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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala ahora las “devoluciones en caliente” en la valla de Melilla

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Intento de salto en la valla fronteriza entre Melilla y Marruecos, en noviembre de 2015.
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La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado este jueves las expulsiones de dos migrantes subsaharianos tras saltar la valla de Melilla en 2014, porque “se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad”, al acceder “a lugares no autorizados”, “aprovechándose de que eran parte de un gran grupo” y “recurriendo a la fuerza”.

El fallo a favor de España añade que estas personas “decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español” y revoca de esta forma la sentencia condenatoria de la Sala de 2017 por “expulsión colectiva sin medida judicial previa”.

Los 17 jueces que han dictado sentencia por unanimidad han concluido que España no violó el artículo 4 del Protocolo 4 sobre la prohibición de expulsiones colectivas, ni el artículo 13 sobre el derecho a un recurso efectivo del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sin responsabilidad para España

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El fallo, contra el que no cabe recurso y que esperaban con atención los gobiernos europeos, dice que Estrasburgo “no puede hacer responsable al Estado de la ausencia en Melilla de una vía de recurso legal que les hubiera permitido recurrir la expulsión”. La ausencia de esa vía legal “no constituye por sí misma una violación del artículo 13 del Convenio”.

El tribunal recuerda además que los demandantes tuvieron la posibilidad de acceder “de forma real y efectiva” a España solicitando un visado o protección internacional; o bien a través del puesto fronterizo de Beni-Enzar tras pasar varios meses en el monte Gurugú, a apenas 13km de los puestos habilitados para ello. Así, los jueces afirman que los dos subsaharianos “decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español”.

Según la sentencia, los dos migrantes alegaron que no pudieron solicitar asilo en España porque fueron perseguidos por la policía marroquí. Y aunque los jueces cuestionan estos hechos, consideran que en ningún momento dichos “obstáculos” fueron responsabilidad de España.

Cambio de criterio

Los 17 magistrados que componen la Gran Sala del TEDH han celebrado una vista pública para deliberar si confirmaban la condena que ya impuso a España en octubre de 2017 por haber expulsado desde Melilla a Marruecos a N.D, de Mali, y a N.T., de Costa de Marfil, contraviniendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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N.D. y N.T., de 31 y 32 años, llegaron a Marruecos en 2013 y 2012, pasaron meses en el monte Gurugú y tras el intento en el que fueron devueltos a Marruecos en 2014, consiguieron finalmente entrar en España a través de Melilla. Contra ambos fueron dictadas sendas órdenes de expulsión. N.D. fue retornado a Mali en marzo de 2015, mientras que la actual situación de N.T. se desconoce.

El TEDH consideró entonces que fue “una expulsión de carácter colectivo”, puesto que ambos fueron devueltos sin haber tenido previamente acceso a un procedimiento con todas las garantías y se les privó de la posibilidad de interponer un recurso.

El tribunal tiene pendientes dos demandas similares contra España, presentadas en 2015 y 2017 por tres subsaharianos, que alegan expulsión colectiva “con malos tratos” y sin posibilidad de recurso en Melilla y Ceuta.
¿Qué son las devoluciones en caliente?

Las devoluciones sumarias -conocidas como devoluciones ‘en caliente’- encontraron acomodo normativo en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, mediante la figura jurídica del “rechazo en frontera”, para referirse al acto de entregar sobre la marcha a Marruecos a los migrantes interceptados en el salto del vallado fronterizo que separa Ceuta y Melilla del país africano y fue puesta en marcha 2015 con el Gobierno de Mariano Rajoy al frente.

España fue condenada a indemnizar con 10.000 euros a dos personas que fueron devueltas a Marruecos tras entrar en España a través de la valla de Melilla, al considerar que se produjo una expulsión colectiva contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Esta decisión fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy, un recurso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió mantener.

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Un fallo que aguardaban el Gobierno y el Constitucional

En 2016, el PSOE se comprometió a paralizar estas devoluciones, si bien estando ya en el Gobierno defendió la necesidad de esperar al pronunciamiento definitivo de Estrasburgo antes de hacerlo. Al mismo tiempo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la decisión de mantener el recurso del PSOE contra la sentencia.

En el Gobierno esperaban el veredicto final de la Gran Sala para poder “disponer de una respuesta armonizada a nivel europeo” porque, según sostiene el Ministerio del Interior, el control de los flujos migratorios es una cuestión que atañe a toda Europa, dado que la frontera sur no deja de ser frontera de la UE, y necesita por ello de “soluciones consensuadas”.

El Ejecutivo “respeta y acata” el fallo, según fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Efe. Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha pedido un cambio en la legislación en materia migratoria que clarifique “el protocolo de actuación de los agentes” ante la entrada irregular de personas a España.

También el Tribunal Constitucional mira al TEDH para pronunciarse sobre el recurso que el PSOE y otros grupos interpusieron contra la Ley de Seguridad Ciudadana.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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