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Tribunales

Un negocio mafioso de los jueces

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Manifestación frente al Tribunal Supremo.
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Por Javier Marzal.- Esta semana, el Tribunal Supremo nos ha hecho recordar publicaciones de los medios que informaron del turismo sexual de los magistrados de los más altos tribunales, que incluía club de alterne con pederastia. También nos informaron de su dinero negro en paraísos fiscales, conferencias y seminarios pagados por la banca y otras formas de vender sus sentencias.

Pero ninguno ha informado de que los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad).

Este negocio fue creado por el Partido Popular con la reforma del Código Penal de 2003, cambiando el Código Penal para que las injurias y calumnias fueran perseguibles de oficio cuando el ofendido sea un funcionario público, a diferencia del resto de las personas que tienen que interponer una querella, con abogado y procurador.

Para un funcionario público, es tan sencillo como remitir los documentos, del procedimiento donde según ellos se les injuria o calumnia, a la fiscalía o al juzgado decano, para que se inicie la causa penal.

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Si la denuncia llega a la fiscalía, allí se redacta una querella simple que se remite al juzgado decano que corresponda. Los fiscales suelen querellarse porque los fiscales jefe les obligan a tener una actitud represora contra quien se enfrenta a las autoridades públicas, aunque sea para defenderse del abuso de éstas. En los gobiernos del PP y del PSOE, el ministerio fiscal siempre impulsa el autoritarismo.

Generalmente, los fiscales descartan bastante denuncias de las autoridades públicas, salvo que sean de otros fiscales, jueces o magistrados, en este caso es rara la vez que un fiscal no interpone la querella o pide la condena y una indemnización para esta autoridad judicial.

El monopolio judicial, hace que sean otros jueces quienes resuelvan estas querellas. Estos jueces pertenecen a los mismos juzgados que el denunciante.

Una vez que te condenan, no sirve de nada recurrir porque todas las instancias, incluyendo el Tribunal Constitucional, desestiman sistemáticamente los recursos.

En resumen, un justiciable o un abogado se quejan de que el Juez no cumpla la ley, recurriendo su resolución, y el juez le denuncia para que aquéllos le indemnicen. Este es el negocio y no hace falta que sea verdad para que el juez cobre del denunciado. Es un negocio fácil. El Juez sólo tiene que denunciarle en la misma resolución que deniega el recurso del abogado y la corrupta maquinaria judicial se pone en funcionamiento para que este juez cobre la indemnización que decida otro juez.

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El abuso de este negocio por parte de los jueces ha sido tan excesivo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tenido que intervenir, mediante el caso del abogado Ravelo que fue condenado por calumniar a un Juez, desestimando sus recursos todas las instancias españolas, hasta que el TEDH condenó a España por esta condena sobre la que dijo que es propia de un “Estado poco democrático” y que era una condena “disuasoria” contra todos los abogados, violando el derecho a la libertad de expresión, además del derecho de defensa.

Este negocio tiene las principales características de un negocio mafioso, según wikipedia: “es una clase especial de crimen organizado” (es especial porque utiliza las propias instituciones para su actividad), “Sus miembros se denominaban a sí mismos «mafiosos», es decir, ‘hombres de honor’” (en el caso de los referidos funcionarios judiciales, éstos afirman que son honorables, por tanto “mafiosos”), es lucrativo, ilegal y utiliza el abuso de poder.

Este mismo negocio se utiliza contra los dirigentes y abogados de las asociaciones de víctimas judiciales, para intimidarlas de forma que abandonen a sus defendidos o para que cierren las asociaciones.

En 2016 y 2017, remití una denuncia contra estos abusos de fiscales, jueces y magistrados, donde se acreditan denuncias, querellas de los fiscales, sanciones y condenas a tres dirigentes de tres asociaciones de víctimas judiciales y a tres abogados de estas asociaciones. En 2016, la denuncia la dirigí al Fiscal General del Estado y nunca recibí respuesta. En 2017, la remití a todos los miembros del Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado, incluyendo al propio Fiscal General. En pocas semanas me respondió la Fiscalía Anticorrupción que no había indicio alguno de delito, como suelen decir cuando el denunciado es una autoridad pública, salvo orden en contrario del gobierno.
En 2018, la prensa ha publicado el caso de otro dirigente y de otro abogado de otra asociación de víctimas judiciales denunciado por un juez.

Soy Presidente de la Asociación ANVIPED, la más afectada por estos abusos (el abuso de las autoridades públicas es un delito en Francia). Durante el primer trimestre de este año, me dirigí al Presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, para informarle que un Juzgado de Barcelona había condenado a un abogado por este inexistente delito, según la referida jurisprudencia del TEDH y la Audiencia anuló la condena.

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También como Presidente de ANVIPED, en este verano solicité una reunión urgente con la Ministra de Justicia y con la Fiscal General del Estado, para que detuvieran este negocio mafioso. El Fiscal de la Unidad de Apoyo de la FGE, me respondió informándome de dónde presentar una denuncia y “que la agenda de la Fiscal General está completa para los próximos meses”. El 2 de agosto, la Secretaria de la Ministra me remitió un mensaje de correo electrónico, donde se decía: “les rogamos nos indiquen un número de teléfono para que un Asesor de la Ministra les pueda llamar y concertar la cita”. Respondí con mi número de teléfono, pero el Asesor aún no me ha telefoneado y los fiscales y los jueces siguen haciendo denuncias falsas, por lo que cabe decir que este negocio está promovido y encubierto desde la Fiscalía General del Estado.

Estas actividades en todo el territorio nacional, acreditan que en España no tenemos un Estado de Derecho, no sólo un “Estado poco democrático” y “disuasorio”, como ha dicho el TEDH, sino un peligroso Estado autoritario que impulsa que las autoridades públicas realicen este negocio mafioso para lucrarse y para instaurar un Estado autoritario, donde sus funcionarios atentan contra la libertad de expresión, el derecho de defensa y el derecho de asociación.

El problema raíz consiste en la IMPUNIDAD de los jueces que crea la corrupción judicial que es el cáncer de las democracias que extiende la impunidad y la corrupción al resto de las autoridades públicas y de las organizaciones privadas y personas poderosas, creando una abusocracia con forma de democracia.

*Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED). Autor del Manifiesto sobre la corrupción judicial

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2 Comentarios

1 Comentario

  1. Avatar

    Pedro

    07/07/2019 at 13:37

    Don Javier, como usted muy bien dice, SON UNA MAFIA, y se protegen entre ellos.
    La gente le echa la culpa de todo lo que está sucediendo A LOS POLÍTICOS, y no se dan cuenta de que los fiscales, Y SOBRE TODO LOS JUECES, también tienen una BUENA PARTE DE CULPA, por mirar para otro lado, no perseguir la corrupción, etc.

  2. Avatar

    Pedro

    22/11/2018 at 19:33

    Don Javier, como usted muy bien dice, SON UNA MAFIA, y se protegen entre ellos.
    La gente le echa la culpa de todo lo que está sucediendo A LOS POLÍTICOS, y no se dan cuenta de que los fiscales, Y SOBRE TODO LOS JUECES, también tienen una BUENA PARTE DE CULPA, por mirar para otro lado, no perseguir la corrupción, etc.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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