«Quien tenga vicios que se los pague». Con este argumento, Compromís insiste en su exigencia al nuevo Gobierno para que derogue los convenios vigentes desde 1986 que garantizan la presencia de sacerdotes católicos en los hospitales públicos en España.
La coalición valenciana (uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez) ha registrado una batería de iniciativas en el Senado en las que pregunta al Gobierno el coste que ha supuesto la asistencia católica en la sanidad pública y cuándo piensa derogar los acuerdos que la aseguran.
Las preguntas dirigidas al nuevo Ejecutivo llevan la firma del senador de Compromís, Carles Mulet, quien compara a la religión católica con las «sectas» y equipara la asistencia que prestan los sacerdotes con «interferencias mitológicas o mágicas bajo la excusa de un asesoramiento ético, moral o religioso».
En un comunicado de prensa, Mulet señalaba este jueves que el objetivo era «evitar que cualquier religión se inmiscuya en los centros sanitarios». Pese a la rotundidad de estas declaraciones, la formación sostiene en otra nota, remitida este viernes a ABC, que «en ningún momento se pide expulsar a nadie de los centros sanitarios». Horas antes, el senador había escrito en redes sociales que «quien tenga vicios que se los pague». Mulet ha explicado este viernes que su iniciativa «parte a instancias de organizaciones que han visto discriminatorio el trato con el resto de confesiones religiosas».
Compromís gobierna en coalición con el PSPV-PSOE desde el año 2015 en la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat cumple con los acuerdos suscritos con la Conferencia Episcopal y la Santa Sede.
De acuerdo con los últimos datos oficiales, 62 sacerdotes católicos presentan sus servicios en veinticinco hospitales públicos, lo que supone un coste para las arcas públicas de 856.000 euros al año sobre un presupuesto total de 20.000 millones.
Pese a ello, Compromís sostiene que «ciertas posturas integristas religiosas en materias éticas o morales pueden ir contra los principios básicos de la ciencia o la medicina» por lo que insiste en pedir al Gobierno que «respete la aconfesionalidad del Estado en los centros sanitarios».
Regulación salarial
El senador Mulet abundó este jueves en sus argumentos para solicitar la expulsión de los curas de la sanidad pública en una conversación en su cuenta de Twitter, donde sostenía, en relación a la asistencia católica en los hospitales, que «quien tenga vicios que se los pague». Mulet mostraba el convenio que regula los salarios que perciben los curas que trabajan a tiempo completo en los hospitales valencianos, vigente desde 1992 y que se actualiza cada año.
