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Chapuza homicida: China advierte a Sánchez que ha comprado los test rápidos de Coronavirus ¡A una empresa no autorizada!

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Los tests rápidos para detectar la infección de coronavirus que ha comprado el Ministerio de Sanidad en China no funcionan bien. Así lo han confirmado la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) que ha advertido que los primeros test rápidos que han llegado a España tienen una sensibilidad inferior al 30 % en la detección del COVID-19, resultados que, concluyen, “impedirían su introducción en rutina”.


Así lo expone esta sociedad científica en un documento de posicionamiento sobre el diagnóstico microbiólogo de COVID-19 en el que reconoce que un diagnóstico rápido de los casos es relevante para identificar, aislar y tratar rápidamente a aquellos pacientes infectados para limitar la transmisión del virus, así como para la descongestión de las urgencias. “Para ello necesitamos pruebas rápidas con una elevada sensibilidad”, subraya.

Sin embargo, los primeros test rápidos para la detección de antígeno del virus que han llegado a España no sirven para tal función.

Así lo ha asegurado a Efe la portavoz de la SEIMC, María del Mar Tomás, que ha detallado que los test para la detección de antígeno están teniendo una sensibilidad muy baja, entre el 20 y el 30 %. “Con esta sensibilidad es prácticamente imposible utilizarlos rutinariamente. Tendría que tener una confirmación posterior por la técnica de amplificación RTPCR”, ha indicado.

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Sin embargo, esta portavoz de la Seimc ha apuntado a otros tipo de test, los de detección de anticuerpo, que permite detectar dos tipos de anticuerpo; el M, que indicaría infección aguda, y el G que indicaría «curado», es decir, «los que están inmunizados».

Estos test -ha explicado- están siendo usados en varios países europeos y tienen una sensibilidad del 85 % y del 100 % para los anticuerpos M y G respectivamente. Un inconveniente es que tardan 4 días en arrojar resultados, advierte.

En este sentido, la Embajada China ha asegurado este jueves que España compró test rápidos de COVID-19 a una empresa sin licencia.

Así lo señala en su cuenta de Twitter, donde ha especificado que “Shenzhen Bioeasy Biotechnology” no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos.

De esta manera se refiere la Embajada china “respecto a la información publicada recientemente por algunos medios españoles sobre los test rápidos de COVID-19 comprados por España a China”.

Asimismo, señala que el Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual “Shenzhen Bioeasy Biotechnology” no estaba incluida.

“La compra de materiales sanitarios anunciada por Sanidad está en curso y los materiales no han salido de China aún”, ha recalcado.

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad ha reconocido que ha tenido que devolver un lote de 9.000 tests rápidos de coronavirus porque, tras recibirlos, fueron evaluados y no correspondían con lo que exigía su certificado de calidad.

Imagen popular de Sánchez en China

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, ha explicado este jueves en la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus que se trata de la primera partida de tests de la empresa que más rápido pudo abastecer a España.

Tanto el Centro Nacional de Epidemiología como varios hospitales de la Comunidad de Madrid procedieron a su validación antes de comenzar a utilizarlos y descubrieron que las especificaciones de este lote no corresponden a lo que venía en los certificado de calidad con marcado CE.

Por ello, ha continuado Simón, se han devuelto en concreto estos lotes, “la empresa va a cambiarlos” y va a proveer con otro tipo de pruebas rápidas.

Ha precisado que Sanidad ha conseguido “varios proveedores y varias vías de abastecimiento” de tests rápidos, que “suponen una esperanza importante” y que en breve se dispondrán de 5 millones. Además, las empresas de biotecnología españolas trabajan para que se puedan producir en España.

Simón ha asegurado que el Ministerio se ha estado moviendo «muy intensamente» para localizar todos los tests rápidos que sea posible porque descargarán a los laboratorios de la tensión de realizar los tests PCR, que tardan horas en dar el resultado -frente a los 15 minutos de los rápidos, si bien son más precisos- y requieren de personal especializado.

Los tests rápidos adquiridos son antigénicos (buscan el virus) y serológicos (buscan una fase más adelantada infección o haber pasado infección en el pasado), lo que permitirá hacerse una idea de los casos reales que han padecido la enfermedad y también información de la posible inmunidad que se ha generado en la población y el riesgo al que se puede exponer en el futuro.

“Los tests rápidos van a facilitarnos mucho la vida”, al permitir identificar casos más leves y a descargar la presión de los laboratorios, que realizan entre 15.000 y 20.000 tests PCR al día.


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España

La Abogacía del Estado (del “estado” bolivariano, se entiende) carga contra la juez del 8-M por abrir una «causa general de la crisis sanitaria»

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Rosa María Seoane, la fiscal que defendió a los acusados de la sublevación catalana
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Se dirige en apelación a la Audiencia Provincial solicitando la nulidad de la instrucción contra el delegado del Gobierno en Madrid

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) –

La Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid. El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

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El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane – la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el ‘procés’ independentista en Cataluña–, y fue presentado el pasado 20 de abril, es decir, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

A lo largo de 18 páginas, Seoane denuncia que la instructora ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad.

Entre otros aspectos, señala que «en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados», Rodríguez-Medel ha desbordado el ámbito competencial que ella misma acotó respecto a la investigación de estos hechos -la manifestación del 8 de marzo- y solicita a la Guardia Civil información «no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

Como ejemplo, la Abogacía señala lo solicitado respecto del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, dirigido por Fernando Simón, respecto del cual no se solicita únicamente información acerca de la eventual recepción por la Delegación del Gobierno del informe, que es lo que debería ser objeto de la investigación penal abierta, sino que va más allá al preguntar a la guardia civil qué difusión tuvo el citado informe.

A juicio de los servicios jurídicos del Estado, la jueza ha iniciado este proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino «meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado».

TESIS DE LA DEFENSA

En este punto, la Abogacía del Estado expone su tesis de defensa al considerar que «lo que no es indiciario sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad».

A juicio de la defensa, había recomendaciones sanitarias que fueron intensificándose, sobre todo a partir del día 11 de marzo y a todos los niveles administrativos, pero las mismas, en tanto eran recomendaciones y no prescripciones, no supusieron impedimento alguno para limitar la celebración de eventos deportivos, como el partido de fútbol celebrado en Madrid el día 7 de marzo entre el Atletico de Madrid y el Sevilla FC en el estadio del primero con asistencia de unos 60.000 espectadores; además de normal funcionamiento de recintos cerrados, espectáculos públicos, como cines, teatros, etc,

Frente a todo ello, considera que «lo que pretende la instructora, no es verificar si determinados indicios de incumplimiento del ordenamiento son ciertos, sino de encontrar tales indicios. Indicios de que la ausencia de prohibición de actos conmemorativos del 8 de marzo, fue un actuación arbitraria y a sabiendas de su injusticia»

TRAMITACIÓN EN PLENO ESTADO DE ALARMA

Otro de los puntos del informe carga contra la celeridad mostrada por la magistrada de Madrid en este asunto en pleno estado de alarma, cuando los plazos procesales se encuentran suspendidos y la justicia sólo actúa en los denominados por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) servicios esenciales, que requieren resolución de urgencia.

Es más, recuerda que el auto del 23 de marzo que se impugna, por el que se incoan las diligencias penales, reconoce de forma expresa que no había urgencia alguna por lo que al dictarlo desatiende todo lo excepcionalmente acordado, como eran razones de salud pública, para favorecer y permitir sin causar indefensión a ninguna parte o el aislamiento social.

«Pues bien, la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma», incide el escrito.


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España

El coronel de La Legión Enrique de Vivero cuenta los detalles del miserable cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid: «Aspiran a convertir España en Venezuela»

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Enrique de Vivero Fernández.- (*)

Desde que ayer se diera a conocer el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de Los Cobos, jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid, un río de informaciones han seguido en cascada ante la extemporánea decisión del cese del citado mando del instituto armado.

Digamos como premisa que el ministro del Interior está en su derecho de cesar al personal en puestos de libre designación , bajo su mando , por pérdida de confianza . Hasta aquí nada que alegar a la decisión del ministro. El problema es el motivo por el cual la desaparecida directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ejecuta la orden que le da el ministro Marlaska de proceder al cese del coronel de los Cobos.

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Carlos Alsina, en su programa en Onda Cero, nos ha narrado las tres llamadas que recibe el coronel de los Cobos, interesándose por la situación del informe que realiza la Policía Judicial por encargo del Juzgado número 51 de Madrid.

La primera llamada es del general Berrocal, superior inmediato del coronel de los Cobos. En ella le interroga sobre el citado informe, a lo que el coronel responde que desconoce su contenido.

La segunda llamada procede un alto cargo de la Guardia Civil. Le apremia a que le informe sobre el contenido de las diligencias que lleva a cabo la unidad de Policía Judicial adscrita a su comandancia. El coronel de Los Cobos se mantiene firme y le replica al superior que tiene instrucciones de la juez del Juzgado 51 de Madrid de mantener en secreto las diligencias que se llevan a cabo. En la conversación, de los Cobos es advertido de que el Gobierno está interesado en conocer el alcance del informe.

La tercera y última llamada procede de la directora general de la Guardia Civil, la exdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, «La desaparecida». En esta conversación, según el periodista de Onda Cero, la señora Gámez informa al coronel de su cese por no «haber informado a sus superiores del contenido del informe». El coronel le replica que desconoce el contenido dado el carácter secreto de las actuaciones que lleva a cabo la unidad de Policía Judicial por orden del Juzgado 51 de Madrid. Gámez le advierte que tenía que haber articulado los mecanismos necesarios para que el Gobierno conociera el contenido del informe. Y añadió: «Esto es una investigación delicada para el Gobierno y tenemos que conocer lo que ocurre».

Hasta aquí las informaciones relatadas en Onda Cero por Carlos Alsina.

De ser ciertas dichas afirmaciones, estaríamos asistiendo presuntamente a una clara injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial. Se podrían haber cometido presuntamente los delitos de prevaricación, coacciones, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia previstos en el Código Penal.

El coronel Enrique de Vivero Fernández, autor del artículo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que estas investigaciones las lleva a cabo el Juzgado 51 de Madrid para esclarecer los hechos del 8M. Tendremos que pensar que las diligencias llevadas a cabo pueden tener material muy sensible para este Gobierno, y en particular para el ministro del Interior, y que presuntamente se cometió algún delito.

Hoy mismo ha trascendido que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga si hubo o no prevaricación al permitirse esta manifestación feminista, ha citado en calidad de investigado al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, que dio luz verde a la celebración de esta protesta masiva el día 8 de marzo.

La titular del Juzgado 51 de Madrid ya ha recibido los datos de la investigación llevada a cabo por la unidad de Policía Judicial adscrita a la Comandancia de la Guardia Civil que mandaba el coronel de los Cobos.

Según datos recabados por Alerta Digital sobre el contenido del informe, el Ejecutivo, el delegado del Gobierno en Madrid y Fernando Simón, como responsable del CCAES, habrían tenido presuntamente conocimiento antes del 8M de los motivos que desaconsejaban la celebración de la magna concentración programada para el día de la mujer en Madrid.

En el citado informe se alude a la negativa que se le dio a la FADE (Federación de la Asamblea de Dios en España) a su solicitud para celebrar los días 19, 20 y 21 de marzo el IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios, denominado UNLIMITED 2020.

Marlaska y de los Cobos

 

 

Según datos que obrarían en el informe, los representantes de esta congregación religiosa mantuvieron reuniones los días 5 y 6 de marzo con el ministro Illa, el doctor Simón y el secretario general de Sanidad. En dichas reuniones, presuntamente, el ministro Illa y Fernando Simón dijeron que se desaconsejaba la celebración del Congreso solicitado debido a la a la gravedad de la situación de la pandemia del COVID.

El doctor Fernando Simón les habría explicado la grave crisis sanitaria que atravesaba España, con 27 fallecimientos conocidos hasta aquel momento, y dado que en ese Congreso se podían reunir hasta 8.000 personas, según su estimación, se debía proceder a su suspensión.

Lo extraño de las resoluciones de la Delegación del Gobierno en Madrid es que conociendo estos datos sobre la pandemia y la negativa a celebrar el Congreso UNLIMITED 2020, se permitiese al mismo tiempo que se celebrara la manifestación del 8M, a la que estaba previsto que acudiesen hasta un millón de personas en Madrid.

Irene Montero en la cabecera de la manifestación del 8-M.

 

 

 

 

Los datos del informe presentado por la Policía Judicial, presuntamente pueden tener la clave de por qué se permitió celebrar el 8M, que posteriormente fue el multiplicador de la pandemia y la causa de innumerables decesos en Madrid.

Los investigadores de la unidad de Policía Judicial han debido efectuar una labor extraordinaria, bajo presión y probablemente con presuntas coacciones desde las altas esferas del Ministerio del Interior.

La prueba de todo ello se ha revelado a través de las palabras de Carlos Alsina. De lo manifestado en Onda Cero se podrían deducir presuntas prácticas coactivas hacia el coronel Pérez de los Cobos.

La juez Carmen Rodriguez Medel, a cuyo cargo están estas investigaciones, ya le ha hecho saber al Ministerio que no permitirá injerencias en su investigación.

Asistimos nuevamente a este sainete al que nos tiene ya acostumbrados este Gobierno, con engaños y mentiras. La última ha sido modificar el sistema de recuento de fallecidos, con lo que salen de las listas de decesos 2000 personas. Es decir, que el poder logra resucitar a 2.000 personas de una tacada. Esto parecería una broma si no estuviéramos hablando de una tragedia y un engaño. Lo único que persigue este gobierno es disminuir las listas de fallecidos por COVID, modificando el sistema de recuento.

Estamos asistiendo a la voladura del Estado de Derecho, no existe separación de poderes, el ejecutivo quiere intervenir y conocer las investigaciones que llevan a cabo los jueces.

 

 

El teniente general DAO de la Guardia Civil ha presentado su dimisión al ministro del Interior por la forma en que se ha llevado a cabo la destitución de su subordinado. Asistimos en estos momentos a una separación total entre la estructura política del Ministerio del Interior y la Guardia Civil.

El Gobierno está poniendo a prueba la democracia del 78, con sus injerencias de corte totalitario en el poder judicial. Es una tragedia asistir a la descomposición de nuestro Estado de Derecho solo para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en la Moncloa, aunque sea con los apoyos de separatistas, de los herederos de los terroristas y de los que aspiran a convertir España en Venezuela.

 

*Enrique de Vivero fue coronel jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla. 


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España

Illa y Simón, a una Iglesia TRES DIAS antes del 8-M: «De ninguna manera podéis celebrar congresos, estamos en pandemia»

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, prohibió a la Iglesia Evangélica la celebración de cualquier tipo de evento multitudinario a través de una reunión el pasado 5 de marzo. Tres días antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez autorizase y promoviese las manifestaciones del 8 de marzo.

 

Así lo ha revelado el diario El Mundo tras acceder al documento de la Guardia Civil que ha provocado un auténtico cisma entre el cuerpo y el Ejecutivo central. Según informa la citada cabecera, el 5 de marzo se produjo una reunión que contó con la participación del titular de Sanidad, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco; y dos representantes de las iglesias evangélicas.

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Según la reconstrucción efectuada por los agentes en el citado documento, “Simón les explicó la situación de grave crisis sanitaria que atravesaba España y Europa, exponiendo los mayores riesgos que tenía la Iglesia Evangélica, debido a la movilidad de las personas y a las concentraciones a las que asistían”.

En esta reunión los representantes de la Iglesia Evangélica propusieron la celebración en la Caja Mágica de Madrid del Congreso Unlimited 2020 “para el que se preveían la asistencia de 8.000 personas”. Una propuesta que fue rechazada debido a la situación epidemiológica por lo que se les emplazó a una reunión al día siguiente.

En este segundo encuentro el director del CCAES reiteró su rechazo alegando como dato “ya en ese momento se conocían 22 casos de contagios en España”, procediendo según se recoge en el atestado “la grave situación sanitaria ofreciendo datos concretos de contagios y haciendo constar que se trataba de una pandemia a escala internacional”.

En este marco cronológico cabe recordar que el 7 de marzo Simón, preguntado sobre si permitiría que su hijo asistiese a la manifestación del 8M, este respondía que “le diré que ha haga lo que quiera”, aunque más tarde confesó la suspensión de la maratón de Barcelona “por suponer un riesgo real en relación con el coronavirus”.

De esta forma el informe de la Guardia Civil concluye que “las recomendaciones imperativas llevadas a cabo sobre el colectivo evangélico y el nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indica sin lugar a dudas la preocupación de éstos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública”.

Una decisión sobre la que el mismo documento señala que “confronta con la celebración, incluso en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el Congreso Unlimited”.

En este sentido los agentes recuerdan que la celebración propuesta por la Iglesia Evangélica preveía un aforo de 8.000 personas mientras que la manifestación del 8M en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer acogería a más de un millón de asistentes.

Este atestado, junto con el avance del informe forense en el que se manifiesta que la celebración del 8M en Madrid fue un “seguro” foco de contagio, la titular del Juzgado de Instrucción Número de 51 de la capital, Carmen Rodríguez-Medel (investiga las posibles consecuencias penales de la convocatoria de la manifestación en pleno periodo de propagación de la Covid-19), ha citado como imputado a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid el próximo 5 de junio.

El pasado 25 de mayo Fernando Simón declaraba en rueda de prensa sobre el posible impacto del 8M en la propagación del virus, expresaba que “si ha tenido algún impacto sobre la evolución de la epidemia ha sido muy marginal”, insistiendo en que “muchos eventos”, y otro tipo de aglomeraciones celebradas en ese periodo en todo el país “pudieron significar lo mismo”.


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