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Tribunales

Piden 11 años de cárcel para una funcionaria de Hacienda por estafar más de 6 millones a futbolistas

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La Fiscalía de Madrid solicita once años de cárcel para una funcionaria de la Agencia Tributaria por estafar más de seis millones de euros a varios futbolistas al quedarse entre 2015 y 2016 con las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por ‘El Mundo’, en el que se acusa a cuatro personas, entre ellas a la funcionaria de la Agencia Tributaria Leonor Sánchez-Caballero Pérez. Los otros tres procesados son Julio Lapausa Verdial, Manuel Val Jiménez y Juan Ignacio Torrontegui Salazar.

Se enfrentan a penas de nueve y once años de cárcel. Se les imputa un delito continuado de estafa; un delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil; un delito continuado de aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario público y un delito continuado de utilización por funcionario público, por razón de su cargo, de información privilegiada.

En el caso de la funcionaria, se le reclama una multa de 18.310.000 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, de un año privativo de libertad, e inhabilitación especial para empleo o cargo publico y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 5 años. De igual modo, el fiscal solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública en la cantidad de 6.138.797, 86 euros.

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El fiscal relata que los acusados se pusieron “de común acuerdo tanto en la acción como en el propósito de enriquecerse y utilizando para ello las sociedades Asesores Deportivos Lapver S.L. y Star Athletes Society S.L.”.

Entre los afectados, según consta en el escrito de acusación, hay exfutbolistas del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Getafe, del Valencia y del Mallorca CF, entre otros.

Apropiación de devoluciones

De este modo, procedieron, entre el 23 de febrero de 2015 y el 28 de noviembre de 2016, a solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas, “a la que podían tener derecho varios jugadores de fútbol y baloncesto que habían militado en equipos españoles en años anteriores”.

Los jugadores “no tenían conocimiento, correspondientes a la diferencia existente entre las retenciones de IRPF soportadas por estos jugadores, como sujetos pasivos, en sus declaraciones tributarias efectuadas como residentes en España y las cuotas que realmente les correspondía ingresar como sujetos pasivos no residentes (IRNR)”.

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Los acusados, según expone el fiscal, adjuntaban junto con la autoliquidación, en algunos casos, “certificados de residencia, justificantes de las retenciones efectuadas por los clubes en los que habían militado, justificante acreditativo de la identificación y titularidad de la cuenta de devolución y acreditación de larepresentación legal del contribuyente para recibir la devolución”.

La Fiscalía sostiene que se trataba de documentos todos ellos elaborados por los acusados y que no habían sido emitidos por las personas autorizadas.

Los acusados obtuvieron “un beneficio patrimonial indebido de la Hacienda Pública, mediante transferencias de la AEAT a sus cuentas particulares por las que se apropiaron de devoluciones no solicitadas por quienes legítimamente podrían haberlas reclamado.

“Esas cantidades apropiadas indebidamente suponen un total de 6.281.078,86 euros (6.138.797,86 + 142.281 euros), suma de las transferencias detalladas, abonadas a cinco cuentas que nada tenían que ver con los presuntos perceptores de esas devoluciones”, señala el escrito fiscal.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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