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Los costes de la sanidad pública aumentan en 1.500 millones de euros: Sanidad universal… ruina nacional

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Pacientes españoles tienen que permanecer en el pasillo de un hospital
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Con el voto en contra de los diputados del Partido Popular y la abstención de los representantes de Ciudadanos, el pleno del Congreso ha aprobado esta semana el real decreto que restablece la asistencia sanitaria para todas las personas que se encuentren en España, independientemente de que sean nacionales, extranjeros o inmigrantes irregulares.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, defendió el real decreto porque «dignifica la acción política», a la vez que contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos «eliminando desigualdades a través de la garantía de sus derechos, la solidaridad y la cohesión social».

La medida es un disparate económico y una injusta manera de equiparar a los ilegales que se encuentran en España por asaltar la frontera con cualquier español que lleva años cotizando. La sanidad española, como todos los servicios públicos nacionales, son el resultado del esfuerzo y el trabajo de muchas generaciones de compatriotas que los hicieron posible. En países mucho más ricos que el nuestro, como es el caso de Estados Unidos, los pacientes deben hacer frente al coste de los gastos sanitarios. En España, con una deuda millonaria, con las pensiones sobre el alambre, con una economía cada vez menos competitiva, con salarios de los más bajos de la UE, se derrocha lo que no tenemos en beneficio de personas que no contribuyen al sostenimiento de nuestro modelo productivo.

¿Cuántos más inmigrantes se apuntarán al “efecto llamada” para disfrutar hasta de una sanidad gratis? ¿A cuántos más impuestos deberemos hacer frente para mantener estos derroches? ¿Hasta cuándo permitirán los españoles que sus gobernantes les roben el presente y les dejen sin futuro? Mientras la castuza política vive blindada en viviendas inaccesibles y disfruta de privilegios propios de millonarios, el pueblo nativo español parece haber sido condenado a pagar impuestos “suecos” y a disfrutar de servicios nigerianos.

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Es preciso decirlo alto y claro. Los que hoy entran ilegalmente en España en avalancha son los que acabarán con las pensiones del futuro. El bienestar logrado por nuestros padres y abuelos, trabajando de sol a sol, lo disfrutan ya los recién llegados, sin haber aportado nada. Ellos ocuparán las camas de los hospitales mientras los españoles de origen tendrán que permanecer en los pasillos. En definitiva, la ceguera de este Gobierno está cavando la tumba de España y los españoles. El problema no son los emigrantes, el verdadero problema son los dirigentes que tenemos, ya que al final de su etapa política tendrán asegurada una pension y vivirán en zonas donde no tendrán que estar en contacto con la delincuencia. No tienen sentido de futuro para España, solo atienden a su bienestar y ambición.

Todos somos responables de que esto suceda. Todos somos responsables por resignarnos a la tragedia social y económica que se avecina.

Teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias que lo afectan y el alargamiento de la esperanza de vida, el sistema sanitario español está al borde de la quiebra financiera. La inmigración trae desequilibrios suplementarios: un creciente número de beneficiarios no cotizantes, el turismo sanitario, la aparición de enfermedades raras o erradicadas, enfermedades tropicales y la tuberculosis muy frecuente en las zonas con alta inmigración africana. La misma organización de los servicios de urgencia se ve perturbada por comportamientos compulsivos, incluso agresivos, de personas que no respetan las normas y las reglas de los establecimientos hospitalarios. Este aumento de demanda sanitaria, al no haber sido ni anticipado ni financiada lleva a los hospitales a contratar a médicos extranjeros muchas veces de baja cualificación.

Los costes de la sanidad pública se han incrementado en 1.500 millones de euros, pero para la ministra Montón, este problema no existe. Y no solo se está disparando el gasto, sino que se reduce alarmantemente la calidad y se incrementan las listas de espera. Y aquí ya no hablamos de gastos, sino de vidas humanas.

Su objetivo ahora es que “la universalidad de la sanidad es irrenunciable”, es decir, el gratis total a los ilegales, lo que unido a la pretensión del irresponsable de Marlaska, que piensa reducir las barreras de entrada, multiplica exponencialmente el efecto llamada, propalado a los cuatro vientos por la cadena Al Jazzera y otras que señalan España como el país coladero de inmigrantes.

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A esta locura suicida se une el nuevo impulso al turismo sanitario. Miles de inmigrantes traen a sus familiares a España para tratamientos costosísimos, desde trasplantes de cadera y de hígado a diálisis y otros, pasando en muchos casos por delante de los españoles, o envían millones en medicinas a sus parientes, un disparate que no sucede en ningún país del planeta. La ‘universalidad’ y el turismo sanitario costarán más de 3.000 millones (no los 1.100 estimados) anuales, robados literalmente a la clase media y a la clase trabajadora. El descontrol del gasto en Sanidad desde que fue transferida a las comunidades autónomas es total y absoluto, un escándalo nacional, que nos cuesta casi el doble de lo que debería.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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