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Economía

La propuesta de Vox en pensiones, sanidad y educación: sistema de capitalización, acceso a hospitales privados y cheque escolar

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Protesta de pensionistas en Galicia
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El partido de Santiago Abascal planteó en las elecciones una profunda reforma de los tres pilares básicos del Estado de Bienestar. La fórmula de Vox para garantizar la sostenibilidad de las pensiones se basa en una transformación progresiva a un modelo mixto basado mitad en la capitalización y mitad en el reparto. En Sanidad, proponen un sistema de copago para los inmigrantes y abre la puerta a una mayor presencia del sector privado con deducciones en el IRPF para los ciudadanos por su utilización. También llevaron en su programa electoral un cheque escolar para usar en la educación privada.

El programa electoral de Vox incluyó una revolución progresiva del sistema de pensiones para limitar el principio de solidaridad intergeneracional y que cada vez tenga más peso un sistema de capitalización para los futuros jubilados. Actualmente, las cotizaciones de los trabajadores en activo pagan las pensiones en vigor. Para Vox este camino lleva “a una guerra intergeneracional porque es improbable que nuestros hijos y nietos acepten con resignación sacrificar su nivel de vida para sostener el de los jubilados”, por lo que propone una “transformación progresiva en un sistema mixto basado mitad en la capitalización y mitad en el reparto”.

Pero, ¿en qué consiste un sistema de capitalización? Las cotizaciones del trabajador dejarán de financiar las pensiones en vigor para crear un fondo propio e individual para su jubilación, tal como funcionan los planes de pensiones privados. ¿Y cómo lo llevaría a la práctica Vox? Cada trabajador aportaría obligatoriamente la mitad del porcentaje de cotización a fondo de pensiones, gestionado por una entidad privada. Otro 3% de la nómina se utilizaría para suscribir un seguro para cubrir imprevistos o siniestros y el coste de administración del fondo, y el resto iría como hasta ahora al fondo de la Seguridad Social. “El porcentaje de aportación a la capitalización podría aumentarse en el porcentaje que el contribuyente quiera con un tope de un 10% más si se quiere incrementar la prestación. La idea es que los futuros pensionistas aporten lo mismo que actualmente pero tengan la certeza de tener una pensión digna en el futuro”, explica el documento.

Vox plantea la privatización total de Aena, REE y Enagás en su programa

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Vox defiende que el Estado asumiría la obligación de complementar con impuestos, la pensión de cualquier trabajador que “no logre obtener un nivel que la sociedad defina como pensión mínima”. Y señaló que “el modelo de pensiones de reparto es un lastre para el crecimiento económico de España, un escollo insalvable para reconducir las finanzas públicas a la senda de la estabilidad y una espada de Damocles sobre los propios pensionistas”.

¿Cómo sería la transición al sistema de pensiones de Vox? Los menores de 25 años y quienes se afilien por vez primera a la Seguridad Social se incorporarían de manera automática al sistema mixto y la mitad de sus cotizaciones irían directamente a un fondo de capitalización. Mientras, los trabajadores con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años tienen libertad bien de permanecer en el régimen de reparto bien de trasladarse al sistema mixto. “En este supuesto habría que hacer los cálculos actuariales para compensar los años de cotización exclusiva al sistema de reparto”, indican . Por su parte, para los mayores de 45 años permanecerían obligatoriamente en el sistema de reparto.

Reforma sanitaria: deducciones en el IRPF para facilitar el descuelgue de la sanidad pública

Pese a reconocer que “la sanidad española tiene una razonable reputación por su calidad y por su accesibilidad”, la reforma del sistema sanitario es “imprescindible”. Vox planteó la recentralización la sanidad para eliminar duplicidades e ineficiencias administrativas. Así mismo se implantará un sistema de copago para los inmigrantes cuya residencia sea inferior a los cinco años.

Pero donde realmente planteó una auténtica revolución es el acceso a la sanidad privada para todos los ciudadanos a través de deducciones en el IRPF, si lo desean. Vox propuso una posibilidad de descuelgue del sistema sanitario público para aquellos ciudadanos que opten por la sanidad privada. El sector privado cubriría las prestaciones básicas como asistencia primaria, especializada y hospitalaria y posteriormente, serían deducibles del IRPF. La formación indica que si el ciudadano quiere aumentar las prestaciones en un centro privado no serían objeto de deducción fiscal.

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Cheque escolar para gastar en educación privada o pública

En su programa electoral, Vox critió con dureza el sistema educativo de España. “El modelo educativo español no funciona. Se invierte en él lo mismo que en el resto de países del entorno; los profesores dan más horas de clase que en el resto de países; hay menos alumnos por clase y, a pesar de eso, el porcentaje de estudiantes que terminan la educación secundaria es menor, las de abandono escolar están a la cabeza del ranking europeo”, afirman apoyándose en los resultados del informe PISA de la OCDE.

Así es el verdadero programa fiscal y de reducción del gasto de Vox: supresión de altos cargos, ajuste de plantilla pública…

Otro de los frentes de batalla para mejorar la educación es la despolitización. “El control político de la enseñanza no sólo es ineficiente, sino también un foco de división social y una amenaza para la libertad individual”, denunció su programa.

“La función del Estado ha de ser la de regular servicios educativos y debe restringirse a exigir el cumplimiento por parte de las escuelas de unos estándares mínimos, ceñidos al conocimiento de los hechos y de las ciencias positivas dejando la enseñanza de materias como la política, la religión u otros tópicos polémicos a la libre elección de los padres”, señalan desde el partido. La fórmula de Vox para garantizar la libertad de elección de los padres es el bono o cheque escolar. Los padres recibirían importe equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público. A partir de aquí decidirían a qué colegio público o privado quieren llevar a sus hijos. Si el precio del centro privado fuera más caro que el importe del cheque escolar, se cubriría con contribuciones personales.

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Matiza su posición sobre cupo vasco y ninguna referencia a bancos

Vox había hecho bandera en los últimos meses para eliminar el concierto y el cupo vasco para garantizar la igualdad entre españoles en todos los territorios. De hecho, en la web mantienen como propuesta para Vizcaya: “la supresión del Concierto Económico, y la incorporación del País Vasco y sus Diputaciones Forales al Régimen Común o en su caso la extensión del sistema de conciertos al resto de regiones españolas en las mismas condiciones todas, basándonos en el principio de igualdad entre españoles. Mismo sistema normativo, mismo sistema fiscal”.

Pero en el programa electoral el planteamiento era mucho más moderado. “Vox propondrá un mecanismo estable y transparente para el cálculo de la aportación de las haciendas forales a la Hacienda del Estado, el denominado cupo, que sea acorde a la realidad económico-financiera de esas partes del territorio de España, en concreto, se procederá a una valoración correcta de las competencias estatales no transferidas y que no se puedan recuperar a las comunidades autónomas vasca y navarra y de los cálculos del ajuste del IVA que en la actualidad no se corresponden con la realidad”, indica el documento.

En el programa electoral del partido también se planteó un ambicioso plan de privatización de activos estatales, con la venta de la participación estatal en Aena, Indra, REE y Enagás. Sin embargo, no hace referencia ninguna referencia a Bankia, que actualmente está en manos del Estado, a pesar de que se esperaba un planteamiento de nacionalizar las entidades con problemas financieros.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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