España
El centroderecha no aguanta tres partidos
Lorente Ferrer (R).- Vox ha movilizado al voto del PP más comprometido con Aznar. Es el voto que le dio la mayoría absoluta a Rajoy pero que en las generales de 2015 y 2016 ya no confió en el PP. No es necesariamente el más conservador. Prueba de ello es el CIS de julio de 2011, contrastado con el de diciembre de 2018, el primero realizado tras las municipales y autonómicas de 2011, el primero tras las elecciones autonómicas de Andalucía, y ambos con directores designados por gobiernos socialistas.
En 2011, los votantes del PP se autoubicaban en el punto 6,8 en la escala de 0 a 10 del eje izquierda-derecha. Siete años más tarde no ha habido mucha deriva: los actuales votantes del PP, entre los que no se encuentran los actuales electores de Vox, los que dejaron de votar al PP en 2015, se sitúan en el punto 6,9, incluso 1 décima más a la derecha que en 2011, año histórico para el PP porque Rajoy alcanzó la mayoría absoluta. Pero esta constante se ha mantenido en la percepción del partido: sus votantes de 2011 lo colocaban en el 7,4, mientras que los actuales lo ubican en el 7,5.
Los propios votantes del PP no ven variación ideológica en estos siete años. Por lo que no es riguroso llamar extremistas de derechas a los ex votantes del PP, que en 2011 votaban al PP y que en 2019 se han pasado a Vox, cuando la deserción de dos millones de fieles de Aznar en tiempos de Rajoy no ha alterado la composición ideológica del electorado del PP.
Entonces, ¿qué sucedió entre 2011 y 2015? El pragmatismo de Rajoy le llevó a aplicar políticas desideologizadas, que a muchos votantes les dejó perplejos: subida de impuestos, mantenimiento de la leyes de Zapatero relativas a aborto y Memoria Histórica, principalmente, falta de contundencia ante el desafío catalán… El electorado no es cautivo, por lo que dos millones de votantes del PP, en el periodo 2011-2016 prefirieron pasarse a la abstención como voto de castigo, mientras otro millón y medio se pasaba a Cs.
Esta homogeneidad ideológica del votante actual del PP y Vox, y de parte de Cs, permite al PP albergar la esperanza de unificar la derecha, entre 10,5 y 11 millones de votantes, bajo las siglas de Génova. Si unimos 1,5 millones de votos actuales en Cs, el PP tiene un potencial de 12 a 12,5 millones. Por lo que su estrategia de aquí a las generales es unificar el centroderecha bajo el mando de Casado.
Pero a diferencia de los votantes, los dirigentes de Vox no son compatibles con el PP. Vox nació con unos postulados que el PP no podría asumir. Por eso obtuvo menos de 50.000 votos en las generales de 2015 y 2016. Nos encontramos ante un curioso fenómeno sociológico: un partido con dirigentes que lo han sido del ala más radical del PP, con unos votantes que no son más radicales que los actuales del PP. El PP no puede rivalizar con los dirigentes de Vox, pero sí hacer un llamamiento a los votantes de Abascal para que vuelvan, y ahí tiene un papel fundamental Aznar. El PP debe trasladar la responsabilidad histórica a la dirección de Vox si está interesado en el cambio en Andalucía, pero no puede aceptar imposiciones que aumenten el flujo de votantes a Cs.
Rivera giró a la derecha en febrero de 2017, aprovechando la erosión del PP de Rajoy. No le fue mal, pues llegó a ser la tercera fuerza nacional. Ahora se le abre una oportunidad de virar a la izquierda y dejar en el centroderecha a PP y Vox.
La errónea estrategia del PSOE, que implementó en sus pactos municipales de 2015 y autonómicos, con nacionalistas y podemitas, y el cuestionado por sus votantes con los socios de la moción, le abocan a un desastre electoral.
Un centroderecha fragmentado en tres formaciones no se sustenta. Aunque las tres obtendrían representación, cientos de miles de votos, especialmente de Vox y Cs, no se convertirían en escaños.
España
«La náusea socialista»: nuestros impuestos están para contrabando de joyas y resorts de lujo para inmigrantes ilegales. En esta ocasión, ¡13 MILLONES DE EUROS!
El Gobierno gasta 13 millones de euros en un centro para refugiados con gimnasio, huerto y pista de baloncesto
El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la puesta en marcha de un Centro de Acogida de Protección Internacional en Soria con una inversión total superior a los 13 millones de euros. El complejo, que comenzó a construirse en febrero de 2025 y está previsto que abra sus puertas a finales de este año, contará con gimnasio, sala de musculación, huerto, pista de baloncesto semicubierta y casi 2.400 metros cuadrados de zonas ajardinadas.
El nuevo centro, denominado oficialmente Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Soria, se levanta sobre la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, en el barrio de Los Royales. El Ejecutivo ha informado este jueves de que ha dado nuevos pasos para su puesta en funcionamiento con la formalización del contrato de suministro de mobiliario, adjudicado por 254.020 euros a CAFESA División Comercial S.L., una pyme de Toledo, según consta en el Boletín Oficial del Estado.
El expediente ha sido tramitado por la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según ha difundido la Subdelegación del Gobierno en Soria, el contrato completo asciende a 313.675 euros e incluye también un segundo lote de lencería textil, adjudicado a Barcotex Servicios Integrales S.L. por 59.655 euros.
El lote de mobiliario contempla sillas, mesas, escritorios, armarios, librerías, sofás, bancos, muebles de oficina, mobiliario de dormitorio, comedor y cuarto de estar, somieres, colchones y cunas. El lote de lencería incluye mantas, ropa de cama, sábanas, fundas de almohada, toallas y almohadas.
El proyecto fue adjudicado a Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos Next Generation EU. El edificio se construye en una parcela adquirida al Ayuntamiento de Soria, una ciudad gobernada de forma ininterrumpida por el PSOE desde hace 27 años.
El complejo tendrá capacidad para 203 personas. Este punto ha provocado críticas del PP y de Vox. Los populares sostienen que el centro supera el límite de plazas fijado por la Junta de Castilla y León para municipios de más de 20.000 habitantes, situado en 120 plazas. Vox, por su parte, ha advertido de las consecuencias que este tipo de infraestructuras pueden tener sobre la seguridad y los servicios públicos.
El Ministerio que dirige la ministra Elma Saiz sostiene que los CAPI son establecimientos públicos abiertos destinados a solicitantes o beneficiarios de protección internacional y temporal, así como a solicitantes de la condición de apátrida, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes.
Según el Ejecutivo, el centro de Soria formará parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que presta alojamiento, manutención, intervención social, traducción e interpretación, atención psicológica, atención sanitaria, formación y empleo.
El debate político vuelve a situarse así en el reparto territorial de los dispositivos de acogida, el uso de fondos europeos y el impacto real que estas instalaciones tienen en municipios de tamaño medio. En el caso de Soria, el Gobierno avanza en un proyecto millonario mientras PP y Vox cuestionan tanto la dimensión del centro como sus efectos sobre una ciudad gobernada por los socialistas desde hace casi tres décadas.
