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Tribunales

Una euroorden del atentado de la casa cuartel de Zaragoza paraliza la puesta en libertad de Josu Ternera en Francia

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Josu Ternera
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La liberación sorpresa del histórico etarra José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, decidida este miércoles por el Tribunal de Apelación de París, se quedó sin efecto al menos inmediato, cuando la Fiscalía comunicó horas después que lo mantiene retenido para comunicarle una euroorden española.

Urrutikoetxea salió de la prisión de la Santé de París, donde llevaba desde el 17 de mayo -un día después de su captura en los Alpes franceses-, pero para ser trasladado a la Dirección General de la Seguridad Interior de la policía, a las afueras de la capital.

Se abría así un plazo de 48 horas para que un magistrado le notifique la demanda española contra él para poderlo enjuiciar por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, que causó once muertos.

Después, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París se pronunciará sobre si lo envía de nuevo a prisión o puede quedar en libertad.

Por la mañana, tres juezas del Tribunal de Apelación de París se habían pronunciado por su liberación inmediata, en contra del parecer de la Fiscalía. No sobre la solicitud española, sino en relación con los dos juicios que tiene pendientes en Francia por hechos de terrorismo, pero en los que no hay delitos de sangre.

Esos dos juicios son consecuencia de los recursos de Josu Ternera para que se repitan los procesos en los que fue condenado en rebeldía en Francia durante los casi 17 años en que estuvo en la clandestinidad hasta su captura.

En el primero fue sentenciado en diciembre de 2010 a siete años de prisión y en el segundo a ocho años en junio de 2017.

Ambos casos serán objeto de una audiencia en el Tribunal Correccional de París el próximo día 28, pero casi con total seguridad el examen sobre el fondo quedará aplazado al menos hasta después de las vacaciones de verano.

El segundo se refiere a su papel en el aparato militar entre 2011 y 2013, un periodo durante el que estuvo en Noruega junto a los etarras David Pla e Iratxe Sorzábal con la intención de entablar una negociación con el Gobierno español, que se negó.

Urrutikoetxea ha elegido como abogados a los dos mismos de su hijo Egoitz, que tras pasar varios años en la clandestinidad y ser condenado tres veces en rebeldía, cuando finalmente fue detenido en octubre de 2015 sólo estuvo entre rejas apenas poco más de un mes.

Laure Heinich y Laurent Pasquet-Marinacce defendieron ante las juezas del Tribunal de Apelación de París -con éxito- la liberación de Josu Ternera en primer lugar porque ofrecía garantías de que no iba a eludir la justicia.

Heinich insistió en que le habían manifestado su apoyo “intelectuales de renombre”, religiosos o políticos, y que durante su actuación en el equipo negociador de ETA ha demostrado ser un hombre de palabra.

El propio interesado hizo valer el mismo argumento afirmando que “en el País Vasco, la palabra es sagrada”.

Pasquet-Marinacce también alegó para pedir su salida de la cárcel que mantenerlo entre rejas era incompatible “con su estado de salud” porque debe ser operado de la próstata “con la más extrema urgencia”.

De hecho, Urrutikoetxea (68 años) contó que el mismo día que fue capturado en el aparcamiento del hospital de Sallanches tenía cita para que se llevara a cabo esa operación, que en las semanas precedentes había perdido ocho kilos y que llevaba una sonda.


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Tribunales

Acuerdan suspender la pena de prisión al joven Borja condenado por un homicidio imprudente

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El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga ha acordado otorgar el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de dos años de prisión al joven Borja, que fue condenado a dos de prisión y 180.000 euros de indemnización por un delito de homicidio por imprudencia grave tras el fallecimiento del atracador de una mujer al que se enfrentó en la calle.

El juez considera procedente otorgar dicho beneficio por un plazo de cuatro años, plazo que ha de entenderse como «adecuado, tanto porque la pena a suspender se encuentra justo en el límite máximo que lo posibilitaría, por encima del cual ya no procedería la suspensión por la específica vía por la que va a ser concedida, como por la necesidad de que puede facilitarse y se garantice el abono de la responsabilidad civil».

El beneficio de la suspensión se concede con la condición de que no vuelva a delinquir, que comunique cualquier cambio de domicilio y que proceda a «satisfacer la responsabilidad civil en la forma y plazos que finalmente se determine por este Juzgado». En caso de que incumpla sus obligaciones, la suspensión sería revocada.

Respecto a la responsabilidad civil, el joven se comprometió a realizar pagos mensuales de 250 euros al mes. El auto indica que «por exigua» que pueda parecer esta cantidad, puede considerarse como una manifestación del compromiso en satisfacer dicha responsabilidad. Además, señala que en caso de posible impago, se puede evaluar si se trata de «un incumplimiento voluntario, o si obedece, más bien, a la imposibilidad material del reo de afrontarlo».

Vox depositó este viernes en el juzgado los más de 120.000 euros que recaudaron el pasado martes a través de su página web con el objetivo de pagar la multa en concepto de responsabilidad civil impuesta a Borja. Según indicó su abogado, él se hará cargo de la cuantía restante hasta completar los 180.000 euros de sanción.

En cualquier caso, el Juzgado conmina al condenado a que «se pronuncie acerca de su capacidad económica en el sentido que fuera, debiendo manifestar si actualmente se encuentra trabajando, los ingresos que percibe y los bienes de la naturaleza que fuera de los que fuera titular, en aras a poder validar si el compromiso de pago ofrecido sería suficiente y en su caso, si sería procedente que le fueran solicitadas garantías para asegurar su cumplimiento el cumplimiento de la responsabilidad civil».

Se podrá, por tanto, instar al penado la aportación de los elementos probatorios que pudieran considerarse oportunos, y además, «por este Juzgado se podrán realizar la tareas de investigación patrimonial que asimismo fueran necesarias».

Todo ello sin perjuicio de que, más adelante, con conocimiento de la verdadera capacidad económica del condenado, «este Juzgado se pronuncie en resolución aparte sobre la suficiencia de esa cantidad anunciada de 250 euros o la necesidad de que se trate de un importe mayor».


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Tribunales

El CGPJ investiga si la Generalitat espió procedimientos de los tribunales catalanes

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado incoar diligencias informativas para investigar si en los Juzgados y Tribunales de Cataluña se han producido accesos indebidos a tratamientos jurisdiccionales para actividades de inspección, control o seguimiento no previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El órgano de gobierno de los jueces ha tomado esta decisión después de que, hace unos días, en las pantallas de los ordenadores de algunos jueces y magistrados destinados en esa comunidad autónoma apareciera un mensaje sobre la “vigencia y aplicabilidad” de la instrucción 3/2018 de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat informando de la posibilidad de acceso a los elementos que conforman las TIC al servicio de la Administración de Justicia para llevar a cabo actividades de “control y seguimiento”, incluidas las estaciones de trabajo e infraestructuras comunes.

Según la información facilitada al Consejo por distintos jueces y magistrados, posteriormente confirmada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el mensaje incluía una mención final que indicaba que el uso del ordenador implica una “manifestación expresa” del conocimiento de los términos y condiciones de la instrucción e incluía una pestaña de “confirmación de lectura” que forzosamente había de ser pulsada para seguir utilizando el dispositivo.

La Comisión Permanente recuerda que los ficheros de datos existentes en los Juzgados y Tribunales de Cataluña son, en buena medida, tratamientos de datos jurisdiccionales y que, en no pocas ocasiones, los datos incorporados a los tratamientos se corresponden con las categorías especiales de los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y los artículos 9 y 10 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que hacen referencia a los que permiten la identificación de la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico; así como a condenas e infracciones penales.

Añade la Comisión que los responsables de los tratamientos son los órganos jurisdiccionales, únicos que pueden autorizar el acceso a los datos; y que la posibilidad de acceder a ellos para el ejercicio de funciones de inspección y control se limitan a las establecidas en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y no en ninguna otra norma o acto administrativo, como sería una simple instrucción. Además, el acceso debe limitarse a lo imprescindible, lo que excluye la posibilidad de accesos generales o indiscriminados; y debe hacerse con conocimiento individualizado del responsable de tratamiento y bajo su supervisión.

Por todo ello, el CGPJ, en su condición de autoridad de control en materia de protección de datos respecto de los tratamientos de carácter jurisdiccional, ha acordado incoar diligencias informativas para investigar eventuales accesos indebidos a tratamientos jurisdiccionales para actividades de inspección, control o seguimiento no previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También ha encomendado al Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) que realice las comprobaciones técnicas correspondientes para determinar si se han producido esos accesos indebidos en los Juzgados y Tribunales de Cataluña y, en su caso, el alcance de los mismos y la forma en que se habrían producido.

Por último, la Permanente ha acordado requerir a la Generalitat para que suspenda provisionalmente toda actividad de inspección, control o seguimiento sobre tratamientos jurisdiccionales y para que, en el plazo de quince días, informe de manera pormenorizada de todos los accesos que se hayan llevado a cabo en Juzgados y Tribunales de Cataluña.


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Tribunales

La Audiencia Nacional rechaza la querella de Vox contra Zapatero

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Horas después de que la Fiscalía se pronunciase a favor de rechazar la denuncia, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido la querella presentada por Vox contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos al considerar “de todo punto obvio que los hechos denunciados estimados como delictivos, aparte de no tener sustento probatorio alguno, sin verosimilitud y fundamentación” no constituyen delito.

La formación de Santiago Abascal sostenía en su denuncia que entre 2005 y 2007 Zapatero sabía que ETA estaba fabricando explosivos, pese a lo cual mantuvo negociaciones con la banda terrorista y le proporcionó información reservada, ofreciéndole influir en el Estado francés. También denunciaba que informó al mediador etarra de que Francia preparaba un importante golpe contra la banda y que, dentro de la negociación, se comprometió a no realizar detenciones.

El magistrado reprocha a Vox, como ya hizo la Fiscalía, que articule su denuncia en afirmaciones que tienen su origen en noticias periodísticas, elevando a la categoría de ciertos e incontrovertibles los hechos que se describen en la misma. En el escrito, añade, se “eleva a categoría de hecho demostrado afirmaciones ayunas de todo sustento probatorio que es, en definitiva, lo que las partes deben aportar cuando quieren iniciar un procedimiento penal”.

Además, Pedraz recuerda que la imputación no es nueva ni por la persona contra la que se dirige ni por los hechos que se le imputan, pues el Tribunal Supremo “de una manera cierta y clara” ya estableció el carácter no delictivo de las conversaciones que el poder político, como representante de la soberanía nacional, puede mantener con diversas organizaciones y máxime cuando esos contactos, como en este caso sucedía, contaban con el aval del Congreso de los Diputados, “sede de la soberanía nacional”.

Ante la ausencia de indicios incriminatorios contra el querellado, concluye el instructor, la doctrina jurisprudencial ofrece escaso margen a la duda “respecto a la insostenibilidad de la calificación jurídica realizada por los querellantes como colaboración con organización terrorista”. Y es que, recuerda, para que se dé el delito de colaboración con banda armada debe existir una “mínima adhesión ideológica”, la finalidad de “subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública” y la “conciencia, voluntad o intención de coadyuvar, favorecer o facilitar las actividades o finalidades terroristas”. Unos requisitos, recalca Pedraz, ni en una “mera posibilidad teórica”, por lo que rechaza de plano esa imputación y acuerda el archivo de la denuncia.


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