Condenan a un padre a seguir manteniendo a su hija de 27 años - ALERTA NACIONAL
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Tribunales

Condenan a un padre a seguir manteniendo a su hija de 27 años

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Audiencia Provincial de Lugo.
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Alicia, nombre ficticio de una joven de 27 años en paro, era una estudiante modélica hasta que, al finalizar el bachillerato, su brillante trayectoria académica dio un vuelco anómalo y, a todas luces, inesperado. De obtener resultados excelentes y admirables en sus años de instituto pasó, al entrar en la universidad, a transitar por un sendero de notas mediocres, absentismo y apatía. Podía deberse al desinterés que le producía la carrera que cursaba, pero se matriculó en otra y siguió en la misma situación. No iba a los exámenes, faltaba a las clases y no mostraba ningún interés en sus nuevos estudios. Probó con cursos de formación, pero nada cambiaba.

Tras acudir a terapia psicológica, la profesional que le atendió comprobó que su comportamiento no era deliberado, sino que tenía su origen en los malos tratos psicológicos que, durante mucho tiempo, le infligió su padre, quien le pasaba una pensión mensual de 450 euros desde que se divorció de su madre. Alegando que la joven ya estaba en edad de valerse por sí misma, un juzgado aprobó el pasado mes de diciembre a petición del progenitor que la manutención cediese. Sin embargo, tras recibir un informe pericial sobre el deteriorado estado psicológico de la mujer, la Audiencia Provincial de Lugo, donde residía la joven cuando sus padres se divorciaron, falló recientemente a favor de que el hombre prolongase el sustento durante otros 18 meses por ser el responsable último de su situación.

Los padres no están obligados a mantener la pensión de sus hijos una vez que estos ya están en edad de ser de alguna forma autosuficientes. La ley marca que, si estos no aprovechan sus estudios o no se incorporan al mercado laboral aun teniendo la oportunidad de hacerlo, los progenitores pueden pedir que la cuota mensual que les remiten se extinga paraimpedir así situaciones de aprovechamiento económico. No obstante, en algunos casos la necesidad de que se dilate está justificada por circunstancias como las que se dieron en el caso de esta joven.

«Creo que queda probado que no se puede premiar de esa forma a un maltratador cuando las pruebas documentales acreditan que, si la víctima no es capaz de llevar una vida laboral ni personal normal, es realmente por las conductas que manifestó hacia ella durante mucho tiempo», explica a ABC Damián Gómez González, el letrado que representó a Alicia en todo el proceso. Después de que, en abril de 2017, el padre presentara un recurso para reclamar el fin de la manutención, Gómez alegó, esgrimiendo el informe de la psicóloga que había maltratado a la joven, que su estado anímico y emocional estaba plenamente vinculado a los malos tratos psicológicos que el padre había ejercido sobre ella y también sobre su madre.
Tiranía

Según explica Gómez, el hombre sometió a ambas a un régimen de tiranía en el ámbito doméstico que se prolongó de manera continuada durante un largo periodo de tiempo. Entre otras cosas, relata condiciones de gran crueldad, como hacerlas comer en exceso, en silencio o contra su voluntad, no permitirlas hablar por teléfono o escuchar música bajo la amenaza de echarlas de casa o llamar «gorda» a la madre hasta «hacerla vomitar».

Debido a todas estas situaciones vividas, la joven desarrolló, una vez formalizado el divorcio y puesto fin al calvario que soportó, una serie de traumas e inseguridades que la llevaron a descuidar sus hábitos de higiene, no tener capacidad de concentración o contar con serias dificultades a la hora de mantener relaciones sociales o sentimentales, entre otras cosas.

Por todo ello, y tras cotejar el informe de la experta con otra evaluación psicológica llevada a cabo por los servicios jurídicos, la Audiencia Provincial obligó el pasado mes de junio a que el padre siguiera pasándole la pensión a su hija durante otro año y medio más, revocando así una sentencia previa que eximió al hombre de hacerlo tras acoger su recurso.


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Deportes

Los exjugadores del Arandina son condenados a 38 años de prisión por agresión sexual

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La Audiencia Provincial de Burgos ha dictado sentencia este jueves sobre el caso Arandina. En el fallo, el tribunal condena a los tres exjugadores del club de fútbol a penas de 38 años de cárcel por una agresión sexual en grupo a una joven que tenía 15 años cuando sucedieron los hechos.

La sentencia les aplica la doctrina del Supremo con La Manada que estableció que en una violación grupal cada uno de los acusados fuera responsable de los hechos realizados por él mismo y como cooperador necesario por los cometidos por los demás en su presencia y bajo su aprobación. De esta forma, las penas se multiplican por tres y los futbolistas son condenados a la pena más elevada impuesta de los recientes casos de agresión sexual de estas características. No obstante, el máximo cumplimiento de la pena de prisión se fija en 20 años, conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

Cabe recordar que en el caso de La Manada el Supremo no pudo aplicar tal doctrina porque pese a considerar el factor de la cooperación necesaria no había sido calificado así y, por tanto, los cinco sevillanos fueron condenados cada uno a un único delito y no por las diez agresiones sexuales que sufrió la joven.

Se trata, además, del primer caso de violación grupal en la que los acusados han sido condenados por agresión. Tanto con La Manada de Pamplona como la de Manresa, la sentencia fijó que el delito cometido había sido abuso al no haber existido el uso de la fuerza. En el primero de los casos, el Supremo determinó, finalmente, agresión en base a lo que consideró una «intimidación ambiental» fundamentada en la superioridad física de un grupo.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado, así, a cada uno los acusados como autores de un delito de agresión sexual, con acceso carnal en forma bucal, respecto de la la joven que tenía 15 años cuando denunció haber sido forzada por los tres en el salón de la casa que estos compartían y una vez más en un dormitorio por un de ellos.

Se aprecia la existencia de intimidación ambiental por el hecho de haber actuado los tres acusados sobre la víctima, en su casa, con la luz apagada y por sorpresa, «sin que la menor pudiera reaccionar, debido a la diferencia de edad y complexión física de los acusados».

Se ha tomado en consideración el testimonio de la denunciante, en cuanto resultó corroborado por los de aquellas personas más allegadas y por el informe psicológico. «Si bien la postura de la denunciante fue diferente al relatar los hechos a sus conocidos, por influencia de las redes sociales, se aprecia credibilidad a su versión en cuanto refiere que no realizó los hechos voluntariamente», apunta el fallo, que considera probado que los acusados conocían que la denunciante tenía menos de 16 años. «Iba al colegio con uniforme y su madre y otros testigos se lo habían dicho».

Se les absuelve a los tres del delito de proposición de actividades sexuales; y a uno de los acusados, por su madurez similar a la de la víctima (conforme al informe psicológico) y falta de corroboración, del delito de agresión sexual continuada por el que se le acusaba -es al que la víctima señaló que le había forzado una vez más en el dormitorio-.

Se fija una indemnización de 50.000 euros de la cual responderán en forma conjunta y solidaria todos los acusados. Así mismo, se imponen medidas de prohibición de comunicación con la víctima y también libertad vigilada durante 10 años. Los posibles recursos serán resueltos por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL.


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Cultura

La Justicia ordena la devolución de los bienes de las parroquias aragonesas

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Imágenes bienes de la Diócesis de Barbastro-Monzón
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El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastro (Huesca) ha ordenado la inmediata devolución de los 111 bienes del patrimonio histórico de las parroquias aragonesas que permanecían depositados en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida. Entre los bienes se encuentran pinturas, orfebrería, libros de gran valor, capas pluviales y casullas. La sentencia dictada por el juez estima íntegramente la demanda presentada por el obispado de Barbastro Monzón en representación de las 43 parroquias que lo integran.

Siete meses después de celebrarse el juicio para resolver la discrepancia entre las diócesis de Lérida y de Barbastro-Monzón, la sentencia desestima en su totalidad los argumentos planteados tanto por el obispado catalán como por el Consorcio de la institución museística y concluye que los bienes son propiedad aragonesa y deben de regresar.

Todo se remonta al 29 de abril de 1995, cuando se constituye la diócesis de Barbastro-Monzón, por el que se ordena que las parroquias de los arciprestazgos de Ribagorza Oriental y Occidental, Cinca Medio, La Litera y Bajo Cinca se transfirieran de la diócesis de Lérida a la de Barbastro, que pasó a denominarse, en virtud del mismo Decreto, diócesis de Barbastro-Monzón.

Una vez concluido el proceso, habían sido transferidas 111 parroquias, todas las cuales se encontraban dentro los límites territoriales de Aragón, con una población de 68.454 fieles.

La transferencia de fieles y parroquias fue aceptada sin objeción alguna por parte de la diócesis de Lérida, pero siempre tuvo reparo a devolver los objetos artísticos o de arte sacro propios de las mismas.

La reiterada negación a hacerlo ha dado lugar a este pleito. Al mediodía se celebrará una rueda de prensa sobre esta sentencia.


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Tribunales

La Fiscalía valorará si hubo delito de los gestores socialistas andaluces por la pérdida de vacunas

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El Gobierno andaluz de PP-Cs ha trasladado a la Fiscalía la pérdida de 1,8 millones de vacunas contra la gripe desde 2012 por parte de los anteriores ejecutivos socialistas, para que determine si ve algún tipo de irregularidad o delito. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha explicado que la semana pasada se derivó a la justicia este asunto, por lo que será ahora la Fiscalía quien tendrá “que pronunciarse sobre si ve algún tipo de irregularidad”.

Bendodo ha defendido en una entrevista en la Cope que durante los anteriores gobiernos socialistas “se inflaron” las cifras, con 1,8 millones de vacunas “desaparecidas, perdidas, extraviadas o descontroladas”, que suponen 6 millones de euros. La Junta lleva esta denuncia a la Fiscalía después de recopilar los datos necesarios sobre lo que han denominado como “vacunas fantasma” para la gripe, ya que según han expuesto en otras ocasiones ni se usaron ni fueron devueltas.

Bendodo ha rechazado las críticas del PSOE a la gestión sanitaria del Gobierno pidiendo en diez meses “lo que no hicieron en 37 años” y ha mantenido que “el gran fraude” del Ejecutivo de Susana Díaz y de los anteriores fue “la sanidad pública”.


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