedad española no reaccione y que individuos como Pedro Sánchez sigan figurando al frente del país y de unas instituciones que cada vez funcionan peor o, simplemente, han dejado de funcionar hace años.

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Vale la pena que la sociedad española empiece a meditar con el hecho de que, si aspira a salir de su estado de crisis, no va a poder hacerlo por la “vía normal”. El cáncer está tan extendido que, hoy incluso podría dudarse de la eficacia del “cirujano de hierro” del que se hablaba hace algo más de 100 años. Lo único cierto hoy, es que, para salir de situaciones excepcionales, hacen falta, hombres excepcionales dispuestos a asumir medidas de excepción y a utilizar, de manera implacable, procedimientos de excepción que no serían razonables en situaciones “normales”, pero que son el único remedio cuando las cosas han ido demasiado lejos.

Esta reflexión es todavía más pertinente en el momento en que se ha rechazado la petición de extradición formulada por el gobierno de El Salvador, de un dirigente “mara” detenido en España. La extradición se ha negado con el argumento de que en el país dirigido por Bukele “no se respetan los derechos humanos”. Bukele entendió lo que hay que hacer para superar una situación excepcional: en dos años El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser un remanso de paz, orden y prosperidad. Porque, en una situación “normal”, los derechos de los ciudadanos, están por delante -muy por delante- de los derechos de los delincuentes. Priorizar los derechos de estos por encima de los de las víctimas, es precisamente, uno de los signos de anormalidad.

Se precisa una revolución. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para restablecer estándares de normalidad (esto es, todo lo que fortalece, educa y constituye el cemento de una sociedad), excluyendo todos los tópicos que nos han conducido a situaciones anómalas y que han demostrado suficientemente su inviabilidad. “Revolución o muerte”… sí, o la sociedad y el Estado cambian radicalmente, o se enfrentan a su fin. Tal es la disyuntiva.

 

Ernesto Milá. 

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