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Economía

Pedro Sánchez anuncia 200.000 millones de euros, el 20% del PIB, para afrontar la crisis del coronavirus

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Pedro Sánchez ha informado del “mayor real decreto” aprobado desde la democracia para afrontar la crisis de la expansión del coronavirus y frenar tanto la curva de su incremento como la de los efectos en los trabajadores. Según ha explicado, van a movilizar hasta 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB, de los que 117.00 euros será públicos, y el restante de recursos privados. Será la mayor movilización de recursos de España y en un tiempo muy corto que responde al reto que nos estamos enfrentando. “No vamos a escatimar ningún esfuerzo. No vamos a dejar a nadie atrás”.

Entre las medidas anunciadas figuran las destinadas a apoyar a las familias en situación más vulnerable, medidas para apoyar a todos los trabajadores, medidas de apoyo a las empresas y autónomos y para ayudar a la investigación científica y médica para encontrar la vacuna contra el Covid-19.

“Hay que hacer cuanto haga falta para vencer al virus”. En el frente sanitario, el primer logro será doblegar la curva, superar el pico de propagación de la enfermedad. Estaremos cerca de la victoria cuando los contagios caigan en picado a la misma velocidad que hoy suben. La victoria será total cuando dispongamos de una vacuna que permita evitar la infección.

Así lo ha anunciado Sánchez en una rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado un nuevo paquete de medidas como “escudo” al impacto de la crisis con el fin de “frenar la curva descendente” del empleo y la producción.

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Las nuevas medias incluyen 600 millones para la prestación de servicios básicos a comunidades autónomas y entes locales y se garantizan los suministros y los servicios de comunicaciones, así como el derecho a la vivienda con la moratoria de las cuotas de hipotecas para personas de situación de especial vulnerabilidad.

Además, ha anunciado una línea de avales con valor de hasta 100.000 millones que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si se incorpora al sector privado, así como una línea de avales de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía.

Además, se destinan 30 millones a investigación de vacunas.

Avales para inyectar liquidez

De esta forma, ha querido lanzar un mensaje “contundente” a las empresas y los mercados respecto a que el Estado va a proporcionar “toda la liquidez que se necesite para mantenerse operativo”, ya que no va a permitir que “los problemas temporales puedan convertirse en problemas de solvencia”. Por ello, ha pedido a las empresas que mantengan el empleo y la actividad económica.

Así, ha anunciado una línea de avales con valor de hasta 100.000 millones que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si se incorpora al sector privado. El Estado será el garante de las operaciones.

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Repartidores ante el coronavirus

El Estado lanza una línea de avales de 100.000 millones para empresas

También se aprueba una línea de avales adicionales de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía. Además, se destinan 30 millones a investigación de vacunas.

Las nuevas medias incluyen 600 millones para la prestación de servicios básicos a comunidades autónomas y entes locales y se garantizan los suministros y los servicios de comunicaciones, así como el derecho a la vivienda con la moratoria de las cuotas de hipotecas para personas de situación de especial vulnerabilidad.

Además, se ha reforzado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que las empresas de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de empresas españolas aprovechando la caída coyuntural de sus acciones en esta situación.

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“El frenazo en seco de la economía española es temporal, coyuntural y posteriormente tendremos que hacer frente a reconstrucción y recuperación económica y social del país”, ha apostillado. “Resistiremos el golpe”, ha afirmado.

Las nuevas medidas se sumarán a las primeras del paquete de choque económico ya recogidas en el decreto-ley aprobado el pasado jueves en Consejo de Ministros extraordinario, con la inyección de 18.225 millones para paliar las consecuencias económicas.

No obstante, Sánchez ha avanzado que pedirá que la Comisión Europea movilice recursos y flexibilice las reglas fiscales. Por ahora la Comisión Europea ha anunciado que adoptará medidas para garantizar liquidez, así como el uso de 37.000 millones de fondos estructurales, de los que 4.100 irán para España.

Además, afirmó que cuando pase la crisis, la UE tiene que ser capaz de movilizar recursos para la reactivación económica y para que la economía europea recupere el “brío” que tenía antes de la crisis.

El Gobierno agiliza los ERTE y amplía el derecho a paro a los afectados

El Gobierno ha aprobado agilizar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) debido a la crisis sanitaria del coronavirus y que todos los trabajadores afectados tengan derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado.

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Según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Consejo de Ministros, también se exonerará a las empresas de la parte de la cotización, la de contingencias comunes, que tienen que pagar durante el tiempo que tengan trabajadores afectados por un ERTE.

“Hago un llamamiento a los empresarios: no despidan a los trabajadores, es una crisis temporal”, ha pedido Sánchez, que ha agradecido la ayuda y colaboración de empresarios y sindicatos, así como a la oposición y a los presidentes autonómicos en estas medidas.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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