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Tribunales

La juez Núñez se guardó un atestado de la UCO que le reprocha sus errores

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La juez María Núñez Bolaños, instructora de los ERE
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La Fiscalía Anticorrupción hace mención en su denuncia contra la juez María Núñez Bolaños de una serie de autos y oficios librados a la Guardia Civil que podrían ser contradictorios y habrían contribuido a la dilación de la instrucción del escándalo de los ERE.

Según ha podido saber este periódico, la Unidad Central Operativa de la Benemérita ha mantenido varios desencuentros con la juez durante esta investigación y el Ministerio Público, consciente de ellos, los ha mencionado en su escrito, pero sin detallarlos. Sin embargo, ayer afloró un atestado que la UCO entregó a Núñez el pasado 23 de mayo en el que los agentes responden a las resoluciones de la instructora en las que les acusa del retraso en las investigaciones.

El juez que la está sustituyendo desde que se dio de baja justo el día antes de que se conociera el escrito de todos los fiscales anticorrupción de Sevilla contra ella, Ignacio Vilaplana, emitió un auto el pasado 4 de julio en el que dio traslado del citado atestado de la UCO a todas las partes personas un mes y medio después de que este informe llegase al juzgado. Es decir, Núñez lo recibió y no lo notificó a las defensas ni al Ministerio Público, que lo conocieron ayer y pudieron comprobar que el escrito no tiene desperdicio.
Ante los numerosos autos en los que Núñez ha argumentado que no podía abrir piezas de investigación a cada empresa beneficiada por los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía porque no se habían terminado los atestados, la UCO le envió en mayo este oficio en el que defiende su trabajo y le recrimina tres maneras de actuar que podrían haber dilatado el proceso.

En primer lugar, los agentes le reprochan que les ha pedido atestados de forma urgente sobre varias empresas y, sin embargo, esos atestados ya habían sido entregados hacía incluso varios años en algunos casos, lo que revelaría que la juez no estaba al corriente de las diligencias que se habían llevado a cabo en su propio juzgado. En segundo lugar, la UCO critica que archivó piezas por prescripción alegando que no habían llegado los atestados cuando dichos informes no habían sido siquiera encargados. Y en tercer lugar, los agentes le indican insistentemente que en la mayoría de las piezas que tendrían que haber investigado se quedaron a la espera de que Núñez les enviara el sumario correspondiente, ya que lo único que les hizo llegar fue un desplegable con el dinero que cada empresa había recibido de la Junta.

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De hecho, este es el primer punto que ha resuelto Vilaplana tras dar traslado a las partes de este polémico informe de la Guardia Civil. En su providencia, el instructor sustituto escribe que «por contenerse en dicho oficio solicitud expresa en relación a que se remita a la Guardia Civil la documentación que obre en la causa al objeto de proceder a su estudio y análisis por parte de dicho cuerpo policial, procede acceder a lo solicitado, acordando el escaneo, foliado y posterior inserción en formato digital (CD) de dicho contenido y su posterior remisión a la Guardia Civil».

Es decir, la primera medida del juez ha sido entregarle todo el sumario a la UCO para que puedan iniciar la investigación porque su atestado es muy revelador en esta cuestión: «La única información de la que dispone esta unidad es la reflejada en el desplegable que en su día entregó la Agencia Idea». Esta misma frase se repite en el caso de hasta en 16 piezas separadas en las que la juez Núñez emitió primero un auto solicitando un atestado y a las pocas semanas otro que dejaba sin efecto el primero porque los delitos habían prescrito. Los agentes del Instituto Armado se defienden aclarando que se quedaron a la espera de los expedientes, que nunca les envió el juzgado, para poder iniciar sus pesquisas.

Pero el atestado que Núñez se guardó el pasado mes de mayo, que está escrito con argumentos estrictamente técnicos y sin juicios de valor por parte de la UCO, es aún más ilustrativo en los casos en los que la juez reclamó atestados que ya estaban hechos. Un buen ejemplo es el de la empresa Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva. El cuatro de abril de 2019, Núñez Bolaños dictó una providencia con la siguiente orden: «Visto el estado de las presentes diligencias, líbrese oficio urgente a la UCO a fin de que elabore el atestado de la presente con carácter urgente, a la vista del último pago efectuado en diciembre de 2009».

Esta pieza estaba a punto de prescribir y la juez apremió a los agentes para que hicieran su trabajo. En su informe de mayo la UCO le contesta sin rodeos: «Por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, se elaboró el correspondiente atestado, el cual fue entregado en sede judicial el pasado 16 de octubre de 2018». Siete meses antes. La Benemérita había cumplido y entregó su investigación en plazo para que la causa no prescribiera. Pero Núñez volvió a pedir el atestado el 4 de abril de 2019 y sólo unas semanas después, el 23 de abril, se dirigió de nuevo a los agentes para que ya no lo hicieran porque se había pasado el plazo.

Esto mismo ocurre con la causa abierta contra Algodonera de Córdoba, cuyo atestado se entregó el 28 de marzo de 2019; Asociación de Extrabajadores del Medio Natural, entregado el 12 de mayo de 2016; Construcciones y Urbanismo Sierra Norte, aportado al juzgado el 3 de abril de 2014; y Elaborados Cárnicos Andaluces, sellado en el registro de entrada el 1 de julio de 2015.

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No obstante, la casuística más repetida en el listado de investigaciones pendientes que aporta la Guardia Civil es la lentitud con la que el juzgado trasladó los expedientes de cada empresa a los agentes, que incluso libraron oficios a la juez para reclamar esta documentación. Uno de los más llamativos es el de la empresa Hamsa. Núñez Bolaños reclamó a la Junta el expediente completo de esa ayuda, pero jamás se lo trasladó a la UCO, que el pasado 21 de junio envió un escrito a la instructora recordándole que estaba esperando los papeles desde el 5 de marzo de 2015. La pieza prescribió. Y el expediente, reclamado cuatro años antes, nunca llegó a la mesa de los investigadores.

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Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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