El Defensor del Pueblo ha puesto en jaque a Salvador Illa. Según un escrito al que ha tenido acceso Moncloa, “el comité de expertos encargado de la evaluación sanitaria de las comunidades autónomas” que decidía quién podía, o no, pasar de fase, no existía.

La Comunidad de Madrid, que protestó en innumerables ocasiones por la negativa de este comité fantasma, sabe ahora que fue un castigo directo del ministro de Sanidad, orquestado por el Gobierno.

Cuando Pedro Sánchez anunció el plan de desescalada que culminaría con el fin del Estado de Alarma, comunidades como Madrid o Barcelona supieron desde el primer momento que dada su población y concurrencia tendrían complicado seguir el ritmo de otros destinos. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso insistió una y otra vez en que la Comunidad de Madrid cumplía con los requisitos que se habían marcado. Fue entonces cuando un comité de expertos, supuestamente, evaluó que la atención primaria no era la adecuada y dejó a Madrid atrincherada en las primeras fases.

Desde entonces, la Comunidad de Madrid se enzarzó en una ‘guerra’ con el Gobierno central, que ya había comenzado con la negativa del PP a prorrogar el Estado de Alarma. La excusa para darle el ‘no’ a Díaz Ayuso siempre fue la decisión que había tomado el comité de expertos. Sin embargo, ahora se ha sabido que no existe tal grupo.

Varios diputados del Partido Popular solicitaron al Defensor del Pueblo que se investigara “la actuación del Gobierno como autoridad competente a los efectos del estado de alarma declarado y, en concreto, del ministro de Sanidad en su condición de autoridad competente delegada, por vulnerar el derecho de participación política al negar información a los diputados y senadores del PP y, asimismo por negarse a hacer pública e informar sobre la composición del Comité científico que decide en relación con el acceso de todo el territorio nacional a las distintas fases del denominado Plan para la transición hacia una nueva normalidad”.

Esta queja llevada a cabo por varios miembros del PP ha surtido efecto, porque el Defensor del Pueblo, en un escrito, recoge que “a directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación ha señalado que “no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento”. Unas palabras contundentes que dejan en una situación complicada al ministro Salvador Illa, que en todo momento se excusó en la decisión de esos expertos.

Precisamente “la responsabilidad de la toma de decisiones en esta materia” corresponde al ministro de Sanidad tras su valoración con las distintas comunidades autónomas. Tuviera razón o no Isabel Díaz Ayuso, la negativa de entonces al pase de fases en la Comunidad de Madrid careció de total sentido ante la inexistencia del comité de expertos.