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Tribunales

Condenan a un padre a seguir manteniendo a su hija de 27 años

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Audiencia Provincial de Lugo.
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Alicia, nombre ficticio de una joven de 27 años en paro, era una estudiante modélica hasta que, al finalizar el bachillerato, su brillante trayectoria académica dio un vuelco anómalo y, a todas luces, inesperado. De obtener resultados excelentes y admirables en sus años de instituto pasó, al entrar en la universidad, a transitar por un sendero de notas mediocres, absentismo y apatía. Podía deberse al desinterés que le producía la carrera que cursaba, pero se matriculó en otra y siguió en la misma situación. No iba a los exámenes, faltaba a las clases y no mostraba ningún interés en sus nuevos estudios. Probó con cursos de formación, pero nada cambiaba.

Tras acudir a terapia psicológica, la profesional que le atendió comprobó que su comportamiento no era deliberado, sino que tenía su origen en los malos tratos psicológicos que, durante mucho tiempo, le infligió su padre, quien le pasaba una pensión mensual de 450 euros desde que se divorció de su madre. Alegando que la joven ya estaba en edad de valerse por sí misma, un juzgado aprobó el pasado mes de diciembre a petición del progenitor que la manutención cediese. Sin embargo, tras recibir un informe pericial sobre el deteriorado estado psicológico de la mujer, la Audiencia Provincial de Lugo, donde residía la joven cuando sus padres se divorciaron, falló recientemente a favor de que el hombre prolongase el sustento durante otros 18 meses por ser el responsable último de su situación.

Los padres no están obligados a mantener la pensión de sus hijos una vez que estos ya están en edad de ser de alguna forma autosuficientes. La ley marca que, si estos no aprovechan sus estudios o no se incorporan al mercado laboral aun teniendo la oportunidad de hacerlo, los progenitores pueden pedir que la cuota mensual que les remiten se extinga paraimpedir así situaciones de aprovechamiento económico. No obstante, en algunos casos la necesidad de que se dilate está justificada por circunstancias como las que se dieron en el caso de esta joven.

«Creo que queda probado que no se puede premiar de esa forma a un maltratador cuando las pruebas documentales acreditan que, si la víctima no es capaz de llevar una vida laboral ni personal normal, es realmente por las conductas que manifestó hacia ella durante mucho tiempo», explica a ABC Damián Gómez González, el letrado que representó a Alicia en todo el proceso. Después de que, en abril de 2017, el padre presentara un recurso para reclamar el fin de la manutención, Gómez alegó, esgrimiendo el informe de la psicóloga que había maltratado a la joven, que su estado anímico y emocional estaba plenamente vinculado a los malos tratos psicológicos que el padre había ejercido sobre ella y también sobre su madre.
Tiranía

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Según explica Gómez, el hombre sometió a ambas a un régimen de tiranía en el ámbito doméstico que se prolongó de manera continuada durante un largo periodo de tiempo. Entre otras cosas, relata condiciones de gran crueldad, como hacerlas comer en exceso, en silencio o contra su voluntad, no permitirlas hablar por teléfono o escuchar música bajo la amenaza de echarlas de casa o llamar «gorda» a la madre hasta «hacerla vomitar».

Debido a todas estas situaciones vividas, la joven desarrolló, una vez formalizado el divorcio y puesto fin al calvario que soportó, una serie de traumas e inseguridades que la llevaron a descuidar sus hábitos de higiene, no tener capacidad de concentración o contar con serias dificultades a la hora de mantener relaciones sociales o sentimentales, entre otras cosas.

Por todo ello, y tras cotejar el informe de la experta con otra evaluación psicológica llevada a cabo por los servicios jurídicos, la Audiencia Provincial obligó el pasado mes de junio a que el padre siguiera pasándole la pensión a su hija durante otro año y medio más, revocando así una sentencia previa que eximió al hombre de hacerlo tras acoger su recurso.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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