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Economía

Dos medidas: el “peaje” sobre las autovías y la bajada del IRPF

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José Manuel Otero Lastres.- Ayer han coincido dos propuestas económicas de los dos partidos mayoritarios de calado muy diferente que revelan los distintos principios que defienden. El PSOE por boca de su ministro de fomento lanzó el globo sonda de exigir un pago simbólico por el uso de las autopistas. La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid propuso una batería de medidas liberales, entre las que destaca la mayor bajada histórica del impuesto sobre la renta.

La propuesta del PSOE revela que, para ellos administrar no significa gastar mejor, sino gastar más: la fórmula para mejorar la relación entre ingresos y gastos no es reducir los gastos, sino aumentar como sea los ingresos. Por eso, tienden a una política fiscal casi confiscatoria. La última de ellas es que nos quieren volver a cobrar por las autovías. Y es que las autovías ya las hemos pagado: han sido construidas y pagadas con cargo a los presupuestos generales de años anteriores que se nutrían de los fondos procedentes de nuestros impuestos.

Claramente se advierte que la voracidad recaudatoria del PSOE es tan desmesurada que nunca piensa en distribuir lo que hay sin aumentar los gastos, sino en atender las nuevas necesidades aumentando los ingresos. Y ello aunque sea cobrando a la ciudadanía dos veces por lo mismo: un verdadero timo. Y que no se diga que el porcentaje va a ser muy reducido, porque empiezan con el señuelo de fijar un tipo bajo y luego lo van subiendo a medida en que lo requiera su conducta despilfarradora.

En cambio, la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid funda su modelo económico en todo lo contrario. Para recaudar más, rebaja los impuestos, lo cual supone que deja mayores recursos en las manos de los ciudadanos con la esperanza de que el empleo privado de esos recursos generen más riqueza y a través de los impuestos que la graven obtenga los nuevos ingresos.

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En el primer modelo, el del PSOE, es el gobierno el que trata de esquilmar lo más posible a la ciudadanía; en el segundo, el del centro-derecha, se confía en que la ciudadanía con nuevos recursos en su manos aumente la riqueza y en que los impuestos que la graven alleguen los nuevos recursos.

Gracias a nuestro sistema democrático tenemos libertad de optar entre uno de esos dos modelos. Porque la libertad de voto permite al ciudadano hacer lo que quiera con él, incluso abstenerse de emitirlo. Y el secreto del voto el que hace posible la verdadera libertad de decisión, hasta la más descabellada, ya que gracias a él no se sabe el sentido del voto ni tiene que dar explicación alguna sobre este.

Lo que ocurre es que, según al propaganda oficial, lo progresista es inclinarse por el modelo del desplume ciudadano, mientras que lo retrógrado y conservador es elegir la libertad y ceder a los ciudadanos la mayor cantidad de recursos posibles.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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