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Economía

Madrid y Murcia, las que más crecen mientras Extremadura dispara su deuda

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Madrid ha crecido casi un 4% de media en los últimos cuatro años (ABC)
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Las elecciones en doce autonomías que se producirán en un mes –además de las que se acaban de celebrar en Comunidad Valenciana– dan la oportunidad de hacer balance económico de estos cuatro años en cada una de las regiones para evaluar el buen hacer de cada gobierno en cuestión.

Pese a que la recuperación ha permitido que todas crezcan y reduzcan el desempleo, a diferencia de la legislatura anterior, la evolución de los últimos cuatro años dibuja comportamientos muy diferentes que ilustra que ha habido una mejora a dos velocidades, además de un ajuste fiscal que varía por barrios.

En el primer campo, Murcia y Madrid fueron las comunidades que más crecieron en estos cuatro años, con un 3,9% y un 3,5% de media cada ejercicio, por encima del 3,1% del conjunto de España. Ambas se beneficiaron de las buenas cifras de turismo de estos años, así como del incremento de la construcción, acompañado del aumento de las exportaciones en el caso de Murcia. Otras regiones que mejoraron el desempeño nacional fueron Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña –las tres con un 3,3%–, así como Baleares, con un 3,1%.

Por el contrario, las comunidades que menos avanzaron en estos cuatro años fueron Extremadura y La Rioja –con un crecimiento medio del 2,2%–, Castilla y León –del 2,4%–, Asturias –del 2,5%– y Aragón – del 2,7%–. De esta forma, mientras las regiones del litoral mediterráneo y Madrid han sido los motores de la recuperación, las comunidades de interior y la cornisa cantábrica estuvieron a la zaga.

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Renta por habitante

Si bien se observa cierta convergencia en el PIB per cápita entre la comunidad con mayor actividad –Madrid, con 34.916 euros por cabeza– y la de menor –Extremadura, con 18.174–, esta se ha producido por la reducción de la población en esta última y no tanto por un recorte real de las distancias. Salvo Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia, las regiones que más crecieron tienen un PIB per cápita por encima de la media nacional en estos años, por lo que la recuperación de esta legislatura ha tendido a aumentar las distancias entre las regiones de mayor y menor renta.

Una tendencia que también se confirma en las cifras de desempleo. Al observar las cifras de bajada de la tasa de paro, se observa que mientras hay regiones en las que el repunte de la actividad explica su recorte del desempleo, en otras este se produce también por la caída de la población activa. La comunidad que más redujo su desempleo fue Navarra con un 47,7% de reducción, seguida de Castilla-La Mancha, con un 45,1%, mientras que Asturias (-20,9%) y Baleares (-23,5%) fueron las que menos bajaron su desempleo.

Pese a ello, la recuperación no alteró la distancia entre comunidades por su tasa de paro e incluso incrementó las distancias: en marzo de 2015, Andalucía era la región líder en desempleo, con más del doble de paro (un 33,6%) que la región que menos tenía, Navarra (15,6%). Cuatro años más tarde, el liderato y el farolillo rojo, se repiten, pero la distancia entre Navarra (8,19% de paro) y Andalucía (21%) es mayor que en 2015.

Gestión presupuestaria

No obstante, donde se observa la acción directa de los gobiernos autonómicos es en sus finanzas públicas. La recuperación económica y de los ingresos, así como la consolidación fiscal, han permitido que todas las autonomías hayan reducido su déficit y cinco de ellas incluso tengan ahora superávit (Canarias, Navarra, PaísVasco, Galicia yAsturias, las tres primeras con regímenes fiscales distintos a las del resto).

Con estos mimbres, Canarias fue la comunidad que más saneó su posición de 2014 a 2018, un 308% de mejora del déficit que tenía hace cuatro años y que ahora es superávit. De media las comunidades ajustaron estos años sus números rojos un 87%, del 1,66% de 2014 al 0,23% de 2018. Eso sí, entre las rezagadas en 2015 destaca el caso de Extremadura, que pasó de un déficit público del 2,44% en 2015 a alcanzar el equilibrio en 2018, dejando de ser una de las regiones con mayor agujero en sus cuentas.

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En el otro lado de la balanza está Comunidad Valenciana, que fue la que menos redujo sus números rojos, un 50%, al 1,3% del PIB que cosechó en 2018, duplicando la meta anual. Junto a Murcia –la otra región que más déficit tiene, con un 1,35%, y que menos redujo su desequilibrio, con una bajada del 54%–, ambas regiones están infrafinanciadas por el modelo autonómico.

Pero hay una diferencia considerable entre ambas y la propia Autoridad Fiscal así lo recordó en su última evaluación de los planes autonómicos, cuando criticó que la región que preside Ximo Puig engordara su gasto a ritmos anuales superiores al 6% en los últimos dos años, creando incluso un nuevo canal de televisión, mientras Murcia solo lo aumentó un 2%.

Las siguientes que menos han reducido el déficit fueron Andalucía (un 73,4% de bajada) y Baleares (un 79,2%), lo que postula que algunas de las comunidades socialistas han hecho un ajuste menor frente a otras regiones.

Extremadura, la que más aumenta la deuda

Eso sí, si Extremadura destaca en la reducción del déficit, no lo hace así al observar la evolución de su deuda. Fue la región que más la aumentó en la última legislatura, con un alza del 28,1% que, pese a todo, la sitúa con un pasivo ligeramente inferior a la media, del 23,7% del PIB frente al 24,5% autonómico. Como la región alcanzó el equilibrio en sus cuentas el año pasado, en los próximos debería ir reduciendo su pasivo. Le sigue Aragón, con un incremento del 19,6% que deja la deuda en el 21,9%. Ambas regiones, curiosamente, fueron amonestadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2016 por pagar tarde a sus proveedores, problema que solventaron.

En el otro lado del ranking, seis comunidades han reducido su pasivo, siendo la que más ha mejorado Baleares, con una bajada del 7%, seguida de Navarra (con una caída del 6,1%) y País Vasco (del 2,8%). También han aliviado su pasivo Castilla-La Mancha (-2.2%), Galicia (-2,1%) y Canarias (-1,9%). Como fuere, Comunidad Valenciana (con un 41,8% del PIB), Castilla-La Mancha (35,2%) y Cataluña (33,9%) siguen siendo las regiones más endeudadas cuatro años después, mientras que al igual que entonces las más desapalancadas son País Vasco (13,6%) y Madrid (14,6%). En términos absolutos, las regiones que más aumentaron su deuda, íntegramente con el Estado a través de los mecanismos de liquidez, fueron Cataluña –con 14.266 millones más hasta los 78.732– y Comunidad Valenciana, 9.662 millones hasta los 47.084.

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Estas cifras de déficit y deuda arrojan qué comunidades han tenido una gestión más prudente estos años, y servirán de base para la futura reforma de la financiación autonómica, que observará como las comunidades han capeado la crisis y la posterior recuperación a la hora de decidir el futuro sistema. Hasta entonces, las urnas esperan.

(ABC)

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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