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Allá van leyes do quieren reyes: la seguridad jurídica

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Para echarse a temblar: ése es en efecto el camino del absolutismo y de la arbitrariedad. Lo que nos proporciona seguridad jurídica es que haya leyes seguras, que no dependan del capricho de los que mandan: sean reyes, Papas o pueblos (es decir democracias), que la democracia, por la fuerza de los números nos puede asegurar algunas cosas: pero no la equidad, la sensatez, la verdad, la bondad… la democracia no es garantía ni de equidad, ni de sensatez, ni de bondad. Hitler se hizo con el poder de la manera más democrática; por consiguiente todo su régimen fue un infausto parto de la democracia. Como tampoco nos puede asegurar nada de eso, el hecho de que sea el papa o el mejor de los reyes quien decida torcer las leyes a su voluntad.

Pero bueno, si hasta Dios, que es por sí mismo la Bondad, la Santidad, la Equidad, la Justicia, ha preferido darnos leyes para no obligarnos a depender sólo de su libre arbitrio por más dotado que esté de Sabiduría infinita, de Santidad, de Bondad y de Justicia; si hasta el mismo Dios nos dio sus Diez Mandamientos, la ley más inamovible de todas las que han existido en la historia del hombre, porque el hombre necesita tener la seguridad de que se está comportando conforme a la voluntad de Dios y por tanto, conforme a la bondad, a la verdad y a la equidad, ¿qué tendremos que decir de las leyes de los hombres? La ley está para dar seguridad, para blindarnos contra caprichos y veleidades del poder… incluso si fuese el caso, para defendernos de los posibles caprichos y veleidades de Dios. No es el caso del Dios de Jesucristo, ciertamente. Pero sí el de Alá que, por decirse omnipotente, puede hacerlo todo ¡hasta el mal! ¿Qué decir por tanto de la seguridad jurídica que están obligados a darles todos los gobernadores a sus gobernados?

Pero he aquí que la sacralización de la democracia nos ha llevado a concederle a ésta, privilegios de los que sólo gozaron los tiranos. El poder, por ser poder (sea del mónos, sea de los oligoi, sea de los aristoi, sea del demos, sea de la plebe plebiscitaria, sea del déspota), es insaciable, y por eso tiende a ser totalitario y despótico. No tenemos más que ver cómo crece el poder en nuestra sociedad, y cómo se esmera en asumir a toda costa la responsabilidad de nuestra manutención (se ha reservado las áreas de la salud y la educación en la inmensa mayoría de dominios): y no para de crecer ese afán, que sólo es sostenible con el crecimiento en paralelo de los impuestos, es decir de la esclavización a tiempo parcial.

Pero fíjense que, en Europa, el poder político mantiene hasta a la Iglesia: a costa de los impuestos, claro, es decir a costa de cotas cada vez más altas de esclavización. Es que, ¡mira por dónde!, sus ansias de mantenimiento no tienen límite. Es su peculiar sentido de la bondad: y como no podía ser de otro modo, la principal ley anual, es la de la manutención con los respectivos impuestos: es la del reparto de cuotas de esclavización y manutención. Eso es así porque el modus vivendi del Estado, sea cual sea su forma política, es nuestra manutención.

Una vez establecido que lo óptimo es que cada vez gasten más en nuestra manutención, lo obvio es que cada vez sea mayor el peso de los impuestos. Admitamos pues que, por oneroso que sea, cualquier sistema de poder, del despótico al democrático, tiene todo el derecho a “legislar” sobre capítulos de manutención (cada vez más, entre ellos también la seguridad) y capítulos de impuestos (también al alza). Evidente, porque es así como funciona todo sistema de poder: mediante imposición, es decir mediante impuestos.

Pero lo que está fuera de todo orden y de toda sensatez es que las ansias de dominación de nuestros políticos les hayan llevado a legislar sobre las leyes físicas y biológicas, sobre historia y religión, sobre moral y prosodia. Sobre cualquier cosa: como si el poder otorgase conocimiento. Allá van leyes do quieren reyes, en un ejercicio de fatua ostentación de poder de los que mandan, y de servil adulación de los que obedecen. Comprensible en los que obedecen a sueldo; pero alucinante en los que les regalan su adhesión y asentimiento a esos adictos del poder.

Un Estado de Derecho (e incluso los que no merecen esa digna calificación) se sostiene sobre un entramado de leyes estables (conditio sine que non para merecer la calificación de leyes), a las que están sujetos todos los miembros de la Nación, ya sean soberanos, ya sean vasallos. Porque si el soberano, llámese como se llame, no respeta las leyes o prescinde de ellas a su conveniencia, coloca a su Estado en una situación lastimosa tanto para él mismo como para sus súbditos.

Y lo que vale para un Estado, vale para cualquier institución, llámese asociación, club, empresa o iglesia.

El grado de cumplimiento de las leyes que cada institución se ha dado, es el termómetro de su nivel de salud. Un Estado o una institución en que allá van leyes do quieren reyes, es una institución muy enferma. Y a menudo se trata de enfermedades que anuncian la muerte. Por eso es vital que haya en ellas personas y equipos (especie de organismos de defensa) cuya función sea vigilar que nadie pueda irrogarse ningún género de soberanía sobre las leyes. Las leyes son sagradas: y no están hechas para defender a las personas concretas, por alto que sea su rango (lo cual sería una forma de privilegio, es decir de ley privada), sino para defender a la institución, que es patrimonio de todas las personas que la forman; no de sus dirigentes.

Uno de los elementos a los que debe su prolongadísima perduración en el tiempo una institución bimilenaria como la Iglesia, son sus normas de funcionamiento interno, que en este caso se llama Derecho Canónico. Constituye por tanto un grave atentado contra la integridad de la Iglesia todo desgaste y laminación de ese Derecho, trasvasando a la arbitrariedad de la jerarquía de turno, lo que era derecho de la institución, y por tanto de todos sus miembros por igual, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos: sin que los haya que tengan el privilegio (ley privada de ellos solos) de dejar las leyes en suspenso cuando así lo consideren o les convenga. Y si esas transgresiones se permiten con las leyes de menor rango, en las que se defiende la igualdad de derechos y deberes de todos sus miembros, tarde o temprano alcanzan a los revestidos del máximo poder. Eso, exactamente eso fue lo que ocurrió repetidamente en el gran Cisma de Occidente: los que tiraban de los hilos del poder, tanto dignatarios de la Iglesia como príncipes de este mundo, se saltaron las barreras de la ley de la Iglesia, del Derecho Canónico, cada vez que la transgresión les favorecía. Convirtiendo así el Derecho en algo que pone límites sólo a quien no tiene la fuerza o la audacia necesarias para saltárselos.

En efecto, en la Iglesia, el tema de la elección (y el pretendido derecho de deposición) del papa, ha sido quizá la más decisiva piedra de toque de la supremacía de la legalidad instituida, sobre cualquier interés (por legítimo que fuese) que chocase con ella. Y ahí fue donde se produjo la gran mascarada. ¿Qué tenemos pues? Un papa pusilánime que cede al capricho del rey de Francia de que la sede del Obispo de Roma esté en Aviñón. Y que se pliega a la voluntad del rey para conformar un colegio cardenalicio a su medida: a la del rey. Unos habitantes de Roma que al ver que la ciudad se ha arruinado por la ausencia del papa, montan un violento motín para exigir-bajo amenaza de muerte- a los cardenales reunidos en cónclave la elección de un papa romano o al menos italiano, decían. Tras la desastrosa elección, todos los cardenales la declaran nula y eligen un nuevo papa que acabará de nuevo confinado en Aviñón. Un concilio en Pisa que declara ilegítimos a los dos papas -al romano y al aviñonés- y elige un tercero. Otro concilio, el de Constanza, convocado por el príncipe Segismundo de Moravia, luego emperador del Sacro Imperio Germánico (ojo, que no es un miembro de la jerarquía eclesiástica) y avalado luego por un tal papa Juan XXIII -el de Pisa- en el que, saltándose todos los protocolos y leyes de los concilios, se pone fin al enredo.

Y es ahí donde aparece nuestro Benedicto XIII, el aragonés Pedro de Luna, como voz que clama en el desierto (en el largo cautiverio de Aviñón y en el exilio de Peñíscola), defendiendo el principio de legalidad canónica como el principal bien de la Iglesia a proteger en ese momento.

Y es que en ese momento los príncipes del mundo se conformaban con poner y quitar papas y llevarlos de aquí para allá. Hoy no les basta: poner y quitar papas, también. Les sobraba Benedicto XVI y no pararon de acosarle con campañas de desprestigio en el exterior e insidias en el interior.

Ahora, sin embargo, pretenden cambiar la doctrina y hasta la teología de la Iglesia. Y en ello andan algunos empleados bien a fondo. Sólo así podrían -no podrán- convertir a la Iglesia en una inofensiva ONG, dedicada exclusivamente a atender a la marginación social que generan las corruptelas de un sistema podrido que, obsequioso, otorgaría la subvención. Menos mal que el poder de la muerte no la podrá destruir… (cf. Mateo 16,18) a pesar de todo lo que la maltratamos. ¡Dios sea bendito!

 


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Bienvenido a España, presidente Guaidó

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Guaidó, el presidente reconocido de Venezuela por el Reino de España, ha tenido la duda razonable de venir a España o no hacerlo. Le ha recibido el primer ministro británico, se ha reunido con la canciller alemana Merkel, le ha respaldado la Europa oficial y, al llegar a nuestro país, las reticencias del Gobierno se han traducido en que le reciba la ministra de Exteriores. No Pedro Sánchez, presidente del Gobierno que le reconoció en su día con moderado entusiasmo, no, la ministra recién nombrada y gracias. Es comprensible que un cargo como el de Guaidó, nacido de la lucha democrática contra un sátrapa enfermizo como Maduro, tuviera dudas de pisar suelo español. Se comprende que dijera que allá donde no son bien recibidos era mejor no aparecer. No obstante, la presencia masiva de venezolanos en España ha aconsejado que el presidente encargado se deje caer por un país como el nuestro para manifestarse en contra del régimen bolivariano y a favor de todos los exiliados que han huido de las garras de la tiranía de los hijos de Chávez. Guaidó debe estar con ellos, independientemente de los desplantes de los bolivarianos del Gobierno español. Entiendo las reticencias de visitar España y de hacerlo ante un gobierno timorato y desleal, pero los miles de trasterrados merecen su visita y será más que adecuado que la Puerta del Sol se vea reventada por aquellos que han escapado de la garra del comunismo paleto que ha dilapidado, hundido y arruinado un país de grandes posibilidades como Venezuela. Es comprensible que una autoridad como la que representa Guaidó tenga reticencias de acudir a un país en el que gobierna una coalición en la que tiene peso una formación que ha aconsejado, guiado y colaborado con los sátrapas que han destrozado literalmente una próspera sociedad como la venezolana, pero quienes han huido de la miseria comunista cubanoide merecen el consuelo de la presencia de la única esperanza, por menguada que resulte, de restitución de su soberanía elemental.

Resulta desesperante, pero esclarecedor, que el vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, considere a Guaidó un simple miembro de la oposición venezolana, dando por bueno el mecanismo coercitivo que Maduro puso en marcha para anular la Asamblea Nacional venezolana. Iglesias, cómplice de la satrapía del chavismo, ha dado por bueno el golpe permanente de Maduro y la maniobra violenta para impedir la ratificación del presiente encargado -reconocido con entusiasmo por el mismo cuentista de Sánchez hace un año- en un episodio vergonzoso y agresivo que se vivió hace apenas unas semanas en Caracas. El presidente del Gobierno de España se alinea, por increíble que parezca, con su socio gubernativo, y da por buena la actuación inaceptable del principal responsable de la ruina social, política y económica de un país hermanado con España a través de los cientos de miles de emigrantes que encontraron acomodo en aquellas tierras y de los no menos de miles de hijos de aquellos primeros viajeros que han vuelto a suelo patrio. La vergüenza que produce esa actitud del mayor embustero que ha exhibido la política española resulta difícilmente soportable.

Según informa «Vozpópuli», el ministro de Fomento, el inefable Ábalos, podría haberse reunido de forma clandestina con la vicepresidenta venezolana en un avión en Barajas que supuestamente habría realizado una escala técnica camino de Turquía. Delcy Rodríguez tiene vetada su presencia en territorio europeo, lo que convierte la reunión en un escándalo añadido. Es de esperar que el Gobierno ofrezca alguna explicación al respecto. Más allá de todo ello, resulta desesperanzador que las autoridades españolas se alineen, en virtud de la presencia de Podemos en el gabinete, con los sátrapas del chavismo. No recibir a Guaidó es una canallada que da una idea de hasta dónde llega la miseria política.


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Justicia es lo que debéis impartir

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Cuando os veáis en la precisión de recurrir a la represión como último extremo, tened presente que el corregir disciplinariamente es el acto más grave de un hombre con relación a un semejante; toda ligereza en él es moralmente punible y hace al que la comete indigno de ejercer la autoridad que le ha sido entregada en depósito; antes de corregir disciplinariamente es preciso enjuiciar, y enjuiciar es comparar, pesar, reflexionar, cosas todas ellas que no se improvisan; es preciso oír al presunto culpable y aplicar el principio legal de contradicción en las pruebas; todos los delincuentes vulgares son juzgados regularmente, de todos se escuchan los descargos y no encuentro razón para que nuestros hombres, accidentalmente culpables, si lo son, estén en condiciones de inferioridad respecto a aquéllos; vosotros que debéis hacer como Instructores de los expedientes disciplinarios, oiréis o leeréis en un parte, la acusación que contra ellos se formule, sus descargos y pruebas contradictorias, y siempre que sea oportuno, el testimonio de los que presenciaron o participaron de alguna forma en el hecho, para resolver luego con todos los elementos a la vista

No debéis perder nunca, ni aún en las situaciones disciplinarias más graves, la confianza en nuestros hombres, ni renunciar jamás a emplear los procedimientos persuasivos antes de recurrir a las medidas coercitivas; por malo que sea un hombre, hay que tratar de respetarlo, de elevar su moral, porque, aun cuando pareciera muy difícil conseguirlo, no habría razón para tirarlo al fango, ya que el hombre que no comprende el deber es, quizás, accesible a su amor propio, que se rebela cuando se le trata con injusticia e indignidad.

Dicen que es preferible dejar escapar cien culpables que condenar a un inocente; y es cierto, porque los efectos sobre la disciplina, de una acción punitiva injusta, pueden ser verdaderamente deplorables. La víctima, por elevado espíritu que posea, se siente vejada; un sordo o manifiesto rencor nace en su alma, y acaba por odiar a los Jefes, en este caso plural, que intentan imponerle el castigo y aun al ejército, al que considerará como una institución defectuosa en la que no se respetan los derechos y se atropella a los hombres que se conducen bien.

Tened en cuenta que, quebrantar el respeto de una sola Ley, o de un solo precepto, es quebrantar la fuerza de todos los demás y, ahí, no os podéis justificar con “me lo han ordenado” o con “no lo sabía”, impropio de aquellos que tienen la responsabilidad de corregir, máxime en aquellos que poseen en sus Unidades asesoría jurídica.

Sobre la imparcialidad del Instructor, es cierto que, la STS, Sala Quinta de lo Militar, de 13 de abril de 2012, establece: Pues bien, “aunque el recurrente insista aquí en una pretendida falta de imparcialidad y objetividad del instructor del expediente en su tramitación y en su perjuicio, es lo cierto que ni en sede administrativa –en que fue rechazada la recusación de aquél–, ni posteriormente en sede judicial ha llegado a invocar o acreditar alguna de las causas legales que hubieran debido mover a la autoridad disciplinaria a apartar al instructor de las actuaciones, pese a que por este se le informó cumplidamente de ellas…. debiéndose recordar en cualquier caso…. que resulta evidente que el instructor de un expediente disciplinario no puede encontrarse en la situación de independencia de quien ejerce funciones jurisdiccionales y no cabe exigir de él la imparcialidad necesariamente requerida a un juez, porque la imparcialidad judicial solo es predicable de los tribunales de justicia y no de los órganos de la Administración, aunque en ningún caso estos puedan ignorar los requerimientos de objetividad y sometimiento al derecho que necesariamente han de informar cualquier actuación de la Administración”, ignorancia en la que cabe responsabilidad por quien tiene la obligación de dictar justicia.

Lejos de la rigidez mental que puede orientar a los instructores, del Cuerpo Jurídico, los correctivos deben graduarse atendiendo:

1º A la consciencia del presunto culpable y a la intención puesta en el hecho;

2º A la gravedad de la falta, si la hubiere;

3º A los antecedentes del presunto culpable;

4º A la necesidad disciplinaria; porque más grave es una falta ligera cuando la finalidad perseguida por el autor es mala, que otra de las mayores consecuencias, hija de la inconsciencia o la ligereza.

Fuerza será, pues, que, en cierto modo, te apartes del consejo que el Hidalgo manchego daba a su escudero: “nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener cabida con los ignorantes que presumen de agudos”.

Nada más os voy a decir de este tema si no me vinieran aquí unos versos cuyo valor poético es tremendamente inferior a la profundidad del pensamiento que encierran.

En un encantador valle asturiano que se guarece entre montañas y laderas, se guarece una riente villa en la que las preocupaciones del agitado vivir de hoy borraron el recuerdo de su remota vida de otras centurias.

Hasta ella, en peregrinación de arte y requisa, de objetos curiosos, llegaron hace años unos arqueólogos, a cuya perspicaz mirada no escapó un valioso sitial del siglo XVII: el sitial que los Jueces nobles de la villa utilizaban para impartir justicia; y era en su respaldo donde se leían los versos que aquí quiero estampar, para terminar:

Jueces del mundo, detened la mano,

Aun no firméis, mirad si son violencias

Lo que os pueden llevar de odio inhumano;

Examinad primero las conciencias: mirad no haga el Juez Recto y Soberano

Que en la ajena firméis vuestras sentencias.

*Teniente Coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca


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Ricos seremos todos

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El presidente del Gobierno no se cansó durante la campaña electoral y el debate de investidura de la necesidad del desbloqueo político para tener unas cuentas públicas. Hay que recordar que Pedro Sánchez gobernó casi dos años con los del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. Los Presupuestos eran para el presidente la prioridad, lo que el país requería con urgencia para hacer políticas sociales, de igualdad, enfrentar la emergencia climática. En fin, para resolver con políticas progresistas los problemas de desigualdad que el país venía acumulando durante años.

El sábado, la ministra de Hacienda manifestó que los Presupuestos estarían cuanto antes, que ya están trabajando en ello. El lunes, el presidente los retrasaba hasta después del verano. Veremos qué ocurre, porque las cuentas no van a depender de la voluntad de Sánchez, sino de sus compromisos políticos con los independentistas, nacionalistas, filoetarras y regionalistas y sobre todo de Bruselas. La Comisión Europea ya ha advertido al Gobierno que arrastra un agujero en las cuentas públicas de 9.600 millones de euros y que va a estar muy vigilante con los aumentos de gasto público. En este sentido, hay que anotar ya los 1.400 millones de la subida de las pensiones y la de los salarios de los empleados públicos acordada con los sindicatos por Rajoy, medidas aprobadas en los dos primeros Consejos de Ministros celebrados. Para cubrir una parte de estos gastos, se pondrán en marcha el impuesto al diésel y otros tributos llamados verdes, la tasa tecnológica, la subida del IRPF para “ricos” y quién sabe.

En todo caso, estos ingresos y los que vengan serán insuficientes para cubrir el abultado gasto realizado y el previsto. Entre otras cosas porque la desaceleración de la economía es un hecho, que ya prevé hasta el FMI, cuyas previsiones apuntan a un crecimiento la mitad que hace apenas tres años. Lo siguiente será el aumento del paro. Veremos si al final desisten de algunos gastos o “ricos” pasaremos a ser todos.


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