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Internacional

Comienza la guerra en serio en USA: El Fiscal General de Biden lanza al FBI contra los padres que defienden la libertad de enseñanza. Se trata de robarles a sus hijos

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Fiscal General de EEUU, Merrick Garland
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A Miguel Cardona le gusta inculcar el modelo Woke (lucha contra el racismo sistémico) desde la más tierna infancia. Eso sí que debería ser delito de odio.

 

La manipulación de los niños y jóvenes a través de la educación sigue siendo uno de los principales objetivos de la Administración de Joe BidenKamala Harris. No fue casual la designación como secretario de Educación de Miguel Cardona. Quien, en 2019, cuando ejercía como máximo responsable educativo del demócrata Estado de Connecticut, dirigió un e-mail animando a dar los pasos necesarios para asegurar que los profesores de su Estado fueran defensores del plan educativo inspirado en el movimiento “woke”, que su departamento estaba confeccionando. El movimiento “woke” persigue la implantación de la denominada “critical race theory” o “teoría crítica racial” en las aulas para defender la “justicia racial” y luchar contra el “racismo sistémico”. Dicho más claro, persigue el fomento de la ideología radical del movimiento marxista Black Lives Matter (BLM) y semejantes en los centros educativos.

Sin embargo, los planes de Cardona han encontrado un muro en los miles de padres estadounidenses, que han protestado contra el control ideológico en las aulas que el actual gobierno estadounidense pretende implantar. Así, estos padres se han convertido en el principal objeto de cacería por parte del sectarismo progresista.

Primero, como buena táctica propia de un ejecutivo progresista, ha sido el turno de la demonización y el señalamiento de los padres objetores. Así, el secretario Cardona afirmó que “los padres no deberían ser los principales responsables en la educación de sus hijos”.

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Y más: los padres no deberían tener papel alguno en la educación de sus hijos

 

Unas declaraciones que no resultan aisladas, dado que Terry McAuliffe, expresidente del Partido Demócrata y candidato demócrata en las elecciones a gobernador de Virginia que se celebran el próximo mes de noviembre, señaló en uno de los debates electorales que “los padres no deberían tener papel alguno para dirigir la educación de sus hijos, a lo cual su contrincante en el debate, el candidato republicano Glenn Youngkin, respondió que “son los padres quienes deben estar a cargo de la educación de sus hijos”.

Y una vez señalado el objetivo, comienza la fase de agresión directa, utilizando uno de los escenarios preferidos por el Nuevo Orden Mundial (NOM): los tribunales. Así, el Fiscal General de EEUU, Merrick Garland, ha amenazado a los padres objetores a la dictadura educativa que plantea la Administración Biden, y ha encomendado al FBI que investigue las “amenazas” sufridas por los consejos escolares por parte de los “violentos padres”.

De nuevo en el plano institucional, vuelve a ser el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, reconocido trumpista, quien da la batalla ideológica contra la Administración Biden y ha respondido a las amenazas del Fiscal General. Así, DeSantis ha afirmado que “el Fiscal General Garland está manipulando el Departamento de Justicia, utilizando al FBI para perseguir a los padres objetores y silenciarles por medio de la intimidación”. DeSantis ha defendido la libertad de expresión de los padres recordando que “el desacuerdo no es acoso” y que las protestas pacíficas de los padres no son terrorismo, señalando que “las protestas que sí son terrorismo son aquellas que generan disturbios, saqueos y asaltos, como las que efectuó la extrema izquierda en el verano de 2020”.

Conviene recordar que fue DeSantis el primero en desenmascarar las intenciones de Biden, y ya en la pasada primavera anunció que el plan de estudios de su Estado excluiría la “critical race theory” y que “no habría espacio en las aulas de Florida para ideologías que promueven el odio a su propio país y el odio entre unos y otros”.

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La dictadura del Nuevo Orden Mundial llega a las aulas gracias a Biden y Kamala… que no nos pase nada.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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