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Cartas del Director

Con los votos de Vox, pero sin notarse

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Marín y Serrano
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Vox anunció ayer que planteará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos andaluces para este año presentado por el Gobierno de coalición formado por PP y Cs.

Alega la formación derechista que estas cuentas «las podría haber presentado un Gobierno socialista perfectamente» y se alejan de todo lo que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno había anunciado. Puede decirse que los puntos de los que este partido hizo bandera y quiso condicionar el Gobierno de San Telmo no se han tenido en cuenta: se mantiene la partida de 4,2 millones para violencia de género y se ha aumentado en más de un millón el gasto para las políticas migratorias.

Al partido que lidera Santiago Abascal se le puede achacar que ideologizó en exceso su estreno en una institución pública de importancia, más preocupado en marcar perfil que en gestionar. Puede que ahora le haya pasado factura. El pacto que llevó al PP a San Telmo cuenta 26 diputados de los populares, 21 de Cs y 12 de Vox. No es una representación menor (9 escaños tenía Cs, encabezado por Juan Marín, cuando apoyó a Susana Díaz), por lo que sorprende que no haya tenido capacidad para intervenir en los presupuestos, que anuncie que «todas las actividades y programas que no tengan interés claro público y social no serán apoyadas» y que haya esperado a después de presentarse en el Parlamento el pasado viernes para anunciar su disconformidad. Si estas cuentas no han cumplido el «espíritu», como dijo el portavoz de Vox, es algo que tenía que haberse cerrado en la investidura.

La posición de Vox, de entrada, es legítima, pero también precipitada. De cumplirse esta amenaza, el pacto que forjó la alternativa al socialismo andaluz gobernante 37 años entraría en crisis cinco meses después. Sin embargo, que Abascal haya dado este golpe en la mesa coincidiendo con las negociaciones abiertas en comunidades autónomas y ayuntamientos indica que quiere hacer valer sus votos y, como ya han reiterado, no ser «ninguneados» y tratados como una fuerza de la que se utilizan sus votos cuando interesa y luego se oculta para no verse perjudicados por pactar con una fuerza de extrema derecha, tal y como es calificada muy a la ligera. Albert Rivera también marcó ayer la línea a seguir por su partido: no negociará con Vox, aunque entren en gobiernos que dependan de éstos. Es lógico, por lo tanto, que este partido ponga condiciones y que reclame una representación acorde con sus votos, pero no lo es menos que nadie se lo va a facilitar.

Descartadas las «mesas a tres» en el centroderecha, puede derivarse que no se va a reeditar el pacto andaluz, modelo que se pensó podría trasladarse a otros territorios, aunque nadie hizo bandera de ello. Difícilmente un partido que rehúye a otro puede llegar a grandes acuerdos, y el desencuentro entre Rivera y Abascal es evidente y cada vez más hondo.

Otra cosa diferente será ver cómo gestionan que para que el centroderecha gobierne en Madrid, Aragón y Murcia sea necesario una pacto entre populares, Cs y el apoyo, en la manera que sea, de Vox. El problema de Rivera es el problema de su formación: la indefinición ideológica o, en el tema que nos ocupa, cómo hacer compatible pactos con el PSOE y con un partido que definen de extrema derecha.

En definitiva, la pretensión del partido naranja es que Vox apoye cualquier acuerdo con el PP, pero que no se note. Resulta imposible. Ahora sólo cabe esperar si Vox cumple la amenaza y devuelve las cuentas andaluzas. Añadir esta crisis a un mapa en el que se están encajando gobiernos y ayuntamientos es irresponsable.

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Cartas del Director

¿A qué espera Pedro Sánchez?

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EM.- Nos preguntamos a qué está esperando el Gobierno de España para intervenir en Cataluña. Desde que el lunes pasado se rompió el dique de la “violencia generalizada” -las comillas son de Moncloa-, la situación se ha ido degradando día a día. Cada hora que pasa, y pese a la encomiable entrega de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía, se hace más evidente que la Generalitat no solo no se basta para restablecer el orden público sino que ofrece constantes evidencias de que no tiene ese objetivo por prioritario. Porque su única prioridad, en palabras del todavía presidente Quim Torra, sigue siendo la independencia de Cataluña. Torra trata de rentabilizar políticamente la espiral de salvajes disturbios para relanzar la confrontación unilateral con el Estado, amenazando con otro referéndum y arrastrando a una ERC que, por mucho que discrepe en privado, nunca se atreve a romper en público con el valido de Puigdemont.

La situación es insostenible. Y el artículo 155 sirve exactamente para coyunturas como esta, en la que los dirigentes de una autonomía ni quieren ni pueden ya asumir el control constitucional. Resultan ridículos los esfuerzos de Marlaska por vender una «normalidad» que nadie percibe en Barcelona, cuyos vecinos llevan una semana soportando los destrozos, sabotajes, incendios, colapsos, huelgas y otros hitos del nuevo programa insurreccional que se desarrolla ante nuestros ojos. Las imágenes son impropias de la cuarta democracia de Europa. El daño reputacional para una ciudad que es emblema de nuestro turismo resulta ya incalculable. La sensación de inseguridad campa a sus anchas y el miedo cunde incluso entre los agentes. La vida de los ciudadanos ha sido secuestrada por el capricho de los violentos, empeñados en declarar la independencia por la vía de los hechos revolucionarios, pues no se fían ya de la voluntad de sus políticos ni de los procedimientos presuntamente pacíficos y reglamentarios que hasta ahora habían servido para enmascarar el designio totalitario del procés. La protesta por la sentencia del Supremo y en favor de la libertad de los condenados es un pretexto: se trata, como siempre, de consumar la secesión como sea.

Sánchez está atrapado por su decisión de forzar una repetición electoral cuya campaña sabía que coincidiría con los efectos de la sentencia del 1-O. Acaso creyó que la protesta no alcanzaría un nivel de virulencia propio de guerrilla urbana, capaz de sustanciar causas judiciales por terrorismo. Pero ya es tarde para lamentar errores de cálculo: tiene que dejar ya de pensar como candidato socialista del 10-N y comportarse como el presidente que se debe a la seguridad y a la libertad de sus gobernados. Repetir mecánicamente el mantra de “firmeza, unidad y proporcionalidad” no sirve de nada si se queda en mera propaganda para intentar ganar un tiempo que los catalanes ansiosos de protección no tienen. Invocar una “legitimidad social” para justificar su pasividad es otra trampa conceptual que un presidente apoyado por la oposición no necesita, pues entre PSOE, PP y Cs representan a una abrumadora mayoría de españoles preocupados por el caos creciente en Cataluña. Sánchez debe dejar de escudar en la moderación -¿no es moderado aplicar al ley?- su poco disimulado deseo de no hacer nada que perturbe sus alianzas pasadas, presentes y futuras con independentistas; los mismo que le hicieron presidente en la moción de censura, con los que gobierna comunidades y ayuntamientos y de los que puede depender su futura investidura.

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Apoyo a la Guardia Civil

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Algunas actuaciones recientes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, están produciendo sorpresa y perplejidad. El ministro ha calificado como “inoportunas y poco idóneas” las palabras del general Pedro Garrido durante la conmemoración de la patrona de la Guardia Civil en Cataluña. También la Delegada del Gobierno en dicha Comunidad acudió prontamente a disculparse ante los Mossos de Escuadra, en su nombre “y en el del Ministerio del Interior”, por el discurso del Jefe de la Guardia Civil en Cataluña.

El general Garrido no hizo más que lo propio de un alto mando, agradecer a los agentes la defensa del orden constitucional y el trabajo de “desenmascarar a personas relevantes de las instituciones autonómicas” que pretenden llevar adelante un proceso que es contrario a la ley. Que el ministro del Interior se muestre receloso por el hecho de que un mando de la Guardia Civil apueste públicamente por el cumplimiento de la ley y la seguridad de los ciudadanos en Cataluña resulta bochornoso.

Intervenciones como la del Ministro pueden provocar desafección y desaliento en un cuerpo que debe afrontar cada día un contexto de hostilidad alimentado desde las propias instituciones catalanas. En todo caso reflejan la actitud de un Gobierno más preocupado por la estrategia electoral que por apoyar a quienes se juegan el tipo para preservar el orden y la pacífica convivencia en un momento decisivo para Cataluña.

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Otro giro de Rivera

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Entre las crisis internas de su partido y la preocupación por lo que en cada momento le pronostican las encuestas (en este momento, nada bueno para Ciudadanos), Albert Rivera discurre por la política española improvisando propuestas y confundiendo a sus electores. Sólo en este año, Rivera ha transitado por el espacio político ofreciéndose a unos y a otros, vetando a unos para La Moncloa y bendiciendo a otros como socios preferentes. Del «no es no» a Sánchez, Rivera pasó, en los últimos minutos de la legislatura anterior, a ofrecer su apoyo a la investidura del candidato socialista si aceptaba unas condiciones que, en una hábil y previsible réplica, el PSOE afirmó que ya cumplía. Y ahí quedó el líder de Ciudadanos, con el efímero protagonismo de una oferta que, en vez de trasladar la carga de la culpa sobre Sánchez, acentuó el sentido oportunista con el que se conduce Rivera. Tampoco asumió la negativa socialista con todas sus consecuencias, porque a continuación rechazó el «España suma» que le ofreció Pablo Casado, al que compensó ungiéndolo como socio preferente de Cs para formar gobierno si entre ambos tienen un escaño más que la izquierda.

Pero este alineamiento con el PP para un gobierno de coalición tampoco ha debido tranquilizarle, porque ayer, sin renunciar al pacto con los populares, lo compensó levantando el veto a Sánchez para la próxima legislatura, siempre que se pacten diez reformas sociales y políticas, que no las planteó como condiciones innegociables ni parecen inasumibles para el PSOE. Los críticos de Rivera que abandonaron el partido o sus cargos directivos se sorprenderán con este nuevo volantazo, aunque suponga darles la razón sobre la conveniencia de que Cs sea un partido disponible a pactos diversos.

La pregunta inevitable es si Rivera ha encontrado ya su sitio con esta propuesta de desbloqueo para la próxima legislatura o si tras ella se esconden más saltos tácticos que, en vez de dar claridad a su nueva oferta, la convertirán en una fuente de mayor incertidumbre sobre el papel de Cs en el presente y futuro de España. En este momento, el votante de Cs ya sabe que su líder está dispuesto a formar gobierno con el PP, pero también a apoyar la investidura de Sánchez, en ambos casos con condiciones, como es lógico. Esta opción puede ser tan rentable electoralmente como desastrosa para recuperar votantes perdidos si es percibida como una incongruencia. Todo dependerá de que Rivera haga una campaña que no transforme a su partido en un comodín del que resulte ganador, porque, para ese viaje, sus votantes pueden preferir directamente al ganador. Corre el riego, en fin, de que con tanta pirueta táctica termine de marear a los españoles.

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