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Economía

El Gobierno pretende que los autónomos coticen en base a sus ingresos ya en 2019

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy en el Congreso
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El nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos «estará listo» en 2019. Así lo aseguró este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en respuesta a una pregunta de su socio de Gobierno, Pablo Iglesias, durante su comparecencia en la sesión de control en el Congreso. Sin embargo, la confusión sobre cuándo comenzará a aplicarse realmente el nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se mantiene.

Y es que si en un primer lugar el Ejecutivo quiso tranquilizar a este colectivo -preocupado por una posible subida de la base mínima del 23,5% acorde al alza salario mínimo- anunciando que en enero ya entraría en vigor el nuevo modelo de cotización por tramos en función de los ingresos reales de cada trabajador por cuenta propia, posteriormente lo aplazó hasta 2020 y en su lugar prometieron no tocar las bases mínimas.

Lo que el Gobierno tiene claro es que quiere que el nuevo sistema se aplique «lo antes posible», según fuentes del Ministerio de Trabajo, que confía en que pueda hacerse « a lo largo de 2019» y no haya que esperar un año más. Así, desde el Departamento dirigido por Magdalena Valerio se han comprometido con las asociaciones de autónomos a tener encima de la mesa una propuesta concreta durante el primer trimestre del año, para que puedan analizarla y, posteriormente, pase también a debatirse en la comisión del Pacto de Toledo, según indicaron fuentes cercanas a la negociación. Por eso, el colectivo descarta que pueda ponerse ya en marcha a mitad de año y ven «más razonable» que sea ya en 2020.

Lo que sí se aclaró algo más es que este sistema sí implicará de forma generalizada una subida de las cuotas de cotización. Así, si Sánchez negó a Rivera hace apenas unos días que fueran a hacerlo («No vamos a subir las cuotas de los autónomos, subimos los impuestos a los pudientes», le espetó también en el Hemiciclo), en esta ocasión sí admitió que tendrán que pagar más para poder mejorar sus prestaciones. «Vamos a dignificar las pensiones de los autónomos y la única forma de conseguirlo es que coticen por mejores bases», reconoció el presidente, que puntualizó que se hará «con un poco más de cotización ajustada a sus ingresos reales».

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La idea del Gobierno es implantar un sistema de cotización por tramos en función de los ingresos reales que tenga este colectivo -casi nueve de cada diez cotizan por la base mínima, que se sitúa en los 932,7 euros al mes- y, a su vez, establecer como obligatorias prestaciones que en la actualidad son voluntarias: las contingencias profesionales, el cese de actividad y la formación profesional.

La propuesta de Podemos

Lo que sí ha prometido el Gobierno es un tratamiento «especial» para aquellos emprendedores cuyos ingresos estén por debajo del salario mínimo interprofesional, algo que este miércoles reiteró la ministra. «No puede ser que ahora haya personas que tengan un rendimiento de 200 euros al mes y tengan que pagar una cuota de unos 300 euros», denunció Valerio también en el Congreso.

A este respecto, Iglesias recordó al presidente que en el acuerdo presupuestario que firmaron se recogía la «garantía» de una «cotización más baja» para los autónomos con menos ingresos. Concretamente, el líder de Podemos desveló que su partido les pidió que dejaran «atada» una bajada de la cuota del 50% para los que ganan menos de 6.000 euros al año y del 35% para los que están entre los 6.000 euros y la base mínima.

La propuesta que defienden ATA y UPTA es una bonificación al estilo de la tarifa plana de 50 euros durante un máximo de dos años para aquellos que ingresan menos que el SMI. Y sobre esto se pronunció este martes la Cámara Baja, que -tras aprobar una proposición no de ley presentada por Ciudadanos- reclamó al Gobierno mantener la tarifa plana actual para los nuevos emprendedores y crear una «nueva bonificación» que fije una cuota de 50 euros al mes para los que no alcancen el salario mínimo, que se reduciría a 30 euros para los menores de 30 años o aquellos que acrediten un grado de discapacidad superior al 33%. Esta reducción sería prorrogable anualmente de manera indefinida siempre y cuando acrediten sus ingresos.

A su vez, el Congreso instó al Ejecutivo a que no suba ninguna base de cotización a este colectivo hasta que no tenga lista la reforma del RETA, para lo que le da un plazo máximo de un año.

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2 Comentarios

1 Comentario

  1. Avatar

    Pedro

    07/07/2019 at 13:55

    Esta troupe son FABRICANTES DE MISERIA.
    Es todo lo que van a conseguir.
    A este paso, una buena parte de los autónomos nos jubilaremos en cuánto podamos, y los extranjeros, la mayoría de los cuales SON INSOLVENTES, una buena parte de ellos NO PAGAN LOS SEGUROS SOCIALES, y únicamente se dan de alta para conseguir papeles…

  2. Avatar

    Pedro

    31/10/2018 at 22:05

    Esta troupe son FABRICANTES DE MISERIA.
    Es todo lo que van a conseguir.
    A este paso, una buena parte de los autónomos nos jubilaremos en cuánto podamos, y los extranjeros, la mayoría de los cuales SON INSOLVENTES, una buena parte de ellos NO PAGAN LOS SEGUROS SOCIALES, y únicamente se dan de alta para conseguir papeles…

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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