Vox denuncia al alcalde de Valencia, Joan Ribó, por un delito de odio - ALERTA NACIONAL
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Vox denuncia al alcalde de Valencia, Joan Ribó, por un delito de odio

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Imagen de archivo de los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Valencia
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Vox presentará este martes una denuncia ante el juzgado de guardia de Valencia contra el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, de Compromís. Según la formación que preside Santiago Abascal, Ribó acusó a Vox de «ser responsable de muchas de las agresiones contra las mujeres».

La denuncia será interpuesta por José María Llanos, Pepe Gosálbez, y Ángeles Criado, todos ellos cargos de Vox. Según explicó Gosálbez la pasada semana. «no se puede acusar a un partido que, precisamente, defiende la igualdad de todos ante la ley, sean hombres o mujeres y condena las agresiones contra las personas: mujeres, hombres, ancianos y niños. En Vox defendemos la libertad y la igualdad y condenamos la violencia y las agresiones de todos».

El pasado viernes, el alcalde de Valencia instó a todas las mujeres a que «opinen» si hay que reprobar al grupo de Vox en el Ayuntamiento por no sumarse al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres del pasado 25 de noviembre.

Reprobar a Vox es una opción que estudia el gobierno del Rialto (Compromís y PSPV) por negar la violencia machista y no asistir el pasado jueves al acto institucional celebrado en el consistorio con motivo del 25N.

Ribó denunció a preguntas de los periodistas que es «una actitud absolutamente intolerable». «Su manera de afrontar la violencia contra las mujeres parece un alegato a determinados comportamientos machistas que son la base de la violencia de género», aseveró.


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Vox registra una ley en el Congreso para ilegalizar a ERC, Junts, Bildu y la CUP

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha registrado este lunes en el Congreso una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a todas las formaciones separatistas y a las que promovieron el proceso independentista catalán de 2017, lo que incluye a Esquerra (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), la CUP y EH Bildu, entre otros.

Según ha explicado en rueda de prensa en el Congreso, lo que pretenden es ilegalizar “a todos los partidos que pretendan la destrucción de las unidad nacional”, y si el PNV o el BNG también pretenden ese objetivo, se verán afectados igualmente por su reforma.

La proposición de ley de Vox se basa en exigir a los partidos políticos que recojan expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978, y en caso contrario se pueden ver abocados a la ilegalización.


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Tribunales

El PP se persona en el TS contra el acta de Torra

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El presidente del PP, Pablo Casado
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El Partido Popular se ha personado en el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo tras el recurso presentado por Joaquim Torra contra el acuerdo de la Junta Electoral Central que ejecutó su inhabilitación por desobediencia.

Según ha podido saber ABC, la formación de Pablo Casado presentó el pasado viernes su escrito de personación en el Alto Tribunal tras ser emplazado a hacerlo como parte interesada que es en el procedimiento, pues es del PP de quien partió la iniciativa para que la Junta Electoral Central (JEC) hiciera efectiva la condena por inhabilitación que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este mismo emplazamiento se ha hecho también a Ciudadanos, a Vox y al diputado que, según el acuerdo de la JEC, debe sustituir a Torra en el Parlament, Ferran Mascarell. Previsiblemente la Sala Tercera del TS dará ahora a las nuevas partes personadas un plazo de alegaciones. El PP defenderá el acuerdo de la Junta que aplicó el artículo 6.2 b) de la Loreg. Este precepto señala que los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública son «inelegibles» por causa sobrevenida.

En este trámite de alegaciones, el fiscal presentó un escrito el viernes en el que no se opone a que Torra mantenga el acta de diputado hasta que el TS resuelva sobre el fondo del asunto: la nulidad del acuerdo de la JEC.


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La Fiscalía apoya que se paralice la inhabilitación de Torra

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La Fiscalía ha cuestionado en un informe la competencia de la Junta Electoral Central (JEC) para ordenar el cese del president Quim Torra como diputado pues, a su juicio, sería el Parlament el competente para determinar “la existencia y efectos” de la supuesta inelegibilidad del parlamentario.

El ministerio público ha presentado un informe ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en el que apoya suspender cautelarmente el acuerdo en que la JEC instó a la retirada de la credencial de diputado catalán de Torra, “en orden a la prudente y equilibrada” preservación de los “intereses públicos concurrentes”.

La Sala de lo Contencioso del Supremo ya rechazó por unanimidad suspender de manera urgente el acuerdo de la JEC -que consideró que pesaba sobre Torra la causa de “inelegibilidad sobrevenida” al haber sido condenado por desobediencia- y decidió tramitar su petición en forma de medidas cautelares, es decir, escuchando al resto de partes.

Pese a que se trata de un trámite que no implica entrar sobre el fondo del asunto, la Fiscalía hace referencia a “la posible incompetencia de la Junta -y en general de la Administración electoral- para decidir” sobre “la aplicación de un motivo de incompatibilidad sobrevenida determinante de la pérdida del escaño” de Torra, y alude a un “dato de innegable relevancia”: los seis miembros de la JEC discrepantes también reprocharon esta incompetencia en su voto particular.

Según la Fiscalía, la “administración electoral” sería competente para resolver sobre la inelegibilidad de un candidato cuando ha sido declarado electo si bien, una vez “adquirido el estatus pleno de diputado, correspondería en exclusiva al propio Parlament la competencia para apreciar “la existencia y los efectos de dicha inelegibilidad sobrevenida”.

Y añade que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) “no atribuye ni reconoce en ningún momento a la Junta Electoral Central (…) facultades o competencia alguna para anular por su propia autoridad las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato ni declarar vacantes sus escaños”.

Recuerda la Fiscalía que el voto particular a la decisión mayoritaria de la JEC incorporaba supuestos “en que la misma hizo expresa declaración de su falta de competencia en casos similares”, argumento que, a juicio del ministerio fiscal, “no resulta desvirtuado” en este caso.

El pasado 10 de enero y una vez el Supremo rechazó las medidas cautelarísimas de Torra, la Junta Electoral Provincial de Barcelona acordó retirarle la credencial de diputado del Parlament, si bien la cámara rechazó hacerlo efectivo, con el apoyo de los independentistas y PSC y de acuerdo con el criterio de los servicios jurídicos de la cámara.


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