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La “Derechita Podrida” de Nuñez Feijóo, el Presidente de Galicia, del PP, y “amiguito” de los Narcos va pasado de vueltas: ¡Vacunación Obligatoria!

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Nuñez Feijóo, con esa carita que tiene de haber padecido secuelas de alguna meningitis, no ha tenido mejor ocurrencia que atreverse a lo que no se atreve ni el gobierno Comunista de Pedro Sánchez: amenazar a la población con multas desproporcionadas por negarse a aceptar la “vacunación” por el COVID-19 o por no llevar mascarilla, independientemente del lugar: a la derechita cobarde solo le interesa robar al ciudadano: miles de euros e incluso centenares de miles, dependiendo del “gravísimo delito” que pueda cometer el asfixiado ciudadano gallego.

Es evidente que el PP está lleno de malnacidos: no hay más que echar una ojeada: pero malnacidos que lleguen al extremo de ir “más allá” que los propios liberticidas de la UE, que “ordenan” a los Gobiernos informar de la “VOLUNTARIEDAD” de vacunarse, no había ocurrido hasta ahora EN TODA EUROPA.

Feijóo, suponemos que financiado por el dinero de la “fariña”, quiere echar de su puesto a Pablo Casado. Y parece que la solución es arruinar a Galicia a base de multas.

La reforma de la Ley de Salud de 2008 que está debatiendo este martes el Parlamento Gallego aboga por imponer multas de hasta 60.000 euros para aquellas personas que decidan no vacunarse. Así lo recoge el texto presentado por el grupo Popular y que saldrá adelante con el voto mayoritario de la Cámara, el cual la Xunta podrá adoptarlo en situación de pandemia, aplicando multas por no vacunarse, no llevar mascarilla o las facultades de ordenar confinamientos.

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El texto, de 53 páginas, al que ha tenido acceso Redacción Médica, ha sido firmado por los 42 diputados del Partido Popular incluido el presidente gallego y recoge tres tipos de multas: leves (que oscilan de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros).

En este sentido, tal y como recoge el documento, la medida está catalogada dentro del apartado de “infracciones leves”. Por ejemplo, el negarse a ponerse la vacuna contra el Covid-19 o la de la tuberculosis implicará una sanción que va de los 1.000 a los 3.000 euros. Según la norma se sancionaría la “negativa injustificada a someterse a medidas preventivas, consistente en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias, de acuerdo con establecido en esta ley”.

Multas “muy graves”

Sin embargo, el hecho de no ponerse la vacuna contra el coronavirus Covid-19 en Galicia podría acarrear multas de entre 3.001 y 60.000 euros en el supuesto en el que la no vacunación “suponga un riesgo o un daño grave para la salud de la población, siempre que no constituyan infracción muy grave”. Esta parte está catalogada como infracción grave.

Pero las infracciones pueden llegar hasta las “muy graves”, que van desde los 60.001 euros hasta los 600.000 euros. En este apartado, por ejemplo, puede ser multado un profesional sanitario que no cumpla una cuarentena.
La oposición a la Xunta ya ha alertado de las dudas jurídicas que despierta esta ley de cara a la obligatoriedad de recibir una vacuna por motivos de salud pública. Una medida pionera en España, que ninguna institución había defendido hasta el momento.

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“Alvise” Pérez lo vuelve a hacer: el analista destapa un nuevo caso de corrupción en el PSOE

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En las soleadas y acomodadas calles de Sotogrande, el chiringuito Gigi’s Beach era más que un mero refugio costero; se convirtió en ejemplo de cómo la corrupción y el poder se mezclan como el hielo y la ginebra en un vaso de highball.

Entre los clientes frecuentes que Alvise Pérez analizó en escuchas activas, se encontraba el alcalde de San Roque, Ruiz Boix, un personaje sacado directamente de una novela de intrigas políticas.

Su presencia en Gigi’s no era casualidad; su esposa, conocida por su habilidad para intimidar a los camareros hasta conseguir que la cuenta desapareciera, actuaba como la perfecta antagonista en este relato de privilegios no ganados.

Boix, en un juego de apariencias, se reunía a menudo con empresarios locales en una mesa apartada, junto a los alcaldes de La Línea y Algeciras, formando un tridente inseparable de camaradería.

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La rutina era siempre la misma: botellas que fluían libremente, visitas sospechosas al baño, y gestos descarados hacia la nariz que no hacían más que alimentar los rumores de cocaína.

El murmullo del pueblo y los audios grabados tenían nombres y detalles: Juan José Moncayo Agüera, amigo del alcalde y dueño de dos restaurantes, y Carlos Molina Muñoz, un teniente de la Guardia Civil cuya carrera se vio manchada por acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

Se decía que este trío no solo compartía botellas sino que también estaba inmerso en el lavado de dinero procedente del narcotráfico. El ascenso meteórico de Moncayo, de simple barman a magnate de la restauración, fue visto no como un cuento de hadas, sino como una fábula de corrupción.

Coches de lujo, remodelaciones costosas y escapadas europeas.

Todo era impunidad hasta que Alvise Pérez, en lo que muchos critican como “extorsión” y “amenazas inmorales”, logró hace días que uno de ellos proporcionara la información adecuada.

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Ahora, mientras las olas rompen suavemente en la costa, esta Comunidad espera pacientemente, sabiendo que la marea de la justicia, aunque lenta, eventualmente llega a la orilla. 🐿️

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