El «gesto» más explícito del Gobierno hacia los independentistas ha consistido en arruinar el prestigio de la Abogacía del Estado obligando a que acuse por un delito de sedición a los principales responsables del proceso separatista en Cataluña. Durante todo el proceso penal, el reconocido servicio jurídico del Estado había apoyado en todo momento los planteamientos tanto del juez Llarena como de la Fiscalía General, lo que hace extravagante e inexplicable técnicamente este giro de última hora. La causa es puramente política. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha impuesto su criterio y con la firma de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, dará el lamentable espectáculo de contradecir la probable acusación de la Fiscalía por rebelión. Las instituciones llamadas a representar los intereses públicos -los de la Administración General del Estado y los de la sociedad- van a concurrir con planteamientos divergentes al proceso penal más trascendente de la historia democrática. Lo más intolerable de esa disparidad de criterios es que no responde a un análisis jurídico, sino a la necesidad partidista del Gobierno de Pedro Sánchez de demostrar servilmente a los separatistas que está haciendo lo que puede para socavar la unidad de actuación de las instituciones estatales responsables de defender el interés público.

Aunque las penas pedidas por la Abogacía del Estado siguen siendo altas, porque al delito de sedición se suma el de malversación, lo que importa es el «gesto» de no acompañar a la Fiscalía en su firme actuación acusatoria e introducir en el juicio una acusación bajista, que aún puede ser reducida más cuando finalice la prueba. Nada impedirá entonces otro «gesto» del Gobierno -o de su «abogacía privada», antes llamada del Estado- que rebaje la sedición a desórdenes públicos o simple desobediencia y se olvide de la malversación. Y, además, siempre será más fácil indultar (como ya ha sugerido que se haga la delegada del Gobierno en Cataluña) por sedición que por rebelión. Este Gobierno está dispuesto a pagar el precio que sea para retener el poder, llevando su indigna complicidad con el separatismo a límites cercanos a la prevaricación.

La oposición debe exigir la comparecencia inmediata de la ministra de Justicia para que explique públicamente qué instrucciones ha impartido a la Abogacía del Estado y qué purga ha llevado a cabo dentro de esta institución para imponer su criterio en el escrito de acusación. El Gobierno vuelve a dar la medida de su falta de escrúpulos en la gestión de los intereses nacionales y en el respeto a los principios del Estado de Derecho. Con Pedro Sánchez, el Estado está secuestrado por el relativismo ético, el oportunismo político y la ruina legal.