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Economía

El Banco de España alerta de que los alquileres han subido un 50% desde 2013, frente al 7% del precio de compra

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El  número de personas que viven de alquiler en España es muy bajo en relación a las principales economías de la UE, a pesar de que en los últimos años la tendencia es al alza, sobre todo en determinados colectivos como los jóvenes, inmigrantes y trabajadores temporales, revela el informe ‘Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda en España’ publicado este jueves por el Banco de España.

Así, mientras que la proporción de población española que vivía en una casa que no era de su propiedad fue del 23,9% en 2018, en la UE asciende al 30,7%, destacando los casos de Alemania (48,6%), Austria (45%), Dinamarca (37,8%), Francia (35,6%) o Reino Unido (35%).

En España el peso del mercado del alquiler ha pasado del 19,4% en 2005 al 23,9% en 2018, por lo que el número de hogares en régimen de alquiler se situaba algo por encima de los 3 millones en 2018, frente a los 2,4 millones de 2008.

Pero vivir de alquiler no es nada barato. El Banco de España revela en su informe que los precios del alquiler han subido un 50% desde su mínimo en el último trimestre de 2013 hasta el máximo observado en mayo de 2019. En este mismo periodo, los precios de oferta de venta de vivienda han crecido a un ritmo mucho menor, del 6,8%. Su incremento desde que marcó el mínimo en el último trimestre de 2016 ha sido del 14,5%, aún muy por debajo de la subida de los alquileres.

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En este sentido, el organismo lamenta la ausencia de un índice de precios oficial de los nuevos contratos que, idealmente, “debería ajustar los precios del alquiler para tener en cuenta las características del inmueble arrendado”. Y sobre esta subida, el Banco de España afirma que es resultado de “múltiples factores” de oferta y demanda que es complejo medir con precisión. Existe un conjunto de determinantes “económicos y demográficos” que contribuyen al auge de la demanda del alquiler residencial y su traslación al aumento de los precios en este mercado.

Los que más alquilan

Los hogares jóvenes y los de origen extranjero destacan entre los colectivos que más viven de alquiler en España, cuya dinámica además creció durante la última década. En cuanto a los jóvenes, el informe destaca el mayor peso relativo de ellos entre el conjunto de hogares. Son mayoría aquellos cuya persona de referencia en la vivienda se sitúa entre los 30 y los 44 años, cuya ratio aumentó del 19% en 2010 al 30% en 2018. Por tipología de hogar, las mayores ratios de alquiler se observan en los hogares monoparentales, con una ratio del 22% en 2018.

Del mismo modo, la proporción de alquileres en hogares cuya persona de referencia no tiene la nacionalidad española se situó en 2018 en el 59% para personas de otros países de la UE y en el 77% para nacionalidades extracomunitarias. Estas cifras destacan frente a la proporción del alquiler en hogares de nacionalidad española, que solo fue del 13% en 2018, aunque aumentó bastante desde el mínimo del 8,8% en 2007.

Además, el Banco de España asegura que según la situación laboral de los hogares, los ratios de alquiler son más elevadas en las familias cuya persona de referencia se encuentra activa (23%) que los que están en paro o son pensionistas (8%), en los que predomina el régimen de propiedad y cuya persona de referencia suele estar jubilada.

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Ciudades más afectadas

Hay una gran disparidad entre comunidades autónomas en el aumento del precio de los alquileres. Hay en cuatro comunidades que la proporción de hogares que viven en régimen de alquiler está por encima de la media del conjunto de España. Son Baleares (28,3%), Cataluña (26,3%), Madrid (23,6%) y Canarias (19,5%).

Los precios han subido sistemáticamente desde 2013 en ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia (hasta un 40%), frente a otras que ‘solo’ han visto subir los precios un 10%. Los mayores crecimientos se observan, además de las tres mencionadas, en ciudades con elevada concentración turística (Málaga, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife) y los menores en las del interior de España.

Asimismo, ha aumentado el atractivo del alquiler como instrumento de inversión desde 2013, lo que “refleja el notable incremento del precio de oferta del alquiler”, superior al precio de venta. Un factor que puede haber contribuido a la subida de la rentabilidad del alquiler en relación con la compra es la “reducción del sesgo fiscal en favor de la vivienda en propiedad” por las medidas de consolidación presupuestaria aplicadas durante la crisis. Concretamente, la eliminación de la deducción por compra de vivienda habitual en el IRPF, los incrementos de tipos en los impuestos que gravan la compra de una casa (IVA) e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) o los aumentos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Así, los incentivos fiscales a la inversión empresarial en el mercado del alquiler, como el régimen especial de las sociedades de inversión inmobiliaria (Socimi), “favorecen la rentabilidad para este tipo de agentes”, destaca el organismo. Por tanto, las sociedades dedicadas al alquiler en 2018 representaban un 10% en España, y en ciudades determinadas como Barcelona el porcentaje aumenta hasta el 25%.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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