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La “Derechita Podrida” de Nuñez Feijóo, el Presidente de Galicia, del PP, y “amiguito” de los Narcos va pasado de vueltas: ¡Vacunación Obligatoria!

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Nuñez Feijóo, con esa carita que tiene de haber padecido secuelas de alguna meningitis, no ha tenido mejor ocurrencia que atreverse a lo que no se atreve ni el gobierno Comunista de Pedro Sánchez: amenazar a la población con multas desproporcionadas por negarse a aceptar la “vacunación” por el COVID-19 o por no llevar mascarilla, independientemente del lugar: a la derechita cobarde solo le interesa robar al ciudadano: miles de euros e incluso centenares de miles, dependiendo del “gravísimo delito” que pueda cometer el asfixiado ciudadano gallego.

Es evidente que el PP está lleno de malnacidos: no hay más que echar una ojeada: pero malnacidos que lleguen al extremo de ir “más allá” que los propios liberticidas de la UE, que “ordenan” a los Gobiernos informar de la “VOLUNTARIEDAD” de vacunarse, no había ocurrido hasta ahora EN TODA EUROPA.

Feijóo, suponemos que financiado por el dinero de la “fariña”, quiere echar de su puesto a Pablo Casado. Y parece que la solución es arruinar a Galicia a base de multas.

La reforma de la Ley de Salud de 2008 que está debatiendo este martes el Parlamento Gallego aboga por imponer multas de hasta 60.000 euros para aquellas personas que decidan no vacunarse. Así lo recoge el texto presentado por el grupo Popular y que saldrá adelante con el voto mayoritario de la Cámara, el cual la Xunta podrá adoptarlo en situación de pandemia, aplicando multas por no vacunarse, no llevar mascarilla o las facultades de ordenar confinamientos.

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El texto, de 53 páginas, al que ha tenido acceso Redacción Médica, ha sido firmado por los 42 diputados del Partido Popular incluido el presidente gallego y recoge tres tipos de multas: leves (que oscilan de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros).

En este sentido, tal y como recoge el documento, la medida está catalogada dentro del apartado de “infracciones leves”. Por ejemplo, el negarse a ponerse la vacuna contra el Covid-19 o la de la tuberculosis implicará una sanción que va de los 1.000 a los 3.000 euros. Según la norma se sancionaría la “negativa injustificada a someterse a medidas preventivas, consistente en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias, de acuerdo con establecido en esta ley”.

Multas “muy graves”

Sin embargo, el hecho de no ponerse la vacuna contra el coronavirus Covid-19 en Galicia podría acarrear multas de entre 3.001 y 60.000 euros en el supuesto en el que la no vacunación “suponga un riesgo o un daño grave para la salud de la población, siempre que no constituyan infracción muy grave”. Esta parte está catalogada como infracción grave.

Pero las infracciones pueden llegar hasta las “muy graves”, que van desde los 60.001 euros hasta los 600.000 euros. En este apartado, por ejemplo, puede ser multado un profesional sanitario que no cumpla una cuarentena.
La oposición a la Xunta ya ha alertado de las dudas jurídicas que despierta esta ley de cara a la obligatoriedad de recibir una vacuna por motivos de salud pública. Una medida pionera en España, que ninguna institución había defendido hasta el momento.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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