El canciller iraní dice que su país ejecuta a los homosexuales por "principios morales" - ALERTA NACIONAL
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El canciller iraní dice que su país ejecuta a los homosexuales por “principios morales”

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Santiago Fontenla.- Durante la reciente visita del canciller alemán Heiko Mass a Teherán, un periodista del diario Bild dirigió una serie de preguntas al canciller iraní Javad Zarif.

En una de sus preguntas, Paul Ronzheimer cuestionó las políticas del régimen iraní: “¿Por qué los homosexuales en Irán están siendo ejecutados por su orientación sexual?”.

El canciller iraní respondió que la sociedad iraní “tiene principios morales. Vivimos acorde a estos principios. Estos son principios morales que se refieren al comportamiento de la gente en general. Y esto significa que la ley es respetada y obedecida”.

Según informes, cientos de personas han sido ejecutadas en Irán por su orientación sexual. Este mismo año, a finales del mes de enero, un homosexual fue colgado en Irán por su orientación sexual tras determinar que había violado las leyes antigay del país.

El embajador de EEUU en Alemania, Richard Grenell, criticó duramente a Irán por su posición y por los comentarios emitidos por Zarif: “El régimen iraní ha violado los principios básicos de las Naciones Unidas. Los miembros de la ONU deben honrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos si quieren ser miembros. La criminalización de la homosexualidad simplemente viola esta declaración”.

Por su parte, la cancillería israelí inició una campaña contra la ejecución de homosexuales por parte del régimen iraní. En su cuenta oficial de Twitter en español publicó un video sobre el tema: “El canciller de Irán dijo que su régimen ejecuta a los LGBTQ por ‘principios morales’. Estos ‘valores morales’ que guían a Zarif van en la misma línea con la política de Irán de promover el terrorismo y violar los derechos humanos. #EstoDebeParar”.


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Enrique y Meghan tienen la ‘negra’: dejarán de utilizar su título real y de recibir fondos públicos

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El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markel, dejarán de ser miembros activos de la familia real británica, es decir, ya no utilizarán sus títulos de alteza real, y dejarán de percibir fondos públicos a partir de esta primavera, según ha confirmado este sábado el Palacio de Buckingham.

En un inusual comunicado personal, la reina Isabel II, abuela de Enrique y jefa del Estado, afirma que, tras intensas conversaciones, se ha llegado a una solución “constructiva” que apoya los deseos de su nieto y la familia de éste. “Enrique, Meghan y Archie -el hijo de la pareja- siempre serán miembros muy queridos de mi familia”, subraya Isabel II.

La monarca dice “reconocer los retos que han experimentado como resultado del intenso escrutinio” al que han sido sometidos en los últimos dos años y respalda “su deseo de una vida más independiente”.

Isabel II agradece a la pareja su “dedicación” en el trabajo de representación de la monarquía en el Reino Unido y otros países y dice estar “particularmente orgullosa de lo rápido que Meghan se ha convertido en una más de la familia”.

Dejarán de recibir fondos públicos

En otro comunicado, el Palacio de Buckingham explica que los duques se sienten “agradecidos” a su majestad y el resto de la familia real por su “constante apoyo” en esta nueva etapa de su vida.

El acuerdo suscrito, que se aplicará a partir de la próxima primavera, significa que Enrique y Meghan “se apartarán de los compromisos reales, lo que incluye actos militares”, por lo que “dejarán de recibir fondos públicos para compromisos reales”, se explica en la nota.

Con el beneplácito de la reina, están autorizados a mantener el patrocinio a nivel privado de distintas organizaciones que respaldan y, aunque no pueden representar formalmente a la soberana, la pareja “ha dejado claro” que todo lo que hagan respetará sus valores.

Sobre lo concerniente a la seguridad de la familia, el Palacio de Buckingham no ha hecho comentarios al respecto, únicamente ha señalado que se han puesto en marcha procesos independientes para determinar si es necesario destinar fondos públicos a su seguridad.

Devolverán los fondos utilizados para reformar su mansión

Asimismo, el comunicado señala que los duques de Sussex han expresado su deseo de devolver los fondos públicos de la llamada Sovereign Grant o subvención soberana utilizados para reformar su mansión de Frogmore Cottage, en los terrenos del castillo del Windsor (afueras de Londres), que seguirá siendo su casa cuando estén en el Reino Unido.

El anuncio oficial llega después de que la semana pasada los duques de Sussex comunicaran su deseo de dejar la primera línea de la monarquía británica para pasar a ser económicamente independientes.

De este modo, un año y medio después de su mediática boda en el castillo de Windsor (Inglaterra), Enrique y Meghan dan un “paso atrás” y repartirán su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica.

El sexto en la línea de sucesión al trono y su esposa han patentado una marca, Sussexroyal, de la que aún se desconoce si, dado su nuevo estatus ajeno a la monarquía, podrá ser utilizada.


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Progres, no pongáis vuestras sucias manos en nuestros hijos

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AN.- Abortad a vuestros hijos cuanto queráis, educadlos según os plazca, inculcadles vuestros corruptos principios, pero cejad en el empeño de pervertir a los nuestros con vuestras teorías escatológicas como dimensión de vuestro satánico universo. Acaso la pretensión de la mafia progresista de arrebatarnos a nuestros hijos sirva para que la derecha social española diga ‘basta’ y para que afrontemos todos a una el desafío de plantar batalla a su prevaleciente ideología. Ni un paso atrás. La derecha política debe sacudirse sus complejos y reivindicar el concepto de la decencia frente a quienes quieren imponer a nuestos hijos el de la inmoralidad. Hemos aceptado durante años que la izquierda asuma el control de las ideas oficiales a cambio de que no nos llamen ultras ni fascistas. Hasta ahora  nos habían impuesto sus sucios mantras por la rendición ideológica de la derecha liberal y por el temor de una mayoría social a sus métodos matonistas. Pero es la hora de decirles alto y claro que se acabó la dictadura del pensamiento único. Y que si nos llaman fascistas, aceptaremos encantados el cumplido a condición de que no seamos ni pensemos nunca como ellos.

Nuestra ventaja sobre ellos es que no se creen las bondades de sus propuestas en cuestiones concernientes a la moral antinatural ni en su aceptación por una mayoría social. Si lo creyeran, no requerirían de tribunales de odio ni de policías del pensamiento. Cuando tienen que parapetar tanto sus infames fundamentos doctrinales frente a críticas intelectuales y refutaciones morales, entonces es que saben de la debilidad de sus argumentos, y que estos no defienden el bien general y sí los intereses de las elites mundialistas que quieren aniquilar nuestra forma civilizadora de vida para convertirnos en sus esclavos.

“Los niños no son propiedad de los padres”, ha dicho la ministra de Educacións. Y lleva razón la ministra, seguramente no hay algo más evidente para quien trae a un niño al mundo, para quien lo cría y lo ve crecer que los niños no son de los padres. Pero mucho menos del Estado. Los padres tienen eso sí, el gusto y la responsabilidad de educarlos como les parece mejor para ellos. Y ese principio tan sensato está reconocido en nuestra Constitución. Si la ministra de Educación ha querido expropiar a los padres de su gusto y de su responsabilidad, la ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente ha señalado que hay niños dominados por padres homófobos que tienen que ser liberados por el Estado.

Menos mal que tenemos un Estado progresista que libera a los niños de sus padres. Hay que librar la lucha de clases en el seno de la familia. Estas declaraciones de las dos ministras han sido la reacción al acuerdo al que han llegado Vox, el PP y Ciudadanos en Murcia para poner en marcha el pin parental. El Gobierno de Sánchez va a hacer un requerimiento al Gobierno de Murcia y va a llevar el asunto a los tribunales. El caso del pin parental es un caso muy interesante y nada sencillo sobre el derecho del Estado a fijar los contenidos de la enseñanza que reciben los niños y el derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, de los que no son los dueños pero sí los responsables. Estamos hablando de los límites de los derechos y las fronteras siempre son viscosas en este campo. El pin parental que ha conseguido sacar adelante Vox consiste en que los padres autoricen o no autoricen cualquier charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o las cuestiones LGTBI. Estamos hablando de actividades complementarias, impartidas por personas ajenas al centro que no están dentro del currículum. Por parte de Vox, Espinosa de los Monteros ha argumentado que tiene derecho a autorizar o no autorizar estas charlas.

La ministra de Educación Isabel Celaá, la Ministra Portavoz y de Hacienda María Jesús Montero y la ministra de Igualdad Irene Montero

Hemos llegado a esta polémica porque los contenidos educativos se han convertido en una trinchera ideológica. Mal asunto. Llevamos décadas sin un acuerdo amplio sobre qué y cómo deben estudiar nuestros hijos. La Administración, el Estado, tiene derecho a establecer cuáles son los contenidos de los programas de enseñanza que son obligatorios. Lo ideal es que esos contenidos estén consensuados y sean para todos. Pero los padres también tienen derecho a que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El conflicto se planteó en la época de Zapatero porque había una serie de padres que consideraban que la asignatura de Educación para la Ciudadanía vulneraba su libertad y debía asistirles la objección de conciencia. El asunto llegó al Supremo, que, con una sentencia muy controvertida, aseguró que no había derecho a la objección de conciencia porque la materia de esa asignatura no podía vulnerar la libertad de conciencia de los padres. Ahora, con el pin parental, no estamos en el mismo caso porque no se discute sobre un asignatura que esté en el plan de estudios impartida por profesores. Aquí estamos hablando de una enseñanza que no está incluida en el plan de estudios y que no imparten los profesores. Ya veremos qué dicen los tribunales, pero parece lógico que en una sociedad plural, los contenidos que no estén en el programa sean autorizados por los padres. Seguro que hay padres que quieren decidir sobre la asistencia de sus hijos a una charla extraescolar sobre el genocidio de Stalin provocado por la deskulakización.

En el anterior y denostado régimen, los padres mayoritariamente educaban a sus hijos para que fueran capaces de afrontar riesgos, de valorar posibilidades, de asumir la incertidumbre del resultado de sus actos. La mafia izquierdista pretende hoy que los padres, manipulados por los intereses que usufructúan el poder, estén obligados a obedecer a políticas tan repugnantes como Irene Montero, a no pensar por sí mismos, a vender a unos pocos la libertad, la seguridad y hasta el futuro de sus hijos.

Curioso es este Estado que, pretendiendo ser la encarnación del interés general, sólo asegura de hecho los intereses particulares de los diversos grupos partidarios en función de la capacidad de presión que sus hombres posean, o del número de votos obtenidos.

La consumación de esta gran farsa democrática se encuentra privada de cualquier derecho, ya que la responsabilidad rechazada es solo la otra cara de la libertad.


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Los padres, sobre el pin parental: “Responde a la intención del Gobierno de entrar en el ámbito familiar”

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El pin parental que ya se aplica desde septiembre en las aulas de la Región de Murcia busca hacer obligatorio que los centros informen a los padres de cualquier actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad que puedan ser intrusivas para la concicencia y la intimidad de un niño o adolescente. En definitiva, que los padres puedan decidir si sus hijos deben o no asistir a esta tipo de formaciones. Para el Gobierno el pin parental es una censura previa, mientras que los padres que defienden esta medida lo consideran una reacción lógica de los padres a la intromisión del Estado en asuntos que competen a cada familia.

“Los que tienen que garantizar esa libertad de los menores somos los padres”, asegura Pedro Caballero, el hombre que está al frente de la asociación de padres CONCAPA. Consideran que, lejos de buscar consensos con su amenaza de llevar el PIN parental a los tribunales, el Gobierno trata de polarizar y dividir aún más a la comunidad educativa y piden que se respete el derecho de los padres a poder educar a sus hijos conforme a sus valores y convicciones y libertad para las familias a la hora de elegir el centro educativo que eligen para sus hijos.

“El pin pide autorización expresa de los padres porque el Estado, ampliando sus competencias y vulnerando los derechos de las familias, está entrando en el ámbito de lo familiar, religioso y moral”, asegura Caballero a COPE.

Además, cree que el papel que ha tomado la ministra Celaá no ha ayudado a lograr el deseado pacto educativo. “Celáa tenía que haber abanderado ese diálogo y ese sosiego para no incendiar más a las familias y al sistema educativo. Ella debería abanderar lo que le hemos pedido mil veces: un pacto educativo en el que saquemos la política de la Educación y empecemos a trabajar en lo que nos une”, ha concluido.

EL GOBIERNO ADVIERTE DE UNA RESPUESTA “CONTUNDENTE”

El Gobierno ha advertido este viernes que “responderá con contundencia” ante el pin parental o cualquier actuación que vulnere los derechos de los menores y ha anunciado que recurrirá por la vía administrativa o judicial las medidas que en este sentido tomen PP, Vox y Ciudadanos donde gobiernen. Lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros, donde se ha decidido enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia para que retire el pin parental

La ministra de Educación, Isabel Celaá, y la de Igualdad, Irene Montero, han expresado también en la rueda de prensa posterior al Consejo su rechazo al pin parental -una exigencia de Vox en la negociación de los presupuestos regionales- al que han calificado de “censura educativa”. “Vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados. Es un instrumento de censura educativa que no podemos tolerar en nuestras escuelas”, ha enfatizado Celaá.

Por su lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que va a solicitar su comparecencia en la Comisión del seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista al considerar que el pin parental supone “una clara ruptura” del mismo, ya que incluye la educación afectivo-sexual”. “Los hijos e hijas de padres y madres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en valores igualitarios”, “en libertad y en feminismo”, “de amar a quien quieran y cuando quieran”, ha manifestado Montero. “Cuando la educación afectivo sexual por educadores expertos desaparece de las políticas públicas se acude a otras fuentes”, ha advertido en un tuit la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien ha alertado: “ya hemos visto las consecuencias de su sustitución por la pornografía”. La ministra de Educación ha confiado en que Murcia atienda al requerimiento pero, de no ser así, ha dicho que “para eso están los tribunales”.

Fue una de las exigencias de Vox en los acuerdos de gobierno con PP y Ciudadanos en Murcia, donde ayer jueves por la noche las tres formaciones llegaron un acuerdo sobre los presupuestos manteniendo el actual pin parental establecido a principios de curso en una instrucción educativa y, por tanto, con menos exigencias que el propuesto por el partido de Abascal. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en que el pin parental será necesario en los centros de Murcia y Andalucía para actividades de carácter afectivo-sexual, diversidad sexual y modelos de familia y que “no es más que un instrumento para dar a los padres libertad de elegir”.

Mientras que desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea, afirmó que esa medida ya funciona en Murcia desde hace meses y defendió la libertad de los padres para elegir la educación que reciben sus hijos. En medio de la polémica, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha negado este viernes que haya pactado ese tema en Murcia o en cualquier otra comunidad donde gobierna con PP y el apoyo de Vox. “Siempre hemos votado en contra cuando se ha planteado. Es un mensaje erróneo porque no aceptamos ese concepto”, ha asegurado Bal en una rueda de prensa en el Congreso al explicar que el acuerdo al que han llegado en Murcia con Vox o en Andalucía es que en materia de enseñanza se deberán cumplir “los principios constitucionales con respecto a la educación y los derechos de los niños y de los padres”.

Sobre el anuncio del requerimiento, el consejero de Presidencia murciano, Javier Celdrán, lo ha calificado de “precipitado” sin que Educación conozca en qué consiste la iniciativa. Para Celdrán, esta medida lo que hace es primar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, defender el derecho del docente a poder educar con “autonomía” y tener medidas “precautorias” con respecto a la presencia en las aulas de una asociación o cualquier tipo de persona externa al docente a dar una información que pueda no ser del interés de los padres. También el pin parental es uno de los requisitos que el partido de Santiago Abascal quiere imponer en la Comunidad de Madrid y en Andalucía para dar apoyo a sus presupuestos.

Precisamente este viernes, el consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, ha defendido la aplicación del pin parental o “derecho a decidir” de los padres sobre la educación de sus hijos, y ha sostenido que cuando se concrete esta medida será “dentro” del marco legal y de la ley de Educación. Aunque el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que no comparte la posición de Vox sobre el pin parental aunque ha matizado que para gobernar, en el Ejecutivo andaluz existen dos “pensamientos y un solo proyecto”.

Desde Madrid, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado (Ciudadanos), ha asegurado que no se ha dado “ningún paso” para implantar esta medida y ha emplazado al partido de Abascal a presentar en la Asamblea una ley si quiere cambios normativos al respecto. Sin embargo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que “cualquier medida” como el pin parental le parece “adecuada y acertada” para “garantizar el derecho fundamental” de los padres a educar a sus hijos “libremente”.


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