La historia de Noa Pothoven, la adolescente de 17 años que ha muerto por eutanasia en Holanda tras no poder superar los traumas fruto de haber sido víctima de abusos en su niñez por parte de su primo, reabre el debate sobre la legalización o no de la eutanasia y los casos en los que debería ser aplicada. En España, el Gobierno del PSOE quiere legalizar esta práctica y lleva tiempo intentando aprobarla.

Argumenta que individuos que «opinan que su vida está completa, deben, bajo criterios estrictos y esmerados, poder terminar con su vida de una manera digna», por lo que el suicidio asistido pronto puede ser una realidad en el país.

El planteamiento de los socialistas defiende que la prestación de la eutanasia debe estar integrada como una partida más de la sanidad pública. La propuesta de los socialistas pretende «regular el derecho que corresponde a las personas a solicitar y recibir ayuda para morir» cuando concurran las circunstancias previstas en la norma. El PSOE va un paso más allá de lo que significaría la mera despenalización de la eutanasia en el código penal ya que ésta se configura como una prestación más del catálogo del Sistema Nacional de Salud.

La decisión de solicitar ayudar para morir ha de ser una decisión autónoma, después de haber sido informada la persona por el equipo sanitario que le atiende. Y debe quedar constancia de esa información en la historia clínica. Entre las condiciones que propone el PSOE para solicitar la eutanasia se encuentran las siguientes: tener la residencia legal en nuestro país y ser mayor de edad. Siendo, además, «capaz y consciente» en el momento de la solicitud. Además, el paciente tiene que haber recibido toda la información que exista sobre su proceso y las diferentes alternativas terapéuticas, incluidos los cuidados paliativos. El paciente debe haberla formulado de manera voluntaria y por escrito. Un proceso que debe repetirse al menos una ocasión más con una separación de quince días naturales. Esa prestación de ayuda para morir no se podrá realizar sin que hayan transcurrido al menos quince días desde la última solicitud.

La proposición incluye también un apartado de derechos y deberes de los facultativos, incluida la regulación de la objeción de conciencia, que se presenta como «derecho individual» que debe manifestarse anticipadamente y por escrito.