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Tribunales

Un juez investiga la supuesta agresión a la niña que pintó una bandera española

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Imagen de la demanda.
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Un juez ha abierto diligencias sobre la supuesta agresión por parte de una profesora de Terrassa (Barcelona) a una alumna de diez años por dibujar una bandera española en su cuaderno y ha pedido a la Fiscalía que concrete por qué delito considera que se debe seguir la investigación.

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Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 2 de Terrassa (Barcelona) abrió diligencias el pasado 9 de julio a raíz de la denuncia por esta supuesta agresión cometida por la tutora de la escuela Font de l’Alba de Terrassa el pasado 17 de junio.

La madre de la niña sostiene en su denuncia que la maestra la increpó después de que pintara una bandera española, con el lema “Viva España”, en la portada del álbum de trabajos del curso, de tema libre.

Cuando la alumna se sentó en su silla, mantiene la denuncia, la tutora se le acercó por detrás, la levantó y la tiró al suelo, lo que provocó que la menor se golpeara en la espalda.

Posteriormente, según la denuncia, la agarró por la camiseta, la levantó y la echó de clase mientras la sujetaba por el cuello.

La denuncia por esta supuesta agresión escolar la recibió inicialmente el juzgado de instrucción número 3 de Terrassa, que estaba de guardia el día que se entregó en el juzgado, si bien el caso ha acabado en manos del juzgado número 2, porque estaba de guardia cuando ocurrieron supuestamente los hechos.

Tras abrir diligencias, el juez ha dado traslado a la Fiscalía, con el objetivo de que el ministerio público informe sobre por qué delito considera que se tiene que seguir la investigación.


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Cine y Televisión

ANVIPED asume la defensa del periodista Enrique de Diego en la querella por injurias y calumnias de Ignacio Aguado (Cs)

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ANVIPED.- La Asociación de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED) asume la defensa del periodista Enrique de Diego en la querella por injurias y calumnias de Ignacio Aguado (Cs)La instrucción acredita una perversa relación político-judicial, en la que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Elche, ha tenido continuas actuaciones antijurídicas, tanto de carácter sustantivo como procesal, llegando el letrado de la Administración de Justicia a amenazar a Enrique de Diego, periodista y director del medio Rambla Libre. Esta LAJ oculta ilegalmente su nombre en las resoluciones.

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El abogado de oficio Benedicto López se ha desentendido de la defensa y la fiscal Yolanda Cuadrado Guirado se desentiende de asegurar la legalidad.

Mediante escrito redactado por el Presidente de ANVIPED, Javier Marzal, y firmado por un abogado de la Asociación, se ha presentado un incisivo escrito de defensa que acredita que en la instrucción se ha dejado malintencionadamente en indefensión al periodista. Las irregularidades comienzan en el poder notarial del despacho Fúster y Fabra, oficial del partido Ciudadanos. Si no hubiera sino un funcionario público el querellante, la juez no habría admitido a trámite la querella.

Enrique de Diego aportó numerosas pruebas documentales, incluyendo actas y noticias periodísticas que confirman que Ciudadanos, bajo la dirección de Ignacio Aguado, se financió ilegalmente en las elecciones municipales y autonómicas de 2015, obligando a sus candidatos a pagarse de su bolsillo la campaña, tal y como denunciaba el periodista Enrique de Diego.

El periodista había informado verazmente, con diligencia, de una presunta corrupción perpetrada por Ignacio Aguado, diputado autonómico y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y el partido Ciudadanos, por lo que legalmente la querella ha sido una represalia y una coacción, mientras no se demuestre lo contrario, que no tiene otra finalidad que intimidar a un periodista.

A pesar de ello y vulnerando varias normas europeas y la jurisprudencia española, la fiscal y la juez ignoraron las pruebas.

Como novedad, se pide dinero para iniciar acciones, amparados en varias directivas europeas de obligado cumplimiento, contra Ignacio Aguado, el anterior abogado y la jueza Marta Alba Tenza, a la que también se la ha recusado.


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Tribunales

Las cintas de Barajas desmontan la versión de Ábalos: Delcy Rodríguez entró en España

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“AENA ya ha cumplido con la requisitoria” de la juez titular del jugado numero 7 de Plaza de Castilla, en Madrid. Es la afirmacion escueta de un portavoz del gestor aeroportuario a COPE. Esto significa que ya han localizado y puesto a buen recaudo las imagenes de la llegada y estancia en Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez la madrugada del 19 al 20 de enero. El auto de la juez de guardia requería al gestor aeroportuario “conservar” ese material bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia.

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“Barajas es un punto clave en materia de seguridad y lógicamente todas las instalaciones estan milimétricamente monitorizadas”, reconoce el portavoz. Las imágenes, nos dicen fuentes policiales, van a dar una versión nueva de lo ocurrido con dos apuntes: un trasiego de personal inusual, algunos de ellos sin una acreditación clara que les permitiera esa presencia y, por otro lado, la entrada clara de la vicepresidenta de Maduro Delcy Rodríguez en lo que se considera territorio español sin cumplir los trámites. Las grabaciones también confirmarán, dicen estas fuentes, lo manifestado por un vigilante de seguridad ante notario que ha sido expedientado.

Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, está en contacto con el vigilante retirado momentáneamente de su puesto de trabajo en ese punto de la terminal aérea. Él detalla cómo su compañero pudo ver el momento en el que la delegación venezolana accedió a la 1:30 a la sala de la terminal ejecutiva. “Eso es zona de la terminal del aeropuerto -concluye- y por lo tanto suelo español”, señala.

Las imágenes de las que podrá disponer el juzgado 37, y tambien el 31, al que ha correspondido otra querella presentada por el llamado Partido Laocrata de España (aunque lo más posible es que ambas causas se acumulen) son grabadas permanentemente en el Centro de Gestion Aeroportuaria (CGA). En ese punto hay personal que tambie presta servicio personal de seguridad privada. Existe otra sala de seguimiento de AENA y una tercera con control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. Las fuentes policiales aseguran que son varias las grabaciones de las que se disponen y a las que tendrá acceso la investigación judicial si así lo decidiera.


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Tribunales

Un senador del partido de Evo Morales cobró 800.000 dólares para hacer obras en un pueblo que no existe

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Por Tuffí Aré Vásquez.- El escándalo fue visibilizado por la propia Presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, en su mensaje a la nación. El senador del MAS, Jorge Choque Salomé, ha sido acusado por el director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, de inventarse un pueblo fantasma llamado Curuxa, en la provincia Aroma de La Paz, y de recibir en 2010 alrededor de bs 6 millones (más de USD 800.000) en su cuenta bancaria personal para proyectos destinados a esa comunidad que no existe y a otras poblaciones.

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Pese a que el propio Quispe ha pedido desde hace por lo menos dos años que Choque sea licenciado del Senado para evitar la protección del partido de Evo Morales, el legislador ocupa aún su curul en el Parlamento boliviano y tiene sólo detención domiciliaria. En horas recientes, el director del Fondo Indígena insistió en que pedirá a la justicia que le revoquen las medidas sustitutivas y que sea enviado preso al penal de San Pedro. Al mismo tiempo, solicitará que se amplíe la investigación por este caso al actual candidato a la Presidencia por el MAS, el ex ministro de Economía Luis Arce, y al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por haber avalado los desembolsos irregulares de recursos como miembros del directorio del exFondioc.

“En mi condición de director del Fondo Indígena, tengo en custodia toda la documentación de este caso. El senador Choque se inventó un pueblo fantasma y se hizo desembolsar más de Bs 6 millones en su cuenta bancaria particular. No hay nada de obras para las comunidades. El tiene ya una imputación formal y hemos pedido al juez la revocatoria de las medidas sustitutivas. Ojalá la justicia se ponga de lado del derecho. Debemos recuperar el dinero. No existe esa comunidad en la zona de Collana y los fiscales han protegido a Choque. Supuestamente los recursos se debían destinar a forraje de cebada y de semilla que no llegaron nunca”, explicó Quispe.

El director del Fondo Indígena, creado por el gobierno de Evo Morales y de donde salieron millonarios recursos para comunidades, muchos de ellos desviados irregularmente, dijo que en las anormalidades están involucrados ex ministros como Luis Arce, Juan Ramón Quintana, Nemesia Achacollo (detenida), y ex directivos como Melva Hurtado y Gabriel Mamani. También indicó que hay fiscales como Edwin Blanco, que no han actuado bien en el caso. ”Los miembros del directorio debieron haber fiscalizado el uso de los recursos. Es tiempo que el Fiscal del Estado, Juan Lanchipa, se ponga las pilas y haya justicia”, apuntó Quispe.

Aunque la alcaldesa del municipio de Collana, Bertha E. Quispe, ratificó que en su zona no existe el pueblo de Curuxa y que sólo se vio una vez en un taller al senador acusado, Jorge Choque Salomé ha negado ante los medios haber inventado un pueblo fantasma para desviar recursos del Fondo Indígena. Su abogado Luis Velasco advirtió con iniciar un proceso penal por delitos contra el honor de las personas a quienes acusan al senador del MAS de inventar un pueblo fantasma.

El senador fue detenido en 2015

Las denuncias contra el senador del partido de Evo Morales se remontan a septiembre de 2015. Fue precisamente Rafael Quispe quien las hizo en su condición de diputado opositor. A fines de noviembre de ese año se ordenó su detención por los presuntos delitos cometidos en 2010, cuando el legislador masista era dirigente campesino.

De acuerdo a la acusación, Choque Salomé recibió en su cuenta personal Bs 2,9 millones ($us 400.000) del Fondo Indígena en cuatro desembolsos hechos en un solo día (14 de septiembre), según el registro de ejecución de gastos (Sigma) del ministerio de Economía.

El dinero era para la ejecución de cuatro proyectos de producción de forraje con semilla certificada en los municipios de Sisa Sica, Calamarca, Colquencha y Collana.

El Fondo Indígena transfirió para el proyecto de producción de forraje en Collana 739 mil bolivianos y un monto similar para el proyecto en Sica Sica. Ambos figuran en la lista de proyectos irregulares y “fantasmas” que reveló la Contraloría General.

“Me sorprende la actitud canalla de un senador del MAS que se ha inventado el nombre de un pueblo para construir obras fantasmas con dinero del Fondo Indígena”, dijo la presidente interina Jeanine Añez durante su mensaje a la Nación.

La entidad indígena también desembolsó para la producción de forraje en Colquencha 712.500 bolivianos y un monto similar para el proyecto en Calamarca. Estos dos proyectos fueron observados por la Interventora.

Como descargo, el senador del MAS reconoció haber gastado los Bs 6 millones del Fondo Indígena, pero aclaró que los proyectos no fueron cerrados. “Tenemos todos los descargos. Si hay observaciones se mostrarán las aclaraciones”, dijo.

Choque se presentó a declarar de manera voluntaria en 2015 ante una comisión de fiscales, integrada por Ángelo Saravia y Edwin Blanco. Al concluir la citación el legislador fue arrestado, en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, en espera de la audiencia de medidas cautelares. Luego le dieron arresto domiciliario. Ante esa situación, Rafael Quispe dijo que se ha pedido al juez segundo cautelar anticorrupción de La Paz la revocatoria de las medidas. De su parte, la fiscal Heidy Gil informó de la ampliación de la investigación al ex ministro Juan Ramón Quintana y a la exdirectiva Felipa Huanca.

Una “actitud canalla”, dice la presidente

En su mensaje del 22 de enero pasado a los bolivianos, la presidenta transitoria Jeanine Añez expresó su sorpresa por este caso de presunta corrupción. “Me sorprende la actitud canalla de un senador del MAS que se ha inventado el nombre de un pueblo para construir obras fantasmas con dinero del Fondo Indígena ¿Quién controla esos recursos? ¿A quién rendía cuentas ese senador?”, afirmó la primera mandataria de Bolivia.

También la alcaldesa de Collana, Bertha Quispe, se mostró contrariada por la denuncia. “No existe (la población de Curuxa) con ese nombre en el municipio de Collana. No conozco ninguna comunidad que lleve ese nombre, porque nosotros componemos siete comunidades, tres cantones y ninguno de ellos lleva ese nombre”, relató. Otros comunarios del lugar, consultados por un canal de televisión, también negaron la existencia del pueblo de Curuxa.

De acuerdo a datos que figuran en la página web de la Cámara de Senadores de Bolivia, Jorge Choque Salomé, es uno de los cuatro senadores del MAS elegidos por el departamento de La Paz. Nació el 3 de abril de 1978 en la comunidad Amachuma, de la provincia Aroma. Ha sido miembro de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de esa cámara y sus cargos sindicales más destacados los ha tenido en la Federación Sindical Única de Trabajadores Agrarios de la Provincia Aroma y en la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”.


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