Echenique predica el pago de impuestos cuando él fue condenado por pagar en negro - ALERTA NACIONAL
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Echenique predica el pago de impuestos cuando él fue condenado por pagar en negro

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El secretario de Organización de Podemos y cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Pablo Echenique, se ha convertido –a su pesar- en protagonista de uno de los «zascas» televisivos que más están corriendo por las redes sociales en plena campaña electoral. El video capta el momento en el que Echenique, tras predicar el pago de impuestos, es puesto en evidencia por haber sido condenado por defraudar.

La secuencia se produjo durante el debate retransmitido por la cadena autonómica Aragón Televisión, en el que participaron los cabezas de lista al Congreso por la provincia de Zaragoza. En un momento del debate, Echenique aprovechó para replicar las consignas de Podemos en materia de fiscalidad, abogar por aumentar la recaudación tributaria y cargar en este particular contra «la Banca, las eléctricas y las grandes fortunas».

Tras haber repetido varias veces esos mensajes, el candidato del PP al Congreso Eloy Suárez replicó a Echenique afeándole que pregone para los demás el pago de impuestos cuando él ha sido condenado por pagar en negro a un asistente personal y no abonar las cotizaciones a la Seguridad Social por ese trabajador. «Usted, lecciones de pagar impuestos no puede dar ninguna. Si hay alguien desacreditado es usted», le dijo el candidato del PP mientras Echenique trataba de zafarse sin negar los hechos. «Entiendo que le moleste», le replicó Suárez.


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Economía

La subida del salario mínimo interprofesional incrementará el paro e incentivará la economía sumergida

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J. L. Feito (R) Al igual que sucedió con otras alzas bruscas del salario mínimo interprofesional (SMI) al comienzo de la Transición política y en las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), la subida del coste salarial mínimo aumentará el peso de la contratación temporal, reducirá la duración de la jornada media de trabajo y ralentizará el crecimiento del empleo a tiempo completo, incrementará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores de baja cualificación e incentivará la economía sumergida. Algunos de estos efectos, como la reducción de la jornada y el aumento de la contratación temporal y a tiempo parcial, serán inmediatamente visibles.

Lo anterior no implica afirmar que el nivel actual del SMI en nuestro país sea la causa principal del elevado paro estructural que padecemos, ni que la reciente subida vaya a coartar de forma significativa la creación de empleo. Más paro estructural que el SMI han causado los salarios mínimos establecidos por muchos convenios colectivos, y mucho más nocivo para el empleo y la reducción del paro que la reciente subida del SMI sería que dicha subida impulsara alzas proporcionales de esos mínimos de convenio y que dichas alzas se transmitieran al conjunto de la escala salarial. En este artículo nos limitamos estrictamente a estudiar las posibles consecuencias negativas de la subida del SMI, suponiendo que dicha subida no tiene impacto alguno sobre la estructura salarial acordada en la negociación colectiva. Aun bajo este supuesto, como se ha dicho y se razonará en las líneas siguientes, la subida del SMI que ha entrado en vigor en enero de 2017 tendrá apreciables efectos netos negativos sobre los trabajadores más propensos a perder su puesto de trabajo y a permanecer en el paro.

Criticar la subida del SMI tampoco implica, como equivocadamente suponen los partidarios de dicha medida, que quienes lanzan estas críticas no quieran que aumenten los niveles salariales más bajos o los salarios medios en nuestro país. El deseo de que los salarios mejoren todo lo posible, especialmente los más bajos, lo comparten tanto los partidarios como los detractores de dicha subida. La diferencia entre unos y otros no reside en el ámbito de los deseos sino en el de los métodos para hacer el deseo realidad, sin que la subida de los salarios de unos implique la pérdida de empleo o la permanencia en el paro de otros. De lo que se trata, pues, es de dilucidar si la subida del salario mínimo decretada por el Gobierno, acompañada de una subida de igual proporción de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social, será positiva o negativa para los trabajadores de menor renta salarial y especialmente para los más vulnerables, los más propensos a perder su puesto de trabajo o a permanecer en el paro.

CONSIDERACIONES GENERALES

Antes de entrar en el análisis de las magnitudes pertinentes para apoyar empíricamente las anteriores afirmaciones, es conveniente efectuar algunas consideraciones generales que parecen desconocer quienes jalean esta medida por su supuesto impacto benéfico sobre los trabajadores de menor renta.

En primer lugar, se ha de recordar que el salario mínimo siempre es cero, esto es, el verdadero salario mínimo es la pérdida o ausencia de salario por perder el empleo o permanecer en el paro. En las economías de mercado, el Gobierno puede fijar un nivel de salario mínimo pero son las empresas las que determinan el nivel de empleo y, por ende, el número de trabajadores que terminará percibiendo esos umbrales salariales. Esto es, el Boletín Oficial del Estado (o la negociación colectiva) puede imponer niveles salariales mínimos pero no el volumen de empleo consistente con dichos salarios. El empleo tenderá a alcanzar el nivel en el cual su coste para las empresas iguala la contribución relativa de los trabajadores empleados a los ingresos de las mismas. Si el coste salarial mínimo supera la contribución que algunos trabajadores empleados o parados realizan, o pueden realizar, a los ingresos de las empresas, descenderá la demanda de este tipo de trabajadores, reduciéndose su empleo (o su jornada) o prolongándose su permanencia en el paro. Dicho más llanamente, si lo que los empleados le cuestan a los empleadores supera lo que aquellos producen se reducirá el empleo (y aumentará en caso contrario). Así, no se puede dar por sentado que todos los trabajadores que están cobrando alrededor del salario mínimo de 2016 seguirán empleados, trabajando las mismas horas anuales que antes y ganando el incrementado salario mínimo de 2017. Ni tampoco que el número de trabajadores que saldrán del paro y cobrarán el nuevo salario mínimo será igual al que habría encontrado trabajo al anterior nivel del SMI.

Esto es, existen valores del salario mínimo cuya superación tendría efectos opuestos a los buscados con dicha medida. Este es un hecho que hasta los más ardorosos partidarios de subir intensamente el salario mínimo reconocen tácitamente, ya que ni ellos se atreven a solicitar que el salario mínimo se iguale al salario medio. Si la subida del salario mínimo, aunque aumente la renta de algunos trabajadores, reduce la de otros, ya sea porque se acorte su jornada, pierdan su empleo o permanezcan en el paro los que en ausencia de dicha subida habrían encontrado trabajo, entonces dicha medida podría deteriorar la situación de los trabajadores de menor renta en su conjunto. De lo anterior se colige que la subida del salario mínimo no solo no tiene por qué reducir la precariedad laboral ni la desigualdad salarial sino que incluso puede aumentarlas.

En segundo lugar, está la falacia, no por repetida menos falsa, consistente en defender la subida del salario mínimo como un instrumento para acelerar el crecimiento del consumo privado y de la demanda interna. Vaya por delante que no siempre es positivo para la economía y para el empleo que se acelere el crecimiento del consumo o el de la demanda interna. No lo es, por ejemplo, cuando el crecimiento de dichas variables se hace a costa de aumentar el endeudamiento externo del país, como sucedió con especial virulencia en los años anteriores e inmediatamente posteriores a la Gran Recesión. Dicho esto, el crecimiento del consumo privado depende del crecimiento del poder de compra del conjunto de los asalariados y de otras variables como la fiscalidad, la confianza de los agentes económicos en la evolución de la economía o los movimientos de los tipos de interés. El poder de compra del conjunto de los asalariados, a su vez, depende del comportamiento de los salarios medios reales (no del salario mínimo) y de la evolución del empleo. Esto implica que si la subida del salario mínimo no aumenta los salarios medios en términos reales o, aunque lo hiciera, tuviera una incidencia negativa sobre el nivel de empleo que sobrepasara el efecto alcista sobre los salarios, su impacto sobre el consumo privado podría ser incluso negativo. En cualquier caso, solo aumentos de los salarios medios reales que sean compatibles con el crecimiento del empleo y con el mantenimiento de niveles de competitividad adecuados pueden garantizar ritmos de crecimiento sostenibles del consumo privado y de la demanda interna.

En tercer lugar, la presunción de ausencia de impactos negativos sobre el empleo y el paro de establecer determinados niveles de salario mínimo en España no se puede amparar en comparaciones de estos niveles con los existentes en otros países cuyas rentas per cápita, niveles de productividad y salarios medios son sensiblemente superiores a los nuestros. Ya hemos visto en la primera consideración que si los niveles de los salarios reales mínimo o medio superan la productividad de los grupos de empleados correspondientes se perderá empleo hasta que dichas pérdidas eleven la productividad, acercándola al nivel de los salarios reales.

Esta presunción está firmemente arraigada en las formaciones políticas de izquierda y extrema izquierda, y en buena parte de la opinión pública que, por otra parte, ignora que en alguno de los países de mayor renta per cápita de Europa (los países escandinavos) no existe salario mínimo. Como tampoco existía en Alemania hasta el año pasado, país en el que dicho salario mínimo no es aplicable a los jóvenes de menos de 18 años y a los parados de larga duración. La mayor parte de los políticos y de la opinión pública, así como muchos economistas no especialistas en el mercado de trabajo, ignoran también que España es el único país del mundo (de los que tienen SMI) que desde 1998 tiene un salario mínimo común tanto para los jóvenes como para el resto de los trabajadores. Todos los demás países tienen una escala de salarios mínimos crecientes con la edad hasta, al menos, los 20 años. En algunos de ellos (Alemania y Holanda), el salario mínimo de los jóvenes de menos de 18 años es inferior al salario mínimo para los jóvenes de estas edades en España, a pesar de las notables diferencias de productividad y salarios medios entre esos países y el nuestro. Debería ser abrumadoramente obvio que el elevado paro juvenil en España (superior al 40%), y especialmente el de los jóvenes de menos de 20 años (superior al 50%), tiene algo que ver con el nivel de salario mínimo preexistente antes de esta última subida.

En cuarto lugar, tampoco es un indicador útil de los posibles efectos del salario mínimo el mayor o menor valor que alcance el denominado índice Kaitz, el cociente entre el salario mínimo y el salario medio. De acuerdo con la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario mínimo mensual actual (707,6 ) alcanza el 37,4% del salario medio mensual de 2015 (1.893,7 ) y el 44,3% del salario mediano (1.596,8 ). 2015 es el último año con datos completos publicados, pero los niveles salariales de 2016 no alterarán apreciablemente esos porcentajes. Estos indicadores, en sí mismos o en comparación con los de otros países, no nos dicen nada sobre el posible impacto del salario mínimo porque dicho impacto depende de las estructuras de productividades laborales individuales de cada país. Si en un país determinado el grupo de trabajadores con productividad inferior al salario mínimo y al salario medio es abultado, las consecuencias negativas de subir el SMI serán tanto mayores cuanto más se acerque dicho salario al salario medio, con independencia de cuál sea su índice Kaitz en comparación con el de otros países. En este sentido, la recomendación de la Carta Social Europea de intentar situar el salario mínimo en torno al 60% del salario medio (una recomendación que no se cumple en ningún país europeo ni de la OCDE), que también se ha utilizado por algunos grupos políticos para apoyar la subida del salario mínimo en nuestro país, debería entenderse como una recomendación para aumentar la productividad de los trabajadores que la tienen más baja mediante políticas educativas y de formación. Si no se entiende así, la única interpretación alternativa posible de esta recomendación sería que la Carta Social Europea promueve el paro de los trabajadores más vulnerables.

EVALUACIÓN DE daños

Veamos a continuación los elementos para evaluar el impacto del salario mínimo sobre el empleo y el paro. En lo que sigue se utilizan indistintamente comparaciones entre salarios nominales y valor de la productividad laboral (o productividad nominal) o bien entre salarios reales y productividad laboral. Un aumento del salario mínimo (más precisamente, del coste salarial mínimo) hasta un determinado nivel afectará negativamente a los flujos de empleo allí donde este nivel supere la contribución de los trabajadores a los ingresos de las empresas donde trabajan o podrían trabajar. La productividad nominal de los trabajadores, la contribución a los ingresos de la empresa, tiene un componente estructural y otro cíclico que la impulsa al alza en las etapas expansivas y a la baja en las contractivas. Por eso, en una fase de crecimiento sensible del PIB se creará habitualmente empleo en proporción cercana a dicho crecimiento, si bien la subida del coste salarial mínimo podría moderar el crecimiento de ciertos tipos de empleo. En general, sobre todo cuando el paro supera su nivel de pleno empleo o su nivel estructural, la creación de empleo por unidad de PIB será tanto mayor cuanto menor sea el ritmo de variación de los costes laborales reales.

El empleo neto creado en un año será igual al empleo creado menos el empleo destruido y el paro se reducirá por el importe de dicho aumento, suponiendo constante la población activa. Por lo tanto, dejando al margen el impacto del salario mínimo sobre la tasa de actividad y suponiendo constante la población activa, sus dos canales principales de incidencia adversa serían su posible impacto negativo sobre la creación bruta de empleo y su posible impacto positivo sobre la destrucción de empleo. El aumento del coste salarial mínimo puede afectar también a la composición del empleo aumentando la proporción de contratos temporales, reduciendo la duración de la jornada o pasando empleo a la economía sumergida. La contratación temporal tiene un coste laboral inferior a la indefinida, ya que los costes de despido son un componente del coste laboral y por eso tiende a acentuar su crecimiento cuando suben los costes salariales.

Por cualquiera de estas tres vías, los empleadores (empresas, autónomos y también familias, en el caso de las empleadas/os del hogar) ajustan sus costes laborales anuales a lo que consideran que pueden pagar en el año por el trabajo del empleado. Como se ha dicho antes, la creación bruta y la destrucción de empleo, así como la duración de la jornada, la proporción de la contratación indefinida y el montante de la economía sumergida, pueden variar por otras causas ajenas a la subida del coste salarial mínimo. Aislar con precisión el efecto de esta subida orillando el de esas otras causas exige estudios econométricos que no estarán disponibles hasta que se cuente con la evidencia de algunos años de vigencia de la medida. A falta de estos estudios, se pueden utilizar algunos indicadores para dar una idea del orden de magnitud del impacto de la subida, una evaluación que permita, al menos, apreciar si dicho impacto será significativo o insignificante.

La estimación aproximativa del impacto de la subida del salario mínimo se efectúa habitualmente observando la proporción de trabajadores empleados que por su nivel salarial podrían verse afectados por los nuevos umbrales del salario mínimo. Obviamente, cuanto mayor sea la proporción de trabajadores con salarios alrededor del mínimo, mayor será el impacto potencial de una subida del mismo sobre los flujos de creación y destrucción bruta de empleo. Florentino Felgueroso ha estudiado la cobertura del nuevo nivel del SMI vigente en 2017 en comparación con la existente al anterior nivel de salario mínimo (y también con la vigente bajo hipotéticas subidas adicionales del mismo hasta el año 2020, datos que se pueden consultar en el artículo citado de este autor). La fuente utilizada por Felgueroso es la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) y la unidad salarial considerada es el salario mensual ajustado a mes equivalente a tiempo completo.

Como se puede observar en el gráfico adjunto (¿A quiénes afecta?), la proporción del total de asalariados con salarios cercanos al mínimo, al inicio de 2017, es del 3,6%, una cifra no elevada pero no despreciable y sensiblemente superior a la del año 2015. Lo más relevante y útil del gráfico de Felgueroso, a mi juicio, es la cobertura del SMI entre los jóvenes y los trabajadores no cualificados. En estos grupos la cobertura del SMI es significativa (18,5% y 12,3% respectivamente, sensiblemente superior a la existente antes de la subida) y, por tanto, también lo es su incidencia negativa potencial. Piénsese que estos grupos de empleados, más que otros, son la porción emergente de un iceberg con una parte abultada sumergida en el desempleo. Es igualmente significativa la cobertura del salario mínimo entre las empresas de reciente creación, un dato también preocupante, ya que la creación neta de empresas es el principal motor de la creación neta de empleo.

La cobertura del nuevo SMI también se puede observar de forma más burda, pero también relevante, a partir de los datos del decil de salarios del empleo principal de la EPA, resumidos en el gráfico inferior de la página anterior (¿Cuántos perciben una suma inferior al SMI?).

Nótese que el total de los asalariados es inferior al 10% de la población que debería cubrir cada decil. La razón probable estriba en que la nota de prensa del INE publica los datos muestrales sin escalar por los pesos de representatividad de los componentes correspondientes. En todo caso, la escalación probablemente aumentaría el peso de la población a jornada completa y reduciría el de la población a jornada parcial. Con independencia de esta corrección, cerca de un 10% de los asalariados percibiría menos del salario mínimo actual, ya que atendiendo a los datos de la Encuesta de Estructura Salarial, solo una parte insignificante de la población de asalariados del segundo decil ganaría menos del nuevo salario mínimo de 707,6 . La diferencia entre la cobertura de estos datos de la EPA y la cobertura de los datos que utiliza Felgueroso se debe a que dicho autor calcula el sueldo mensual ajustado a mes equivalente a tiempo completo. Según la muestra de la EPA, el sueldo medio bruto mensual de los asalariados a jornada completa en 2015 fue de 2.142 mientras que el de los asalariados a jornada parcial se cifró en 697,2 . Ahora bien, el número medio de horas semanales habitualmente trabajadas en 2015 fue de 19,5 horas para los asalariados a jornada parcial y de más de 40 horas para los de jornada completa. Al ajustar a mes equivalente a tiempo completo, los salarios mensuales de los trabajadores de jornada parcial ascienden correspondientemente.

El hecho decisivo para el tema que nos ocupa es que una parte de la reducción de jornada y, por tanto, de los menores ingresos anuales de los trabajadores afectados, puede ser involuntario e inducido por el nivel del salario mínimo. Los datos del Cuadro 2 corroborarían esta deducción, ya que los datos sin escalar de dicho Cuadro dan mayor peso a los jóvenes y extranjeros, esto es, a los trabajadores de menor cualificación.

En todo caso, para evaluar aproximadamente el impacto de un determinado nivel del coste salarial mínimo no basta con analizar el porcentaje de la población asalariada con salarios cercanos al mismo. Es necesario, además, estudiar las características de la población activa en el paro. La cobertura del SMI entre los asalariados sería un indicador suficiente si el paro fuera esencialmente friccional o muy bajo. Sin embargo, cuando el paro estructural es muy elevado y es especialmente alto entre los jóvenes y los menos cualificados, aun cuando la cobertura del SMI entre los asalariados empleados fuera muy baja, el nivel del SMI podría ser una barrera al empleo de una parte significativa de los parados. Para dirimir esta cuestión se debería poder responder a la pregunta: si el SMI fuera inferior al actual o inexistente o significativamente más bajo para los jóvenes de menos de 20 años, ¿en cuánto se reduciría el desempleo?

A falta de estudios econométricos precisos sobre esta cuestión, que hasta donde yo sé no se han efectuado, la única aproximación posible a una respuesta a esta pregunta la ofrecerían los datos de desempleo entre la población activa más perjudicada por el establecimiento del salario mínimo: los jóvenes y los trabajadores poco cualificados. Los datos de la última EPA disponibles al escribir estas líneas, la de noviembre de 2016, ilustran un nivel y estructura del desempleo que, sin duda alguna, se vería reducido con salarios mínimos inferiores a los actuales (incluyendo los de algunos convenios), al menos para los jóvenes. A esa fecha de 2016, la tasa de paro juvenil (16-25) se situaba en el 41,9% y la de los jóvenes de menos de 20 años en el 54,7%. La tasa de paro de muy larga duración (dos años o más) alcanzaba el 40% y la tasa de paro de trabajadores de baja o muy baja cualificación el 30%. Estas cifras, al igual que la tasa de paro general, que se situó a finales del 2016 en el 18,6%, prácticamente duplican las medias correspondientes de la Unión Europea. Por eso, dicho sea de paso, tiene poco sentido intentar extraer consecuencias del salario mínimo comparando el nivel absoluto o relativo (en relación con el salario medio) que tiene en nuestro país con el que alcanza en esos otros países.

Sin duda alguna, estas cifras mejorarán considerablemente en los próximos años mientras persista la actual etapa expansiva del ciclo económico. Pero la población trabajadora española tiene dos rasgos diferenciales que, combinados con las también diferenciales distorsiones del entramado institucional de nuestro mercado de trabajo, harán que el paro estructural entre los jóvenes y los menos cualificados siga siendo muy elevado en España mientras dichos rasgos y rigideces institucionales persistan. Uno es la baja cualificación de los trabajadores inmigrantes en España en comparación con las de los países más avanzados de la OCDE. El otro, relacionado parcialmente con el anterior, es la elevada proporción de trabajadores jóvenes y no tan jóvenes con baja cualificación por las altas tasas de abandono escolar de los últimos años. En el año 2014, por ejemplo, la tasa de abandono escolar de las personas de edades comprendidas entre 25 y 34 años era del 39% para hombres y del 28% para mujeres, cerca del doble de las tasas promedio correspondientes para el conjunto de los países de la OCDE. En 2015, el porcentaje de jóvenes que no tienen empleo ni están estudiando ni en formación alcanzó el 23% (el de los jóvenes nacidos fuera, el 32%), mientras que la media de la OCDE se situaba en el 15%. Estas cifras han mejorado notablemente en el 2016 pero siguen siendo un 80% superiores a la media de la OCDE.

Con una población activa en la que existen bolsas tan amplias de trabajadores de baja o muy baja cualificación, y por tanto con productividad muy baja, los niveles anteriores, y aún más los actuales, del coste salarial mínimo (también de los salarios mínimos de algunos convenios) tienen, por fuerza, que estar reprimiendo los flujos de creación de empleo y salida del paro. Como colofón, se puede añadir que toda la evidencia internacional disponible que no encuentra efectos negativos discernibles del salario mínimo sobre el empleo se refiere a países que tienen tasas estructurales de paro muy bajas, y, en todo caso, tasas que, en promedio, alcanzan menos de la mitad de la tasa de paro estructural de nuestro país.

CONCLUSIONES

Para buena parte de la opinión pública, para los sindicatos y para muchos políticos ayunos de conocimientos económicos, subir el salario mínimo es equivalente a subir los ingresos salariales anuales de todos los trabajadores empleados que ganen menos de dicho salario, y de todos los que se hubieran empleado al nivel preexistente del salario mínimo y que ahora supuestamente lo harían al nuevo nivel. No conciben la posibilidad de que la subida del salario mínimo pueda tener efectos negativos de ningún tipo sobre la creación bruta de empleo ni de que acentúen la destrucción de empleo o reduzcan la duración de la jornada o eleven la tasa de temporalidad de la contratación.

En las economías de mercado, la política puede establecer, por ley, un salario mínimo, pero son las empresas las que determinan el número de personas que tendrán empleo a ese nivel salarial, así como la duración de la jornada o la modalidad de contratación temporal o indefinida de dicho empleo. El empleo tenderá a alcanzar el nivel en el cual su coste para las empresas iguale la contribución relativa de los trabajadores empleados a los ingresos de los mismos. Si el SMI (para ser más precisos, el coste salarial mínimo) en términos reales asciende hasta un determinado nivel, los trabajadores empleados o parados cuya productividad sea inferior a dicho nivel tendrán un riesgo elevado de perder su empleo o de permanecer en el paro.

El aumento del SMI (8%) y de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social (8%) vigentes a partir de 2017, el alza más elevada en términos reales desde los años de la Transición, ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados. Muchos de estos efectos negativos serán anegados por la intensa creación de empleo que seguirá caracterizando la actual etapa de expansión económica y serán sólo palpablemente visibles en la siguiente etapa contractiva del ciclo económico. A lo largo de estas páginas se han examinado los datos relevantes para sustentar estas afirmaciones, poniendo de relieve la cobertura significativa del nuevo SMI entre los trabajadores empleados más vulnerables y, sobre todo, el elevado paro estructural existente de los jóvenes (especialmente los menores de 20 años) y de los trabajadores de baja o muy baja cualificación. Los más perjudicados por esta medida no serán quienes están ganando salarios alrededor del mínimo, aunque algunos de ellos pueden sufrir pérdidas de empleo o reducción de jornada, sino los trabajadores con más dificultad para acceder al empleo y los más propensos a permanecer en el paro.

Los sindicatos y muchos grupos políticos ven en la subida del SMI un antídoto contra la desigualdad salarial y lo que denominan precariedad laboral, esto es, contra los empleos de baja remuneración y los contratos temporales o a tiempo parcial. me parece haber demostrado, sin embargo, que el salario mínimo fomenta la contratación temporal y la reducción de jornada, ralentiza la creación neta de empleo a tiempo completo y, por ende, reduce o, en el mejor de los casos, mantiene los ingresos anuales de los trabajadores más vulnerables.

España tiene una tasa de paro estructural anormalmente alta en comparación con la mayoría de los países de la UE o de la OCDE. Una de las causas, ciertamente no la única, es la baja cualificación comparativa de los jóvenes y de algunos colectivos no tan jóvenes. A su vez, esto obedece a las comparativamente muy elevadas tasas de abandono escolar de nuestro país, desde hace varios años, el doble de la media de la OCDE. El año pasado es el primero en que se registra una visible reducción de las tasas de abandono escolar, si bien continúan siendo un 80% superiores a las de dicho conjunto de países. También se debe a que la población inmigrante que trabaja en España tiene una proporción de trabajadores poco o muy poco cualificados superior a la que registran otros países avanzados de Europa.

Aparte de los costes en términos de paro estructural que tiene subir el salario mínimo en estas condiciones, se debería entender que la única posibilidad de reducir significativamente este paro abultado es mediante la creación masiva de lo que los sindicatos denominan empleo de “poca calidad”. Cualquier empleo es de mejor calidad que el paro, porque en el paro no solo se pierde el salario y la experiencia laboral que ofrece cualquier empleo, sino porque, además de estos costes pecuniarios, están los costes psicológicos de no encontrar trabajo. Nótese la incoherencia de los sindicatos y esos grupos políticos entre el desprecio a la creación de empleo “precario” o “basura” en esta etapa expansiva y la conmoción que mostraban por el derrumbe del empleo “precario” o “basura” tras el estallido de la Gran Recesión. O no eran sinceras sus preocupaciones entonces o no lo son ahora. Más allá de los envoltorios o intenciones políticas de las declaraciones de esos grupos, siempre es una mala noticia que se destruya empleo, cualquier tipo de empleo, y siempre es una buena noticia que se cree empleo, cualquier tipo de empleo.

Para reducir el paro significativamente buena parte del empleo creado tiene que ser empleo de “poca calidad” porque buena parte de los trabajadores desempleados no tienen la productividad suficiente para desempeñar “empleos de calidad”. Subiendo el salario mínimo no se consigue mejorar la calidad del empleo sino simplemente mantener en el paro a muchos trabajadores que podrían encontrar empleo en ausencia de dicha medida. Por otra parte, para crear empleo de “calidad” lo primero que hay que hacer es crear empleo y no destruirlo, acelerar su crecimiento y no ralentizarlo. Lo segundo, mejorar el capital humano de los trabajadores mediante la educación y la formación profesional, y aumentar el capital físico y tecnológico mediante la inversión empresarial y la mayor eficiencia en la asignación de recursos. El nivel de los salarios reales de una sociedad solo puede crecer cuando la calidad de su capital humano y su stock de capital físico crecen proporcionalmente más que su población activa y cuando la aplicación de los avances tecnológicos u otras mejoras de la eficiencia en la asignación de recursos aumenta la productividad total de sus factores productivos. Cualquier aparente atajo que se siga fuera de esas vías, y en España desafortunadamente hemos seguido muchos, termina antes o después en más desempleo, con la consiguiente descapitalización de los trabajadores afectados y, en última instancia, en menores avances de los salarios reales de los que se conseguirían acoplando la remuneración de los trabajadores a sus niveles de productividad en cada momento.

 

 


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Economía

Sánchez se reúne con el hijo del magnate Soros en el Foro de Davos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este miércoles con Alexander Soros, hijo del magnate de origen húngaro George Soros, en el marco del Foro Económico Mundial, que se celebra en la ciudad suiza de Davos.

Según Vozpópuli, Sánchez, acompañado por las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, ha mantenido reuniones con los dirigentes de varias multinacionales. Entre ellos estaba Soros Jr. y representantes de empresas como Morgan Stanley, City Group, Bank of America o Zurich, entre otros.

Es preciso señalar que Sánchez ya recibió a George Soros en La Moncloa poco después de la moción de censura en junio del 2018 al Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella reunión, en la que también participó el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, fue secreta.

Soros es un multimillonario que controla diferentes órganos generadores de opinión, financiador de campañas en favor de la inmigración masiva, el aborto o la eutanasia.


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Economía

El Gobierno socialcomunista de Sánchez castiga a madrileños, gallegos, andaluces y murcianos

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En la imagen, Feijoo, Ayuso y Moreno Bonilla, presidentes regionales de Galicia, Madrid y Andalucía, respectivamente.
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Por Begoña Vila.- Pedro Sánchez y su prole comunista deciden quedarse con el dinero del IVA perteneciente a la liquidación del 2017 en las regiones donde gobierna el Partido Popular.

En total son 2500 millones de euros que corresponden a los ciudadanos de esta regiones y que el partido de Pedro Sánchez decide apropiárselo.

¿Cómo ha reclamado Galicia lo que le pertenece?

El gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo pidió al Gobierno Central que pagase a Galicia lo que le adeuda, unos 700 millones de euros. ¿Qué contestó Madrid? Dijo que no podía ser porque estaban en funciones y con los presupuestos prorrogados. ¿Qué hizo la Xunta de Galicia? Aportó un informe jurídico que desmiente el argumento del Gobierno. ¿Qué sostuvo el PSOE? Dijo que hay un informe de la Abogacía del Estado que contradice el informe del presidente gallego; cierto es que este informe no sale a la luz porque no existe.

Pedro Sánchez convocó elecciones el pasado 10 de noviembre y dijo entonces que pagaría la mitad. ¿Pero se podía darle a Galicia lo que le corresponde o no? Claro que sí. ¿Por qué Galicia solo recibió parte de lo que le corresponde, es decir, 138 millones de euros en vez de 700 millones? Porque el Gobierno dejaría las aportaciones de 2018 para entregarlas a Galicia en el año 2020. Pero ayer la ministra de Hacienda después de Consejo de Ministros María Jesús Montero cambia de opinión – habitual en este gobierno-y decide no pagar curiosamente a las comunidades donde gobierna el Partido Popular.

Todavía faltarían unos 178 millones que tiene esta comunidad autónoma por cumplir objetivos.

Feijóo ha hablado y ha instado al gobierno socialista a rectificar en las próximas horas y pide para Galicia los 200 millones que le debe de dicha liquidación del IVA del 2017 o actuará en consecuencia. Ha dicho también que: “ Cada comunidad sabrá lo que tiene que hacer y, desde luego, Galicia sabe lo que tiene que hacer. No voy a consentir, en ningún caso, que los gallegos pierdan dinero. Nos vamos a defender con todos los derechos que nos ampara la ley y todos los derechos que emanan de la Constitución”

2020 año electoral en Galicia

A las puertas de unas elecciones autonómicas donde el Partido Popular se jugaría su cuarta mayoría absoluta; Galicia ya sabe que los socialistas han querido quedarse con el dinero recaudado de su IVA que asciende a unos 200 millones de euros. Dinero que los gallegos necesitamos para sanidad, para educación, para servicios sociales, para mejorar infraestructuras, etcétera.

¿Y qué han dicho el Partido Socialista Gallego y el Bloque Nacionalista Gallego ante esta situación de discriminación hacia su tierra a la que quieren representar en unos unos meses?

Nada, ni siquiera se han puesto de perfil, han dado la espalda a todos los gallegos. Con esta postura han antepuesto sus cargos políticos a los intereses de Galicia. Las urnas responderán.


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