Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciado hoy que emprenderá acciones judiciales contra los autores de un ataque vandálico a un tren de la L-4 del metro ocurrido esta madrugada y en el que algunos pasajeros, entre ellos una mujer embarazada, han sido agredidos por varios grafiteros.

El incidente ha ocurrido sobre las 03:48 horas de hoy cuando un grupo de 34 grafiteros han accionado el freno de emergencia de un tren de la línea 4 del metro que, en aquel momento, estaba parado en la estación de Maragall, para hacer pintadas.

Según TMB, parte del pasaje ha mostrado su rechazo a esta acción y algunos de los pasajeros han sido increpados y agredidos por los autores de las pintadas.

La mujer embarazada ha sido rociada con pintura de espray en la cara y otras dos personas han resultado sacudidas y golpeadas en la cara, aunque después de ser atendidas por los servicios médicos ninguna de ellas presentaba lesiones importantes.

Las tres personas agredidas han manifestado también su intención de presentar denuncia por los hechos.

Los agresores se han dispersado en grupos y han huido por los vestíbulos de la línea 4 y de la línea 5 de esta estación de Maragall, por donde han salido al exterior.

Durante la huida, un presunto integrante de este grupo ha sido retenido por miembros de seguridad del metro y ha sido puesto a disposición de los Mossos d’Esquadra.

El detenido llevaba material para pintar el tren y una cámara tipo “Go-pro” para grabar la acción vandálica.

Debido a este incidente, el servicio de metro de la L-4 se ha visto interrumpido durante algunos minutos y el tren ha resultado pintado con grafitis por los dos lados, por lo que se ha tenido que retirar del servicio.

TMB considera que este tipo de vandalismo grafitero es hoy el principal problema en el ámbito de la seguridad para los operadores ferroviarios en España.

La compañía y otras empresas integradas en el Observatorio del Civismo del Transporte Ferroviario han advertido en varias ocasiones que este fenómeno se está acentuando en frecuencia, en número de personas participantes y, sobre todo, en agresividad y violencia.

Los operadores han realizado gestiones ante las fuerzas de seguridad pública y la judicatura para pedir su implicación, ya que consideran necesaria una actuación coordinada de todos los actores para hacer frente a estas prácticas delictivas.