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Allá van leyes do quieren reyes: la seguridad jurídica

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Para echarse a temblar: ése es en efecto el camino del absolutismo y de la arbitrariedad. Lo que nos proporciona seguridad jurídica es que haya leyes seguras, que no dependan del capricho de los que mandan: sean reyes, Papas o pueblos (es decir democracias), que la democracia, por la fuerza de los números nos puede asegurar algunas cosas: pero no la equidad, la sensatez, la verdad, la bondad… la democracia no es garantía ni de equidad, ni de sensatez, ni de bondad. Hitler se hizo con el poder de la manera más democrática; por consiguiente todo su régimen fue un infausto parto de la democracia. Como tampoco nos puede asegurar nada de eso, el hecho de que sea el papa o el mejor de los reyes quien decida torcer las leyes a su voluntad.

Pero bueno, si hasta Dios, que es por sí mismo la Bondad, la Santidad, la Equidad, la Justicia, ha preferido darnos leyes para no obligarnos a depender sólo de su libre arbitrio por más dotado que esté de Sabiduría infinita, de Santidad, de Bondad y de Justicia; si hasta el mismo Dios nos dio sus Diez Mandamientos, la ley más inamovible de todas las que han existido en la historia del hombre, porque el hombre necesita tener la seguridad de que se está comportando conforme a la voluntad de Dios y por tanto, conforme a la bondad, a la verdad y a la equidad, ¿qué tendremos que decir de las leyes de los hombres? La ley está para dar seguridad, para blindarnos contra caprichos y veleidades del poder… incluso si fuese el caso, para defendernos de los posibles caprichos y veleidades de Dios. No es el caso del Dios de Jesucristo, ciertamente. Pero sí el de Alá que, por decirse omnipotente, puede hacerlo todo ¡hasta el mal! ¿Qué decir por tanto de la seguridad jurídica que están obligados a darles todos los gobernadores a sus gobernados?

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Pero he aquí que la sacralización de la democracia nos ha llevado a concederle a ésta, privilegios de los que sólo gozaron los tiranos. El poder, por ser poder (sea del mónos, sea de los oligoi, sea de los aristoi, sea del demos, sea de la plebe plebiscitaria, sea del déspota), es insaciable, y por eso tiende a ser totalitario y despótico. No tenemos más que ver cómo crece el poder en nuestra sociedad, y cómo se esmera en asumir a toda costa la responsabilidad de nuestra manutención (se ha reservado las áreas de la salud y la educación en la inmensa mayoría de dominios): y no para de crecer ese afán, que sólo es sostenible con el crecimiento en paralelo de los impuestos, es decir de la esclavización a tiempo parcial.

Pero fíjense que, en Europa, el poder político mantiene hasta a la Iglesia: a costa de los impuestos, claro, es decir a costa de cotas cada vez más altas de esclavización. Es que, ¡mira por dónde!, sus ansias de mantenimiento no tienen límite. Es su peculiar sentido de la bondad: y como no podía ser de otro modo, la principal ley anual, es la de la manutención con los respectivos impuestos: es la del reparto de cuotas de esclavización y manutención. Eso es así porque el modus vivendi del Estado, sea cual sea su forma política, es nuestra manutención.

Una vez establecido que lo óptimo es que cada vez gasten más en nuestra manutención, lo obvio es que cada vez sea mayor el peso de los impuestos. Admitamos pues que, por oneroso que sea, cualquier sistema de poder, del despótico al democrático, tiene todo el derecho a “legislar” sobre capítulos de manutención (cada vez más, entre ellos también la seguridad) y capítulos de impuestos (también al alza). Evidente, porque es así como funciona todo sistema de poder: mediante imposición, es decir mediante impuestos.

Pero lo que está fuera de todo orden y de toda sensatez es que las ansias de dominación de nuestros políticos les hayan llevado a legislar sobre las leyes físicas y biológicas, sobre historia y religión, sobre moral y prosodia. Sobre cualquier cosa: como si el poder otorgase conocimiento. Allá van leyes do quieren reyes, en un ejercicio de fatua ostentación de poder de los que mandan, y de servil adulación de los que obedecen. Comprensible en los que obedecen a sueldo; pero alucinante en los que les regalan su adhesión y asentimiento a esos adictos del poder.

Un Estado de Derecho (e incluso los que no merecen esa digna calificación) se sostiene sobre un entramado de leyes estables (conditio sine que non para merecer la calificación de leyes), a las que están sujetos todos los miembros de la Nación, ya sean soberanos, ya sean vasallos. Porque si el soberano, llámese como se llame, no respeta las leyes o prescinde de ellas a su conveniencia, coloca a su Estado en una situación lastimosa tanto para él mismo como para sus súbditos.

Y lo que vale para un Estado, vale para cualquier institución, llámese asociación, club, empresa o iglesia.

El grado de cumplimiento de las leyes que cada institución se ha dado, es el termómetro de su nivel de salud. Un Estado o una institución en que allá van leyes do quieren reyes, es una institución muy enferma. Y a menudo se trata de enfermedades que anuncian la muerte. Por eso es vital que haya en ellas personas y equipos (especie de organismos de defensa) cuya función sea vigilar que nadie pueda irrogarse ningún género de soberanía sobre las leyes. Las leyes son sagradas: y no están hechas para defender a las personas concretas, por alto que sea su rango (lo cual sería una forma de privilegio, es decir de ley privada), sino para defender a la institución, que es patrimonio de todas las personas que la forman; no de sus dirigentes.

Uno de los elementos a los que debe su prolongadísima perduración en el tiempo una institución bimilenaria como la Iglesia, son sus normas de funcionamiento interno, que en este caso se llama Derecho Canónico. Constituye por tanto un grave atentado contra la integridad de la Iglesia todo desgaste y laminación de ese Derecho, trasvasando a la arbitrariedad de la jerarquía de turno, lo que era derecho de la institución, y por tanto de todos sus miembros por igual, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos: sin que los haya que tengan el privilegio (ley privada de ellos solos) de dejar las leyes en suspenso cuando así lo consideren o les convenga. Y si esas transgresiones se permiten con las leyes de menor rango, en las que se defiende la igualdad de derechos y deberes de todos sus miembros, tarde o temprano alcanzan a los revestidos del máximo poder. Eso, exactamente eso fue lo que ocurrió repetidamente en el gran Cisma de Occidente: los que tiraban de los hilos del poder, tanto dignatarios de la Iglesia como príncipes de este mundo, se saltaron las barreras de la ley de la Iglesia, del Derecho Canónico, cada vez que la transgresión les favorecía. Convirtiendo así el Derecho en algo que pone límites sólo a quien no tiene la fuerza o la audacia necesarias para saltárselos.

En efecto, en la Iglesia, el tema de la elección (y el pretendido derecho de deposición) del papa, ha sido quizá la más decisiva piedra de toque de la supremacía de la legalidad instituida, sobre cualquier interés (por legítimo que fuese) que chocase con ella. Y ahí fue donde se produjo la gran mascarada. ¿Qué tenemos pues? Un papa pusilánime que cede al capricho del rey de Francia de que la sede del Obispo de Roma esté en Aviñón. Y que se pliega a la voluntad del rey para conformar un colegio cardenalicio a su medida: a la del rey. Unos habitantes de Roma que al ver que la ciudad se ha arruinado por la ausencia del papa, montan un violento motín para exigir-bajo amenaza de muerte- a los cardenales reunidos en cónclave la elección de un papa romano o al menos italiano, decían. Tras la desastrosa elección, todos los cardenales la declaran nula y eligen un nuevo papa que acabará de nuevo confinado en Aviñón. Un concilio en Pisa que declara ilegítimos a los dos papas -al romano y al aviñonés- y elige un tercero. Otro concilio, el de Constanza, convocado por el príncipe Segismundo de Moravia, luego emperador del Sacro Imperio Germánico (ojo, que no es un miembro de la jerarquía eclesiástica) y avalado luego por un tal papa Juan XXIII -el de Pisa- en el que, saltándose todos los protocolos y leyes de los concilios, se pone fin al enredo.

Y es ahí donde aparece nuestro Benedicto XIII, el aragonés Pedro de Luna, como voz que clama en el desierto (en el largo cautiverio de Aviñón y en el exilio de Peñíscola), defendiendo el principio de legalidad canónica como el principal bien de la Iglesia a proteger en ese momento.

Y es que en ese momento los príncipes del mundo se conformaban con poner y quitar papas y llevarlos de aquí para allá. Hoy no les basta: poner y quitar papas, también. Les sobraba Benedicto XVI y no pararon de acosarle con campañas de desprestigio en el exterior e insidias en el interior.

Ahora, sin embargo, pretenden cambiar la doctrina y hasta la teología de la Iglesia. Y en ello andan algunos empleados bien a fondo. Sólo así podrían -no podrán- convertir a la Iglesia en una inofensiva ONG, dedicada exclusivamente a atender a la marginación social que generan las corruptelas de un sistema podrido que, obsequioso, otorgaría la subvención. Menos mal que el poder de la muerte no la podrá destruir… (cf. Mateo 16,18) a pesar de todo lo que la maltratamos. ¡Dios sea bendito!

 


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Formas de vivir sin trabajar; hoy, el funcionariado. En España abundan los “funcionarios por okupación”

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Hoy en día tenemos más empleados públicos por ocupación que por oposición.

Cuando explico a mis alumnos el tema del empleo público, les digo que hay dos clases de funcionarios: por oposición y por ocupación. Me miran con sorpresa, pensando que estoy como una cabra, hasta que les explico la realidad, y es que no me gusta ocultar la verdad a nadie. Y entonces me dan la razón, sobre todo si son personas adultas y conocen, también, como funciona la sociedad española.

Hoy en día tenemos más empleados públicos por ocupación que por oposición. Y hablo de empleados, no de trabajadores, pues muchos de ellos no pegan palo al agua, pues realmente no tienen nada que hacer, ya que están allí simplemente como enchufados del partido político correspondiente, liberados para poder dedicarse a la actividad política, con la tranquilidad que da tener un salario fijo mensual con el que poder vivir dignamente.

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Se han inventado múltiples sistemas para crear estas plazas de “comisarios políticos”, desde asesores hasta personal eventual, de confianza, etc. Y, por supuesto, puestos funcionariales de un determinado nivel en los que se puede nombrar a personas ajenas a la administración correspondiente, desde numerosas direcciones generales hasta vice consejerías, asesores técnicos —aunque no sepan hacer una o con un canuto—, etc. La cuestión es colocar a los amigos y correligionarios, por cuenta del erario público. La administración como botín del partido ganador.

Independientemente de lo anterior, muchas veces hace falta personal para cubrir interinidades, sustituciones, contrataciones temporales, que no requieren la creación de una plaza fija, dado su carácter transitorio, etc. En estos casos se acude a las bolsas de personal contratado, constituidas al efecto, y en donde deberían primar los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Principios constitucionales que son los más violados de nuestro ordenamiento jurídico, pues la mayoría de esas bolsas, por no decir todas, funcionan con escasa transparencia, los llamamientos a trabajar se producen con muy poca publicidad, etc. Y los criterios para su funcionamiento suelen primar la antigüedad en el servicio, con lo cual las personas que llevan más tiempo en la bolsa correspondiente, acaban convirtiéndose en una suerte de FUNCIONARIOS POR OCUPACIÓN, pues no hay forma de echarles o desplazarles, en demérito de las nuevas incorporaciones, muchas veces con mayor capacidad y mérito que ellos.

Esta situación ha sido obviada y corregida por alguna bolsa, como la de Correos, donde la persona de la bolsa que se incorpora al trabajo pasa luego a ocupar el último lugar de la misma, lo que da lugar a que todos tengan la posibilidad de trabajar, y el organismo correspondiente disponga de más personal capaz de hacer una sustitución.

En Aragón el Servicio Aragonés de Salud aprobó y publicó la Resolución de 26 de febrero de 2014 (BOA del 10 de marzo), por la que da instrucciones en materia de ceses cuando haya varios nombramientos eventuales y existan plazas sin cubrir, y dispone que cesen primero los que más antigüedad tengan…, lo que no me parece un criterio desacertado, y ello por varios motivos:

1. Para evitar la existencia de funcionarios por ocupación (realmente okupación), que impidan o dificulten el acceso a empleos públicos de nuevos candidatos, con más méritos y capacidad que ellos, a excepción de la antigüedad.
2. Porque son las personas que más prestación contributiva por desempleo podrán cobrar cuando cesen, debido a que tienen más tiempo cotizado, y ello les permitirá seguir viviendo hasta que consigan otro empleo.
3. Es una forma de distribuir equitativamente en la sociedad el escaso trabajo público existente, teniendo en cuenta que el acceso a los empleos públicos es un derecho para todos los españoles, ya que son los únicos trabajos a los que podemos acceder en igualdad de condiciones, puesto que las empresas privadas contratan a quien quiere, sin que haya libre concurrencia ni nada por el estilo.

Obviamente los sindicatos médicos, paramédicos y asimilados, han puesto el grito en el cielo, pues para ellos el criterio lógico hubiera sido cesar primero a los más modernos, de forma que los funcionarios por okupación pudieran seguir trabajando hasta que se extinguieran, como los dinosaurios, bien por muerte natural, jubilación o cataclismo universal.

Como pueden ver, nada tengo contra el Gobierno de Aragón, y les felicito por esta iniciativa, que espero se extienda cuanto antes a la totalidad de las bolsas existentes en España, como forma de revitalizar y rejuvenecer el servicio público, con las personas más capaces y meritorias, tal y como proclama nuestra Constitución.


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“Las ramas no dejan ver el bosque”, por el General de División y Presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro

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Las ramas no dejan ver el bosque. Reina un ambiente de optimismo general en el ambiente político como consecuencia de la indubitable victoria electoral de la Sra Ayuso en las recientes elecciones en Madrid . Si bien es cierto que esto ha dado un halo de esperanza a la posibilidad del fin de la hegemonía social comunista en España no es menos cierto que la fractura territorial presente es muy grave. Vean si no lo que sucede en Cataluña, Navarra, Baleares, en las otrora denominadas provincias vascongadas e incluso ya casi hasta en Galicia.  Todo esto me lleva hoy a una reflexión siquiera sea parcial y retrospectiva sobre cuánto ha acaecido en España en esos últimos 40 años.

Dicen que la cultura es lo que a uno le queda después de haberse olvidado de cuánto ha estudiado, y aprendido antes, y es conforme a este sentido con el que emprendo la tarea de escribir estas líneas; es decir, escribo sin ahondar en datos sino en percepciones personales.

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Tomo como punto de partida el año 1975, año de la muerte del Generalísimo Franco y comienzo del fin del régimen político que su persona mantenía. Por aquel entonces yo era un joven teniente recién egresado de la Escuela Naval Militar y hoy, un veterano soldado, a la sazón General retirado. Mucho han cambiado las cosas desde entonces y la sociedad ha evolucionado a una velocidad de vértigo, especialmente en los últimos años, como consecuencia, sobre todo, de la influencia de los avances en la tecnología y desde luego de la mejora de la calidad de vida.

En 1975 todavía se sentían los efectos de la pasada guerra civil pues, guste o no reconocerlo, el régimen político imperante derivaba del construido por los vencedores en aquella contienda y si bien gran parte de la sociedad española se sentía cómoda con ese sistema político, como consecuencia del estado de bienestar social alcanzado, no es menos cierto que existía un anhelo de identificación con los postulados de los países denominados democracias occidentales, y a los que España estaba abocada a unir su destino so pena de quedarse aislada del concierto internacional. Esto es tan obvio que no necesita mayor explicación. De ahí que no puedo objetar que resultara imprescindible cuantas medidas se tomaron en lo que se denominó la transición política y que culminaron con la Constitución española, aún vigente. Una Constitución que siendo de consenso, o precisamente por ello, aún perdura y que hoy algunos pretenden reformar rompiendo la entente cordial que entonces se estableció, lo que entraña el riesgo de despertar de nuevo a las dos Españas enfrentadas durante siglos. Y es que por desgracia vuelven a aparecer los mismos fantasmas decimonónicos: un sistema democrático viciado, y abocado a una partitocracia, en la que los intereses particulares de los partidos ( y sobretodo los de aquellos que los sostienen económicamente ) se anteponen a los superiores de la nación y de otra parte – formando parte de lo mismo – la ruptura creciente de la integración nacional como consecuencia de la creación de lo que se denomina el Estado de las Autonomías , una situación ridícula, cuando no esperpéntica, si nos atenemos a lo que vemos todos los días y que supone un despilfarro económico sin precedentes como si fuéramos un país rico. Ahora estamos cerca de nuevo de la situación cantonal de finales del XIX o a la más lejana, pero también similar, de los reinos de taifas de la España musulmana. Basta con ver el caos presente en relación con las gestiones de la pandemia y no digamos con la derivada de la finalización del Estado de Alarma.

Pero volvamos a 1975, año en el que se produjo la retirada española del Sahara. Una retirada que supuso una indignidad nacional por la forma en que se produjo. Una situación propiciada por políticos mediocres quienes por tomar posiciones ante lo que se avecinaba no dudaron en poner en entredicho el honor de España (esto les traía sin cuidado) y el de su ejército. No tengo la menor duda de que el Sáhara, otrora español, habría alcanzado su independencia con el tiempo y que hubiera llegado a ser un Estado próspero estrechamente ligado a España con beneficios para ambos, pero la ambición de Marruecos así como la traición de algunos líderes saharauis lo impidió. Todos sabemos cómo acabó aquello. Si alguien, entonces, hubiera tomado las riendas del poder con energía, las amenazas del Sultán marroquí hubieran quedado en agua de borrajas pues nuestras FAS, llegado el caso, hubieran puesto en su sitio al Moro, incluso sin necesidad de guerra, pero de haberla habido también se le habría derrotado estrepitosamente. Lo malo que sucedió entonces es que la única persona con fuerza, honor y energía para liderar aquella contienda estaba al borde de la muerte. El Moro jamás se habría enfrentado a Franco. Y sin su liderazgo abandonamos el Sahara de forma ignominiosa.

Y entonces vinieron años duros por el golpe continuo de atentados terroristas de ETA contra todo, y contra todos, buscando no sólo debilitar al Estado sino ,y sobretodo, destruir España. Hoy casi nos hemos olvidado de aquellos aciagos días cuando, por ejemplo, recuerdo salir de mi casa acompañando a mi padre, arma en mano, mirando para todas partes por lo que pudiera venir ( en la casa de mis padres ETA ya había asesinado a dos Ttes.Coroneles). Y, ¿cuántos conocidos nos quitaron esos asesinos criminales? No es de extrañar que más tarde o más temprano surgieran hechos como los del 23 de febrero de 1981, sucesos en los que no voy a entrar entre otras razones para no divagar, pues este acontecimiento se une, en mi opinión, a los del 11 M o al del asesinato del Almte. Carrero Blanco, años antes, en el sentido de que es curioso que los tres sucedidos más significativos del último medio siglo en España sigan sin tener explicaciones convincentes. Siguen los tres envueltos en un gran misterio pues, digan lo que digan, y se haya dictaminado lo que se quiera, yo sigo sin estar convencido de quienes fueron los autores “intelectuales” en cualquiera de los tres casos.

El 23F supuso un antes y un después para las FAS que desde entonces han estado sometidas, ley tras ley, a una minoración de su representación institucional con la clara intención de desviarlas de su misión fundamental, como tal prefigura la propia Constitución española en su Tratado Preliminar. La influencia política en el seno de las FAS puede tener significado a la hora de la elección de sus mandos superiores, es decir de sus Generales, pero es que, hoy, la selección o elección de sus mandos comienza incluso en los tempranos empleos de Comandante con la consiguiente ruptura e incidencia en el compañerismo y en la propia disciplina. Largo sería extenderme en explicaciones al respecto pero si alguien quiere de verdad saber o conocer qué es lo que ha pasado en nuestras FAS en los últimos 35 años le aconsejo la lectura del libro del que fuera Ministro de Defensa, Narcis Serra, ” la transición militar”. Allí encontrará la claves del devenir de como, y tal como decía antes, ley tras ley, se han transformado los ejércitos en lo que son hoy. Unos ejércitos ya cuasi ocupacionales, tal que si fueran bomberos o  policías municipales, lejos de su responsabilidad institucional, la de la defensa de los valores permanentes de la Patria que es la misión que le encomienda el Art. 8 de la Constitución. ¿O no?

La prudencia es virtud del gobernante pero la inoperancia no lo es, y, hoy, cuando vemos cuanto sucede en Cataluña a uno le entran temores fundados de que lo peor puede estar por venir si no se ponen los medios para impedir tanto desatino. Y, lo siento, las FAS no pueden permanecer ajenas al peligro de desmembramiento de nuestra Patria. Y no pueden estarlo simplemente porque se lo ordena la Constitución por la que se rigen. Por eso, y  como dijera Clausewitz, “la guerra es la continuación de la Política, y por tanto, es el Ejército el que mantiene la política cuando fallan los medios pacíficos”, es decir, al Ejército corresponde la guardia de aquellas constantes históricas de un país, al servicio de las cuales se halla la gestión política. Es esto lo que con distintas palabras proclama nuestra actual Constitución en su articulo 8. Pienso honradamente que en la actualidad las FAS cumplen escrupulosamente con su mandato constitucional y están en el sitio que les corresponde lo que no obsta para que aquellos que tienen como objetivo romper la unidad de nuestra Patria sean conscientes de que nunca lo conseguirán.

Sí, sé que estamos en el año 2021 y que hoy las circunstancias no son las mismas que las de los años 30 del siglo pasado, por la sencilla razón de que la sociedad ha evolucionado mucho, pero los valores que conformaron nuestra Patria siguen vigentes.

Por eso, pese a la distancia en el tiempo, y a que hay que ubicarlas en su contexto histórico,  cobran valor las palabras que en su día pronunció José Antonio Primo de Rivera:

el Ejército es, ante todo, la salvaguardia de lo permanente; pero no debe mezclarse en luchas accidentales. Pero cuando es lo permanente lo que peligra,  cuando está en juego la misma permanencia de la patria (que puede, por ejemplo, si las cosas van de cierto modo, incluso perder su unidad), el Ejército no tiene más remedio que deliberar y elegir. Si se abstiene, por una interpretación puramente externa de su deber, se expone a encontrarse de la noche a la mañana sin nada a que servir. En presencia de los hundimientos sucesivos, el Ejército no puede servir a lo permanente más que de una manera: recobrándolo con sus propias manos“. Y en otro lugar añadía: “¿Habrá todavía entre nosotros quien proclame la indiferencia de los militares por la política? Esto pudo y debió decirse cuando la política se desarrollaba entre partidos. No era la espada militar la llamada a decidir sus pugnas, por otra parte, hasta mediocres. Pero hoy está en litigio la existencia misma de España como entidad y como unidad. Cuando lo permanente peligra, ya no tenéis derecho a ser neutrales. El que España siga siendo depende de vosotros. El enemigo, cada día, gana unos cuantos pasos. Cuidad de que al llegar el momento inaplazable no estéis paralizados por la insidiosa red que alrededor se os teje”.

Y es que uno tiene la impresión, por todo cuanto ve y oye, que la insidiosa red, a la que se refería José Antonio, sigue tejiéndose ante la pasividad pasmosa de tantos. Cuando el Estado pierde el sentido de su misión,  cuando deja de creer en la filosofía política que le dio nacimiento y fuerza, empieza a adquirir un complejo de inferioridad, inicia una etapa de disimulo, utiliza un idioma contradictorio y débil, abdicante y enfermizo, deja que las fuerzas secesionistas  se envalentonen y avancen, pululen y brujuleen.

 Ya he dicho que cuanto escribo no es sino una reflexión personal y evidentemente subjetiva o parcial. Reconozco que a muchos todo cuanto digo le pueden parecer ideas trasnochadas y fuera de tiempo o época; y es que vivimos tiempos en los que el relativismo moral se ha adueñado de todo y donde los valores permanentes que han constituido referencia moral para muchos hombres y mujeres de mi generación se encuentran en clara crisis. A pesar de todo, mantengo un optimismo creciente  cuando veo a muchos de nuestros  jóvenes, y entre ellos  a los que mandan nuestras unidades militares, manteniendo enhiesta la Bandera con la misma dedicación y desvelo que sus mayores y es que, pese a tanta medida conducente a que esto no fuera así, va a ser cierto que puede más el ejemplo de padres y abuelos.

Han pasado ya 45 años de la muerte de quien fuera Jefe del Estado y Generalísimo de los ejércitos, Francisco Franco, y, hoy, vilipendiada su figura por grandes sectores sociales, incluso por aquellas personas , instituciones o grupos que le debían su supervivencia, con una actitud cobarde y vil, cobran relieve sus palabras respecto a las FAS cuando dijo aquello de que ” la máquina se deshace pero la obra queda “.

 

Ingresó en la Escuela Naval Militar en 1969.

Ha participado en las siguientes operaciones: Campaña del Sáhara en 1975, En Nicaragua/Honduras en 1989 y en Bosnia Herzegovina en 1999.

Es General de División de Infanteria de Marina y Diplomado de Estado Mayor del Ejercito de tierra.

Actualmente en la situación de reserva ha sido el Comandante General de la Infantería de Marina entre el 2006 y el 2011 y fue Ayudante de Campo de SM el Rey durante 4 años.

En la actualidad es Presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco.


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El juez Calatayud estalla contra Pedro Sánchez: «Está gobernando de manera psicópata»

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El juez Calatayud pone en su sitio a Pedro Sánchez

En declaraciones a la COPE, el prestigioso juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, no ha dudado en criticar al presidente del Gobierno de Pedro Sánchez por su «dejadez» y su estrategia con el poder judicial.

Muy enfadado, el juez Calatayud dice: «Lo que ha pasado es la dejadez del Gobierno, y segundo es que todos somos iguales ante la Ley, pero unos más iguales que otro. Y lo malo de la Justicia es que uno sabe cómo entra, pero no cómo sale. 17 tribunales superiores de Justicia, un Tribunal Supremo y un Constitucional que a ver cuando llega».

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«El Poder Judicial no es que se esté metiendo en política, es que le están obligando a resolver cuestiones que son responsabilidad de los políticos. Se han mezclado las cosas y, por dejadez o finalidad del Gobierno, se va mermando al poder judicial, sálvese quien pueda», critica. «¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? De Pedro Sánchez, lo dijo él. Vas a tener una parte que te va a defender los intereses de Sánchez y una parte que tiene la legislación básica o mínima, contradictoria entre CCAA, y van a tener que resolver unos jueces cuando no es su finalidad».

Calatayud no ha dudado en hablar de «colapso sanitario, social y también judicial». «Aquí hay una cuestión de egoísmo personal, porque aquí todo funciona a la voz de Pedro Sánchez, y el que se mueve no sale en la foto, mira lo que le ha pasado a Gabilondo. Lo está gobernando de manera psicópata, el peor Gobierno en la peor época de España, y se ha demostrado que en el estado de las autonomías, cuando viene una crisis gorda, sálvese quien pueda».


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De la esperanza de Madrid a la oscuridad de Colombia

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Los antecedentes de lo que sucede hoy en Colombia deben buscarse en las protestas de Black Lives Matter de Estados Unidos en 2020, en los disturbios de Chile en 2019, y en La guerra del gas en Bolivia en 2003.

Sin duda que el 4 de mayo del 2021 fue un día negro para la izquierda española. Primero, porque Pablo Iglesias sufrió una derrota tan grande que lo obliga a jubilarse de la política —aunque debemos ser cautos con este anuncio—. Segundo, la consolidación de Vox como fuerza política en España. Finalmente, porque la derecha ha demostrado ser mucho más inclusiva que toda la izquierda, pues dos hermosas mujeres (Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio) se han establecido como las cabezas más visibles en Madrid.

Si hacemos memoria de las piedras lanzadas en los mítines de Vox, los ataques de toda la prensa progresista contra Alicia Rubio, Santiago Avascal, Rocio Monasterio y, en general, contra cualquiera que los apoyara, podemos decir que la ciudad de Madrid resucitó.

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La razón es simple, la gente común y corriente —que por naturaleza es conservadora— se siente asqueada de ser tratada de «facha», «retrógrada», «xenófoba» e «intolerante».

Por eso, la calle —Bambú 12— en la que se encuentra la sede de Vox con Rocío Monasterio al frente, puede ser el lugar de donde salga una nueva esperanza para toda la región hispanoparlante, quizás para todo Occidente.

Tristemente, de este lado del Atlántico las cosas no van bien. Puesto que la hermosa Colombia está sufriendo los ataques terroristas de grupos que —bajo el pretexto de una reforma tributaria— intentan tumbar al presidente Iván Duque.

Porque el espectáculo de resentimiento, odio y violencia —que ya cobró varias vidas y causó la destrucción de propiedad pública y privada— no puede considerarse una protesta social bajo ningún sentido. Mucho menos equipararse con lo sucedido en Bolivia el 2019. Ya que La revolución de las Pititas tuvo como objetivo librarse de un tirano.

Los antecedentes de lo que sucede hoy en Colombia deben buscarse en las protestas de Black Lives Matter de Estados Unidos 2020, en los disturbios de Chile el 2019, y en La guerra del gas en Bolivia el 2003. También se debe considerar la amenaza de La brisa bolivariana vertida por Diosdado Cabello (número dos de la tiranía venezolana). Que en la práctica no es más que una declaración de guerra contra todos los gobiernos democráticos de la región.

Pero a diferencia de una guerra convencional, donde el objetivo es minimizar las bajas en las propias filas, los revolucionarios actuales buscan maximizar los muertos al interior de sus propias líneas.

Elemento muy extraño desde la lógica militar. Pero bastante rentable para mover la opinión pública. Ya que a diferencia del criminal de Ernesto Guevara —que consideraba que un revolucionario debe ser una máquina de matar— los progresistas contemporáneos están entrenados para ejercer el victimismo a niveles insospechados. Ya no son máquinas de matar, sino de llorar y de pedir indemnizaciones.

El objetivo es muy claro: buscar la empatía social. Después de todo, nadie piensa mal del «pobre» muchacho que perdió un ojo peleando por una causa «justa» y, peor aún, contra las fuerzas policiales y militares que intentan sostener un gobierno «opresor».

Un cuento que los bolivianos ya escuchamos en el 2003. Que terminó con la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada de la presidencia y con el país en las manos del Foro de Sao Paulo.

Tengo muy buenos amigos en Colombia. Por eso, desde esta humilde columna espero que su país no caiga en las garras del castrochavismo. Adicionalmente, quiero brindar mi apoyo al ESMAD, a los militares y a la policía colombiana. Fuerza Colombia.

 

Hugo Marcelo Balderrama

Economista boliviano con maestría en administración de empresas y PhD en economía.


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