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Tribunales

Pedro Sánchez nombra a Dolores Delgado como fiscal general del Estado para asegurarse su control

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«¿De quién depende la Fiscalía?», se jactaba Sánchez en la campaña electoral en unas declaraciones que generaron enorme revuelo. El presidente del Gobierno ha maniobrado para que de ahora en adelante dependa mucho más de él.

Ahí estaba la gran sorpresa. El Consejo de Ministros propondrá mañana el nombramiento de Dolores Delgado, actual ministra de Justicia, como nueva fiscal general del Estado. La Moncloa ha confirmado esta mañana que ella será la elegida de Sánchez para estar al frente de la Fiscalía, donde hace tiempo ya estaba clara la salida de María José Segarra.

La vinculación partidista es incuestionable. No solo porque Delgado salga del Ministerio, sino porque se ha fajado en un papel muy intenso en actos del PSOE. De hecho fue elegida diputada en las dos recientes citas electorales. Un escaño que tendrá que abandonar pero que mantiene en el momento de conocerse su propuesta.

Tras varios nombramientos para su Consejo de Ministros de corte técnico y tras la apuesta de Juan Carlos Campo como titular de Justicia, de corte más moderado que Delgado, la gran maniobra de Sánchez no estaba en los nombramientos del Consejo de Ministros si no en su propuesta para ocupar la Fiscalía General del Estado.

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En un viaje inédito, sin escalas previas, del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, Sánchez se garantiza un hilo personal y directo con este órgano. Y por añadido un mayor control sobre el mismo. Si la Abogacía del Estado ya dependía jerárquicamente del Ejecutivo y había cumplido con las directrices del Gobierno en su acusación en el juicio del «procès» ahora la posición de independencia de la Fiscalía queda más cuestionada.

Carácter político

Pocos aventuraban que la polémica ministra marcada por el caso Villarejo, por negarse a defender al juez Llarena ante la demanda civil que le interpuso Carles Puigdemont o por poner a la Abogacía del Estado al servicio del «procés» iba a ser coronada como fiscal general del Estado.

Aunque sí es cierto que el Gobierno tenía claro que quería para este puesto a un jurista con un marcado carácter político, Delgado no estaba en las quinielas al ser considerada un personaje «amortizado» ya en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Uno de los nombres que estaba sobre la mesa del Gobierno era el del fiscal de Sala del Supremo Pedro Crespo, muy marcado políticamente por su relación con Conde-Pumpido, pero a la vez muy respetado entre sus compañeros por sus amplios conocimientos jurídicos y técnicos.

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Delgado no va a fallar a la hora de colaborar en la «nueva» Fiscalía que quiere Sánchez para afrontar cuestiones judiciales relativas a Cataluña, tales como el posicionamiento del Ministerio Público ante los huidos Puigdemont o Comin, el futuro de Junqueras, la posible desobediencia del Parlament a las resoluciones judiciales o incluso los indultos.

Asociación de Fiscales, sobre Delgado: “Sánchez está intentando domeñar a los fiscales”

La presidenta de la Asociación de Fiscales, la barcelonesa Cristina Dexeus, que ha dicho que “está recuperándose de la sorpresa inicial”.

A su juicio, Sánchez “lanza un mensaje muy evidente en el sentido de que introduce en la cúspide de la Fiscalía General del Estado a quien ha sido miembro de su Gobierno. Sin disimulo ninguno está intentando domeñar a los fiscales. Es un intento nada sutil”.

Dexeus ha señalado que si las decisiones de Delgado son adecuadas no hay “nada que temer”. “En otro caso existen causas dentro del Estatuto Fiscal para oponerte a directrices improcedentes o fuera de la legalidad”.

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A juicio de la presidenta de la Asociación de Fiscales, habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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