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Economía

El PP anuncia una ley para devolver al Gobierno la competencia para regular las VTC en toda España

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El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en declaraciones a los medios de comunicación.
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El PP ha avanzado este lunes que presentará en el Congreso una proposición de ley para devolver al Gobierno las competencias para regular los vehículos de turismo con conductor (VTC), licencia bajo la que operan firmas como Uber o Cabify, en una única ley para todo el país.

Así lo ha anunciado su portavoz en la Cámara Baja, Dolors Montserrat, y su secretario general, Teodoro García Egea, a la entrada de la Diputación Permanente de este lunes, en la que los ‘populares’ exigen las explicaciones de los ministros de Fomento, José Luis Ábalos, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el conflicto entre el taxi y las VTC.

“Queremos una única España con una única regulación donde convivan los dos sectores, en favor de la libertad del usuario y en favor de que nuestras ciudades tengan la movilidad garantizada”, ha subrayado Montserrat, mientras García Egea ha abogado por que “los temas importantes, como el transporte, deben estar regulados a nivel nacional”. “España no son 17 países distintos, es una nación”, ha apostillado.

Acusa a Sánchez de “cobarde”

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El secretario general de los ‘populares’ ha destacado que este conflicto es “el primero de los grandes debates sobre la transformación digital” y, por tanto, considera que “este primer gran debate no puede resolverse con menos libertad”.

“No puede ser que en la capital mundial del móvil, que es Barcelona (por ser la sede del Mobile World Congress), un ciudadano no pueda coger un vehículo con conductor por una aplicación, y esto se ha prohibido”, ha dicho, criticando de esta forma la nueva regulación que prepara la Generalitat, que exige una antelación mínima de 15 minutos para contratar una VTC.

García Egea ha cargado contra el decreto ley aprobado por Fomento el pasado mes de septiembre para permitir a las comunidades autónomas a regular estas licencias pues cree que supuso “pasar la pelota” a estas comunidades. “Si Sánchez no quiere gobernar, que se vaya a casa, pero que a cada problema no lo divida en 17 problemas distintos. Eso lo hacen los cobardes”, ha dicho.

“La violencia no es la solución”

Por último, García Egea ha declinado comentar si el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por el ‘popular’ Ángel Garrido tenía alguna responsabilidad en este conflicto, que mantiene a los taxistas de Madrid en huelga.

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Sin embargo, ha criticado una de las acciones adoptadas por los taxistas, el bloqueo del Paseo de Castellana de Madrid durante la madrugada y mañana de este lunes. “Entiendo que haya personas que no estén de acuerdo con algunos de los argumentos que se están dando, pero la violencia no es la solución”, ha dicho.

“En este tema, o en cualquier otro, hay que sentarse a hablar y se puede hablar de muchas formas, pero parar una vía como de la Castellana no ayuda a nadie, ni siquiera al propio colectivo”, ha concluido.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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