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Opinión

El coronel de La Legión Enrique de Vivero avisa que España está cerca de ser una república y apunta a George Soros: «Nos vemos abocados al Caos»

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Enrique de Vivero*.- Asistimos desde hace unos meses a los ataques a la Corona, en unos casos velados y en otros claramente, por parte de determinados partidos políticos. El problema no es que los partidos independentistas o filoterroristas ataquen la institución monárquica, lo verdaderamente extraño es que el Gobierno no haga una defensa de la institución en toda regla.

La persona del Rey es inviolable y no tiene responsabilidad. Según el artículo 56.2 de nuestra Constitución, todos sus actos han de ser refrendados por un ministro o en su caso por el presidente del Gobierno. El cometido que le asigna la constitución, en su artículo 56.1, es el de arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones.

¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ataca a la Corona, se está atacando a la Constitución y es en ese momento cuando el Gobierno debe actuar y poner coto a los desafueros que se están produciendo desde hace unos meses.

Tenemos que remontarnos al desastroso presidente Rodríguez Zapatero para ver los orígenes de estos movimientos, que se están transformando en temblores y que pueden acabar con un terremoto, en el caso de que el Gobierno no ponga coto a esta situación en la que la persona del Rey es objeto del pim pam pum, a ver quién le da más fuerte a su persona.

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El incalificable presidente Zapatero fue el primero que dijo del Rey Juan Carlos: «Tenemos un Rey muy republicano». Esto lo dijo Zapatero el 14 de abril de 2005, en una entrevista que le hacían con motivo de la celebración del tristemente recordado día de La II República. En la misma entrevista dejaba otra perla que revelaba cómo piensa y cuáles son sus propósitos ocultos: «España tiene unos valores democráticos que nos hacen evocar que aquel proyecto que entonces no pudo ser, hoy sí lo es». Toda una declaración de intenciones de cómo quería que evolucionase la Monarquía.

La Monarquía es la forma de estado que nos dimos los españoles en el año 1978. Ya sé que muchas personas me pueden decir que ellos no pudieron votar por razón de edad o porque no habían nacido. La mayoría de los países civilizados no refrendan su constitución y su forma de estado cada 10 años; las modificaciones se producen en los países como Venezuela, Bolivia y otros de América del Sur y Centroamérica, donde sus gobernantes han modificado las constituciones a su antojo para perpetuarse en el poder.

Por otra parte, cada cuántos años habría que revisarse la Constitución y la forma de estado. ¿Cada 5, 10, 20 años? ¿Y por qué no la revisamos anualmente y hacemos un referéndum para determinar si Monarquía o República, ya que todos los años un nutrido grupo de hombres y mujeres accede a la mayoría de edad y reclaman su derecho a opinar sobre tan sensible materia?

La realidad es que nuestra forma de Estado, desde que el presidente Zapatero se despertó un día con la genial idea de poner en duda en duda la existencia de la Nación española, con su célebre frase pronunciada en 2004: «La Nación española es un concepto discutido y discutible». Esta frase, dicha por el presidente del Gobierno español, fue un torpedo en la línea de flotación de la estructura del Estado.

De aquellos barros estos lodos. El cambio que se produjo en la línea de pensamiento del PSOE, con la llegada de Pedro Sánchez, fue un cambio radical no solo con el ideario socialista existente hasta entonces, sino que vino a poner en duda la transición española aceptada hasta por Santiago Carrillo, del que, obvia aclararlo, no soy ningún admirador.

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Los pactos de Pedro Sánchez con comunistas, independentistas, separatistas y aprovechados de turno como ese señor diputado de Teruel, han supuesto la mayor felonía de la historia de España, superando con creces al Rey Felón, Fernando VII. La obsesión de Pedro Sánchez por llegar a la Moncloa rayó en lo enfermizo. Todo vale con tal de alcanzar la Presidencia.

El hecho que marcó la línea a seguir fue el recibimiento en la Moncloa al magnate George Soros. Este húngaro de nacimiento es el que, con todo su poder empresarial y financiero, ha estado detrás de la celebración del fallido referéndum en Cataluña e instigando en todos los acontecimientos de Cataluña. Este multimillonario se mueve como pez en el agua en la teoría del Caos. Sobre George Soros no me voy a entretener. En el libro «Soros Rompiendo España», escrito por Juan de Castro y por Aurora Ferrer, se ofrece suficiente información sobre las oscuras motivaciones de este personaje.
Para conseguir el apoyo de ERC, Sánchez tuvo que aceptar la comisión bilateral Cataluña –España, con lo que se ponía al Gobierno catalán al nivel del Gobierno de España y quedaba por descontado que no iban a participar en las reuniones que tiene el Gobierno con la comunidades autónomas. Esta fue la cesión que marcó la debilidad de Pedro Sánchez.

Los acuerdos con Pablo Iglesias han sido públicos, entre ellos hacer desaparecer a la Iglesia Católica del ámbito de la enseñanza, retirarle la propiedad de sus bienes, comenzando por la Catedral-Mezquita de Córdoba, hacer desaparecer la familia tradicional e imponer por ley que existen otros tipos de familia, tantos como demanden los más radicales.

Las declaraciones de Pablo Iglesias en contra de la Constitución y de la Monarquía han sido habituales mientras estaba en la oposición, pero con la cesión de Sánchez al darle una Vicepresidencia, lo que hizo fue poner al zorro a guardar las gallinas.

Las declaraciones del podemita en el diario El País no tienen desperdicio. Analiza el papel de la Monarquía durante la Transición y en años posteriores, para concluir que su tiempo ya pasó y que dicha institución no es necesaria. En consecuencia, solicita modificar la figura del jefe del Estado para que se acceda “por elecciones y no por fecundación”. A continuación se pregunta: ¿sigue siendo útil la Monarquía para nuestra democracia?”. Él mismo se contesta diciendo que la Monarquía es una organización caduca y que el Rey Felipe VI se debilitó con los acontecimientos del 3 de octubre en Cataluña.

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Podemos ha intentado crear una comisión para investigar las actividades de Don Juan Carlos I y para que compareciese Felipe VI en la misma. Lo importante no era poner en marcha la comisión, que se sabía que no iba a prosperar por no contar con el apoyo de PSOE, PP y VOX. Lo importante era cuestionar la Corona, en un momento en que los sondeos no le favorecen.

Juan Carlos I junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mientras este último refrenda la ley orgánica de abdicación. Madrid, 18 de junio de 2014.La idea de Podemos es suprimir la actual Constitución, y cambiar la forma de Estado. Para este propósito cuenta con el apoyo de independentistas y separatistas, de los partidos vascos y catalanes sin distinción .El PSOE, o mejor dicho Sánchez, da dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás, con lo que le permite a su vicepresidente continuar con esta peligrosa deriva hacia la desestabilización del pilar básico de nuestro estado: la Monarquía.

Otra forma de cuestionar la forma de estado ha sido la carta que ha enviado Podemos al Rey Juan Carlos para que comparezca en el Congreso. En realidad no es una carta, son 67, una por cada diputado de Podemos, de esta forma el ruido mediático es mayor.

Esto es la aplicación de la teoría del Caos que maneja tan bien George Soros.

El 14 de abril, aniversario de la desastrosa II República, Pablo Iglesias, en tanto vicepresidente de Asuntos Sociales, debía haber centrado su atención en las residencias de mayores. Pues no. A lo que se dedicó fue a la exaltación republicana, pese al insoportable número de ancianos que estaban muriendo.

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Iglesias dijo que los «mejores valores» para avanzar hacia el «futuro», en este momento de crisis por el coronavirus, son los republicanos, y tal vez por eso rindió homenaje «a todos los compatriotas que imaginaron un país, una República», donde «todos fueran iguales ante la ley» y «donde mandara el pueblo y no el poder económico». Esta fue la perla de su intervención.

Otro que colabora con esta teoría del Caos y para hacer temblar los cimientos del Estado de Derecho es nada menos que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, actual novio, pareja o como quiera que le llamen, de Meritxel Batet, presidente del Congreso (no presidenta) y mano derecha de Pedro Sánchez. El ministro de Justicia, Notario mayor del Reino, el garante del cumplimiento de la Constitución, admitió en sede parlamentaria que estamos ante una crisis constituyente. Por si no había quedado claro insistió: «una crisis constituyente que se suma a un debate constituyente». Resulta que hemos entrado en período constituyente sin disolver las Cortes. Y esto lo dice el Notario Mayor del Reino.

El ministro Campo se pone a disposición de todo este entramado de confusión para crear incertidumbre sobre la Monarquía constitucional.

España ha entrado en crisis, pero no en crisis constituyente, como apunta el ministro de Justicia, sino por causa de unos partidos que están empeñados en desafiar toda la legalidad vigente y poner en duda la legitimidad de la Constitución del 78 y la Monarquía.

Otros que aprovechan esta confusión son los políticos vascos, ya sean nacionalistas o filoetarras. Estos que gracias a esa prerrogativa constitucional disfrutan de su propio régimen foral y de unas condiciones económicas en Vascongadas, que no son otra cosa que privilegios y un anacronismo en Europa, donde no existe ninguna región que goce de estos privilegios.

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El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha defendido las críticas al Rey Felipe VI en la investidura de Sánchez. La TV vasca emitió el 20 de marzo un programa criticando al actual Rey. Incluso se habló de sus tendencias sexuales. ¿Cómo es posible que desde las televisiones públicas autonómicas se ataque al jefe del Estado?

Me resulta incomprensible que el Gobierno de España no haya hecho ni el más mínimo gesto en defensa del Rey, al que tiene la obligación constitucional de defender. El Rey no puede querellarse con las televisiones públicas, para eso está el Gobierno; el problema es que el Gobierno español hace dejación de sus funciones y habrá que pensar cuál es la razón. ¿Acaso es que no cree en el sistema actual, o quizás exista algún plan oculto para poner fin al actual régimen?

El PNV estuvo dispuesto a quitarle al Rey su inviolabilidad y se sirvió para ello del apoyo de EH Bildu y de los independentistas catalanes. La pretensión peneuvista fue rechazada con los votos de PP, VOX y PSOE. A los socialistas, en esta ocasión, le tocó dar un pasa atrás.

Asistimos estos días a la concesión del tercer grado a los políticos que se juzgaron con motivo del acto de proclamación de independencia en Cataluña. Aquí tenemos que hacer varias precisiones:Primera, ¿qué privilegios tiene Cataluña para que los presos de sus cárceles puedan tener tan benigno trato? En su día un Gobierno del PP les concedió esa competencia, como precio a pagar por el apoyo de los nacionalistas catalanes a la investidura de Aznar.

Segunda, ¿por qué el Tribunal Supremo no tomó las medidas legales que tenía a su alcance para limitar esa previsible puesta en libertad por la puerta de atrás?.Probablemente las presiones ejercidas sobre el juez Marchena y el resto del Tribunal fueron demasiado grandes.

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Todas estas situaciones que se están dando en España tienen su origen en la obsesión de Pedro Sánchez por ser presidente del Gobierno. PP y C,s le ofrecieron un pacto de Estado para que no gobernase con el apoyo de los que quieren violentar nuestro ordenamiento constitucional, pero él prefirió echarse en manos de Podemos y los separatistas, porque se lo pedía el cuerpo.

La II República española dista mucho ser el régimen ideal que nos quieren vender desde el Gobierno social-comunista. Recordemos que la república entró en España de la mano de unas elecciones municipales, que no ganaron las izquierdas, que los políticos de derechas que debían haber apoyado al régimen en vigor hicieron dejación de sus funciones y además se contó con la debilidad de un Rey como Alfonso XIII, voluble, caprichoso e irresponsable.

Esta combinación de factores provocó la entrada de la anhelada República, cuyos gobiernos populistas, cuando no fueron sectarios, fueron golpistas, como el golpe promovido en 1934, contra un Gobierno de derechas. Cómo sería la II República que prohombres como Marañón, Ortega y Gasset, Ayala y hasta el mismísimo Azaña criticaran con dureza que esa no era la República que ellos querían.

La Transición, con la aprobación de La Constitución del 78, supuso un punto y aparte en la política española, tan acostumbrada al sectarismo. Ahora por capricho o debilidad de nuestros gobernantes, nos vemos abocados a esta situación del Caos que ni George Soros se habría imaginado ni en sus mejores sueños.

Stalin en la Puerta de Alcalá madrileña: significativa expresión de la hegemonía comunista en la II República,

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Opinión

No vivimos en la Arcadia Feliz, sino en tiempos de excepción. Por Ernesto Milá.

Ernesto Milá

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Ya he contado más de una vez que el “pare Valls”, el único padre escolapio al que llegué a apreciar, nos contaba cuando éramos párvulos, la diferencia entre “pecado venial” y “pecado mortal”. Y ponía como ejemplo la bata que llevábamos: cuando esa bata se manchaba por aquí o por allí, se lavaba y quedaba renovada, pero si, por el contrario, la bata estaba desgarrada, con costurones y remiendos por todas partes, desgastada por el uso, con manchas que se iban acumulando, no había remedio posible. Se tiraba y se compraba otra nueva. Aquel ejemplo se me quedó en la cabeza. Yo tenía entonces cinco años. Era 1957 y fue una de las primeras lecciones que recibí en el colegio de los Escolapios de la calle Balmes. Es hora de aplicar el mismo ejemplo a nuestro tiempo.

Hay situaciones “normales” que exigen abordarlas de manera “normal”. Por ejemplo, cuando alguien es detenido por un hurto. En una situación “normal”, cuando se da ese pequeño delito -pero muy molesto para la víctima- es razonable que el detenido disponga de una defensa jurídica eficiente, que reciba un trato esmerado en su detención y un juicio justo. Pero hay dos situaciones en las que esta política de “paños calientes” deja de ser efectiva: en primer lugar, cuando ese mismo delincuente ha sido detenido más de 100 veces y todavía está esperando que le llegue la citación para el primer juicio. En segundo lugar, cuando no es un delincuente, sino miles y miles de delincuentes los que operan cada día en toda nuestra geografía nacional.

Otro ejemplo: parece razonable que un inmigrante que entra ilegalmente en España pueda explicar los motivos que le han traído por aquí, incluso que un juez estime que son razonables, después de oír la situación que se vive en su país y que logre demostrar que es un perseguido político o un refugiado. Y parece razonable que ese inmigrante disponga de asistencia jurídica, servicio de traductores jurados y de un espacio para vivir mientras se decide sobre su situación. Y eso vale cuando el número de inmigrantes ilegales es limitado, pero, desde luego, no es aplicable en una situación como la nuestra en la que se han acumulado en poco tiempo, otros 500.000 inmigrantes ilegales. No puede esperarse a que todos los trámites policiales, diplomáticos y judiciales, se apliquen a cada uno de estos 500.000 inmigrantes, salvo que se multiplique por 20 el aparato de justicia. Y es que, cuando una tubería muestra un goteo ocasional, no hay que preocuparse excesivamente, pero cuando esa misma tubería ha sufrido una rotura y el agua sale a borbotones, no hay más remedio que actuar excepcionalmente: llamar al fontanero, cerrar la llave de paso, avisar al seguro…

Podemos multiplicar los ejemplos: no es lo mismo cuando en los años 60, un legionario traía un “caramelo de grifa” empetado en el culo, que cuando las mafias de la droga se han hecho con el control de determinadas zonas del Sur. En el primer caso, una bronca del capitán de la compañía bastaba para cortar el “tráfico”, en el segundo, como no se movilice la armada o se de a las fuerzas de seguridad del Estado potestad para disparar a discreción sobre las narcolanchas desde el momento en el que no atienden a la orden “Alto”, el problema se enquistará. De hecho, ya está enquistado. Y el problema es que hay que valorar qué vale más: la vida de un narcotraficante o la vida de los que consumen la droga que él trae, los derechos de un capo mafioso o bien el derecho de un Estado a preservar la buena salud de la sociedad. Si se responde en ambos casos que lo importante es “el Estado de Derecho y su legislación”, incurriremos en un grave error de apreciación. Esas normas, se han establecido para situaciones normales. Y hoy, España -de hecho, toda Europa Occidental- está afrontando situaciones excepcionales.

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Vayamos a otro terreno: el que Ceuta y Melilla estén sufriendo desde hace 40 años un proceso de marroquinización creciente, puede ser fruto de la proximidad de ambas ciudades a Marruecos y al deseo de los sucesivos gobiernos de España de no empeorar las relaciones con el único enemigo geopolítico que tiene nuestro país, el “enemigo del Sur”. Pero, cuando se sabe que el narcotráfico en Marruecos está regulado por el majzén y por personas próximas al entorno de la familia real marroquí, uno empieza a pensar que la situación no es “normal”. Esa sensación aumenta cuando se percibe con una claridad meridiana que el Ministerio del Interior español no despliega fuerzas suficientes para cortar de raíz el narcotráfico con Marruecos y que, incluso, boicotea a los policías y a las unidades más eficientes en su tarea. Ítem más: lo normal hubiera sido, por ejemplo, que España mantuviera su política exterior en relación al Sáhara inconmovible (las políticas exteriores fiables son las que no cambian, nadie confía en un país con una política exterior oscilante y variable). Pero Pedro Sánchez la cambió en el peor momento: sabiendo que perjudicaba a Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural. Y, además, en un momento en el que el conflicto ucraniano suponía una merma en la llegada de gas natural ruso. Pero lo hizo. Luego ha ido entregando créditos sin retorno, cantidades de material de seguridad, ha permanecido mudo ante las constantes reivindicaciones de “marroquinidad” de Ceuta, Melilla y Canarias. Y esto mientras el ministerio del interior se negaba a reconocer que la comunidad marroquí encarcelada en prisiones españolas es más que significativa o que el número de delincuentes magrebíes es en gran medida responsable del repunte solo en 2023 de un 6% en la delincuencia. O que Marruecos es el principal coladero de inmigración africana a España. O el gran exportador de droga a nuestro país: y no solo de “cigarrillos de la risa”, sino de cocaína llegada de Iberoamérica y a la que se han cerrado los puertos gallegos. Sin contar los viajes de la Sánchez y Begoña a Marruecos… Y, a partir de todo esto, podemos inferir que hay “algo anormal” en las relaciones del pedrosanchismo con Marruecos. Demasiadas cuestiones inexplicables que permiten pensar que se vive una situación en la que “alguien” oculta algo y no tiene más remedio que actuar así, no porque sea un aficionado a traicionar a su propio país, sino porque en Marruecos alguien podría hundir a la pareja presidencial sin remisión. Sí, estamos hablando de chantaje a falta de otra explicación.

¿Seguimos? Se puede admitir que los servicios sanitarios españoles apliquen la “sanidad universal” y que cualquiera que sufra alguna enfermedad en nuestro país, sea atendido gratuitamente. Aunque, de hecho, en todos los países que he visitado de fuera de la Unión Europea, este “derecho” no era tal: si tenía algún problema, me lo tenía que pagar yo, y en muchos, se me ha exigido entrar con un seguro de salud obligatorio. Pero, cuando llegan millones de turistas o cuando España se ha convertido en una especie de reclamo para todo africano que sufre cualquier dolencia, es evidente que la generosidad puede ser considerada como coadyuvante del “efecto llamada” y que, miles y miles de personas querrán aprovecharse de ello. Todo esto en un momento en el que para hacer un simple análisis de sangre en la Cataluña autonómica hay que esperar dos meses y para hacer una ecografía se tardan nueve meses, sin olvidar que hay operaciones que se realizan con una demora de entre siete meses y un año. Una vez más, lo que es razonable en períodos “normales”, es un suicidio en épocas “anómalas”.

Hubo un tiempo “normal” en el que el gobierno español construía viviendas públicas. Ese tiempo hace mucho -décadas- que quedó atrás. Hoy, ni ayuntamientos, ni autonomías, ni por supuesto el Estado están interesados en crear vivienda: han trasvasado su responsabilidad a los particulares. “¿Tiene usted una segunda residencia?” Pues ahí puede ir un okupa. En Mataró -meca de la inmigración en el Maresme- hay en torno a medio millar de viviendas okupadas. Así resuelve el pedrosanchismo el “problema de la vivienda”… Esta semana se me revolvieron las tripas cuando un okupa que había robado la vivienda de una abuela de ochenta y tantos años, decía con chulería a los medios que “conocía la ley de los okupas”. Eso es hoy “normal”, lo verdaderamente anormal es que los vecinos y el enjambre de periodistas que acudió a cubrir el “evento”, no hubieran expulsado al par de okupas manu militari y restituido la vivienda a la que había sido vecina de toda la vida.

Un penúltimo ejemplo: si un régimen autonómico podía ser razonable en 1977 para Cataluña o el País Vasco, lo que ya no fue tan razonable fue lo que vino después de la mano de UCD: “el Estado de las Autonomías”, una verdadera sangría económica que se podría haber evitado.
Hubo un tiempo en el que se reconocían más derechos (“fueros”) a las provincias que habían demostrado más lealtad; hoy, en cambio, son las regiones que repiten más veces en menos tiempo la palabra “independencia”, las que se ven más favorecidas por el régimen autonómico. También aquí ocurre algo anómalo.

Y ahora el último: si se mira el estado de nuestra sociedad, de la economía de nuestro país, del vuelco étnico y antropológico que se está produciendo con una merma absoluta de nuestra identidad, si se atienden a las estadísticas que revelan el fracaso inapelable de nuestro sistema de enseñanza, el aumento no del número de delitos, sino especialmente del número de delitos más violentos, a la pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios, al salvajismo de la presión fiscal y a la primitivización de la vida social, a la estupidez elevada a la enésima potencia vertida por los “gestores culturales”, a la corrupción política que desde mediados de los años 80 se ha convertido en sistémica, unida al empobrecimiento visible del debate político y de la calidad humana, moral y técnicas de quienes se dedican hoy a la política o a las negras perspectivas que se abren para la sociedad española en los próximos años, y así sucesivamente… lo más “anómalo” de todo esto que la sociedad española no reaccione y que individuos como Pedro Sánchez sigan figurando al frente del país y de unas instituciones que cada vez funcionan peor o, simplemente, han dejado de funcionar hace años.

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Vale la pena que la sociedad española empiece a meditar con el hecho de que, si aspira a salir de su estado de crisis, no va a poder hacerlo por la “vía normal”. El cáncer está tan extendido que, hoy incluso podría dudarse de la eficacia del “cirujano de hierro” del que se hablaba hace algo más de 100 años. Lo único cierto hoy, es que, para salir de situaciones excepcionales, hacen falta, hombres excepcionales dispuestos a asumir medidas de excepción y a utilizar, de manera implacable, procedimientos de excepción que no serían razonables en situaciones “normales”, pero que son el único remedio cuando las cosas han ido demasiado lejos.

Esta reflexión es todavía más pertinente en el momento en que se ha rechazado la petición de extradición formulada por el gobierno de El Salvador, de un dirigente “mara” detenido en España. La extradición se ha negado con el argumento de que en el país dirigido por Bukele “no se respetan los derechos humanos”. Bukele entendió lo que hay que hacer para superar una situación excepcional: en dos años El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser un remanso de paz, orden y prosperidad. Porque, en una situación “normal”, los derechos de los ciudadanos, están por delante -muy por delante- de los derechos de los delincuentes. Priorizar los derechos de estos por encima de los de las víctimas, es precisamente, uno de los signos de anormalidad.

Se precisa una revolución. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para restablecer estándares de normalidad (esto es, todo lo que fortalece, educa y constituye el cemento de una sociedad), excluyendo todos los tópicos que nos han conducido a situaciones anómalas y que han demostrado suficientemente su inviabilidad. “Revolución o muerte”… sí, o la sociedad y el Estado cambian radicalmente, o se enfrentan a su fin. Tal es la disyuntiva.

 

Ernesto Milá. 

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