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El Gobierno socialcomunista pide ayuda a una consultora para salvar el turismo… al final de agosto: Y así, con todo

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El Gobierno ha encendido las alarmas ante el desplome del turismo, un sector que representaba antes del Covid un 12% del PIB. El escenario de “crisis e incertidumbre”, considera el Ejecutivo, ha golpeado de lleno a una industria de la que España es potencia mundial. El plan de ayudas de 4.262 millones aprobado hace unas semanas es insuficiente y ahora el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de iniciar los trámites para reformular el modelo y convencer al visitante de que España es un destino seguro y sostenible. La novedad es que el departamento de Reyes Maroto se ha tenido que pedir ayuda al sector privado y está buscando una consultora que le asesore en este proyecto.

El horizonte, tanto a medio como a largo plazo, se encuentra lleno de nubarrones. Así lo reconoce el Gobierno. Para replantear el modelo y recuperar los millones de visitantes que se van a perder, el Ejecutivo está poniendo las bases del Plan Estratégico 2021-2024, un proyecto a cuatro años que va a liderar Tuespaña con la ayuda de la citada consultora a la que se va a contratar. Para seleccionar el mejor proyecto el Ministerio de Industria ha activado un “comité de expertos” conformado por tres altos cargos del departamento de Maroto.

Se trata de un equipo que elaborará los criterios de adjudicación de este contrato que acaba de licitarse. Estará conformado por Blanca Pérez-Sauquillo, subdirectora adjunta de Marketing Exterior del Turismo; Arturo Ortiz, consejero de la Oficina de Turismo en Berlín; y Roque González, consejero de Turismo en Buenos Aires. Las consultoras interesadas deben presentar a Industria sus propuestas antes de que finalice esta semana.

El objetivo de la contratación de esta consultora es, según explica el Gobierno, llevar a cabo “un diagnóstico global de la situación actual, dimensionando los resultados de la información exhaustiva obtenida tras la puesta en marcha de las acciones de análisis de demanda y añadiendo nuevas fuentes de información que incluyan análisis de coyuntura turística y dimensionamiento internacional”. El informe final de la empresa privada servirá a Turespaña para reformular la estrategia turística nacional.

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No todo es sol y playa

El Gobierno habla de forma experimental de un nuevo modelo turístico para España y propone una serie de actuaciones a implementar en los próximos años. Según se puede leer en el pliego de condiciones de esta contratación, Turespaña busca la “rentabilidad y sostenibilidad en su vertiente económica, social y medioambiental con el fin de que el turismo se convierta en un motor de desarrollo económico y social para los destinos”. “Esto se asentará sobre cuatro ejes -añade-: desestacionalización, dispersión regional (incentivando destinos alternativos al sol y playa o destinos urbanos especialmente saturados), desconcentración (potenciando la atracción de nuevos segmentos de demanda altamente experienciales o de alta rentabilidad), y diversificación de mercados (potenciando la demanda de mercados emergentes de gran dinamismo)”.

El proyecto  del Gobierno también pasa por potenciar la ‘Marca España’ como mercado turístico de referencia y destino seguro. De esta forma el Plan Estratégico de Industria pretende poner en valor “el patrimonio cultural e histórico de España, por un lado. También busca impulsar la marca “ligada a la sostenibilidad medioambiental, mostrando el liderazgo de nuestro país en espacios naturales protegidos, riqueza de la biodiversidad, conservación de parques naturales u otras cuestiones”. Y, además, se intenta potenciar un destino de “exclusividad y valor“. “La marca es clave para aumentar la frecuencia y el gasto en destino y mejorar el retorno económico y social del turismo en el entorno local”, concluye el Ministerio de Industria.

“Es el momento de replantear el modelo de desarrollo turístico”

España rozó en 2019 los 84 millones de visitantes, batiendo récord un año más. Sin embargo el Gobierno considera que “que tantos éxitos ha cosechado, pero que debe adaptarse a un nuevo escenario marcado por el crecimiento continuado, la innovación tecnológica y los cambios acelerados en el comportamiento y motivaciones del mercado”.

“Tras más de 40 años de crecimiento ininterrumpido, es hora de plantearse si el modelo turístico puede mantenerse en la senda del crecimiento y responder a las necesidades no sólo del sector sino del territorio y de la ciudadanía en los términos actuales. Debemos garantizar que el sector dispone de las herramientas y recursos necesarios para adaptarse a un nuevo escenario presidido por el crecimiento continuado, la innovación tecnológica y los cambios acelerados en el comportamiento y motivaciones del mercado”, concluye.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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