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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala ahora las “devoluciones en caliente” en la valla de Melilla

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Intento de salto en la valla fronteriza entre Melilla y Marruecos, en noviembre de 2015.
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La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado este jueves las expulsiones de dos migrantes subsaharianos tras saltar la valla de Melilla en 2014, porque “se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad”, al acceder “a lugares no autorizados”, “aprovechándose de que eran parte de un gran grupo” y “recurriendo a la fuerza”.

El fallo a favor de España añade que estas personas “decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español” y revoca de esta forma la sentencia condenatoria de la Sala de 2017 por “expulsión colectiva sin medida judicial previa”.

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Los 17 jueces que han dictado sentencia por unanimidad han concluido que España no violó el artículo 4 del Protocolo 4 sobre la prohibición de expulsiones colectivas, ni el artículo 13 sobre el derecho a un recurso efectivo del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sin responsabilidad para España

El fallo, contra el que no cabe recurso y que esperaban con atención los gobiernos europeos, dice que Estrasburgo “no puede hacer responsable al Estado de la ausencia en Melilla de una vía de recurso legal que les hubiera permitido recurrir la expulsión”. La ausencia de esa vía legal “no constituye por sí misma una violación del artículo 13 del Convenio”.

El tribunal recuerda además que los demandantes tuvieron la posibilidad de acceder “de forma real y efectiva” a España solicitando un visado o protección internacional; o bien a través del puesto fronterizo de Beni-Enzar tras pasar varios meses en el monte Gurugú, a apenas 13km de los puestos habilitados para ello. Así, los jueces afirman que los dos subsaharianos “decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español”.

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Según la sentencia, los dos migrantes alegaron que no pudieron solicitar asilo en España porque fueron perseguidos por la policía marroquí. Y aunque los jueces cuestionan estos hechos, consideran que en ningún momento dichos “obstáculos” fueron responsabilidad de España.

Cambio de criterio

Los 17 magistrados que componen la Gran Sala del TEDH han celebrado una vista pública para deliberar si confirmaban la condena que ya impuso a España en octubre de 2017 por haber expulsado desde Melilla a Marruecos a N.D, de Mali, y a N.T., de Costa de Marfil, contraviniendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

N.D. y N.T., de 31 y 32 años, llegaron a Marruecos en 2013 y 2012, pasaron meses en el monte Gurugú y tras el intento en el que fueron devueltos a Marruecos en 2014, consiguieron finalmente entrar en España a través de Melilla. Contra ambos fueron dictadas sendas órdenes de expulsión. N.D. fue retornado a Mali en marzo de 2015, mientras que la actual situación de N.T. se desconoce.

El TEDH consideró entonces que fue “una expulsión de carácter colectivo”, puesto que ambos fueron devueltos sin haber tenido previamente acceso a un procedimiento con todas las garantías y se les privó de la posibilidad de interponer un recurso.

El tribunal tiene pendientes dos demandas similares contra España, presentadas en 2015 y 2017 por tres subsaharianos, que alegan expulsión colectiva “con malos tratos” y sin posibilidad de recurso en Melilla y Ceuta.
¿Qué son las devoluciones en caliente?

Las devoluciones sumarias -conocidas como devoluciones ‘en caliente’- encontraron acomodo normativo en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, mediante la figura jurídica del “rechazo en frontera”, para referirse al acto de entregar sobre la marcha a Marruecos a los migrantes interceptados en el salto del vallado fronterizo que separa Ceuta y Melilla del país africano y fue puesta en marcha 2015 con el Gobierno de Mariano Rajoy al frente.

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España fue condenada a indemnizar con 10.000 euros a dos personas que fueron devueltas a Marruecos tras entrar en España a través de la valla de Melilla, al considerar que se produjo una expulsión colectiva contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Esta decisión fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy, un recurso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió mantener.

Un fallo que aguardaban el Gobierno y el Constitucional

En 2016, el PSOE se comprometió a paralizar estas devoluciones, si bien estando ya en el Gobierno defendió la necesidad de esperar al pronunciamiento definitivo de Estrasburgo antes de hacerlo. Al mismo tiempo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la decisión de mantener el recurso del PSOE contra la sentencia.

En el Gobierno esperaban el veredicto final de la Gran Sala para poder “disponer de una respuesta armonizada a nivel europeo” porque, según sostiene el Ministerio del Interior, el control de los flujos migratorios es una cuestión que atañe a toda Europa, dado que la frontera sur no deja de ser frontera de la UE, y necesita por ello de “soluciones consensuadas”.

El Ejecutivo “respeta y acata” el fallo, según fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Efe. Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha pedido un cambio en la legislación en materia migratoria que clarifique “el protocolo de actuación de los agentes” ante la entrada irregular de personas a España.

También el Tribunal Constitucional mira al TEDH para pronunciarse sobre el recurso que el PSOE y otros grupos interpusieron contra la Ley de Seguridad Ciudadana.


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Vox pide a Pedro Sánchez que cese a Yolanda Díaz por “falsear” su currículo

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Vox quiere que el Gobierno inicie un proceso sancionador contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por haber “falseado” su currículum al incluir “tres másteres fake”, lo que supone, según apuntan, una vulneración de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo.

Por ello, en una proposición no de ley registrada en el Congreso, a la que tuvo acceso Europa Presslos de Santiago Abascal instan al Gobierno a destituir a Díaz, al tiempo que plantean que la Cámara proceda a reprobarla por estos hechos.

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En su iniciativa, Vox señala que hasta el pasado 18 de junio, en la web de la Moncloa aparecía que Díaz ostentaba tres másteres (uno de Recursos Humanos, otro de Relaciones Laborales y un tercero de Urbanismo), títulos que desde entonces pasaron a denominarse “cursos superiores y de postgrado”. Una corrección que, según recalca Vox, el Gobierno achacó a una “discordancia” entre la información que aparecía en la web del Ministerio de Trabajo y en la de Moncloa.

Las explicaciones del Gobierno, “inverosímiles”

Para el grupo que capitanea Iván Espinosa de los Monteros, estas explicaciones resultan “inverosímiles” porque ya en 2012 en el currículum de Yolanda Díaz aparecían los citados tres “falsos másteres” –según un artículo publicado en la edición gallega de ‘El País’– y en 2016 también figuraban en la web del Congreso cuando consiguió su escaño como diputada de En Marea.

En opinión de Vox resulta “evidente” que los datos relativos la formación y currículum de Díaz suponen un incumplimiento del criterio de honorabilidad que, según la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo, no sólo es un requisito para su nombramiento, sino que, además, debe concurrir durante el ejercicio de sus funciones.

“No es honorable”

“Encuadrándose perfectamente las acciones de la señora ministra de Trabajo y Economía Social en el tipo de infracción muy grave”, por la presentación de “declaraciones con datos o documentos falsos” y por “el falseamiento o el incumplimiento de los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo”, Vox sostiene que no cabe sino su destitución, previa incoación del respectivo expediente sanciones.

Pero, además, Vox también persigue con su proposición que el Congreso censure a la titular de Trabajo por estos hechos. “No es honorable”, comentó recientemente en su perfil de Twitter la secretaria general de este partido en el Congreso, Macarena Olona, quien ya avisó que preguntarán a Díaz por este asunto a la vuelta del verano. “No nos conoce. En septiembre la esperamos con sus másters fake”, dijo.


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¿Tienen algo estos dos? Lo parece. Los elogios de Ayuso a Feijóo, el ‘referente del PP’ que margina el español en Galicia porque, como todos sabemos, el PP es la derechita cobarde y acomplejada

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Ayuso y sus cositas: Llama “bandera nacional” al trapo gallego que representa aquella comunidad autónoma.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se deshizo en elogios el pasado viernes ante su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, por su «liderazgo», «firmeza» y «capacidad» para «cohesionar» Galicia.

«Son cuatro mayorías absolutas consecutivas que los demás envidiamos, que te permiten gestionar con liderazgo y firmeza; y las has conseguido porque los gallegos ven en ti a alguien de los suyos», añadió, al tiempo que pidió al presidente autonómico del PP que mantenga su «forma de ser». «Eres un hombre pragmático, que no has perdido el aplomo o la ironía. Eres un referente para todos», afirmó Ayuso, sobre el presidente de un Gobierno autonómico que margina el español, y que su web oficial llama «bandera nacional» y «escudo nacional» a los símbolos de Galicia.

Y todo en una región que, bajo el Gobierno de Feijóo, buena parte de la documentación oficial solamente está disponible en gallego bajo el argumento de que es la lengua «propia» de Galicia, aunque -según recuerda el blog ContandoEstrelas– el Tribunal Constitucional ya señaló en su sentencia 31/2010 que la condición de «lengua propia» no puede suponer «un desequilibrio (…) de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano» y advirtió que las administraciones públicas en comunidades bilingües «no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales».

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La asociación Hablamos Español ya denunció en su web que en Galicia a las personas mayores de 80 años reciben la primera dosis contra el coronavirus se les entregan tres páginas con información y recomendaciones solo en gallego. «Los sanitarios dicen que la Xunta no las elabora en español. Todo lo que se ve en los hospitales y centros de salud de Galicia, así como las campañas institucionales, es monolingüe en gallego», añadió.

Esta entidad apartidista -y sin ánimo de lucro- constituida para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes pidió a Feijóo en noviembre del pasado año el cese de la coordinadora de la Red de Dinamización Lingüística de la Xunta, Alicia Padín, vinculada a la Consejería de Educación y Cultura, por asegurar que «hoy en día ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público en castellano», una declaración que tildó de «inaceptable». «Muestra el fanatismo y el autoritarismo que subyacen a la política lingüística de la Xunta, que se viste de tolerante ante el resto de España, pero que ideológicamente no difiere de la que se lleva a cabo por cualquier gobierno de corte nacionalista», afirmó.

Los elogios de Ayuso a Feijóo llegan pocas semanas después de la creación de la Oficina del Español, un nuevo ‘chiringuito’ dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, y dirigido por el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, para impulsar el español, «un activo cultural, social y económico compartido con casi 600 millones de personas en todo el mundo y que tiene un potencial extraordinario». Su fin -según anunció el Gobierno regional- es «la promoción de la Comunidad de Madrid como capital europea del español».


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Buxadé: ‘La Agenda 2030 es la mayor injusticia que se es está haciendo contra las clases trabajadoras y las clases medias’

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El vicepresidente primero del CAP también ha criticado el Real Decreto-Ley para la estabilización del empleo temporal que el Gobierno pretende llevar al Congreso esta semana.

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo y vicepresidente del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, ha reprobado el paquete de medidas contra el cambio climático que pretende imponer la Comisión Europea durante el último trimestre del presente año y que denota, en la práctica, “una subida de todos los impuestos a los carburantes, a la energía, a las viviendas…”.

Buxadé ha asegurado que para conseguir que en España se bajen facturas como la de la electricidad es necesario votar que “no” a ese paquete de medidas, puesto que “todo lo que se vota en Bruselas se impone de forma mecánica y automática en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos”.

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Asimismo, ha propuesto una serie de medidas como “acabar con la duplicidad del impuesto sobre la electricidad y el IVA” o “garantizar la soberanía energética”. “Promover energía propia y barata para no depender de la adquisición de energía a terceros países” ha concluido.

Por otro lado, el eurodiputado ha expuesto su desagrado frente al Real Decreto-Ley para la estabilización del empleo temporal que el Gobierno pretende llevar al Congreso esta semana. Buxadé ha afirmado con rotundidad que esta medida no va a servir para nada, ya que “va a perpetuar el fraude en la contratación que supone el abuso de temporalidad y va a cronificar la precariedad laboral tanto para los empleados laborales como para los funcionarios interinos”.

Además, Buxadé ha apoyado la sentencia del Tribunal Constitucional, por declarar ilegal el primer estado de alarma del Gobierno de Sánchez e Iglesias, afirmando que “el Gobierno de España de forma arbitraria y fraudulenta confinó a 47 millones de españoles”. En la misma línea, ha aseverado que “todos los toques de queda y confinamientos masivos que están siendo adoptados por las CCAA ahora mismo son manifiestamente ilegales”.

Por último, la vicesecretaria de portavocía y diputada por Málaga, Patricia Rueda, ha felicitado a nuestra diputada en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, puesto que se ha cumplido un año de las elecciones vascas. Además, ha anunciado que la secretaria general de VOX, Macarena Olona, reclamará al TC que analice la presunta ilegalidad de algunos apartados de la Ley vasca de Instituciones en torno al «uso del euskera por las Administraciones Locales». De igual forma, ha inducido al Gobierno a condenar la tiranía cubana y ha anunciado nuevas acciones para destacar la labor y mejorar las condiciones de trabajo de los agentes de la seguridad aduanera.


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UNA VEZ MÁS: Pedro Sánchez hace el ridículo: cierra una agenda de 3 días en EEUU sin ver a Joe Biden

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Pedro Sánchez no se reunirá con Joe Biden

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pondrá rumbo esta semana a Estados Unidos, donde estará durante más de tres días. Sorprende que el presidente del Ejecutivo no se reúna con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ni tampoco con ningún miembro de la Administración estadounidense, aunque desde Moncloa alegan que el viaje es estrictamente por motivos económicos.

«Se ha querido centrar en inversores estadounidenses. Es un viaje económico», detallan desde Moncloa. Asimismo confirman que se han limitado a informar a la Embajada de Estados Unidos en Madrid sobre los detalles del viaje, descartando solicitar a Joe Biden un encuentro.

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Cuando Pedro Sánchez mantuvo una breve conversación con Joe Biden en la OTAN, aseguró que se trataba de una primera toma de contacto que tendría continuidad: «Después de esta primera toma de contacto, hemos quedado en continuar colaborando, trabajando y seguir en contacto».

Pedro Sánchez acudirá a los estudios Universal de Hollywood para reunirse con responsables de las grandes productoras y así convertir España en un ‘hub audiovisual’. Asimismo viajará a Nueva York y San Francisco, donde se reunirá con Michael Bloomberg, Larry Fink y Tim Cook, todos ellos empresarios estadounidenses de alto nivel.

A pesar de esas reuniones, sorprende que un presidente del Gobierno viaje a un país y no mantenga una reunión con su homólogo en el país al que viaja. Precisamente es lo que ha llamado la atención a Juan Carlos Girauta, que en Twitter se ha preguntado: «¿Por qué se empeña en hacer el ridículo?».

 


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