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Economía

Lo que viene: más gasto público y más impuestos

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El preacuerdo de 10 puntos que han firmado Sánchez e Iglesias contiene pocas referencias económicas y de trazo grueso. Se habla de consolidar el crecimiento y la creación de empleo, de fortalecer las pequeñas y medianas empresas o a los autónomos, de justicia fiscal y equilibrio presupuestario en un claro guiño a Bruselas. No se entra al detalle aunque con esa “reforma fiscal justa y progresiva” a la que se alude ya nos anticipa la subida de impuestos que viene para financiar el aumento del gasto público que se presume. Para saber a qué nos enfrentamos lo mejor es acercarse al acuerdo presupuestario, de 50 páginas, que firmaron hace 13 meses PSOE y Unidas Podemos para las cuentas fallidas del 2019 o a los programas electorales con los que se han presentado las dos formaciones a los últimos comicios. Ahí la filosofía queda clara.

Los impuestos que vienen….

El documento firmado por PSOE y Unidas Podemos en octubre de 2018 acordaba subir dos puntos el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos contribuyentes que superen los 130.000 euros anuales y cuatro para los que ganen más de 300.000, lo que supone crear de facto dos nuevos tramos. También se recuperaba el de Patrimonio para las grandes rentas. Sería de un 1% a las fortunas de más de 10 millones de euros. El impuesto de Sociedades tendría un tipo mínimo de un 15%. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, se estaría viendo la posibilidad de rebajar del 25% al 23% el tipo nominal a las pymes que facturen hasta un millón de euros.

El acuerdo recogía además la creación de una tasa Google para gravar a los gigantes de internet y otra a las transacciones financieras, del 0,2%. En principio el impuesto a la banca quedaba fuera. El tipo del IVA se bajaría del 10% al 4% para productos de higiene femenina. También tributarían al 10% los productos vegetarianos. El documento prohibía las amnistías fiscales y rebajaba a 600.000 euros la deuda con Hacienda que hace al contribuyente figurar como moroso, entre otras medidas.

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… Para financiar el aumento del gasto público

El pacto incluía mantener el poder adquisitivo de los pensionistas “de acuerdo con el IPC. En materia de dependencia, recogía dos medidas: mejorar las cuantías mínimas, con un impacto de 515 millones (un aumento del 40% respecto a los presupuestos actuales), y recuperar las cotizaciones para las personas que cuidan a personas en situación de dependencia, con otros 315 millones.

También habrá seguramente una fuerte subida del salario mínimo. Después de llevarlo a los 900 euros al mes este año, PSOE y Unidas Podemos, se han mostrado a favor de elevarlo a los 1.200 euros en esta legislatura. La diferencia es que los socialistas se dan de plazo cuatro años mientras los de Iglesias abogan por hacer un incremento a 1.000 euros ya en 2020.

Cambios en la reforma laboral y en el mercado del alquiler

Con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno corre más riesgo que nunca la reforma laboral del PP y quizá también la última del PSOE, como han exigido los sindicatos. Habrá que ver qué opina la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, (¿será ahora vicepresidenta como prometió Sánchez?) que también se ha opuesto a otra de las demandas de Iglesias, la intervención en los precios del alquiler para evitar que se sigan disparando en ciudades como Madrid y Barcelona.

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Empresarios y expertos, preocupados

La propuesta de los empresarios de apostar por una gran coalición PSOE-PP para dar estabilidad a España apenas ha durado 24 horas. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, no quiso valorar ayer un posible Gobierno entre Sánchez e Iglesias pero sí dejó claro que harán saber su oposición si las medidas que toma “son demagógicas, ideológicas, de poco futuro económico”.

Expertos como Santiago Carbó, profesor en Cunef y director de estudios financieros de Funcas, también alertaban en COPE del riesgo de un Gobierno entre PSOE y Podemos porque las medidas que baraja podrían “no ser favorables” para la buena marcha de la economía.

La sensación en el mundo económico es que el futuro Ejecutivo puede acelerar el frenazo del crecimiento. Augura una legislatura “frágil y corta”.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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