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(Video con imágenes extremadamente duras) Tres condenados a muerte en Marruecos por el asesinato de dos turistas escandinavas

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Un tribunal antiterrorista marroquí condenó este jueves a muerte a tres hombres por el asesinato de dos turistas escandinavas, decapitadas en Marruecos en diciembre en nombre de la organización Estado Islámico (IS, en inglés).

El primero, Abdesamad Ejud, vendedor ambulante de 25 años, reconoció que organizó el asesinato con dos cómplices, Yunes Uaziyad, un carpintero de 27 años, y Rashid Afati, de 33.

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Louisa Vesterager Jespersen, estudiante danesa de 24 años, y su amiga Maren Ueland, noruega de 28, fueron asesinadas cuando acampaban en un lugar aislado en las montañas del Alto Atlas, región montañosa del sur de Marruecos muy apreciada por los excursionistas.

Un total de 24 hombres sospechosos de estar vinculados a estos asesinatos y/o de pertenencia a una célula yihadista fueron juzgados desde comienzos de mayo en Salé, cerca de Rabat. Los otros 21 acusados recibieron penas de entre cinco años de prisión hasta la cadena perpetua.

Entre ellos figura un hispano-suizo convertido al islam, condenado a 20 años de prisión por “pertenencia a banda terrorista”. Siempre se declaró inocente.

El tribunal también condenó a los tres culpables de asesinato, y a uno de sus cómplices a pagar dos millones de dirhams (unos 190.000 euros, unos 210.000 dólares) por daños y perjuicios a los padres de Maren Ueland.

En cambio, rechazó la demanda de la familia de Louisa Vesterager Jespersen, que reclamaba 10 millones de dirhams (930.000 euros, 1,044 millones de dólares) al Estado marroquí, por su “responsabilidad moral”.

Alpinistas Noruegas decapitadas

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España

La Abogacía del Estado (del “estado” bolivariano, se entiende) carga contra la juez del 8-M por abrir una «causa general de la crisis sanitaria»

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Rosa María Seoane, la fiscal que defendió a los acusados de la sublevación catalana
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Se dirige en apelación a la Audiencia Provincial solicitando la nulidad de la instrucción contra el delegado del Gobierno en Madrid

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) –

La Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid. El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

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El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane – la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el ‘procés’ independentista en Cataluña–, y fue presentado el pasado 20 de abril, es decir, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

A lo largo de 18 páginas, Seoane denuncia que la instructora ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad.

Entre otros aspectos, señala que «en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados», Rodríguez-Medel ha desbordado el ámbito competencial que ella misma acotó respecto a la investigación de estos hechos -la manifestación del 8 de marzo- y solicita a la Guardia Civil información «no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

Como ejemplo, la Abogacía señala lo solicitado respecto del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, dirigido por Fernando Simón, respecto del cual no se solicita únicamente información acerca de la eventual recepción por la Delegación del Gobierno del informe, que es lo que debería ser objeto de la investigación penal abierta, sino que va más allá al preguntar a la guardia civil qué difusión tuvo el citado informe.

A juicio de los servicios jurídicos del Estado, la jueza ha iniciado este proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino «meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado».

TESIS DE LA DEFENSA

En este punto, la Abogacía del Estado expone su tesis de defensa al considerar que «lo que no es indiciario sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad».

A juicio de la defensa, había recomendaciones sanitarias que fueron intensificándose, sobre todo a partir del día 11 de marzo y a todos los niveles administrativos, pero las mismas, en tanto eran recomendaciones y no prescripciones, no supusieron impedimento alguno para limitar la celebración de eventos deportivos, como el partido de fútbol celebrado en Madrid el día 7 de marzo entre el Atletico de Madrid y el Sevilla FC en el estadio del primero con asistencia de unos 60.000 espectadores; además de normal funcionamiento de recintos cerrados, espectáculos públicos, como cines, teatros, etc,

Frente a todo ello, considera que «lo que pretende la instructora, no es verificar si determinados indicios de incumplimiento del ordenamiento son ciertos, sino de encontrar tales indicios. Indicios de que la ausencia de prohibición de actos conmemorativos del 8 de marzo, fue un actuación arbitraria y a sabiendas de su injusticia»

TRAMITACIÓN EN PLENO ESTADO DE ALARMA

Otro de los puntos del informe carga contra la celeridad mostrada por la magistrada de Madrid en este asunto en pleno estado de alarma, cuando los plazos procesales se encuentran suspendidos y la justicia sólo actúa en los denominados por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) servicios esenciales, que requieren resolución de urgencia.

Es más, recuerda que el auto del 23 de marzo que se impugna, por el que se incoan las diligencias penales, reconoce de forma expresa que no había urgencia alguna por lo que al dictarlo desatiende todo lo excepcionalmente acordado, como eran razones de salud pública, para favorecer y permitir sin causar indefensión a ninguna parte o el aislamiento social.

«Pues bien, la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma», incide el escrito.


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Salud

Fernando Simón, en el punto de mira de la Guardia Civil: Principal sospechoso en la investigación penal por el aquelarre feminista del 8-M

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La investigación penal sobre la autorización de la manifestación del 8-M y otras concentraciones en plena expansión del coronavirus apunta a Fernando Simón.

Según recoge El Confidencial, las diligencias de la Guardia Civil han acreditado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad manejaba al menos tres días antes del aquelarre feminista datos que evidenciaban la gravedad de la crisis. Pese a ello, no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario ni otros que tuvieron lugar ese fin de semana.

Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 51 de plaza de Castilla, también apuntalan los indicios contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, que está imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación por haber permitido las aglomeraciones de esos días previos a la declaración del estado de alarma, obviando las alertas del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso y de las organizaciones sanitarias europeas y mundiales. Otros altos cargos de la delegación y del ministerio pueden seguir ahora los pasos de Franco, según fuentes próximas al caso.

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Las indagaciones del instituto armado atribuyen a Simón un papel decisivo en la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y 21 de marzo. El 5 de marzo, tres días antes del 8-M, responsables de esa congregación fueron convocados en el ministerio para hablar sobre un brote de Covid-19 en una de sus iglesias y estudiar la anulación del congreso. El propio ministro de Sanidad Salvador Illa y Simón coincidieron en que debía suspenderse por el alto riesgo de propagación del virus.

Los investigadores contraponen las precauciones de Simón por el acto religioso con su actitud permisiva en torno al 8-M y el resto de aglomeraciones de ese fin de semana. También recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia el 14 de febrero sobre el peligro de los actos multitudinarios y que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó una circular aún más contundente que desaconsejaba la autorización de aglomeraciones.


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Ciencia Y Tecnología

Facebook pagará 52 millones de dólares a sus censores por tener “síndrome de estrés postraumático” provocado por machacar las opiniones “no correctas”… en USA. De intentarlo en España, no tendría dinero suficiente

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Facebook pagará 52 millones de dólares a sus censores, tanto a los que están en activo como a los que dejaron la empresa, en calidad de compensación por los problemas de salud mental desarrollados en el trabajo, informa The Verge, que cita el acuerdo preliminar presentado el pasado viernes en el Tribunal Superior de San Mateo (California, EE.UU.).

Además de los pagos, la red social también se avino a prestar asesoramiento y apoyo adicional a sus actuales censores. Los términos del acuerdo conciernen únicamente a los empleados que empezaron a trabajar a partir del año 2015 en los estados de Arizona, California, Florida y Texas.

Ignoramos si los censores que se ocupan de las secciones sobre España y en español o no sufren ningún tipo de “síndrome de estrés postraumático” o fueron contratados entre las filas de partidos más proclives a PSOE, PODEMOS y en general al globalismo mundial, con lo que seguramente estén trabajando gratis. 

El número total de censores que pueden acogerse a estas medidas asciende a 11.250. Cada uno de ellos recibirá una compensación mínima de 1.000 dólares, aunque podrá solicitar pagos adiciones si se prueba que padece trastorno de estrés postraumático (TEPT) u otros problemas mentales relacionados, incluida melancolía, que desarrollaron mientras trabajaban en Facebook.

Según el medio, los abogados involucrados en el caso estiman que hasta la mitad de los 11.250 censores tendrían derecho a solicitar el pago extra. El acuerdo no precisa condiciones de gasto de la compensación, por lo que los censores no están obligados a utilizar el dinero para cubrir tratamientos u otros costes asociados con problemas de salud.

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La cantidad de pagos adicionales dependerá del diagnóstico que sufre el solicitante. Por ejemplo, un censor al que se le diagnostique una enfermedad mental podrá recibir otros 1.500 dólares además de los 1.000 dólares iniciales. Pero si tiene varios diagnósticos simultáneos, podrá solicitar hasta 6.000 dólares adicionales.

“Estamos muy contentos de que Facebook haya trabajado con nosotros”, declaró el abogado de la parte demandante, Steve Williams, agregando que “el daño que puede causar este trabajo es real y extremo”.

La vida secreta de los censores de Facebook

El año pasado, varios empleados de la compañía Cognizant, subcontratada por Facebook, relataron bajo anonimato a The Verge los perjuicios para la salud mental que comporta el trabajo de los censores. De hecho, la mayoría de las cerca de 15.000 personas que censuran el contenido de Facebook no son empleados de la propia red social, sino que provienen de empresas como Cognizant.

A lo largo de una semana, un censor revisa unas 1.500 publicaciones. En un tiempo promedio de 30 segundos deben decidir si borran o permiten una publicación. Pese a lo difícil de la tarea, los profesionales se quejan de que unos pocos errores pueden condicionar su despido.

Pese al estrés que conlleva su trabajo y la estricta disciplina a la que están sometidos, su salario es casi diez veces menor que el de los empleados de Facebook.

Aquí en España todos sabemos que es “Newtrola” (el nombre de guerra con el que los internautas se refieren siempre a la empresa de Ana Pastor, Newtral) la encargada de las funciones de censura, aunque de momento no se ha sabido de ningún caso de queja o protesta por parte de sus trabajadores. 

Analista político señaló la forma de expulsar al sesgado Facebook de Rusia

La red social Facebook reacciona con provocaciones a los principales eventos en Rusia: la votación en las elecciones o el Día de la Victoria. El analista político Alexander Dudchak recordó que Facebook es un participante indispensable en todas las guerras de información.

Según el experto, Facebook cumple diligentemente la misión de la propaganda antirrusa e interfiere constantemente en los procesos políticos en todo el mundo.

“Facebook es un participante conocido en las guerras de información, es un participante casi sin cambios en todas las revoluciones de color y golpes de estado. Contribuye seriamente a estos eventos en todo el mundo”, señaló el experto en un comentario a la publicación Slovo i delo.

Dudchak señaló que todos los usuarios de Facebook, especialmente el segmento de habla rusa, pudieron sentir la política antirrusa.

“Tampoco sorprende a nadie: una política sesgada con un enfoque muy unilateral. Facebook desempeña el papel que sus propietarios encontraron para él, los organizadores son la estructura estatal de los Estados Unidos”, agregó el politólogo.

Dudchak cree que debería crearse una alternativa a Facebook en Rusia, que no «fusionaría» los datos personales de los usuarios y no violaría la ley.

«Sería ideal encontrar una alternativa para Facebook, aprovecharla, incluida la posibilidad de desconexión, porque los trucos de esta red social van más allá de todos los límites posibles de sentido común, moral, honor y conciencia», resumió.

Dudchak enfatizó que en Rusia hay redes sociales con una audiencia millonaria. Es necesario participar en su desarrollo y mejorar para que no sean inferiores a Facebook.


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