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La semana de desencuentros entre PSOE y Unidas Podemos evidencia la fragilidad del Gobierno de coalición

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La mesa de coordinación de PSOE y Unidas Podemos se reunirá el próximo jueves, día 12, tras las tensiones de los últimos días. Esta reunión será la segunda que se convoca desde la formación el pasado mes de enero del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, tras la celebrada el 19 de febrero en el Congreso de los Diputados. La mesa de coordinación se creó en el marco del “Protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo del gobierno progresista de coalición”, firmado por ambos partidos un día después de la investidura del presidente socialista, Pedro Sánchez, con el objetivo de coordinar la acción del Ejecutivo y la parlamentaria.

Desde la conformación del Gobierno de coalición el pasado 8 de enero, PSOE y Unidas Podemos han protagonizado distintas situaciones de fricción que han generado mucha tensión entre ambas formaciones, y que ponen sobre la palestra la dudosa conveniencia del acuerdo. Entre ellas, las llamadas ‘devoluciones en caliente’, la Ley de Libertad Sexual, el Caso Couso, o la gestión del coronavirus. Asimismo, las presuntas irregularidades financieras del Rey emérito Juan Carlos I también se prevé que van a traer dolores de cabeza a Sánchez próximamente.

‘Devoluciones en caliente’

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, evidenció el jueves pasado las discrepancias en el Gobierno de PSOE y Podemos en política migratoria al insistir en que las devoluciones en caliente no son una “práctica” compatible con los derechos humanos. Una posición que Asens, líder de En Comú Podem, expresó en los pasillos del Congreso un día después de que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, asegurara que el Ministerio del Interior continuará con los “rechazos en frontera” por ser una acción legal, tal y como avaló hace poco la Justicia europea.

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Ley de Libertad Sexual

La polémica se produjo el pasado martes y se debía a que la mencionada ley promovida por el Ministerio de Igualdad (que encabeza Irene Montero, Unidas Podemos) tenía estipulada una norma integral que suponía la reforma del Código Penal. En concreto incluía, ya en su borrador, eliminar el término abuso o incluir como agravantes las agresiones en pareja o el uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima. El problema, para el PSOE, radicaba en que se solapaba con el proyecto de la reforma del Código Penal que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encargó al ministro de Justicia, Juan Carlos Crespo (PSOE). Esto generó un distanciamento entre ambas formaciones, pero tras horas de tensión, el propio Gobierno trató de zanjar al polémica publicando en redes sociales: “La ley de libertad sexual tiene un consenso total en el Gobierno de coalición. Es un proyecto legislativo ilusionante”. Recordemos que antes de esto, Pablo Iglesias había llegado a afirmar que la oposición a la aprobación del proyecto planteado por Montero se debía a que había “mucho machista encubierto”.

‘Caso Couso’

Unidas Podemos mostró este miércoles su disconformidad con la decisión de la Abogacía del Estado de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a la familia del cámara de Telecinco José Couso, muerto por un disparo estadounidense en Irak en la guerra de 2003. El Ejecutivo de coalición que lidera el socialista Pedro Sánchez había decidido antes recurrir la mencionada sentencia porque entiendía que la decisión judicial extiendía el derecho de protección consular de tal manera que sería “inasumible para el Estado”. Así se lo explicó la propia ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya a la familia Couso, con la que se reunió la semana pasada para explicarle esta decisión.

Gestión del coronavirus

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El Gobierno ha aclarado este jueves que todas las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a adoptar para afrontar la enfermedad las emite el Ministerio de Sanidad, después de la polémica suscitada por una guía difundida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por la podemita Yolanda Díaz. A este respecto, Moncloa ha sido tajante y anunció que no iba a seguir las directrices. Mientras tanto, la propia Díaz decía públicamente que no va a retirar la guía para empresas y trabajadores con las recomendaciones por el coronavirus.

Juan Carlos I

Además, Podemos abrió ayer otro frente con el PSOE al anunciar que promoverá una comisión de investigación en el Congreso sobre las “presuntas actividades corruptas” del rey Juan Carlos, pesquisas parlamentarias que fuentes socialistas ya han avanzado que no apoyarán. Pese a que no tiene visos de prosperar, la propuesta de Unidas Podemos, que ya han solicitado formalmente ERC, Más País y Compromís, ha supuesto una nueva discrepancia con su socio de Gobierno en una semana en que, como se ha explicado, se han visibilizado desencuentros a cuenta de la ley de libertad sexual, el “caso Couso” o el papel del Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, en el coronavirus.

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“Alvise” Pérez lo vuelve a hacer: el analista destapa un nuevo caso de corrupción en el PSOE

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En las soleadas y acomodadas calles de Sotogrande, el chiringuito Gigi’s Beach era más que un mero refugio costero; se convirtió en ejemplo de cómo la corrupción y el poder se mezclan como el hielo y la ginebra en un vaso de highball.

Entre los clientes frecuentes que Alvise Pérez analizó en escuchas activas, se encontraba el alcalde de San Roque, Ruiz Boix, un personaje sacado directamente de una novela de intrigas políticas.

Su presencia en Gigi’s no era casualidad; su esposa, conocida por su habilidad para intimidar a los camareros hasta conseguir que la cuenta desapareciera, actuaba como la perfecta antagonista en este relato de privilegios no ganados.

Boix, en un juego de apariencias, se reunía a menudo con empresarios locales en una mesa apartada, junto a los alcaldes de La Línea y Algeciras, formando un tridente inseparable de camaradería.

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La rutina era siempre la misma: botellas que fluían libremente, visitas sospechosas al baño, y gestos descarados hacia la nariz que no hacían más que alimentar los rumores de cocaína.

El murmullo del pueblo y los audios grabados tenían nombres y detalles: Juan José Moncayo Agüera, amigo del alcalde y dueño de dos restaurantes, y Carlos Molina Muñoz, un teniente de la Guardia Civil cuya carrera se vio manchada por acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

Se decía que este trío no solo compartía botellas sino que también estaba inmerso en el lavado de dinero procedente del narcotráfico. El ascenso meteórico de Moncayo, de simple barman a magnate de la restauración, fue visto no como un cuento de hadas, sino como una fábula de corrupción.

Coches de lujo, remodelaciones costosas y escapadas europeas.

Todo era impunidad hasta que Alvise Pérez, en lo que muchos critican como “extorsión” y “amenazas inmorales”, logró hace días que uno de ellos proporcionara la información adecuada.

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Ahora, mientras las olas rompen suavemente en la costa, esta Comunidad espera pacientemente, sabiendo que la marea de la justicia, aunque lenta, eventualmente llega a la orilla. 🐿️

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