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Sucesos

Condenan a 36 años de cárcel a un policía nacional por abusar sexualmente de tres menores

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La Audiencia de Alicante ha impuesto penas que suman 36 años de prisión, pero cuyo cumplimiento efectivo no podrá superar los 20, a un policía nacional de la ciudad que abusó sexualmente de tres menores e intercambió fotografías y vídeos sexuales con ellos y otros seis chicos.

La sentencia declara a V. B. C. autor de tres delitos de abusos continuados a menor de 16 años, otros tres de abusos simples, cuatro delitos de corrupción de menores y un delito de exhibicionismo y provocación sexual. Sin embargo, le absuelve por falta de pruebas de acciones similares que la Fiscalía le atribuía respecto a otros dos menores. Los hechos ocurrieron entre junio y septiembre de 2016, cuando el implicado, que trabajaba en la comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante, contactó con las nueve víctimas, de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, a través de las redes sociales ‘Grindr’ y ‘Wapo’.

La Sección Tercera de la Audiencia alicantina ha determinado, contrariamente a lo que manifestó durante el juicio el propio acusado, que ésta «era conocedor de la minoría de edad» de todos los chicos.

Según el tribunal, el policía mantuvo relaciones sexuales completas con dos de los adolescentes, ambos de 15 años, en febrero de 2016: con el primero en dos ocasiones, en su propio domicilio de Alicante, y con el segundo en su coche, en un descampado de la vecina localidad de San Vicente del Raspeig. En junio de ese año se desplazó a Almoradí, en el sur de la provincia, y mantuvo allí relaciones sexuales dos veces con otro menor, también de 15 años, aunque en ninguna de ellas utilizó la violencia o la intimidación, añade el fallo.

El agente, que también entrenaba a un club de fútbol juvenil de un barrio de Alicante, fue detenido en octubre de 2016 por estos hechos y se encuentra desde entonces en prisión provisional. La Audiencia ha descartado que la intervención de su teléfono móvil, en los que la Policía encontró varias pruebas de los delitos, vulnerara sus derechos fundamentales por la ruptura de la cadena de custodia.

Asimismo, ha confirmado que V. B. C. intercambió fotografías y vídeos de contenido sexual con otros seis menores, como hizo también con los anteriores, a lo largo del verano de ese mismo año. Aunque a varios de ellos les propuso mantener encuentros sexuales, solo uno, de 17 años, accedió a sus pretensiones. El fallo, que puede ser recurrido por la defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, le obliga a indemnizar a los menores con cantidades que suman 20.000 euros por los daños morales.

Recientemente se ha registrado otro caso de abusos sexuales a menores en la provincia de Valencia, concretamente en la población de Buñol. A principios de este mes de septiembre, la Guardia Civil detuvo a dos hombres en el citado municipio por prostituir y abusar sexualmente de diez menores, la mayoría de ellos residentes del centro de recepción de la localidad, tras una investigación que duró varias semanas. Uno de los presuntos pedófilos es un jubilado de 62 años y su arresto causó un gran revuelo entre los vecinos. El otro detenido es un marroquí de 23 años que captaba a los menores.

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Sucesos

El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano

Redacción

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El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.

Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.

Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.

Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.

Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.

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